Panamá: la construcción del futuro

Guillermo Castro Herrera

“A lo que se ha de estar no es a la forma de las cosas, sino a su espíritu. Lo real es lo que importa, no lo aparente. En la política, lo real es lo que no se ve. La política es el arte de combinar, para el bienestar creciente interior, los factores diversos u opuestos de un país, y de salvar al país de la enemistad abierta o la amistad codiciosa de los demás pueblos.”

José Martí, mayo de 1891.[1]

Poco a poco, afloran las interpretaciones más diversas sobre los comicios de mayo de 2014 y sus resultados. Toda clase de factores han sido implicados en ellas: culturales, morales, geopolíticos, económicos, ideológicos, políticos (sobre todo en sentido estrecho), sociales y demás. Hasta ahora, sin embargo, ha sido notoria la débil presencia en esos aportes de un abordaje

en perspectiva histórica de los cambios en curso en la sociedad nacional a partir del proceso de ejecución de los Tratados Torrijos – Carter, que permita ubicar y comprender a esos comicios como un momento de aquel proceso mayor.

En este plano, se tiende más bien a ceñirse a la denuncia del gatopardismo de los grupos dominantes, de su carácter intrínsecamente corrupto, y de su compromiso con los valores y las políticas del neoliberalismo. Con ello, en la mayoría de los casos ha sido la continuidad, y no el cambio, el eje fundamental de reflexión. Y, sin embargo, el hecho es que aquel proceso electoral ocurrió precisamente en el momento en que aquellos cambios inician el tránsito de lo cuantitativo a lo cualitativo, y tienden a generar un proceso de transformación social y política cuyas consecuencias – mejores o peores – apenas empezamos a comprender.

En efecto, la incorporación del Canal a la economía interna – conducida por los sectores dominantes que emergieron victoriosos en la disputa por el control de los bienes y las oportunidades de negocios del enclave canalero, librada a lo largo de la década de 1980 – aceleró el desarrollo del capitalismo en el país de un modo que llevó a la liquidación de todo el sector productivo asociado al modelo anterior de desarrollo protegido, al tiempo que catapultaba una economía atrasada a la vorágine del proceso de globalización. Y esto ocurrió, además, en el preciso momento en que el Estado se privaba de la mayor parte de sus capacidades para conducir el desarrollo económico del país, y delegaba esa función en las llamadas “fuerzas del mercado”, que en su accionar no parecen reconocer otra ley que la del más fuerte.

En lo inmediatamente visible, el resultado de ello consistió en la liquidación de todo un segmento del capital nacional, que entre las décadas de 1950 y 1970 había conocido un importante crecimiento al calor de la protección y los subsidios que le brindaba una política estatal de corte liberal desarrollista. Privado de esa protección por el proceso de ajuste estructural de corte neoliberal dominante a partir de la década de 1990, dicho segmento del capital nacional optó en lo fundamental por liquidarse a sí mismo, vendiendo sus activos al capital transnacional, para vincular su suerte a la del capital financiero.

La debilidad de aquel capitalismo protegido se hizo patente en que ni siquiera fue devorado por sus competidores norteamericanos y europeos, sino por empresas mexicanas, colombianas, venezolanas y aun costarricenses, en vías ellas mismas de transnacionalización. Y ese proceso se vio favorecido a su vez por la política estatal de atracción de empresas transnacionales de países desarrollados, a las que se ofrecieron todas las concesiones necesarias para que establecieran en Panamá sus oficinas regionales para América Latina y el Caribe.

De un modo muy característico del atraso cultural y del carácter rural – conservador de los grupos dominantes en Panamá, este proceso – de tan extraordinaria complejidad – fue reducido a sus aspectos inmediatamente visibles: la publicitada compra de Panamá por extranjeros, y la necesidad de reivindicar nuevamente al país para sus habitantes ante la inmigración masiva de trabajadores colombianos, venezolanos y centroamericanos. El hecho de que toda compra supone un vendedor no mereció una atención equivalente, como tampoco el hecho de que una parte sustantiva de la inmigración de trabajadores extranjeros a Panamá haya tenido su origen en la incapacidad manifiesta de los grupos dominantes en el país para formar una clase trabajadora moderna y competitiva a lo largo de casi medio siglo de prosperidad subsidiada.

Aquel intercambio de quejas y reproches contribuyó, además, a enmascarar otros cambios en curso en el mismo proceso. Tales son, por ejemplo, el paso desde una sociedad de fuertes valores rurales y vínculos a menudo estrechos entre los sectores populares y de capas medias profesionales de origen reciente, a otra de carácter urbano, de gran desigualdad estructural, que aún se encuentra en el proceso de construir su nueva identidad; la declinación de la autoridad de actores tradicionales de gran influencia ayer apenas, como las organizaciones empresariales, cívicas y sindicales forjadas al interior del modelo de desarrollo protegido y, en particular,  la transformación de los pobres de la ciudad y el campo, y de amplios sectores de capas medias empobrecidas, desde una situación de aceptación más o menos pacífica de su condición de marginalidad hacia otra de creciente voluntad y capacidad para reclamar mejores condiciones de vida. Todo ello, en ausencia de una conducción política de complejidad correspondiente a la del proceso de cambios en curso, se tradujo en una crisis cultural y moral que expresa, en primer término, el agotamiento de la autoridad de los viejos grupos dominantes, y se acentúa con el ingreso a la vida activa de nuevas generaciones de jóvenes que han crecido y maduran en el proceso de transición, sin más referencia al pasado que la que puede brindarles un sistema educativo hace tiempo agotado, y las mitologías cívicas de las que participan sus mayores.

Ante este panorama, cabría decir que la sociedad panameña emergía de aquella fase de su desarrollo en la que, para el caso de la Italia de la década de 1920 como para el de Panamá entre 1950 y 1980, “la célula elemental del Estado era el propietario que en la fabrica somete a la clase obrera según su beneficio.”  En esa “fase liberal”, añadía Gramsci,

“el propietario era también empresario industrial: el poder industrial, la fuente del poder industrial, estaba en la fábrica, y el obrero no conseguía liberarse la consciencia de la convicción de la necesidad del propietario, cuya persona se identificaba con la persona del industrial, con la persona del gestor responsable de la producción, y, por tanto, también de su salario, de su pan, de su ropa y de su techo.

Por contraste, en la fase que entre nosotros se inaugura con la incorporación del Canal a la economía interna, el poder económico “se desprende de la fábrica y se concentra en un trust, en un monopolio, en un banco, en la burocracia estatal”, con lo cual “se hace irresponsable y, por tanto, más autocrático, más despiadado, más arbitrario”, mientras el obrero,

“liberado de la sugestión del “jefe”, liberado del espíritu servil de jerarquía, movido por las nuevas condiciones generales en que se encuentra la sociedad, movido por las nuevas condiciones generales en que se encuentra la sociedad por la nueva fase histórica, el obrero consigue inapreciables conquistas de autonomía y de iniciativa.”[2]

Y en ese mismo proceso, advertía Gramsci, los partidos políticos creados para la democracia liberal, que “servían para indicar hombres políticos de valía y para hacerlos triunfar en la concurrencia política”, se veían desplazados por el hecho de que los “hombres de gobierno” pasaban a ser “impuestos por los bancos, por los grandes periódicos, por las asociaciones de industriales”, mientras los partidos se descomponían “en una multitud de camarillas personales.”[3]

Cumplido el primer decenio de ese proceso en Panamá, ¿qué ha venido a ser nuestra sociedad?¿Cuántos de sus integrantes son trabajadores manuales, cuántos son trabajadores intelectuales?¿Cuántos son propietarios de medios de producción, cuántos no tienen otra mercancía que ofrecer en el mercado que no sea su propia capacidad para trabajar?

Y las relaciones sociales de producción, ¿cómo han evolucionado?¿Cuántos trabajadores están organizados, en el campo y en la ciudad, y cuántos carecen de toda posibilidad de querer y poder cambiar sus condiciones de vida y de trabajo porque carecen de las organizaciones que les permiten ejercerse como ciudadanos? ¿Qué ocurre con los sectores de profesionales  de capas medias, cuyas condiciones de trabajo y de vida se parecen cada vez más a las de los trabajadores manuales?  Y entre los propietarios de medios de producción, ¿cuál es la situación? En el sector agropecuario, por ejemplo, ¿cuáles han salido ganando, y cuáles perdiendo con el salto a la economía global? ¿Y qué ha ocurrido entre sus pares urbanos?

Estas no son meras preguntas retóricas. Por el contrario, las respuestas que puedan encontrar en el trabajo de científicos sociales realmente comprometidos con el conocimiento de la realidad nacional son imprescindibles para comprender en qué consiste, en esta circunstancia de nuestra historia, el interés general de la sociedad panameña. Y ese interés no es otra cosa que el de los distintos sectores fundamentales de la sociedad en superar un conjunto de obstáculos que en ese momento de su historia se oponen a su desarrollo como los sectores que son. Superados esos obstáculos, naturalmente, entre esos sectores se generan nuevas y más complejas contradicciones, que vienen a definir los nuevos términos en que se desarrolla la lucha política en la sociedad que cambia.

Tal fue el caso, en la década de 1970, de la conquista de la plena soberanía y del derecho a ejercerla para culminar la formación de un Estado nacional en el Istmo. Tal, el de la disgregación del bloque histórico creado para aquella conquista, hasta culminar en el golpe de Estado de diciembre de 1989 y la recomposición del ordenamiento democrático necesario para legitimar la restauración en plenitud del poder de los grupos tradicionalmente dominantes en el país, que hoy culmina en la crisis de aquella legitimidad así restaurada, un cuarto de siglo después.

Nada de esto niega las razones que alegan los distintos análisis de los resultados de los comicios de mayo de 2014, cuyo comentario sirvió de inicio a esta reflexión. No cabe duda, por ejemplo, de que en esos resultados desempeñó un importante papel el factor moral de repudio a la corrupción y el deterioro de la institucionalidad vigente a lo largo de los últimos quince años. Y, sin embargo, el conjunto de las razones invocadas en el debate recuerda que lo falso es, siempre, el resultado de la exageración unilateral de uno de los aspectos de la verdad, y que esa verdad sólo puede emerger en plenitud puesta en la perspectiva histórica que la genera.

A ese respecto, y con todos sus males, el quinquenio 2009 – 2014 tuvo al menos la virtud de arrasar el entramado de las apariencias a que se refería José Martí en su reflexión de 1891, y dejar al desnudo las verdades más elementales e inmediatamente visibles de la sociedad que hemos venido a ser. El riesgo de anomia que esa situación estaba en vías de generar pasó a convertirse en un factor de interés general, pero la propuesta planteada al respecto no parece ir mucho más allá de restaurar las apariencias para devolver las realidades de la política al ámbito de lo que no se ve.

Para nosotros, se ha hecho ya imperativo conocernos mucho mejor, pues de nuestra comprensión de los cambios que están ocurriendo en la realidad dependerá cada vez más la posibilidad de transformarla. Por eso mismo, nunca como ahora ha sido tan importante que el análisis materialista sea, también, un análisis histórico en el más rico, más pleno y más integral sentido del término. Porque es de la historia de lo que hablamos, en construcción por nosotros mismos, y porque si esa construcción no conduce a la transformación de la realidad por medios políticos, el proceso de cambios en curso no se detendrá, ni desembocará por sí mismo en el derrumbe espontáneo del orden que conocemos. Por el contrario, como lo advirtiera también Antonio Gramsci,

“Si falta este proceso de desarrollo que permite pasar de un momento al otro, y si es esencialmente un proceso que tiene por actores a los hombres y su voluntad y capacidad, la situación permanece sin cambio, y pueden darse conclusiones contradictorias. La vieja sociedad resiste y se asegura un período de “respiro”, exterminando físicamente a la élite adversaria y aterrorizando a las masas de reserva; o bien ocurre la destrucción recíproca de las fuerzas en conflicto con la instauración de la paz de los cementerios y, en el peor de los casos, bajo la vigilancia de un centinela extranjero.”[3]

Ya hemos estado allí, y ya sabemos lo que eso implica.

Panamá, mediados de agosto de 2014

[1] “La Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América”. La Revista Ilustrada, Nueva York, mayo de 1891. Obras Completas. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1975. VI, 158.

[2] Gramsci, Antonio, 1999 (1970): Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Siglo XXI Editores: 80. “El Consejo de Fábrica.” L’ Ordine Nuovo,  5 – VI – 1920.

[3] Gramsci, Antonio, 1999 (1970): Antología. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Siglo XXI Editores: 110. “El Partido Comunista.” L’Ordine Nuovo,  4-IX y 9 – X – 1920.

[4] Gramsci, Antonio, 2003: Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado Moderno. Nueva Visión, Buenos Aires. Traducción de José Aricó. “El príncipe moderno”, p. 61.