Aunque el orden internacional existente se estableció bajo la hegemonía y, en buena medida, según sus conveniencias, Estados Unidos no dudará en ignorar las reglas estime que algún proceso o circunstancia puedan dañar sus intereses. Esa potencia busca la impunidad y su sistema legal es además inadecuado para fijarle a los criminales las debidas penas que merecen. En el caso de escándalos en el marco militar la regla y el empeño es acudir al encubrimiento de la verdad.

Refirámonos solo a algunos hechos.

En la segundo Guerra Mundial, durante la liberación de Francia y la ocupación de Alemania ocurrieron de manera regular violaciones de mujeres y ejecuciones masivas de combatientes capturados.

Los archivos secretos de tiempos de guerra que se hicieron públicos recién en 2006, aunque a todas luces hacían un recuento parcial, revelan que los soldados estadounidenses cometieron cientos de delitos sexuales en Europa, incluidas 126 violaciones en Inglaterra, entre 1942 y 1945. Un estudio de Robert J. Lilly estima que durante la Primera Guerra Mundial un total de 14.000 mujeres civiles en Inglaterra, Francia y Alemania fueron violadas por soldados estadounidenses.

También múltiples abusos fueron cometidos por las tropas estadounidenses de ocupación en Japón. Mencionemos solo la violación generalizada de mujeres por parte de militares estadounidenses. Académicos estiman que solo en Okinawa hasta 10.000 mujeres pueden haber sido violadas. Aunque muchos de estos crímenes no fueron denunciados o fueron ignorados, se reveló que 1.336 violaciones se perpetraron durante los primeros 10 días de la ocupación de la prefectura de Kanagawa tras la rendición japonesa.

De manera similar, durante la Guerra de Corea fueron cometidos abusos de todo tipo, ejecuciones sumarias de prisioneros y asesinatos de civiles indefensos. Apuntemos solo a la masacre de No GunRi, donde ocurrió la matanza masiva de un número indeterminado de refugiados surcoreanos por parte de soldados estadounidenses del 7º Regimiento de Caballería (y en un ataque aéreo yanqui) entre el 26 y el 29 de julio de 1950 en un puente ferroviario cerca del pueblo de Nogeun-ri, 160 km al sureste de Seúl.

En 2005, respecto a esa masacre, el gobierno de Corea del Sur certificó los nombres de 163 muertos o desaparecidos (en su mayoría mujeres, niños y ancianos) y 55 heridos. Aclararon que no se reportaron los nombres de muchas otras víctimas. La Fundación para la Paz No GunRi, financiada por el gobierno de Corea del Sur, estimó en 2011 que entre 250 y 300 personas murieron. Fueron más altas las estimaciones de los sobrevivientes de aquellos hechos.

La agresión contra Vietnam
58 mil estadounidenses y unos tres millones de vietnamitas murieron en aquel conflicto, incluyendo centenares de miles de civiles. Por miles se podrían citar los crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses.

John Kerry, veterano de aquella guerra quien llegaría a ser Senador y Secretario de Estado del gobierno de Obama, compareció en abril de 1971 ante un Comité del Senado y dijo “mi testimonio cubre la demolición de aldeas y arrojar de un avión a sospechosos del Vietcong después de atarlos y amordazarlos… Incluyo la quema de aldeas con civiles en ellas, el corte de orejas y cabezas, la tortura de prisioneros… y el uso de artillería contra poblados indefensos, destrucción de propiedades y ganado vietnamita, el uso de agentes químicos…

De entre centenares de hechos criminales acaecidos y de la impunidad resultante, menciono aquí a modo de ejemplo la masacre de MyLai. Fue el asesinato en masa 504 ciudadanos desarmados en Vietnam del Sur, casi en su totalidad civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños, realizado por soldados estadounidenses de la Compañía C del 1er Batallón, 11ª Brigada de la 23 División de Infantería (estadounidense), el 16 de marzo de 1968. Algunas de las víctimas fueron violadas, golpeadas, torturadas o mutiladas, y algunos de los cuerpos fueron encontrados mutilados. La masacre tuvo lugar en las aldeas de MỹLai y MyKhe del pueblo de SơnMỹ durante la Guerra de Vietnam.

De los 26 soldados estadounidenses acusados inicialmente de delitos penales o crímenes de guerra por acciones en MyLai, solo William Calley fue condenado. Sancionado inicialmente a cadena perpetua, Calley vio reducida su sentencia a diez años, luego fue liberado después de solo tres años y medio bajo arresto domiciliario.

Otro de los más grandes crímenes, mencionado por Kerry fue el uso masivo e indiscriminado de agentes químicos contra la población y para desfoliar el país, en particular el uso del llamado agente naranja. De ese agresivo compuesto químico se rociaron decenas de millones de litros para defoliar los densos bosques del país en un intento de descubrir los escondites y las rutas de suministro del Vietcong.

Desde 1961 hasta 1973, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos arrojó aproximadamente 81 000 000 de litros de diversos productos químicos en Vietnam, Laos y Camboya. Más del 60% de esto fue el Agente Naranja. Las acciones del ejército de los EE. UU. para envenenar a estos países y a su gente siguen siendo uno de los mayores crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial.

El agente naranja sigue pudriendo los suelos de Vietnam y afectando la salud 50 años después. La exposición a corto plazo a la dioxina puede causar deformaciones. Deficiencias inmunológicas, problemas hepáticos y enfermedades graves de la piel y labios leporinos, entre otros. Además, la dioxina está relacionada con la diabetes tipo 2, la disfunción del sistema inmunitario, los trastornos nerviosos, la disfunción muscular, la alteración hormonal y las enfermedades cardíacas.

Afganistán (Libia, Iraq, Siria y todo el Oriente Medio y el norte de África)
Me referiré solo al primero de esos países, donde Estados Unidos libró su guerra más prolongada. En esos veinte años fueron incontables los abusos, el saqueo y otras fechorías mezclados con una inmensa corrupción de las tropas y las estructuras de ocupación. Como en toda esa región lo que generaron fue el caos y una mayor polarización e inestabilidad.

Posteriormente, la Comisión de Derechos Humanos de NN.UU. instó, especialmente a EE. UU. y el Reino Unido, a que abrieran investigaciones para investigar posibles homicidios ilegítimos cometidos por sus fuerzas en Afganistán. Además de los asesinatos de civiles, también hay muchas denuncias sobre la tortura, el maltrato y el asesinato de prisioneros por parte de las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

La Corte Penal Internacional [CPI] dijo que tenía suficiente información para probar que las fuerzas estadounidenses habían “cometido actos de tortura, trato cruel, ultrajes a la dignidad personal, violación y violencia sexual” en Afganistán en 2003 y 2004. Pero hasta ahora, ningún caso se ha abierto en gran parte debido a la obstrucción y negativa a cooperar de los Estados Unidos (que no es miembro de esa corte internacional). Incluso EE.UU. también impuso sanciones a la CPI cuando inició una investigación sobre las atrocidades de guerra de EE.UU. en Afganistán.

El proyecto Costs of War de la Universidad de Brown estima que más de 46.000 civiles afganos perdieron la vida durante la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. El ataque con drones errantes del 29 de agosto no fue la primera vez que civiles afganos – en el camino de pastar ganado o recolectar leña – mueren en ataques con tales artefactos bajo la amplia bandera de la guerra contra el terrorismo.

Quedan fuera del recuento la brutalidad de las tropas yanqui durante muchas de sus aventuras en otros confines, los bombardeos a mansalva sobre Belgrado y otras poblaciones serbias de consumo con la OTAN y sin el visto bueno de Naciones Unidas, su apoyo a los continuos crímenes de Israel contra el pueblo palestino, el contubernio con Arabia Saudita cuando se masacra al pueblo yemenita, y mucho más.

Caben pocas dudas para calificar a los Estados Unidos como el mayor perpetrador de crímenes de guerra, tanto por su número como por su envergadura. A lo largo de su existencia, esa potencia ha cometido muchas atrocidades que nunca reciben la misma atención de los medios y de varias instituciones internacionales que las masacres que cometen sus enemigos.

A la luz de los 77 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki.

Autorizado por el “honorable presidente” Harry Truman, a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945 un avión estadounidense lanzó sobre la población civil de la ciudad japonesa de Hiroshima una bomba de uranio con potencia explosiva de 16 kilotones, equivalente a 1600 toneladas de dinamita. Acabó instantáneamente con la vida de unas 66,000 personas y causó luego la muerte de otros 140.000 seres humanos.

En sus cálculos criminales y geopolíticos no les bastó ese hecho de inmensa brutalidad, y tres días después, otra bomba nuclear, esta vez cargada de plutonio, fue lanzada sobre la ciudad de Nagasaki, destruyéndola y causando otras 70 000 muertes instantáneas.

A ellos hay que sumar otros centenares de miles de decesos por problemas de salud, lesiones y secuelas relacionados con las bombas y la radioactividad, de acuerdo con datos de la ONU. Murieron en las semanas y meses subsiguientes como resultado de las quemaduras, las radiaciones. Muchos más quedaron afectados como portadores de un gen propenso al cáncer, lo cual ha afectado a sus descendientes. Además, agua, aire y tierra se contaminaron con las secuelas radioactivas, enfermando por décadas a quienes bebieran o se alimentaran con productos de la zona. Los efectos secundarios permanecieron por años, y aún están presentes.

Aquellas acciones criminales, la decisión de lanzar ambas bombas, tuvo lugar cuando ya se había producido la rendición incondicional de la Alemania nazi, y se sabía que la URSS estaba por iniciar una poderosa ofensiva en el lejano oriente que ponía en jaque a los japoneses, quienes buscaban desesperadamente un camino hacia la rendición inevitable.

En marzo de 1945 los japoneses ya habían perdido cerca de medio millón de vidas. Los estadounidenses habían destruido parte de Tokio con sus bombas de napalm M69, con un saldo de alrededor de 80 mil muertos y un número similar de heridos.

“Las usamos – dijo justificativamente entonces Truman refiriéndose a ambas bombas nucleares – para acortar la agonía de la guerra, para salvar la vida de miles y miles de jóvenes estadounidenses…”. Por otra parte, el general Dwight Eisenhower años después hizo un dictamen distinto: “Los japoneses estaban listos para rendirse y no hacía falta golpearlos con esa cosa horrible”.

Según respetados expertos, el frio cálculo geopolítico y la principal razón de usar la bomba fueron para forzar a los líderes japoneses a que se rindieran antes de que los soviéticos entraran a la guerra en el oriente.

Ahora bien ¿fue una anomalía aquella acción del gobierno de Estados Unidos? ¿O ha sido más bien una regla la comisión de crímenes de guerra en el devenir histórico de esa potencia?

Muchos de esos crímenes son inducidos desde la distancia, generando la destrucción y el caos a miles de kilómetros de sus costas, a veces con zarpazos directos, pero crecientemente junto con sus supeditados “aliados” europeos o asiáticos o por mediación de estos. En buena medida Estados Unidos logra y se beneficia de cierta impunidad, y del tratamiento hasta cierto punto indulgente y a veces cómplice de muchos de los medios de prensa.

Con la llamada y manipulada “guerra contra el terrorismo”, desde 2001 Estados Unidos generó un nuevo ciclo de muerte y de ganancias de la industria militar, y ha sobrepasado el número de víctimas de aquellos terribles bombardeos contra dos ciudades japonesas en 1945.

Los crímenes contra la población originaria.

Todo empezó mucho antes. La violencia y la guerra son consustanciales al ser estadounidense. Las acciones violentas de los colonos, las guerras libradas por las tropas federales contra los indios nativos de Norteamérica, así como las repetidas fechorías y masacres contra los mismos durante la expulsión de sus tierras ancestrales hacia lejanos territorios del oeste incluye, pero en cierto sentido sobrepasa, el concepto de crímenes de guerra.

Las matanzas e intentos de aniquilar a los nativos norteamericanos concuerdan plenamente con la definición de genocidio de las leyes internacionales vigentes.

Según los registros históricos y los informes de los medios, desde su fundación, Estados Unidos ha privado sistemáticamente a los indígenas de sus derechos a la vida y los derechos políticos, económicos y culturales básicos a través de asesinatos, desplazamientos y asimilación forzada, en un intento de erradicar física y culturalmente ese pueblo, a esas etnias. Incluso hoy en día, los indios nativos aún enfrentan una grave crisis existencial.

Los sobrevivientes de las naciones indígenas derrotadas fueron internados en reservas, en terrenos áridos; les fueron arrebatados muchos de sus hijos y enviados a internados y casas de pensión, donde sus cabellos fueron cortados y sus lenguas y ceremonias fueron desterradas, en una especie de genocidio cultural. Durante décadas perduró la práctica de fragmentar muchas familias indias y entregar a sus hijos en adopción.

Ellos debieron vivir y presenciar una profunda transformación de su entorno: muchas de sus tierras fueron apropiadas por especuladores blancos; colonos y ganaderos que se asentaban a sangre y fuego despejaban sus cotos de caza, seguido por la ruda huella del progreso: terrenos cercados, carreteras, embalses, perforaciones mineras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, nuevos poblados, campos petroleros, etc.

En las praderas del Medio Oeste, cientos de especies de pastos y bosques fueron reemplazadas por monocultivos de soya y maíz o dedicadas a construir embalses sin permiso de las tribus.

Las estadísticas revelan que, desde su independencia en 1776, el gobierno de los EE. UU. lanzó más de 1500 ataques contra las tribus autóctonas, masacrando a los indígenas, tomando sus tierras y cometiendo innumerables crímenes brutales. El 27 de marzo de 1814, unos 3000 soldados atacaron a los indios Creek en Horseshoe Bend, Territorio de Mississippi. Más de 800 guerreros y pobladores creek fueron masacrados.

Entre los crímenes más notorias también está la Masacre de Bear River en 1863, en Idaho, donde mataron a 350 integrantes de la “nación” Shoshone, o la del 29 de diciembre de 1890, cerca de WoundedKnee Creek, en Dakota del Sur.

Al inicio de la colonización en 1619 cerca de dos millones de nativos habitaban lo que hoy es el territorio estadounidense. En los tres siglos subsiguientes muchos perecieron no solo por patógenos y enfermedades, sino principalmente por la violencia de los colonos y las tropas federales para arrebatarles sus tierras y en la expansión hacia el oeste. Se calcula que hacia 1900 solo uno de cada diez nativos sobrevivían, menos de 240 mil, luego de los brutales exterminios del siglo XIX. Por entonces primaba el lema de que solo los indios muertos son los indios buenos (only dead Indians are good Indians).

Es bastante conocido que en la inmensa mayoría de las reservaciones la esperanza de vida está por debajo de muchos países del tercer mundo; los índices de pobreza y desempleo en las mismas suelen ser del 40% o más; prima el alcoholismo y la dependencia de la asistencia social; sufren altas tasas de mortalidad infantil y bajo peso al nacer, así como más bajos niveles de educación y menores lapsos de vida que los blancos.

La proyección imperial mediante la guerra.

Desde su fundación en 1776 solo durante 17 años ese país no ha estado inmerso en conflictos armados. En buena parte de ellos ha sido evidente la recurrencia a la comisión de crímenes de guerra en el contexto de la pretensión de dominio global y del uso de la fuerza, particularmente en los dos últimos siglos.

La política exterior arrogante y agresiva, y la generación de tensiones bélicas no es coyuntural ni depende en lo fundamental de quién habite la Casa Blanca. En la misma se relega la diplomacia y lo multilateral para enfocarse en la intimidación y la fuerza.

Esta es acompañada por campañas de generación de terror, basadas en una muy alta tecnología militar, operaciones encubiertas, aviones no tripulados, la externalización de las labores de combate con el empleo masivo de mercenarios y ejércitos subalternos, y el uso de alrededor de 800 bases e instalaciones militares en el exterior en más de 130 países, desde muchas de las cuales, unidades de Fuerzas Especiales de EE.UU. efectúan acciones ‘quirúrgicas’ letales y cacerías humanas.

Es imposible recoger aquí la totalidad, ni siquiera el grueso de las situaciones, en las cuales Estados Unidos se ha visto involucrado y ha cometido despiadados crímenes de guerra, pero se puede afirmar sin dudas que ese país es el mayor perpetrador de tales horrendos abusos y aberraciones.

Retomando una línea de acción iniciada durante el gobierno de Barack Obama, el “Pivote asiático 2.0″ es la promesa de Biden para trazar una política agresiva y más efectiva hacia China, un competidor económico como ningún otro al que se haya enfrentado la superpotencia norteamericana.

La intención de detener la declinación que el país experimenta en varios ámbitos, y las pretensiones de reivindicar sobre nuevas bases estatus como potencia dominante, abren la perspectiva de que se impongan importantes modificaciones estratégicas en la política exterior de Estados Unidos, por sobre las contingencias y desvíos debidos a eventuales y también determinantes impulsos de política doméstica.

La querella que se ha venido perfilando o modificando durante los últimos cuarenta años no es en cuanto a si los Estados Unidos deberían o no continuar persiguiendo sus fines imperiales, sino acerca de cómo continuar manteniendo esa condición.

Aunque ahora, lógicamente, la atención se dirige al conflicto centrado en Ucrania y la intervención militar rusa, hechos con grandes derivaciones geopolíticas cuya magnitud no podemos ahora calibrar, hacen que las acciones de Estados Unidos se centren de momento en prolongar la guerra, complicar y quizás desestabilizar a Rusia, aumentar su ascendencia militar y económica sobre los países europeos, y vigorizar a la OTAN.

No obstante, en la mayor parte de la elite estadounidense, en sus sectores más lúcidos e influyentes en el seno de sus dos partidos oligárquicos se mantiene con vigor, y como una noción estratégica la definición de que la prioridad y el mayor reto para preservar o revitalizar su primacía global los obliga a enfrentar al gigante asiático, a tratar de cortarle alas a China.

Abundan las preocupaciones (tanto en Estados Unidos como entre algunos de sus acólitos en el Lejano Oriente) de que la crisis de seguridad en el Este europeo pueda degradar o afectar esa prioridad y los recursos destinados hacia la región Indo-Pacifico.

Alguien ha formulado el dilema de esta interesante manera: Rusia es un estado canalla y maligno bien armado que nos desafía y busca subvertir un orden internacional que nunca puede aspirar a dominar. Mientras, en contraste, China es un competidor entre pares, un rival de estatura que quiere dar forma a un orden internacional que puede aspirar a dominar.

Al momento de redactar estas líneas los jefes de los servicios de inteligencia de Reino Unido y Estados Unidos (FBI y M-15) realizaron una conferencia de prensa conjunta, y calificaron a China como “la mayor amenaza a largo plazo para nuestra seguridad económica y nacional”. 1

Es decir que para la potencia estadounidense la preocupación principal, y el desafío de primer orden a enfrentar, deberá seguir siendo China, su impetuoso desarrollo económico y tecnológico, y su proyección internacional. A ello se unen los temores de que se llegue a consumar una alianza firme entre Rusia y el gigante asiático. Todos los demás desafíos son secundarios: solo China amenaza los intereses estadounidenses de manera profunda, dicen algunos.

Retrospectivamente, numerosos analistas estadunidenses señalan como graves equivocaciones estratégicas, de hace cuatro o cinco lustros atrás, el tardío reconocimiento por parte de Estados Unidos del real desafío que China iba a llegar a significar. Una equivocación acaecida bajo la creencia de que en el rejuego global el gigante asiático se atendría a los patrones y reglas de juego del orden global por ellos diseñado, en momentos cuando los embargaba el entusiasmo de estar en el pico de una unipolaridad que creyeron definitiva. Un documento del Atlantic Council (enero 2021) señaló que el más grande error geoestratégico cometido por sucesivas administración estadounidenses fue haber permitido durante la pasada década que Rusia recalara en tal medida hacia el espacio estratégico chino.2

Es decir que mientras las administraciones de Clinton y Bush se enredaban en sus agresiones militares en los Balcanes y el Oriente Medio, y las corporaciones trasladaban al exterior sus inversiones en manufacturas en busca de mano de obra barata, buena parte del desarrollo de China se potenció a partir de los capitales, las técnicas y los mercados occidentales. Al propio tiempo, y como consecuencia de lo anterior, en Estados Unidos se generaron afectaciones y vulnerabilidades en la cadena de producción causadas en parte por una dependencia excesiva de ciertos suministros chinos, incluyendo, por ejemplo, productos sensibles tales como semiconductores.

El peligro de que se consolide el liderazgo chino en el marco de la Cuarta Revolución Industrial (sistemas de inteligencia artificial y sus aplicaciones) precipitaría sacar a la luz la delicada situación financiera global de Estados Unidos y que se cree una crisis sistémica profunda.

La cuestión de las relaciones con China ha venido ocupando un primer plano del debate político en Estados Unidos, entremezclado con pasos que se están dando para generar una nueva guerra fría con Rusia y sobre todo con el gigante asiático.

Pese a la inusitada división que existe en el establishment norteamericano, la política de sanciones comerciales y presión militar contra China tiene un amplio consenso entre las principales facciones del régimen. Las implicaciones se complejizan cuando ambos partidos oligárquicos, demócratas y republicanos, emulan irresponsablemente para obtener ventajas políticas y electorales mientras más atacan y demonizan a China y sus dirigentes.

Junto a las tensiones comerciales y las sucesivas sanciones que aplica el gobierno yanqui, son varias las iniciativas legislativas en Washington como parte de una estrategia hacia la región del Indico y el Pacifico, o expresamente “para disuadir o contener” a China. Varias de ellas incluyen asignar decenas de miles de millones de dólares para nuevos armamentos destinados a la región.

En las últimas décadas se ha incrementado considerablemente la militarización y el incremento de gastos militares en la región del Océano Indico y del Lejano Oriente. Se ha logrado que más del 70% de los estadounidenses tengan ahora una posición muy adversa y critica respecto a China. El freno de China sigue siendo el principal objetivo de todo el establishment de Washington y foto de su política exterior: dificultarle su dinámico crecimiento económico, dañar su creciente influencia financiera, contener su emergente poderío militar, poner bajo control u obstaculizar sus crecientes avances tecnológicos y aplicarle sanciones arancelarias y aduaneras.

Se intenta también limitarle a China el acceso a ciertas materias primas, resquebrajar las diferentes cadenas de valor ligadas a las industrias estratégicas, reducir los flujos de inversión estadounidenses hacia sus emprendimientos e interrumpir los intercambios existentes en materia científico-tecnológica.

Un claro consenso existe entre los líderes políticos estadounidenses y los que formulan la política exterior de que China representa el principal desafío, pero hay entre ellos personalidades de mucho peso que sin negarlo consideran que se comete el error de extremar esa preocupación en una sola dirección, que se requiere balance en la política exterior y no subsumirla toda a la rivalidad con China, máxime cuando en Washington predomina la indiferencia ante cuanto su adversario piensa o plantea.

El predominio global que aún conserva Estados Unidos no descansa solamente en la fortaleza económica (constituye más del 20% del PIB global) sino en todas las otras fuentes de poder político, militar, ideológico y cultural. No obstante, China está por constituirse en la mayor economía del mundo y con notable éxito confronta con Estados Unidos a escala regional y mundial. El incremento de sus gastos en investigación y desarrollo ha convertido a China en un competidor formidable en campos que Estados Unidos dominó por muchos años3

Esa es una confrontación para largo rato, la cual se registra y se seguirá manifestando en una multiplicidad de ámbitos, no solo comerciales o de competencia tecnológica, pues se enmarca en los grandes reacomodos y en un giro geopolítico multilateral en el mundo. Gran impacto en ese sentido lo ha tenido el desplazamiento del centro del crecimiento económico mundial hacia los países de la región de Asia-Pacífico, la cual ha devenido el epicentro de la competencia por el poder global y donde la gravitación de China es enorme.

Tan es así que para muchos países del sudeste asiático cualquier obstrucción de los mercados chinos significaría debilitar las estructuras económicas de quienes han crecido en las últimas décadas gracias a esa sinergia bilateral. Ante las tensiones sino-estadounidenses muchos de los pequeños y medianos estados de la región han tratado de encontrar un modus vivendi con China que acomode su crecimiento económico, incluyendo su membresía en los bloques regionales de comercio.

La cooperación económica y la integración comercial se mantienen como los elementos claves que han posibilitado el crecimiento de la influencia China, y esas son precisamente las esferas donde Estados Unidos ha tenido poco que ofrecer en años recientes como una alternativa en la región Asia-Pacifico. Desde allí se escuchan voces que apuntan a la carencia de una robusta agenda económica como el elemento más débil del engranaje regional de Washington

Estados Unidos se encuentra fuera de los dos bloques comerciales más importantes del Indo-Pacífico: la Asociación Económica Integral Regional y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, — the Regional Comprehensive Economic Partnership and the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership — con poca indicación de que la actual administración rectificará la situación. Según un serio análisis del United States Studies Center, de Australia, señaló que la incapacidad de Washington para desarrollar una estrategia económica integral para el Indo-Pacífico deja vacante el espacio de elaboración de normas que determinará la evolución futura del Indo-Pacífico y restringe su capacidad de competir con la fuente de influencia china en los temas que impulsan las preferencias de alineación en el área.4

Las propuestas militaristas o de extremar las tensiones con China se complejizan si se considera que, a diferencia de la guerra fría con Rusia, país con el que apenas habían relaciones económicas, los vínculos y la interpenetración entre las economías estadounidense y China son múltiples y de enorme importancia. Las consecuencias de una guerra económica o de sanciones pueden ser catastróficas. La recuperación económica desde la actual crisis no sería posible.

Hacia comienzos de enero de 2020 ya Trump tuvo que dar marcha atrás, o refrenar, su guerra comercial contra China, pues parte de sus sanciones habrían devastado sus exportaciones agrícolas al tiempo que infligía grandes pérdidas en su cadena de suministros.

Las disputas entre ambos países en el plano militar y comercial han estado acompañadas por intentos de cooperación que, sin embargo, no alteran el trasfondo competitivo que caracteriza esas relaciones.

¿TOZUDEZ, MESURA O BALANCE ESTRATEGICO?

Cuando los conflictos bélicos en Afganistán e Iraq han llegado a su fin y se evidencia que la “guerra contra el terrorismo” estaría pasando a un segundo plano, cobra fuerza el debate acerca de si el poder militar de Estados Unidos ha dejado de ser ilimitado. Quienes así piensan consideran que el país, para ralentizar o detener su declinación, está obligado a ajustar sus prioridades estratégicas y no debe pretender, como hasta el presente, mantener capacidades de fuerza para proyectar su poderío a todas las partes del mundo. Incluso traen a colación lo que Henry Kissinger llamó “la necesidad de optar”

A partir de esa interrogante, lentamente se abre paso en Washington y en algunos círculos informados la idea de que por consiguiente Estados Unidos deberá reevaluar hacia cuales zonas del planeta debe destinar sus mayores recursos y proyectar principalmente su poderío militar. Es un debate que se integra con el referido al impacto negativo acumulado que ha tenido la sobre-expansión militar en la economía nacional y la sociedad estadounidense. No obstante, un curso de creciente armamentismo persiste pese a que drena y reduce recursos necesarios en la economía civil y, con el paso del tiempo, erosiona la fuerza y sanidad de la economía del país. Algunos plantean dudas acerca de cuan dinamizador y anti cíclico sigue siendo el gasto militar.

Un giro prospectivo, según el cual eventualmente la guerra anti terrorista quedaría algo relegada, lo cual podría contar con el respaldo, incluso, en los círculos del Complejo Militar Industrial y de la poderosa industria armamentista sobre la base que ese nuevo enfoque llevaría apareado – y ya tiene – como contrapartida el impulso de una estrategia militar que vislumbra la necesidad de prepararse para un eventual enfrentamiento con enemigos de mayor talla, dígase China o Rusia.5

Para la industria militar es un curso prometedor y bastante más remunerativo y provechoso, ya que implica pasar a obtener suculentos contratos para renovar el arsenal estratégico; producir armamentos de mayor envergadura; más costosos y sofisticados.

Eso se corresponde con el planeamiento explícito del entonces Secretario de Defensa Jim Mattis cuando en 2018 dijo que “la competencia entre las grandes potencias, y no el terrorismo, es ahora el punto central de la seguridad nacional estadounidense”.6

Por otro lado y en paralelo, también resuenan voces, incluso en el ámbito militar, que actualmente argumentan cada vez con más fuerza en favor de atemperar la proyección militarista y de establecer prioridades. Como parte de esos debates, es que se plantea – como decíamos –jerarquizar y ampliar la proyección del poderío estadounidense hacia Asia y en especial hacia la región del Indico y el Pacifico, en correspondencia a CON la estrategia de rodear y contener a China.

Son sectores importantes, aunque todavía minoritarios de los círculos de poder en Estados Unidos quienes avizoran a mediano plazo cierta “reducción de las posturas globales” por parte de esa potencia, como una necesidad a la que se aboca el país. El conflicto en el este europeo, en el que Estados Unidos actúa en la retaguardia e instrumentaliza a Ucrania con le esperanza de desgastar a Rusia, ha revivido por el momento el papel de la OTAN, pero por otro lado incentiva la colaboración y un mayor acercamiento del gigante euroasiático con China. En medio de la guerra en Ucrania el gobierno chino ha afirmado que Rusia es “su más importante socio estratégico”.

¿Cómo este desarrollo cercena las perspectivas del pivote 2.0 que pretendía acoger Biden? ¿Cómo se complejizan las propuestas y las perspectivasde un sustancial mayor despliegue en el Indico y el Pacifico? ¿Implicará ello que se produzcan reducciones en los gastos militares en el Medio Oriente e, incluso, en Europa, como llegó a pensarse?

Es decir, se manifiestan marcadas divisiones al seno de los círculos gestores de la política exterior y de la llamada seguridad nacional respecto a la continuidad o reorientación de miras en la proyección del país hacia el exterior, pero en un debate que no puede desconocer la existencia de compromisos establecidos en esta o aquella región y sobre todo intereses económicos en juego.

Como decíamos, perviven con fuerza las preocupaciones ante el desafío que representa la rápida emergencia económica y tecnológica de China, sus enormes recursos financieros y el ímpetu con el cual ese país se ha volcado hacia el exterior. Se busca asegurar la posición estadounidense en los asuntos globales y deviene prioridad tratar de impedir que China llegue a prevalecer y modificar todo el orden mundial.

Tales objetivos parecerían poner en entredicho la racionalidad de continuar la política en curso mediante la cual el grueso de la atención y la presencia militar de Estados Unidos sigue centrada en Europa, en el pulseo con Rusia y sobre todo en la región del Oriente Medio.

Es allí donde se dan las acciones bélicas que justifican mucho del gasto militar y respecto a la cual influyentes círculos neoconservadores en Washington e ideólogos rabiosamente anti iraníes han seguido predominando y arreglándoselas para generar constantes tensiones.

Aparte de la enorme influencia israelí dentro de Estados Unidos y de la extrema complejidad y el embrollo que en sí significa sacar las fuerzas militares del Gran Medio Oriente, en los conceptos tradicionales del imperio esa región tiene un importancia geopolítica de primer orden, incluyendo la cuestión del control de los tres estrechos vitales (el de Ormuz, el de Adén y el Canal de Suez) por donde circulan cerca de dos tercios del comercio mundial de petróleo y el gas, y cuyo cierre podría estrangular buena parte de la economía occidental.

El eventual redimensionamiento del gasto militar y la concreción práctica de que una parte mayor aun de los recursos y la prioridad geoestratégica se dirijan hacia el Lejano Oriente, se ven por el momento obstaculizados por las urgencias y tensiones prevalecientes en Europa del este, la guerra en Ucrania y por los conflictos del Medio Oriente, a los que a veces echan fuegos altos funcionarios yanquis.

En sentido contrario en este debate pesa bastante un sector que incluye a altos funcionarios de la Tesorería, mandos militares y de inteligencia y otros círculos de poder, según los cuales EE.UU. debería redestinar sus prioridades y la mayor parte de sus recursos militares desde Europa y el Medio Oriente hacia Asia, por sobre la fuerte presencia que ya tiene en esta región. Se señala que ya bajo el presidente Obama más de la mitad del poderío naval fue trasladado a bases que rodean a China.

LA INTENCIÓN DE CERCAR A CHINA EN PLENO DESARROLLO

Solo matices diferencian a la administración Biden respecto a los pasos que daban Obama y Trump. Desde Washington se incrementa el apoyo diplomático y militar a Taiwan, territorio que ha devenido un punto crítico en las relaciones entre China y Estados Unidos. Ello por sobre las acciones también injerencistas en asuntos internos chinos como las que intentan subvertir la región de Xinjiang.

Con el nuevo gobierno yanqui se han conducido masivas maniobras aéreas y marítimas en el estrecho de Taiwan y ha seguido auspiciando la realización de provocadores ejercicios militares en los mares al este y del Sur de China con la pretensión de afirmar potestades en la región y para amenazar con ser capaz de cortar rutas comerciales vitales para China.

Aunque el nivel de tensiones que se alcanza en las fronteras rusas es muy alto y probablemente prolongado, Estados Unidos ha asumido como prioridad lo que ya bajo el gobierno de Obama denominaron el “Pivote Asiático”, el cual conlleva la determinación de asignar mayores recursos hacia esa región y el traslado al Pacífico del grueso de la fuerza militar aeronaval de Estados Unidos.

Implicó asimismo acciones para impulsar el fortalecimiento o recomposición de sus alianzas y vínculos con Japón, Australia, la India y Corea del Sur, no solo económicos sino militares. No por casualidad en el estudio denominado “OTAN 2030”, de febrero de 2021, realizado a pedido del Secretario General esa alianza militar, Jens Stoltenberg, se hace explicito el propósito de la OTAN de “profundizar las consultas y la cooperación con los socios de la región Indo-Pacífico”, precisamente con los cuatro países mencionados. A comienzos de abril 2022, el propio Stoltenberg se manifestó esperanzado de que la Alianza Atlántica pudiese profundizar la cooperación con sus socios de Asia-Pacífico en áreas como “control de armas, cibernético, híbrido y tecnología”.

Estamos viendo solo el comienzo de una guerra fría contra China encabezada y financiada por Estados Unidos. El pasado 27 de diciembre de 2021 se dio un paso hacia la irracionalidad absoluta cuando el presidente Biden firmó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, discutida anteriormente, con la cual se potenciaba la política de “cerco” de China, y quedaba obsoleta la mera “contención”.

Eso incluye la formación en 2007 del Quad,7 integrado por EE.UU.-India-Japón-Australia, que se ve complementada por la alianza AUKUS (Australia, Reino Unido, EE. UU.) y la que denominanlos Cinco Ojos de la Anglosfera, una una alianza de inteligencia de esos tres paises mas Canadá y Nueva Zelanda, todas ellas alianzas estratégico-militares que enfrentan a China. En otro desarrollo reciente (6 abril), en una declaración conjunta, el presidente Biden y los primeros ministros australiano y británico anunciaron haber acordado cooperar para el desarrollo de armas hipersónicas y otras capacidades de combate.

En esta estrategia se observa una clara continuidad. La Administración Biden busca preservar o expandir el acceso a bases militares en Okinawa, Singapur y Australia y probablemente presione para gestar un equivalente a la OTAN del Pacífico-Índico. Australia sigue avanzando en la integración con Estados Unidos de su industria de defensa, decidió participar en ejercicios navales con Japón y transformarse en el gran portaviones regional del Pentágono. A su vez, Taiwán ha sido provisto de un novedoso armamento aéreo y la India brinda contradictorias señales de aprobación al acoso en el Mar de China.8

Resumiendo y como decíamos, ese rumbo cuenta con el respaldo de fuertes mayorías bipartidistas en Washington partidarias de incrementar el financiamiento del Pentágono con arsenales orientados hacia China y para incrementar la ayuda militar a sus aliados en Asia, así como para la investigación de tecnologías avanzadas consideradas esenciales para la competencia ya en curso con China en armas de última generación.

Parecen quedar a un lado por el momento, o invalidadas por el curso de los acontecimientos, las pretensiones o el objetivo de impedir que se consolide una alianza entre China y Rusia, lo cual, según aprecian, sería un desastre geopolítico para los Estados Unidos, así como la línea de pensamiento que ponía sus esperanzas en contrabalancear a los chinos con acciones conciliadoras hacia los rusos en el este europeo con la pretensión de alejarlos del gigante asiático, en una réplica a la inversa de la triangulación llevada a cabo por el gobierno de Nixon contra la URSS en los años setenta.

De momento, en el gobierno de Biden lo que impera ha sido la confrontación, como lo demuestran las provocaciones con la OTAN y otros cálculos geopolíticos que impulsaron la reciente intervención militar rusa en Ucrania.

Tales debates al seno de los grupos de poder tienen en sus extremos a la claque neoconservadora empoderada que impulsa la confrontación y el aumento de las tensiones tanto con Rusia como con China y, por otra parte, centros de pensamiento y políticos estadounidenses [de momento minoritarios] quienes, incluso desde círculos de derecha, señalan que Estados Unidos debe encarar de una manera realista aunque dolorosa los dilemas que le plantea su declinación y aplicar una política de larga proyección a fin preservar su status de potencia y oponerse con efectividad al mayor desafío geopolítico que se le haya presentado al país en muchos años.

1 https://edition.cnn.com/2022/07/06/politics/fbi-mi5-wray-china/index.html
2 https://www.atlanticcouncil.org/content-series/atlantic-council-strategy-paper-series/the-longer-telegram/
3Luis Rene Fernández Tabío: Estados Unidos, geoeconomía y pugna hegemónica con China, revista Politica Internacional, La Habana, enero-marzo de 2022
4 https://www.ussc.edu.au/analysis/state-of-the-united-states-bidens-agenda-in-the-balance
5 Las demandas para un permanente aumento del gasto militar pasa por alto de manera interesada el hecho de que los presupuestos de defensa combinados de China y Rusia son apenas algo más de una tercera parte de lo que Estados Unidos gasta en materia militar y de defensa. Tampoco hay mucha discusión en ese país sobre lo impensable de una guerra entre los grandes poderes donde estarían todos amenazados por una aniquilación mutua asegurada.
6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42755219
7 En septiembre de 2021 el status de esa alianza fue elevado a propuesta del Presidente Biden, al realizarse la primera cumbre de Jefes de Estadode la misma en Washington,
8 Pierre Antoine Donnet: “Con la Quad, EEUU trata de reunir una alianza contra China”, 23 octubre 2020. https://rebelion.org

Durante dos siglos el sistema capitalista de una nación poderosa y en expansión ha dirigido buena parte de sus empeños a dividir a los trabajadores, abaratar la fuerza de trabajo y destruir a los sindicatos, el uso común de rompehuelgas, reprimir a sangre y fuego sus más combativas agrupaciones, cooptar y corromper muchas de sus esferas dirigentes y del sindicalismo amarrillo, y lograr incluso que muchos de ellos apoyaran las políticas imperiales.

Por otra parte, el movimiento sindical raramente es considerado hoy como una voz de avanzada o como un aliado consistente de los movimientos sociales progresistas.

COOPTACIÓN E INSERCIÓN POLÍTICA

Dada la escala de la economía y el número de trabajadores, la central laboral unificada AFL/CIO y algunos grandes sindicatos han sido un núcleo tradicional de la acción colectiva en el país y han contado históricamente con una influencia política no despreciable en Washington.

Pero es notorio que en los últimos decenios el poder político de los sindicatos ha disminuido. La razón más obvia de la disminución de la influencia política de los trabajadores es que, a medida que la afiliación sindical se ha desplomado, los sindicatos han tenido menos trabajadores para movilizar en política y menos recursos para desplegar en nombre y en función de los objetivos de los trabajadores.

Está muy debilita la capacidad de los sindicatos para montar una poderosa defensa política de los trabajadores a nivel nacional o regional. La ley alienta a los sindicatos a concentrar su energía en el nivel de la empresa y no en el nivel social o político. Se enfatiza que los sindicatos tienen el deber legal de negociar y representar a los trabajadores en el lugar de trabajo, no de servir como una voz para los trabajadores en la política y el gobierno en general..

La Corte Suprema ha limitado la capacidad de los empleadores y los sindicatos para utilizar las cuotas sindicales con fines políticos. Se señala que la actividad en asuntos de política y de interés público no es pertinente [propio o aplicable] a la función central de los sindicatos.

Sin embargo existen vias mediante las cuales los sindicatos pueden participar en políticas electorales y presionar a los funcionarios del gobierno. En algunas circunstancias, también pueden utilizar la presión de carácter político para obtener concesiones de los empleadores con respecto a la organización y la negociación colectiva. En la práctica, muchos sindicatos gastan un gran cantidad de energía y dinero en la actividad política con un efecto significativo.

Pero actualmente su poder se encuentra degradado, las filas de asociados muy mermadas, y una parte de ellos con dirigencias reformistas, cooptadas, o corrompidas. No pocos sindicatos acumulan precedentes y prácticas de discriminación racial y de género. Asimismo, predomina un enfoque de “arriba a abajo” como vía para revitalizar las organizaciones de trabajadores, lo que no fomenta la participación de los sindicalistas de base.

Por otro lado, una parte de los líderes sindicales reconocen cada vez más que necesitan una visión más amplia si aspiran a revertir los ataques que reciben, y que ello deberá incluir nuevas acciones para contrarrestar la influencia corrosiva del dinero corporativo en la política.

Aunque ampliamente aventajados por el influjo y poder empresarial en Washington, los sindicatos se emplean en esfuerzos de lobby y logran cierta influencia en el proceso político, sobre todo en las directivas del Partido Demócrata. Durante varias décadas, los sindicatos y en particular la AFL-CIO hicieron sostenidas contribuciones de dinero y voluntarios, y aunque en la práctica, en los últimos lustros, ese partido le ha vuelto también la espalda al movimiento obrero y ha aumentado su dependencia de la elite financiera, tales vínculos siguen teniendo un efecto neutralizador sobre la mayor parte del liderazgo sindical.

Los resultados no han sido muy alentadores. El movimiento obrero se ha visto bloqueado e incapaz de obtener victorias significativas bien sea como resultado de la labor organizativa y de negociaciones con la patronal o mediante la búsqueda de estrategias electorales y legislativas. Por lo cual algunos sectores del movimiento laboral y sus organizaciones han recurrido o pretender impulsar un enfoque más unificado, vinculando la negociación con las empresas de conjunto con la acción política.

Es claro que están en desventaja. Considérese además como la Cámara de Comercio y otras entidades patronales han multiplicado sus recursos para influir sobre el gobierno y el Congreso, de aquellos tiempos en que tenía a su servicio unas 175 firmas de cabildeo registradas, a varias miles en la actualidad. En lo fundamental cuentan con el control de las decisiones reguladoras del gobierno y una gestión ofensiva legal contra las normativas del mundo del trabajo.

Se calcula que el dinero que dan las nueve empresas más importantes de EE.UU. a las campañas electorales es cincuenta veces mayor que las aportaciones del conjunto de todos los sindicatos.

Por otra parte, en cuestiones de política exterior ha sido notoria la casi completa alineación de la AFL-CIO con la proyección imperial. Durante la Guerra Fría los niveles altos de la dirigencia sindical devinieron firmemente entrelazados con la política internacional del país. Supuestamente preocupados con la protección de puestos de trabajo que genera la industria bélica, diversos sindicatos han apoyado fervientemente el empleo de fondos públicos para nuevos sistemas de armas y presupuestos militares.

Durante años el AIFLD (Instituto Nacional para el Desarrollo del Sindicalismo Libre) de la AFL-CIO prestaba servicio para la CIA y otras agencias del gobierno. Para lavar un poco la imagen, el AIFLD junto a otras tres dependencias de la federación sindical se fundieron en 1997 en el “Solidarity Center” (American Center for International Labor Solidarity), lo cual alimentó en algunos la esperanza de que el accionar internacional se distanciaría de su anterior política.

Sin embargo, esa entidad sigue acompañando los objetivos del gobierno estadounidense, en el marco de su misión que enmascara en el supuesto propósito de “ayudar al crecimiento del movimiento obrero global y el poder de los trabajadores en todo del mundo a través de sindicatos democráticos, independientes y efectivos”.

El Solidarity Center sigue dependiendo de fondos del gobierno, que incluso le llegan a través de la NED y la USAID, lo cual ha sesgado y comprometido su actuar hacia lugares donde el gobierno norteamericano promueve una agenda que privilegia la reforma neoliberal y la cooperación con sindicatos conservadores y grupos de la sociedad civil afines a las metas de la política exterior de Estados Unidos.

DILEMAS Y OPORTUNIDADES DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO

La globalización y el ambiente intelectual y político a partir de los últimos decenios del siglo XX ha favorecido el arraigo de la fe en los mercados, la aceptación creciente de las demandas patronales de flexibilidad laboral, desregulación y libre competencia, como ocurrió en sectores tales como las líneas aéreas, transporte por carreteras, ferrocarriles, la telefonía, etc., por sobre las objeciones de los sindicatos.

Por si fuera poco, existe una cobertura desfavorable por la casi totalidad de los medios de difusión, tanto respecto a los sindicatos (a los cuales califican como entes corruptos y con intereses especiales), como de los conflictos laborales. El enfoque predominante es que las huelgas causan molestias a la población, con lo que, en no pocas ocasiones, logran generar rechazo de la opinión pública ante algunas protestas legítimas del movimiento obrero.

El número de huelgas y paros laborales es aun limitado (aunque la percepción se ve más quebrantada aun dado que la mayoría de las protestas y paros siguen siendo ignorados por los medios).

Por otro lado, mientras el empleo en la agricultura y la manufactura han estado declinando, el número de empleados públicos en los gobiernos estatales y locales se ha más que triplicado desde 1950.

Han sido sindicatos surgidos después de la post guerra, tales con los de trabajadores agrícolas, de empleados públicos y de trabajadores de servicios, generalmente de sectores con bajos salarios, los que en cierto grado y en los últimos años revivieron la combatividad y las luchas obreras, y son de los pocos que han logrado ampliar sus filas.

El movimiento ha adquirido un mayor dinamismo y vigor en los últimos años, como se ha manifestado en combativas huelgas de maestros en varios estados, en la huelga en la General Motors y en el empuje de la campaña para que el salario mínimo sea aumentado a $15 USD la hora, según se ha logrado con éxito y ha sido establecido hasta el momento en varias ciudades el país.

Bajo el impulso de grupos de trabajadores jóvenes se han concretado esfuerzos que han redundado en la organización de sindicatos en sectores con poca o ninguna tradición gremial, tales como en compañías de alta tecnología, empresas de medios de comunicación digitales y otros.

Y a pesar de la prolongada declinación del número de trabajadores protegidos por contratos laborales, los sindicatos estadounidenses cuentan con más de 16 millones de afiliados y todavía son una fuerza social muy capaz de enfrentar el asalto sobre los ingresos y los derechos laborales y movilizarse en pro de una mayor igualdad.

Tienen lugar luchas significativas, en condiciones adversas, de las que poco se conoce pues, como ya mencionamos, son intencionalmente ignoradas por los medios de difusión. El movimiento obrero (o parte de él) ha dado signos recientes de vuelta a la vida. Una ola creciente de militancia en varios sectores laborales. Destaquemos que una militancia activa que estos últimos años, al grito de “Fight for 15”, ha logrado elevar el salario mínimo en 30 estados. Y por estos días decenas de miles de trabajadores están oponiéndose a las reducciones salariales o demandando mejores condiciones de trabajo y de seguridad,¹ y algunos prevén que está por concretarse en la ocurrencia de la mayor ola de huelgas desde los podeross paros laborales de maestros que en 2018 y 2019 redundaron en victorias que le dieron un significativo impulso al movimiento laboral.

Entre 25.000 y 100.000 trabajadores se declararon en huelga en octubre de 2021. Los trabajadores de cuatro plantas de cereales Kellogg pusieron fin a una huelga de 11 semanas después de anunciar que se había llegado a un acuerdo con la empresa. El primer Starbucks votó para sindicalizar una sucursal en Buffalo, Nueva York, y posteriormente lo siguieron otras sucursales en todo el país, muchas de las cuales votaron por unanimidad. A finales del año pasado, más de 10.000 trabajadores de John Deere pusieron fin a una huelga de cinco semanas tras obtener un aumento del 20% en los salarios y mejoras sustanciales en sus condiciones de trabajo. Más recientemente, un almacén de Amazon en Staten Island se convirtió en el primer centro de Amazon en sindicalizarse, contra los esfuerzos para impedirlo por parte de esa poderosísima corporación.

Ciertos logros puntuales en la sindicalización de segmentos de trabajadores y otros alentadores hechos recientes deben ser tomados con cautela.. Como ya apuntamos, solo uno de cada diez trabajadores está organizado en sindicatos. Las patronales siguen campeando por sus respetos. Los miedos son muchos. Hay colectivos obreros, por ejemplo en plantas de ensamblaje en el sur del país, los cuales en los últimos años han votado en contra de la opción de sindicalizarse.

Por otra parte, las mismas presiones de la competencia y del mercado que llevaron a las empresas manufactureras a escapar de las zonas del norte industrial y de sus altos costos laborales, y reubicar sus plantas en el exterior, ha conllevado a que la producción de bienes y servicios haya sido reestructurada, concentrada y entrelazada en modos que – se considera – podrían ser ventajosas para la organización y acciones efectivas de la clase trabajadora.

Kim Moody, un veterano sindicalista de izquierda y analista de los temas laborales, está entre quienes llaman la atención sobre la importancia y potencial ese hecho.

En particular, Moody alude a “la reorganización de cadenas de suministros basadas en entregas puntuales y cronometradas, con un número reducido de suministradores y con un sistema de movimiento de las mercancías tecnológicamente guiado y entrelazado, todo organizado en torno a gigantescos ‘racimos’ logísticos que emplean a decenas de miles de trabajadores en áreas geográficas relativamente delimitadas”. ²

Es decir, de la ‘desintegración espacial de la producción’ ha surgido una reintegración temporal de la misma, entrelazada electrónicamente y cronometrada, y con ella un estrechamiento de los vínculos entre las concentraciones de trabajadores.

Las empresarios y magnates, en su búsqueda de incrementar ganancias vía tragarse a los competidores y obtener una tajada más amplia del mercado, en estos decenios produjeron el mayor movimiento de fusiones corporativas de la historia del país. Las adquisiciones y fusiones corporativas en 1980 por un valor de $32 900 millones; en 1990 subieron a 4 239 fusiones con un valor de $205 600 millones. Ya para el 2000 fueron más de 11 mil fusiones y adquisiciones por casi $3,5 billones (millones de millones)… ³

Más y más trabajadores están empleados por firmas relativamente mayores y según líneas ramales, en empresas y centros de trabajo con 500 o más trabajadores; en hospitales, hoteles, ‘call centers’, cadenas de comida rápida, servicios constructivos y de mantenimiento, en grandes tiendas al detalle y en funciones logísticas de la producción y la distribución crecientemente cronometradas.

Moody ve en todo eso un potencial organizativo. Adelanta la opinión de que: “Los sistemas de suministros de entrega inmediata o programada con precisión que entrelazan hoy la producción de la mayoría de los bienes y servicios hace más vulnerable el conjunto del sistema a la acción de los trabajadores. La enorme concentración de los trabajadores en ‘nudos’ y enlaces logísticos dentro o cerca de las grandes áreas metropolitanas provee un blanco organizativo a una escala que podría revertir a mediano plazo el decline de los sindicatos”.

De momento, la mayoría de las huelgas exitosas han sido ganadas realmente por el pequeño porcentaje de trabajadores que ya están sindicalizados. Algunos en el movimiento llaman a la cautela y advierten que los recientes éxitos en el logro de la sindicalización en algunas esferas no son suficientes para revertir la larga caída de décadas en el sindicalismo.

Durante dos siglos el sistema capitalista de una nación poderosa y en expansión ha dirigido buena parte de sus empeños a dividir a los trabajadores, abaratar la fuerza de trabajo y destruir a los sindicatos, el uso común de rompehuelgas, reprimir a sangre y fuego sus más combativas agrupaciones, cooptar y corromper muchas de sus esferas dirigentes y del sindicalismo amarrillo, y lograr incluso que muchos de ellos apoyaran las políticas imperiales.

Por otra parte, el movimiento sindical raramente es considerado hoy como una voz de avanzada o como un aliado consistente de los movimientos sociales progresistas.

MOVILIDAD DEL CAPITAL, SUBCONTRATOS Y FUGA DE PUESTOS DE TRABAJO

La globalización neoliberal que cobró impulso hace unos cuarenta años impulsada por los avances tecnológicos y movimiento de bienes, servicios y capital a través de las fronteras, impactó de forma y con resultados diferentes en diversos sectores de la sociedad estadounidense y originó serios cambios en la economía del trabajo.

Durante las últimas décadas un sinnúmero de plantas industriales y puestos de trabajo se fueron al Sur, a la costa Oeste y al exterior, o han sido reestructuradas acorde a cambios tecnológicos que amenazan con reemplazar trabajadores en muchos sectores de la economía, reducen el valor de mercado de las labores más calificadas y hacen menos seguros los puestos de trabajo. Más de 30 millones de empleos desaparecieron por esta vía solo en los años 1970s.

Respecto al país ese fue un proceso de cortas miras; un factor principal que conduciría a la desindustrialización y a generar la vulnerabilidad de las cadenas de suministro propias. Actualmente el sector de servicios representa más de las tres cuartas partes de los empleos del país, mientras que los oficios industriales y manufactureros emplean menos de una quinta parte del mercado laboral.

Ha tenido lugar a escala global, incluyendo en los llamados países industriales, una ampliación del exceso relativo de mano de obra; una disminución del trabajo asalariado estable que se haría más marcada en lo adelante. 1 Por ejemplo a partir de la crisis financiera del 2008, el peso de los procesos de exclusión se manifiesta con más fuerza en los llamados países centrales, como EE.UU., con toda una suerte de implicaciones políticas. En el sector privado aumentaban, sin embargo, los puestos de trabajo como administrativos y supervisores.

Un artículo del académico catalán Vicenç Navarro 2 señala que, desde que el presidente Clinton firmó el tratado de libre comercio en 1994 entre EE.UU., Canadá y México (NAFTA por sus siglas en inglés), quince fábricas dejaron EE.UU. diariamente en busca de países con salarios más bajos y con menor protección social. Ese tratado, como otros de comercio e inversiones de moda en los últimos tiempos, benefició a las clases empresariales de los tres países a costa de las clases populares de cada país. La sustitución del NAFTA por el nuevo acuerdo T-MEC tiene efectos similares.

Las ganancias de las corporaciones aumentan a pesar de haber reducido la contratación de fuerza de trabajo. Parte de la explicación está en que los fabricantes estadounidenses devienen cada vez menos dependientes de fuerza de trabajo doméstica para sus contratas o sus ventas, dado que ellos de forma sostenida expanden sus operaciones, sus suministros, su producción y sus ventas en mercados del exterior.

El modelo nacionalista y fordista de capitalismo, que se apoyaba en la colaboración entre patrones, líderes sindicales y el gobierno, se transformó aceleradamente en un modelo internacionalizado de capitalismo, y de rápida movilidad del capital, que enfatiza el libre comercio, la desregulación, la innovación tecnológica y la externalización de funciones. Asimismo, en varias ramas la automatización y las nuevas tecnologías han vuelto obsoleta la necesidad de grandes dotaciones de personal.

Ello fue impulsado por un cambio estructural fundamental: el sistema de producción masiva que por largos años había garantizado una supuesta convergencia de intereses entre patronos y trabajadores estaba siendo desmantelado por la revolución tecnológica y por la dispersión global de las plantas de producción. Según William Greider, se había acabado el llamado círculo virtuoso de post guerra, donde algo de los aumentos productivos beneficiaban a alguna manera a todos.

La productividad industrial se incrementó a menor ritmo, mientras que los salarios se estancaban o descendieron en términos reales. Incluso, industria tras industria los niveles educaciones o de calificación aumentaron, en tanto que el salario real se reducía.3 Como se conoce, la parte de la mano de obra en los ingresos disminuye cuando los salarios crecen más lentamente que la productividad.

En un ambiente de pérdida de poder negociador de los sindicatos, se implantó intencionalmente la frase flexibilidad del mercado laboral como un eufemismo contrapuesto a un ambiente laboral con protecciones para los trabajadores tales como un adecuado salario mínimo, representación sindical, razonable compensación para los trabajadores que pierdan sus empleos, etc. Por contraste, la condición de ‘flexible’ les otorga a los patrones la potestad para disponer a voluntad de sus trabajadores y del régimen laboral.

Los niveles de paro se han mantenido relativamente altos, incluso cuando normalmente los datos oficiales dejan de contar a los muchos desempleados que dejan de buscar empleo. Los grupos más golpeados por el desempleo son las minorías raciales, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores no calificados.

Por otro lado, la reducción del poder de negociación de los trabajadores es un factor que, como mencionamos antes, ha contribuido al alza explosiva de las desigualdades.

La desaparición de empleos, particularmente de obreros del norte industrial con altos salarios y altamente sindicalizados, fue uno de los factores que hizo mermar gravemente las filas sindicales, mientras que la ortodoxia del mercado ha seguido eclipsando casi todas las alternativas legislativas y los esfuerzos organizativos.

Ha tenido lugar aceleradamente un cambio en gran escala en los empleos con menos trabajadores en esferas de alta remuneración y más en los sectores de bajos salarios. Asimismo, en los últimos cincuenta años se ha venido produciendo un incremento general de la explotación del trabajo a tiempo parcial.

En la postguerra surgieron agencias privadas proveedoras de trabajadores temporales las cuales promueven lo que ellos denominan un enfoque limpio de paja para los empresarios que consideraran minimizar sus costos laborales. Proveen contratos a corto plazo, tareas ocasionales a pedido del empleador, y en fin mayor precariedad laboral. Las mismas se establecieron como un “nuevo sector de trabajo confiable a bajo costo”, de empleados excluidos de muchas de las protecciones obtenidas por los sindicatos.

Según estimados basados en datos del Buró del Censo, por ejemplo, en la industria de repuestos automovilísticos los subcontratados por esas agencias recibían como promedio 29% menos salarios que los contratados por la empresa manufacturera donde trabajaban.

Esas firmas (staffing companies) son asimismo un mecanismo de exclusión o destrucción sindical. Los trabajadores son subcontratados a través de esas agencias y sus reclamos o derechos no son con la entidad donde laboran sino con la empresa empleadora; – desde la crisis de 2008, un quinto de los puestos de trabajo creados han sido temporales, fuera de plantillas. Estas poderosas compañías hacen contribuciones para la reelección de políticos, tienen equipos de lobby en Washington e influyen en la redacción de las leyes laborales acorde a sus intereses.4

Asimismo, la subcontratación de trabajadores permite a las empresas evitar asumir responsabilidad por malas prácticas laborales, a lo que se une un alicaído sistema de contratos colectivos, procesos de arbitraje tendenciosos, débiles leyes y regulaciones laborales, así como la ausencia de políticas antimonopólicas.

Un factor ha sido también la política de acuerdos comerciales que se han impuesto en la era de globalización, beneficiosos en general para los países industrializados y nefastos para la mayoría de las naciones del tercer mundo y sus soberanías. Tales convenios han tenido también impactos negativos en EE.UU. que han recaído desproporcionadamente sobre los trabajadores industriales quienes tenían muchos de los empleos mejor pagados y que han sido relocalizados hacia el exterior.

Aunque los obstáculos por delante resultarían enormes, la de los años 1970s fue una década de creciente radicalismo de los trabajadores, con muchas iniciativas en las bases sindicales y formación de agrupaciones independientes, de movimientos por la democracia sindical y de avances en la organización sectores públicos. Tuvieron lugar importantes huelgas de mineros, de trabajadores de correos, camioneros y de líneas aéreas entre otras, y nacieron significativas agrupaciones independientes.

LA GRAN OFENSIVA PATRONAL

El antisindicalismo en Estados Unidos tiene una larga tradición y muy amplia agenda, impulsada ​​por una poderosa coalición de ideólogos antisindicales, operativos republicanos y grupos de presión corporativos.

Luego del fin del boom económico de las décadas de 1950 y 1960s los líderes de la industria, el comercio y las finanzas en EE.UU. rompieron y descartaron el frágil contrato tácito que previamente existiera durante el anterior período de crecimiento y progreso. Intentaban mantener altas tasas de ganancia en circunstancias cuando el llamado pastel económico se reducía. Se produjo entonces un cambio hacia la confrontación por parte de la comunidad de negocios y un ataque concertado contra los sindicatos a partir de los años 1970s y que aprovecha las debilidades de las leyes laborales del país para suprimir la capacidad de los trabajadores para organizarse y optar por la negociación colectiva.

Esos propósitos se han proyectado de manera permanente hasta nuestros días. De un informe [2018] de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica [OECD] se deduce claramente que el sistema económico en EE.UU. (comparado con otros países industriales y de desarrollo medio) ha sido reconfigurado para mantener un segmento excepcionalmente amplio de trabajadores con bajos ingresos y reducir progresivamente la porción del ingreso nacional que reciben respecto a la que va a patrones y accionistas.5

Un evento de importancia crucial de la historia laboral de fines del siglo XX fue la intervención del gobierno de Ronald Reagan contra la huelga de Controladores de Tráfico Aéreo (PATCO) con el despido de 11,000 miembros del sindicato, a los cuales reemplazó con personal militar; una agresiva acción rompe-huelga que había devenido bastante generalizada en el sector privado, pero que en lo adelante estableció como más aceptable el uso de rompehuelgas..

Pero detrás de los operativos republicanos, la fuerza más importante que impulsa esta agenda es una red de individuos y corporaciones extremadamente ricos. Las campañas antisindicales han sido financiadas principalmente por una coalición de grupos de presión corporativos tradicionales, como la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Fabricantes, junto con organizaciones nuevas e ideológicamente más extremas.

Quizás la organización más importante que facilita el trabajo de esta coalición es el American Legislative Exchange Council (ALEC). Es una red nacional que reúne a los legisladores estatales con las corporaciones más grandes del país, incluidas Wal-Mart Stores Inc., The Coca-Cola Company, FedEx, Amway, Exxon Mobil Corp., Koch Industries Inc. y las principales empresas tabacaleras y farmacéuticas, con el fin de formular y promover una legislación favorable a las empresas.

ALEC incluye cientos de legisladores, una gran parte de los presidentes de los senados estatales y portavoces de las cámaras del país. Los legisladores son invitados a conferencias, a menudo en centros turísticos elegantes, donde comités compuestos por igual número de funcionarios públicos y privados redactan propuestas de legislación modelo.

Por lo tanto, los legisladores en los estados del país, con poco tiempo, personal o experiencia, pueden presentar una legislación completamente formada y respaldada profesionalmente. Las corporaciones contribuyen a las campañas de los legisladores y financian los grupos de expertos a nivel estatal que promueven la legislación. A cambio, los legisladores llevan la agenda corporativa a sus cámaras en los cincuenta estados.

Algo similar ha ocurrido con la proliferación de los llamados Comités de Acción Política (P.A.C.), para recaudar fondos y apoyar candidatos en sus campañas electorales; con lo cual se logra una influencia abrumadora sobre las esferas de poder y el curso de la política en Washington.

Muchas empresas utilizan el recurso de declararse en bancarrota como medida supuestamente preventiva, pero realmente con el propósito, entre otras razones, de deshacerse de sus contratos laborales. Ello les fue refrendado con la Ley de 1978 (Bankruptcy Reform Act) dirigida a alentar a las corporaciones a ´reorganizarse´ en lugar de liquidar sus bienes. La amenaza de cierre o traslado es corrientemente utilizada para arrancar concesiones a los trabajadores.

Contratan además costosas compañías especializadas en quebrar los sindicatos sus conatos de huelga y sus esfuerzos organizativos, y toda una gama de firmas de consultores y expertos, así como bufetes de abogados que actúan a su servicio, al tiempo que financian influyentes tanques pensantes como el Instituto Americano de Empresa, la Fundación Heritage y el Instituto Cato.6

Como antecedente recordar que, hace más de cuarenta años, coincidiendo con el aumento de los movimientos conservadores en el país, la National Association of Manufacturers creó lo que llamaron el ‘Consejo por un Ambiente Libre de Sindicatos’. Desde la Cámara de Comercio se escuchaban voces señalando que las críticas al sistema norteamericano de libre empresa “estaban yendo demasiado lejos”.

La eliminación de regulaciones antimonopolistas y otras, así como la rebaja del nivel de salario real, han seguido siendo aplicadas —con sus matices— por todas las administraciones estadounidenses hasta el presente, porque están entre las que cuentan con mayor consenso de la clase burguesa monopolista. En los últimos cincuenta años, tanto republicanas como demócratas han mantenido una política pro empresarial, a la par con una retórica de coqueteo con el movimiento obrero, pero sin hacer esfuerzos para impedir la derrota del programa legislativo sindical.

La ofensiva patronal se complementa en el plano político-ideológico, en los medios de difusión y en la esfera legislativa dirigida a presentar a los sindicatos y las demandas económicas de los trabajadores como causantes de la inflación que afecta a la industria y a la ciudadanía. Con este argumento, y con el pretexto de ayudar al país o de evitar la quiebra y el cierre de sus plantas, se les ha pedido a los obreros concesiones o la postergación de sus reivindicaciones.

Cada vez que el movimiento obrero se ha planteado recuperar posiciones y defender derechos y protecciones laborales por la vía legislativa, programas de expansión de empleos o aumento del salario mínimo, los sectores patronales, determinados en el propósito a que hacíamos referencia, destinaron grandes recursos y esfuerzos sin precedentes para influir con mayor fuerza sobre las agencias federales y el Congreso y derrotar las leyes promovidas por los sindicatos, en primer lugar aquellas dirigidas a defender los niveles del salario mínimo o favorecer la capacidad organizativa de los trabajadores.

ENFRENTANDO UNA INSTITUCIONALIDAD ADVERSA Y MANIPULADORA

Los ataques contra el aumento del salario real, para reducir los estándares laborales, los beneficios y sistema de protección de los trabajadores o el poder de negociación de los empleados públicos organizados, se han llevado a cabo también desde las instancias legislativas y judiciales, tanto en Washington como en los estados a lo largo del país.

La ideología antisindical predominante en la mayoría de las instancias de gobierno a distintos niveles tácitamente ha aceptado la agenda y las estrategias empresariales. Todo refrendado y sobre el marco de una legislación federal y en los estados que poco protegen los derechos de los trabajadores, cuya aplicación es débil y que los patronos pueden evadir mediante el ‘subcontrato’, así como con ficciones legales explotadas por la patronal para evadir el pago de beneficios, impuestos por plantillas, seguros laborales, el costo de los despidos, etcétera.

La legislación laboral vigente ha dejado de tener la relativa efectividad de cuando fue creada décadas atrás. Durante la gran Depresión, tuvieron lugar grandes luchas obreras y frente al creciente malestar laboral, y en un esfuerzo por des radicalizar un movimiento obrero cada vez más poderoso y militante, el Congreso promulgó en 1935 la Ley Wagner o Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, National Labor Relations Act). La misma otorgó a los trabajadores el derecho legal de formar sindicatos y negociar colectivamente.

Hasta aquel momento, la Corte Suprema había interpretado de manera restringida la facultad del Congreso para legislar en el área del trabajo y el empleo. Durante una década, la Ley Wagner funcionó según lo previsto, ya que un movimiento sindical previamente moribundo creció hasta abarcar un tercio de la fuerza laboral del país.

.Pero con los cambios acaecidos en la economía desde entonces, la NLRA ha perdido efectividad; muchos derechos básicos de protección a los trabajadores en distintos ámbitos quedan debilitados o negados. El estado juega un papel neutral y mínimo. Comparado con otros países industriales y de desarrollo medio, el país no cuenta con programas o casi no provee ayuda alguna para que sus desempleados puedan reintegrarse a la fuerza laboral.

El régimen correctivo de la NLRB (la Junta correspondiente de esa ley) es demasiado prolongado y sus sanciones demasiado escasas para proteger a los empleados contra las represalias del empleador. El empleador determinado a resistirse a la negociación colectiva puede prolongar las negociaciones durante años. Puede asimismo evitar la sindicalización mediante el cierre de sus operaciones, la subcontratación a través de una empresa no sindicalizada o el traslado de la producción. A lo largo de estos y otros sistemas de empleadores desintegrados o fisurados, la NLRA ha tenido una relevancia disminuida. Los empleadores operan fuera de su alcance por varias razones.

El derecho laboral, desarrollado durante y después del New Deal, se ha vuelto inapropiado por las estrategias gerenciales contemporáneas y no brinda herramientas capaces de corregir las desigualdades actuales.

Hasta la actualidad, en lo que constituye una escalada progresiva, a nivel de los estados se han seguido adoptando leyes engañosamente denominadas de ‘libertad para trabajar’ o ‘right to work laws’ (en realidad: el supuesto derecho de los individuos a ser contratados sin protección sindical).

Solo en 2011–2012, por ejemplo, cuatro estados aprobaron leyes que restringían el salario mínimo, cuatro levantaron las restricciones al trabajo infantil y 16 impusieron nuevos límites a los beneficios para los desempleados.

Con el apoyo de los grupos de presión corporativos, los estados también aprueban leyes que despojan a los trabajadores de los derechos de remuneración por horas extra; derogan o restringen los derechos a la licencia por enfermedad; hacen que sea más difícil demandar al empleador por discriminación racial o sexual, y más fácil negar los derechos de los empleados clasificándolos como “contratistas independientes”.

Las grandes corporaciones privadas han empleado mucho tiempo, dinero y energía en el ataque a los sindicatos de empleados públicos, sector donde se mantienen relativamente altos niveles de afiliación y lo hacen también tratando de deshacer las leyes de salario mínimo, salario prevaleciente y salario digno; eliminar los derechos de los empleados a horas extras o licencia por enfermedad.

Resulta claro que no lo hacen, como aducen, motivados la prudencia fiscal ni en defensa de los contribuyentes, sino dado que el empleo público a menudo eleva los estándares de salarios y beneficios en un mercado laboral local que los empleadores privados luego se ven obligados a cumplir: recortar la compensación de los empleados públicos facilita, a su vez, reducir también el salario de sus contrapartes del sector privado.

Tales esfuerzos se emprenden con igual vigor en los estados del país donde los empleados públicos no tienen derecho a negociar contratos.

A medida que la economía estadounidense se ha vuelto dramáticamente más desigual en las últimas décadas, ha producido una masa crítica de empresarios extremadamente ricos, muchos de los cuales son políticamente conservadores. Al mismo tiempo, las elecciones para cargos públicos se han vuelto más caras que nunca, dejando a los políticos cada vez más dependientes de quienes tienen los recursos para financiar campañas.

Finalmente, la decisión de la Corte Suprema de 2013 denominada Citizens United abolió las restricciones de larga data sobre el gasto político corporativo. De esta manera, la distribución dramáticamente desigual de la riqueza se ha traducido en una influencia política desigual enorme. Con cada proceso eleccionario se registran niveles récord de gasto por parte de los fondos de acción política empresarial. En gran parte, la serie de fuertes ataques y campañas antisindicales en el país reflejan el éxito de esa estrategia oligárquica.

[cont…]

1 Según Karl Marx “los mismos factores que elevan la capacidad productiva del trabajo, que aumentan la masa de los productos-mercancías, que extienden los mercados, que aceleran la acumulación de capital tanto en cuanto a masa como en cuanto a valor, y que hacen bajar la cuota de ganancia, han creado y crean constantemente una superpoblación relativa… de obreros que el capital no emplea… Cuando el capital se envía al extranjero, no es porque ese capital no encuentre en términos absolutos ocupación dentro del país. Es porque en el extranjero puede invertirse con una cuota más alta de ganancia…[…]; la baja cuota de ganancia provoca la competencia entre los capitalistas y no a la inversa”. El Capital. Crítica de la Economía Política, t. III, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963, p. 278-279.

2 http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/medios-informacion-no-.
3 Ver William Greider: “One World, Ready or Not. The Manic Logic of Global Capitalism”, p. 63.
4 Entre esas compañías en EE.UU., se destaca Manpower, la segunda empresa empleadora del mundo. Solo en 2014 colocó a dos millones 300 mil personas. Ya en 1967 empleaba más trabajadores que gigantes corporativos, tales como la Standard Oil o la U.S. Steel Corporation.
5 Ver: http://nymag.com/daily/intelligencer/2018/07/oecd-study-labor-conditions-confirms-that-u-s-workers-are-getting-ripped-off.html .
6 Ismael Hossein-Zadeh: “Keynes ha muerto, larga vida a Marx”, Counterpunch, agosto de 2014

Introducción por Fernando M. García Bielsa

El fallecimiento el pasado mes de Clyde Bellecourt, un gran líder de los pueblos originarios de Estados Unidos nos permite hacer un recuento y traer a nuestra atención el exterminio a que fueron sometidos y las condiciones de abandono, miseria y alienación en que aún viven muchas de esas poblaciones, así como el olvido al que no pocos progresistas del mundo los hemos relegado.

“Y allí donde el indio ha logrado defenderse con mejor fortuna, y seguir como era, se le ve como él es de raza, fuerte de mente y de voluntad, valeroso, hospitalario, digno. Fiero aun, como todo hombre, como todo pueblo que está cerca de la naturaleza…”
José Martí (Nueva York, 1885)

A mediados de enero falleció a los 85 años de edad Clyde Bellecourt, uno de los principales líderes, durante varias décadas, de la lucha por los derechos de los indios nativos de Norteamérica, contra los abusos del gobierno y la violación de los Tratados que fueran firmados con las tribus nativas durante el siglo XIX y antes, pero que dieron paso a una política de exterminio a sangre y fuego.

Son actualmente aproximadamente cinco millones de personas; varias veces más que en 1900, cuando se calcula quedaban unos 300 mil, luego de los brutales exterminios y del desarraigo forzado de sus terruños originales. Casi un tercio de ellos residen actualmente en tres estados: California. Arizona y Oklahoma.

Los sobrevivientes de las naciones indígenas derrotadas fueron internados en reservas, en terrenos áridos; muchos de sus hijos les fueron arrebatados y enviados a internados y casas de pensión, donde sus cabellos fueron cortados y sus lenguas y ceremonias fueron desterradas, en una especie de genocidio cultural. Durante décadas perduró la práctica de fragmentar muchas familias indias y entregar a sus hijos en adopción.

No obstante la penetrante y desgarradora influencia de la dominante ‘modernidad’ capitalista, del consumismo y de la cultura gringa, mucha de la identidad de los nativo-americanos perdura.

Ellos debieron vivir y presenciar una profunda transformación de su entorno: muchas de sus tierras fueron apropiadas por especuladores blancos; colonos y ganaderos que se asentaban a sangre y fuego despejaban sus cotos de caza, seguido por la ruda huella del progreso: terrenos cercados, carreteras, embalses, perforaciones mineras, ferrocarriles, tendidos eléctricos, nuevos poblados, campos petroleros, etc.

En las praderas del Medio Oeste, cientos de especies de pastos y bosques fueron reemplazados por monocultivos de soya y maíz. En la post guerra y hasta la actualidad otros cientos de miles de acres de tierras agrícolas de las reservaciones han sido dedicadas a construir embalses sin permiso de las tribus. Villas completas se han visto forzadas a ser nuevamente reubicadas….

En la inmensa mayoría de las reservaciones la esperanza de vida está por debajo de muchos países del tercer mundo; los índices de pobreza y desempleo en las mismas suelen ser del 40% o más; prima el alcoholismo y la dependencia de la asistencia social; sufren altas tasas de mortalidad infantil y bajo peso al nacer, así como más bajos niveles de educación y menores lapsos de vida que los blancos.

Esa realidad es el resultado de cientos de años de genocidio, exclusión y discriminación, generados en su mayor parte por acciones de entidades de gobierno tales como el Departamento (ministerio) del Interior, las cortes, legislaturas estaduales y el propio Buro de Asuntos Indios (BIA).

Han debido enfrentar múltiples inequidades, maltratos y una permanente hostilidad de muchos políticos locales y estaduales, más propensos a la presión de rancheros y empresarios, y negligentes para garantizar la protección de sitios sagrados y cementerios de sus ancestros. Esto es fuente de conflictos y protestas. Líderes tribales han decidido actuar para proteger tales sitios arqueológicos que se cuentan por cientos de miles.

El Buró de Asuntos Indios trabaja con las tribus para administrar unos 56 millones de acres de tierras tribales – así como el petróleo, el gas y otros recursos naturales en ellas contenidos. Durante largo tiempo las tribus han alegado que las tierras, sus recursos y el dinero que ellas generan de los arrendamientos administrados por el BIA han sido muy mal conducidos. Según alegan esa entidad ha sido negligente ante las incursiones en las tierras indias y en la aplicación de la ley. Esa y otras entidades de gobierno operan con un enfoque paternalista, colonialista y racista.

Clyde Vellecourt, y otros líderes como su hermano Vernon, Bill Means, Russell Means, Dennis Banks, o Leonard Peltier, quien es un preso político con el que se han ensañado y cumple ya más de 40 años encarcelado, han debido enfrentar todo el peso de la maquinaria represiva y desinformadora y alienante del sistema estadounidense.

A continuacion este artículo sobre Clyde Bellecourt, bajo el auspicio del Centro de Interpretación del Movimiento Indio Americano

Una dura y maldecida lucha: la vida de Clyde Bellecourt (1936-2022)

Bellecourt y el Movimiento Indio Americano nos enseñaron que la sociedad colonizadora es débil debido a su sentido de superioridad. Tiene a Dios, armas y oro, pero su punto más débil y sórdido es su carencia de gloria.

Nick Estes, 28 de enero de 2022. Centro de Interpretación del Movimiento Indio Americano

TENÍA EL PELO CORTO la primera vez que conocí a Clyde Bellecourt. Era el Mes de la Herencia de los Nativos Americanos en 2005. Los estudiantes nativos lo habían invitado a él y a otros miembros del Movimiento Indígena Americano (AIM) a la Universidad de Dakota del Sur, después de que la policía colocara carteles en el campus que mostraban a un “macho nativo americano” mal dibujado que supuestamente había atacado una mujer. La descripción era lo suficientemente vaga como para implicar a cualquiera; varios estudiantes y trabajadores universitarios fueron llamados para ser interrogados. Los carteles eran vulgares por su franqueza: parecían confirmar los peores estereotipos de indios salvajes atacando a mujeres inocentes.

Así que AIM convocó una conferencia de prensa. Trajeron el tambor grande. La canción de AIM, conocida como la “Canción del trueno amarillo de Raymond”, resonó tan fuerte desde el comedor del campus que la escuché en el estacionamiento. Y se decía una oración con la canupa, pipa ceremonial. El evento se convirtió rápidamente en una manifestación, ya que los líderes de AIM juzgaron a los funcionarios universitarios y policiales. Bellecourt comparó las acciones de la policía con “esa vieja mentalidad fronteriza de John Wayne”. No ayudó que el jefe de policía, Art Mabry, tuviera un desafortunado parecido con el duque, ese vaquero de Hollywood que pasaba mucho tiempo en la pantalla matando indios. La cara de Mabry se sonrojó cuando varias personas de la multitud se rieron. Uno por uno, los miembros de la comunidad testificaron sobre las humillaciones diarias que enfrentaron a manos de la autoridad blanca. Fue una rúbrica emblemática del AIM, el Gran Jurado de la Cinta Roja, un tribunal popular, que se organizó por primera vez en 1968 para pedir cuentas a los funcionarios del gobierno.

Las mesas se habían invertido esa noche. No hubo acciones concretas ni disculpas de ninguna de las partes, pero las actitudes cambiaron. Bellecourt y AIM nos enseñaron algo que habían estado enseñando a los nativos durante casi medio siglo: la sociedad colonizadora es débil debido a su sentido de superioridad. Tiene a Dios, armas y oro, pero su suave vientre es gloria.

Como muchos de los fundadores de AIM, Bellecourt se vio profundamente moldeado por su experiencia de haber sido arrebatado de su familia y llevado a escuelas estatales o de la iglesia.

Ese recuerdo volvió a mí la semana pasada cuando me enteré de la muerte de Bellecourt. Murió en su casa en Minneapolis a la edad de ochenta y cinco años. AIM ha sido caricaturizado en gran medida en los medios de comunicación como un grupo de hombres violentos, más grandes que la vida con trenzas y gafas de sol. (Las mujeres en el movimiento han sido ignoradas en gran medida, si no casi olvidadas). Es cierto que las tomas y ocupaciones armadas, como en Wounded Knee 1973, que Bellecourt ayudó a organizar, lanzaron a AIM a la prominencia internacional. Esas acciones fueron sin duda importantes. Pero tal vez AIM realmente se define por lo que Bellecourt llamó “el maldito trabajo duro”, que no aparece en los titulares, de luchar por viviendas asequibles, programas educativos y culturales para jóvenes, y asistencia legal para indios pobres y urbanos. Ese trabajo comenzó mucho antes de Wounded Knee y ha continuado desde entonces. “Estábamos empezando”, dijo Bellecourt sobre AIM después de Wounded Knee.

llecourt nació en 1936 en la reserva india White Earth en el actual noroeste de Minnesota. Fue el séptimo de doce hijos que crecieron en un hogar sin electricidad ni agua corriente. Ambos padres de Bellecourt sufrieron discapacidades físicas de por vida. Su padre Charles, un sobreviviente de la notoria Escuela Industrial India de Carlisle administrada por el gobierno, resultó herido en la Primera Guerra Mundial. Como castigo por hablar anishinaabe, las monjas paralizaron a su madre Angeline cuando era niña obligándola a fregar pisos durante horas mientras se arrodillaba sobre bolsas de canicas. Caminó cojeando por el resto de su vida.

Como muchos de los fundadores de AIM, Bellecourt se vio profundamente moldeado por su experiencia de ser arrebatado de su familia y llevado a escuelas estatales o de la iglesia. Cuando era niño, asistió a una escuela católica dirigida por monjas de la Misión de San Benito. Sus manos mostraban las cicatrices de la regla de una monja. A menudo se saltaba las clases, escapando a los bosques y lagos cercanos para cazar y pescar. Más tarde, un juez lo sentenció a una escuela correccional fuera de la reserva por absentismo escolar. En el libro The Thunder Before the Storm, que coescribió con Jon Lurie, Bellecourt relata cómo un sacerdote católico abusó sexualmente de él y lo obligó a realizar trabajos forzados.

Cuando tenía dieciséis años, su familia se mudó a Minneapolis, donde Bellecourt abandonó la escuela secundaria y luchó por encontrar un trabajo. Comenzó a beber, robar y robar y fue encarcelado. En la prisión de Stillwater, después de un período angustioso en confinamiento solitario, conoció a Eddie Benton-Banai, un ojibwe de Wisconsin. Los dos comenzaron a realizar programas culturales y ceremonias de sudoración y purificación para los reclusos nativos. El Grupo de Folclore Indio, como se le conocía, enseñaba la historia y el idioma de los nativos. Por primera vez en la historia de la prisión, a los líderes espirituales se les permitió llevar a cabo ceremonias y ritos de purificación de Midewin que Bellecourt describió como que lo llevaban “por un camino de curación”. Reconectarse con la cultura y la espiritualidad fue transformador para él y cientos como él. “Hubo un renacimiento indio en esa prisión”, recordó.

Después de su liberación a mediados de 1968, Bellecourt se asoció con ex reclusos, incluido Benton-Banai y un carismático ojibwa llamado Dennis Banks, para “transponer nuestro programa de estudios de nativos americanos a las calles de Minneapolis”. Formaron el Movimiento Indio Americano (AIM) ese julio con otros como Pat Bellanger, Annette Oshie, Harold Goodsky y George Mitchell. Bellecourt fue su primer presidente. AIM comenzó como un foro comunitario, donde los nativos presentaban sus problemas y quejas sobre la policía, las escuelas, la vivienda, el trabajo y la discriminación. Su rápida respuesta y organización les valió el respeto de su base. Bellecourt había trabajado para una empresa de servicios públicos después de la prisión, pero pronto renunció para dedicarse de tiempo completo al movimiento. Mientras protestaba por la guerra de Vietnam, conoció a su futura esposa, Peggy Sue Holmes, la hija de una mujer anishinaabe y un hombre japonés que una vez estuvo internado en un campo de reubicación (internamiento) durante la guerra. Tuvieron cuatro hijos juntos.

El credo de AIM se convirtió en “en cualquier momento, donde sea, en cualquier lugar”.

AIM se fijó en la lucha contra la expulsión de niños indios, la violencia policial y la pobreza. (Más tarde, sus objetivos evolucionaron para incluir la soberanía tribal y la unificación de todos los pueblos indígenas). Las políticas federales de terminación y reubicación empujaron a los indígenas a ciudades que prometían trabajos y el sueño americano. Lo que encontraron fueron condiciones terribles (desempleo, vivienda deficiente y discriminación desenfrenada) que a veces eran peores que la vida en una reserva. La reubicación no fue la única forma de eliminación de identidad.

La remoción de niños indios fue igual de devastadora. Dos estudios realizados por la Asociación de Asuntos Indígenas Estadounidenses realizados en 1969 y 1974 encontraron que del 25 al 35 por ciento de todos los niños nativos habían sido separados de sus familias y colocados en hogares de crianza o instituciones adoptivas. En Minnesota, en 1978, más del noventa por ciento de las adopciones de niños indios sin parentesco fueron realizadas por parejas no indias. “Nos criamos en el sistema de acogida, el sistema de internados, el sistema de justicia penal y por padres a los que les habían quitado el indio a golpes”, escribió Bellecourt sobre las personas con las que realizo trabajo organizativo durante esos primeros años. “Lo que más me molestaba era no saber dónde estaban mis sobrinos, mis sobrinas y mi familia”, le dijo a la historiadora de Osage Amy Lonetree en 2012. “Así que esto me ardía por dentro cuando se formó el Movimiento Indio Americano”.

La Patrulla AIM, que vigilaba a los policías en los vecindarios indios, se desplegaba en cualquier momento, a menudo interviniendo durante las redadas en los bares indios. Las tácticas de confrontación que fueron efectivas para frenar las formas más atroces de violencia policial se convirtieron en un pilar de la organización. En 1970, AIM ocupó la oficina del Buró de Asuntos Indígenas de Denver (BIA) para protestar por no contratar empleados nativos. La acción se disparó cuando las oficinas de BIA fueron ocupadas en Chicago, Alameda, Minneapolis, Filadelfia, Cleveland, Dallas, Los Ángeles y Albuquerque. AIM “se convirtió en un movimiento nacional de la noche a la mañana”, según Bellecourt. Las acciones les ganaron una reputación como vanguardias de la revolución india que parecía estar en marcha. Un año antes, estudiantes nativos se habían apoderado de la prisión federal de la isla de Alcatraz y la habían declarado territorio indio.

Durante esos años tumultuosos, de 1970 a 1971, Banks y Bellecourt viajaron por el país invitados por el programa administrado por el gobierno a través del Consejo Nacional de Oportunidades Indígenas, como parte de una encuesta nacional sobre las condiciones económicas de la población nativa dentro y fuera de las reservas. Hicieron conexiones nacionales que ayudaron a difundir el mensaje de AIM, y la experiencia fue reveladora.

Descubrieron que los nativos tenían la tasa de mortalidad infantil más alta y tasas terribles de suicidio; que padecían viviendas precarias y falta de agua corriente; que la deserción escolar y el desempleo eran rampantes; que la violencia policial y el encarcelamiento eran desproporcionados. “La información fue impactante”, recordó Bellecourt, “incluso para quienes la vivimos”. En las Ciudades Gemelas (Minneapolis-Saint Paul) en Minnesota, colaboraron con activistas negros para establecer el Centro de Derechos Legales para proporcionar asistencia a las familias negras, blancas e indígenas pobres

Para 1972, AIM tenía decenas de miles de miembros y capítulos en todas las regiones de los Estados Unidos. Ese año, Bellecourt organizó una marcha de costa a costa a Washington, DC. “El rastro de los tratados rotos”, que fue escrito en su mayor parte por Hank Adams, fue una acusación de veinte puntos de las relaciones entre los EE. UU. y los indígenas que también ofreció soluciones como el comienzo de una nueva era de los tratados. Una coalición de organizaciones nativas planeó entregar el documento a la administración de Nixon. AIM terminó liderando una toma de la sede de BIA en Washington, renombrándola como “La Embajada de los Nativos Americanos”.

La acción irritó a los funcionarios tribales y a la élite política. Pero ganó el respeto de AIM entre los ancianos y los tradicionales de las reservas, quienes los llamaron a la reserva india de Pine Ridge, primero para abordar la violencia desenfrenada de la ciudad fronteriza, como los asesinatos de Raymond Yellow Thunder en Gordon, Nebraska, y de Wesley Bad Heart Bull. en Hot Springs, Dakota del Sur. La manifestación en Gordon condujo a la condena de los asesinos de Yellow Thunder; una segunda acción en Custer, Dakota del Sur, terminó en un motín en el juzgado. Fue en Lakota Country en 1970 que Bellecourt experimentó otro despertar espiritual revitalizado. Le presentaron al joven curandero lakota Leonard Crow Dog, quien se convirtió en el consejero espiritual del movimiento. Bellecourt hizo sus votos en la canupa y asistió a su primer baile del sol con Russell Means, cuya estrella como líder de AIM estaba ascendiendo rápidamente.

En febrero de 1973, los líderes de Bellecourt y AIM lideraron una toma armada del sitio de la Masacre de Wounded Knee. Declararon la independencia de los Estados Unidos y exigieron la restauración de los derechos de los tratados a la Gran Nación Sioux, o Oceti Sakowin. Bellecourt afirmó que fue una acción “no violenta” que se volvió violenta debido a la agresión estatal. Las tropas federales dispararon decenas de miles de rondas contra AIM, que tenía rifles de caza y escopetas. Dos miembros fueron asesinados y cientos arrestados, ya que la dirección de la organización estaba atada. Un curandero le dio a Bellencourt el nombre anishinaabe Neegawnwaywidung, “Trueno antes de la tormenta”, después del asedio de setenta y un días.

Durante los juicios de Wounded Knee de Dennis Banks y Russell Means, se hizo cada vez más claro que el FBI estaba decidido a destruir AIM. (En 1974, su caso fue desestimado por mala conducta del fiscal, decisión que se confirmó en la apelación). Surgieron tensiones y sospechas sobre la supuesta infiltración. Casi sesenta miembros de AIM murieron durante el “Reino del Terror” del FBI después de Wounded Knee. Las disputas entre facciones también se intensificaron. Carter Camp, un líder de Ponca AIM de Oklahoma, le disparó a Bellecourt en la reserva india Rosebud en 1973 y casi lo mata. Bellecourt sospechaba que Camp estaba trabajando para el FBI, pero se negó a testificar y optó por manejarlo de la “manera tradicional”. La vigilancia policial y las presiones políticas aumentaron provocando escisiones en AIM, poniendo a familiares y antiguos amigos unos contra otros.

Parecía que el AIM estaba al borde del colapso cuando formó el Consejo Internacional de Tratados Indios en 1974, transponiendo una lucha en gran parte basada en los EE. UU. a un movimiento indígena internacional. Los veinte puntos que Bellecourt y otros redactaron para el Camino de los Tratados Rotos se convirtieron en la base de cuatro décadas de trabajo en las Naciones Unidas y condujeron a las Declaraciones de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.

Con su hermano mayor Vernon Bellecourt y su confidente de toda la vida Bill Means, Bellecourt también fortaleció las relaciones internacionales con organizaciones de liberación como los Sandinistas en Nicaragua y el Ejército Republicano Irlandés y el Sinn Fein en Irlanda. Vernon murió en 2007, poco después de visitar Venezuela, donde habló con Hugo Chávez sobre brindar asistencia de calefacción a las reservas indígenas. (En 2007, las tribus de Montana y Dakota del Sur recibieron más de un millón de dólares en una donación privada de CITGO Petroleum Corporation, de propiedad mayoritaria del estado venezolano).

En 1991, los hermanos Bellecourt habían formado la Coalición Nacional contra el Racismo en los Deportes y los Medios. Sus acciones incluyeron presentar demandas contra equipos deportivos con logotipos y mascotas racistas y marchas de protesta. Una medida de su éxito es que, en los últimos años, el equipo de fútbol de Washington y el equipo de béisbol de Cleveland han retirado a sus mascotas racistas.

Tenía el pelo largo, al estilo de mis antepasados, la última vez que vi a Cyde Bellecourt. Fue en los campamentos de oración de Standing Rock erigidos en 2016 frente al oleoducto Dakota Access. Un periodista con una cámara le preguntaba a Bellecourt, ahora un anciano, por qué estaba allí. Parecía molesto. “Porque esto es lo que hacemos”, le dijo, dejando escapar una sonrisa.

Después de que Bellecourt dejó este mundo por el siguiente, la dura y maldecida lucha continúa.

Bellecourt se resistía a que la llamaran “líder de los derechos civiles”. “Los indios se manifestaron durante muchísimo tiempo antes de Martin Luther King y antes de que se promulgara la Constitución en este país”, dijo en una charla en 1971. “Y los indios se han estado enfrentando a este sistema. . . al menos desde que llegó el hombre blanco. Si los periodistas son los primeros en escribir historia, también pueden ser culpables de equivocarse en la historia. El periódico de la ciudad natal de Bellecourt, el Star Tribune, lo llamó “líder de los derechos civiles desde hace mucho tiempo” en el titular que anunciaba su muerte. Me lo imagino sonriendo por eso también.

Después de que los campamentos abandonaron Standing Rock, el maldito trabajo duro continuó en otros frentes, como la Línea 3 en las tierras natales de Bellecourt. George Floyd fue asesinado por la policía no lejos de donde vivía Bellecourt con su esposa Peggy Sue. Una nueva generación retomó la lucha donde el la dejó, y AIM Patrol se puso a trabajar durante el levantamiento de 2020. Después de que Bellecourt dejó este mundo por el siguiente, el maldito trabajo duro continúa con los proyectos de vivienda urbana india, las escuelas de idiomas, los Derechos Legales Center y juntas de salud indias: los legados vivos del Movimiento Indio Norteamericano en Minneapolis.

Nick Estes es ciudadano de la tribu Lower Brule Sioux. Es profesor asistente de estudios estadounidenses en la Universidad de Nuevo México y autor de Our History Is the Future: Standing Rock Versus the Dakota Access Pipeline, and the Long Tradition of Indigenous Resistance.

Biden puede ser su última esperanza.

12 de noviembre de 2021 HuffPost /Traducción de Fernando García Bielsa

Leonard Peltier ha estado en prisión durante 44 años por un crimen que dice que no cometió. Su juicio estuvo mal conducido y plagado de faltas y errores que nunca se sostendrían hoy en un tribunal de los propios Estados Unidos. Los fiscales ocultaron pruebas claves. El FBI amenazó y obligó a los testigos a mentir. Un miembro del jurado admitió que estaba en contra de la raza de Peltier en el segundo día del juicio, pero se le permitió quedarse de todos modos.

Nunca hubo pruebas de que asesinara a dos agentes del FBI durante ese tiroteo de 1975 en la reserva Pine Ridge en Dakota del Sur. Pero el FBI necesitaba a alguien que asumiera la responsabilidad. La agencia acababa de perder a dos agentes y los coacusados de Peltier fueron absueltos en base a la defensa propia. Esto sucedía cuando el FBI alimentaba las tensiones en la reserva como parte de una campaña encubierta para reprimir las actividades del Movimiento Indígena Estadounidense, o AIM, un grupo de activistas de base centrado en llamar la atención sobre las violaciones de los derechos de los tratados federales, la discriminación y la brutalidad policial dirigidos contra los nativos americanos.

Peltier, miembro de AIM, estuvo allí ese día. Por lo tanto, basado completamente en el testimonios de personas que habían sido amenazadas e intimidadas por el FBI, y que operaba dentro de un sistema de justicia penal de la década de 1970 inclinado a favor del gobierno de los EE. UU. y en contra de los activistas de los derechos indígenas como Peltier, la Oficina del Fiscal de EE. UU. lo acusó con éxito de asesinato.

Según todas las apariencias, el FBI quiere que Peltier muera en prisión mientras cumple dos cadenas perpetuas.

Pero Peltier todavía está vivo, ahora tiene 77 años y está enfermo en una penitenciaría de Florida. Es quizás el prisionero político más antiguo de Estados Unidos, un vestigio de una era de justicia diferente. Aquí, en 2021, su historia todavía mueve a cientos de miles de personas a firmar peticiones en apoyo de su liberación. Una asombrosa mezcla de líderes de derechos humanos ha instado a su liberación a lo largo de los años, incluidos el Papa Francisco, el Dalai Lama, la Madre Teresa, Nelson Mandela y Coretta Scott King. Artistas destacados como Willie Nelson, Bonnie Raitt, Jackson Browne y Rage Against The Machine han realizado conciertos en su nombre. Los líderes tribales electos y el Congreso Nacional de Indios Americanos han aprobado resoluciones en las que instan al indulto.

Y ahora, con Joe Biden en la Casa Blanca, sus partidarios sienten una renovada esperanza de que Peltier pueda, por fin, tener la oportunidad de vivir sus últimos años como hombre libre.

Biden ha demostrado su voluntad de abordar las injusticias pasadas contra los nativos americanos. Ha convertido en una prioridad examinar la desagradable historia de los internados indios del gobierno de los Estados Unidos, proteger los sitios sagrados indígenas y los recursos culturales, y abordar la crisis de las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. Canceló el oleoducto Keystone XL, una gran victoria para las tribus nativas americanas y los ambientalistas.

También eligió a Deb Haaland para dirigir el Departamento del Interior, convirtiéndola en la primera indígena secretaria del gabinete de gobierno de la nación. Haaland abogó por la liberación de Peltier de la prisión en su papel anterior como congresista estadounidense.

Para los seguidores de Peltier como James Reynolds, todos estos son motivos de esperanza. Reynolds fue el fiscal de los Estados Unidos que ayudó a poner a Peltier en prisión en la década de 1970. En una carta extraordinaria de julio a Biden que no se ha hecho pública hasta ahora, Reynolds dice que se ha dado cuenta a lo largo de los años de lo injusto que fue el juicio de Peltier, y que haría justicia dejarlo irse a casa.

“Escribo hoy desde una posición poco común para un ex fiscal: suplicarle que conmute la sentencia de un hombre a quien ayudé a poner tras las rejas”, escribió. “Con el tiempo, y el beneficio de la retrospectiva, me he dado cuenta de que el enjuiciamiento y el encarcelamiento continuo del Sr. Peltier fue y es injusto. No pudimos probar que el Sr. Peltier cometió personalmente ningún delito en la Reserva Pine Ridge “.

Reynolds le ruega a Biden que conceda el indulto a Peltier como un paso hacia la curación de “la relación rota” entre los nativos americanos y el gobierno de Estados Unidos.

“Le insto a trazar un camino diferente en la historia de la relación del gobierno con sus pueblos nativos a través de una muestra de misericordia en lugar de una indiferencia continua”, dijo. “Le insto a que dé un paso hacia la curación de una herida en la que yo participé”.

Aquí hay una copia de la carta de Reynolds:

Los miembros del Congreso también esperan que Biden libere a Peltier. El mes pasado, el representante Raul Grijalva (D-Ariz.) encabezó a otros 10 demócratas de la Cámara de Representantes en una carta al presidente y al fiscal general Merrick Garland instando a una liberación acelerada de Peltier. Señalan que Peltier tiene serios problemas de salud con diabetes y un aneurisma aórtico abdominal.

“Dado el impacto sin precedentes de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, así como las condiciones de salud y la edad subyacentes del Sr. Peltier, solicitamos que se tomen medidas inmediatas para liberarlo de la custodia federal”, se lee en su carta. “Señor. Peltier aún no ha recibido un juicio justo que esté libre de violaciones constitucionales. … Ha cumplido más de 43 años en el sistema penitenciario federal, algunos de los cuales han estado en confinamiento solitario. El apoyo a la solicitud de clemencia del Sr. Peltier es a la vez generalizado y firme”.

Grijalva le dijo al HuffPost que Peltier ha sido castigado por mantener su inocencia. Tenía la oportunidad de ser liberado en 2009 cuando estaba en libertad condicional, pero le habría obligado a admitir que asesinó a los dos agentes del FBI.

No lo haría. Se le negó la libertad condicional.

“Cualquier castigo que se suponía que se le iba a imponer a Leonard ya se ha cumplido. Está hecho”, dijo el congresista de Arizona. “El hecho de que se haya aferrado a su inocencia no debería ser una razón para negar esto. Ha sido constante sobre su posición desde el principio, desde que fue arrestado hasta encarcelado hasta el día de hoy “.

Los hechos pueden estar del lado de Peltier. Biden puede ser el presidente más receptivo hasta ahora en pedir que se ponga fin al encarcelamiento de Peltier. Pero todavía existe este problema persistente con su caso: nadie en los escalones superiores del gobierno de los Estados Unidos parece querer hablar de ello.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre si Biden consideraría el indulto para Peltier.

Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar.

El FBI se negó a comentar.

La pregunta más obvia sigue siendo la más simple: ¿por qué Leonard Peltier sigue en prisión?

“Esa es la pregunta de los $ 64,000”, dijo Kevin Sharp, quien es el abogado pro bono de Peltier. “Es por eso que me duele la cabeza tratando de resolver esto”.

Sharp no supo quién era Peltier hasta hace unos años. Un ex juez de la corte de distrito de los EE. UU. Él es un ex Juez de una corte de distrito designado por el presidente Barack Obama, había estado en el cargo durante seis años cuando renunció en 2017 por su disgusto con las leyes de sentencia obligatoria que lo obligaban a encarcelar a personas que de otra manera no habría encarcelado en absoluto. Se dio la vuelta y se convirtió en el abogado de una de las personas que acababa de encarcelar.

En un giro inesperado de los acontecimientos, se conectó con Kim Kardashian West y consiguió una reunión con el presidente Donald Trump en la Oficina Oval, donde presionaron a Trump para que concediera el indulto a dos personas en cuyos casos se habían involucrado. Ambas personas por las que abogaba fueron liberados, y no pasó mucho tiempo antes de que la historia fuera noticia nacional de modo que el teléfono de Sharp no paraba de sonar con personas que pedían ayuda con casos de clemencia.

Una de las personas que se acercó fue la ex esposa de Willie Nelson, Connie Wilson, una simpatizante de Peltier desde hace mucho tiempo. Le envió a Sharp un paquete de materiales sobre el caso de Peltier, un paquete que era tan grande que Sharp se sentó y comenzó a revisarlo por curiosidad. Ocho horas más tarde, después de estudiar detenidamente las transcripciones del juicio, los recortes de periódicos y las opiniones del caso, Sharp dijo que estaba “anonadado” por todos los problemas con el caso de Peltier.

“Esto está tan plagado de acciones y conductas impropias y decisiones judiciales rotundas que nunca sucederían hoy”, dijo Sharp. “Retenían pruebas balísticas que demostraban que no era el arma de Leonard. Como mínimo, se habría necesitado tener otro juicio… Ni siquiera habrían obtenido una acusación formal porque no tenían pruebas, a excepción de tres niños presionados para decir que lo vieron. Se retractaron de toda esa evidencia. Y dijeron que estaban

amenazados “.

También había un elemento más oscuro en el caso. Entre los documentos que recibió Sharp se encontraba un memorando interno del FBI, obtenido a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, que ordenaba a los fiscales estadounidenses que pusieran todos sus recursos en condenar a Peltier. Todos sus coacusados fueron absueltos. El FBI necesitaba a alguien para ir a prisión. Peltier era la única persona que quedaba para ensañarse.

Otro memorando del FBI expuso la estrategia más amplia de la oficina para reprimir AIM, que es lo que llevó al tiroteo en primer lugar. El plan de la agencia era “acosar, arrestar y acusar continuamente” a los miembros de AIM para mantenerlos atados en la corte, dijo Sharp, para que “no puedan protestar por su propio trato”.

Los miembros de AIM que operan desde la reserva Pine Ridge estaban apoyando a los miembros de las tribus locales para exigir al gobierno de los EE. UU. que les devolvieran sus tierras y el FBI quería que se detuvieran sus reclamos, incluso si eso significaba incitar a la violencia. El FBI estaba ayudando al presidente de la tribu, que era corrupto y trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos para sus propios fines, a llevar a cabo actos de violencia contra los miembros de AIM.

“Parte de lo que está sucediendo es una política de exterminio”, dijo Sharp. “Estamos tomando su tierra, sus minerales. Vamos a deshacernos de ti por completo… Eso es lo que lo inició. Eso es lo que estaba ejecutando la contrainteligencia”.

El caso de Peltier también estaba sucediendo pocos años después del reinado de J. Edgar Hoover en el FBI, una era marcada por sus secretos abusos de poder y tácticas destinadas a acosar a activistas políticos en un esfuerzo por acumular archivos secretos sobre líderes políticos.

Al conectar todos estos puntos, Sharp dijo que tenía que aceptar el caso de Peltier.

“Estoy leyendo todo esto como un juez federal que dice: ‘Dios mío, todo esto está probado’”, dijo. “Vuelvo con Connie Nelson y le digo: ‘Sí, te ayudaré. Lo haré pro bono. … Esto es demasiado importante. Ya no se trata de un indio. Se trata de la Constitución”.

Entonces, ¿por qué, nuevamente, Peltier sigue en prisión, a pesar de todas las pruebas condenatorias que se alinean a favor de su condena injusta?

“Política”, dijo Sharp. “Para obtener el indulto, es necesario que el FBI participe. Tienen un conflicto inherente. Tiene que conseguir que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos participe. Mintieron para meterlo en la cárcel. Tienen un conflicto inherente. No van a decir ‘Ups, lo siento’ “.

“Es este vestigio del FBI”, agregó.

Sharp presentó la petición de indulto de Peltier ante el gobierno de Biden en julio.

No ha recibido ninguna respuesta.

HuffPost habló con varias personas que han desempeñado un papel combatiendo o preservando del encarcelamiento de Peltier a lo largo de los años: abogados internacionales de derechos humanos, funcionarios de alto nivel de la administración Obama, aliados de Peltier desde hace mucho tiempo, y todos señalaron la misma razón para que permanezca en prisión: resistencia del FBI.

Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional EE. UU., dijo que él y sus colegas quedaron “completamente sorprendidos” cuando Obama se negó a conceder el indulto a Peltier al final de su presidencia. Amnistía Internacional Estados Unidos dedicó toda una campaña a la liberación de Peltier y creía que Obama cumpliría.

“Realmente creo que es el peso que tienen el FBI y el Departamento de Justicia lo que impide que los presidentes otorguen el indulto”, dijo Mazzola, sugiriendo que el caso de Peltier genera banderas rojas y alertas especiales. “No solo porque fue condenado por matar a 2 agentes del FBI, sino que todos estos problemas en el juicio se reducen a problemas del FBI y los fiscales estadounidenses que estuvieron involucrados en su caso”.

“Es una parodia de la justicia”, agregó.

Yendo más atrás, algunos de los partidarios de Peltier dicen que el presidente Bill Clinton parecía dispuesto a conceder el indulto a Peltier hasta que el FBI señaló que le causaría problemas.

“Nos dijeron en ese momento que los Clinton estaban agonizando, que la noche antes de dejar el cargo, estaba agonizando por el caso Peltier”, dijo Jack Magee, un viejo amigo de Peltier y organizador del Comité Internacional de Defensa Leonard Peltier, un eje de comunicación entre Peltier y el público, los líderes políticos y tribales y los medios de comunicación. “A la mañana siguiente, el nombre de Leonard desapareció [de la lista de indultos]”.

Días antes, el liderazgo del FBI había señalado en silencio la aprobación de casi 500 empleados activos y retirados del FBI que se reunían frente a la Casa Blanca para protestar por la posible liberación de Peltier por parte de Clinton. Eso, en sí mismo, fue una ruptura impresionante con la disciplina.

“Creo que Bill Clinton quería liberar a Leonard”, dijo Magee. “Pero [el FBI] tenía elementos que podían usar contra él. Tenía la opción de, ‘Ve y vive una buena vida, obtén un cuarto de millón de dólares por un buen discurso, o haz esto y te lastimaremos, te haremos la vida miserable’ “.

Sharp estaba presionando fuertemente a Trump para que liberara a Peltier en sus últimos días en la Casa Blanca. Incluso tenía colegas hablando por teléfono con Jared Kushner e Ivanka Trump una mañana, y dijo que estaba “buscando cualquier cosa para apalancar” para defender su caso a favor de Peltier. Pero dejó de recibir llamadas al mediodía.

Y al igual que sus predecesores en la Casa Blanca, Trump finalmente se desentendió del asunto.

La resistencia del FBI a liberar a Peltier no parece haber cambiado mucho en cuatro décadas, pero la cultura y las actitudes a su alrededor sí lo han hecho.

El asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter han forzado conversaciones sobre los problemas fundamentales de la nación con el racismo y la aplicación de la ley. En una época de profunda polarización política en el Congreso, la reforma de la justicia penal cuenta con un fuerte apoyo de ambas partes. El presidente de los Estados Unidos está dando pasos históricos importantes para rectificar las injusticias pasadas contra los nativos americanos y ha realizado importantes contrataciones de indígenas dentro de su administración.

En todo caso, el activismo de Peltier de hace décadas ha cerrado el círculo.

“Absolutamente”, dijo Grijalva. “Por lo que se estaba luchando, para definir la historia en términos indígenas, no solo en términos de los blancos, esa era la batalla. Y eso continúa”.

Pero todavía hay un hombre en la cárcel que no debería estar allí. Y dada su mala salud, la última oportunidad de Peltier a la libertad casi con certeza recae en Biden.

“Está fuera de las apelaciones”, dijo Mazzola de Amnistía Internacional. “No tiene oportunidades reales”.

HuffPost solicitó una entrevista con Peltier, ya sea por teléfono o en persona en su prisión. Pero Sharp dijo que es la Oficina Federal de Prisiones tiene que darle permiso a Peltier para hablar con los reporteros, y ello es “casi imposible” lograrlo.

Un portavoz de la Oficina Federal de Prisiones no respondió de inmediato a la solicitud de HuffPost de una entrevista.

Reynolds, el ex fiscal federal, dijo que sigue pensando en cómo Peltier fue acusado de asesinato por estar presente durante una escena violenta en la que murieron personas, las mismas circunstancias para cientos de partidarios de Trump durante el ataque al Capitolio el 6 de enero, excepto que todos simplemente se fueron después a casa.

No puede deshacerse de la injusticia de todo esto. Y el racismo que hay debajo.

“¿Por qué no todos los alborotadores del 6 de enero están acusados de asesinato? Estaban todos ahí. La gente fue asesinada. ¿Cual es la diferencia?” preguntó. “Leonard al menos tenía un argumento más legítimo que presentar, que estaba protestando por la conducta del gobierno y su trato a los indios”.

Reynolds dijo que no ha hablado con Peltier desde que ayudó a ponerlo en prisión hace tantos años. Cuando se le preguntó qué le diría ahora, si pudiera decir algo, se quedó callado. “Lo siento”, dijo finalmente Reynolds. “Lamento no poder convencer a nadie más de que deberías poder ir a casa y morir”.

Jennifer Bendery es reportera política senior del HuffPost. Ha cubierto el Congreso y la Casa Blanca para el HuffPost desde abril de 2011.

A continuación el texto original en ingles

Leonard Peltier Is America’s Longest-Serving Political Prisoner. Biden May Be His Last Hope.

Jennifer Bendery, November 12, 2021 /HuffPost

The FBI put the Native American activist behind bars 44 years ago based on lies, threats and no proof he committed a crime. Why is he still there?

Leonard Peltier has been in prison for 44 years for a crime he says he didn’t commit.

His trial was riddled with misconduct that would never hold up in a U.S. court today. Prosecutors hid key evidence. The FBI threatened and coerced witnesses into lying. A juror admitted she was biased against Peltier’s race on the second day of the trial, but was allowed to stay on anyway.

There was never proof that he murdered two FBI agents during that 1975 shoot-out on Pine Ridge Reservation in South Dakota. But the FBI needed someone to take the fall. The agency had just lost two agents, and Peltier’s co-defendants were acquitted based on self-defense. This was happening as the FBI was fueling tensions on the reservation as part of a covert campaign to suppress the activities of the American Indian Movement, or AIM, a grassroots group of activists focused on drawing attention to federal treaty rights violations, discrimination and police brutality targeting Native Americans.

Peltier, an AIM member, was there that day. So based entirely on testimony from people who had been threatened and intimidated by the FBI, and operating within a 1970s-era criminal justice system tilted in favor of the U.S. government and against Indigenous rights activists like Peltier, the U.S. Attorney’s Office successfully charged him with murder.

By all appearances, the FBI wants Peltier to die in prison while serving two life sentences.

But Peltier is still alive, now 77 and ailing in a Florida penitentiary. He is perhaps America’s longest-serving political prisoner, a holdover from a different era of justice. Here in 2021, his story still moves hundreds of thousands of people to sign petitions in support of his release. An astounding mix of human rights leaders have urged his release over the years, including Pope Francis, the Dalai Lama, Mother Teresa, Nelson Mandela and Coretta Scott King. Prominent artists including Willie Nelson, Bonnie Raitt, Jackson Browne and Rage Against The Machine have held concerts in his name. Elected tribal leaders and the National Congress of American Indians have passed resolutions urging clemency.

And now, with Joe Biden in the White House, his supporters feel a renewed sense of hope that Peltier may, at last, have a shot at living out his final years as a free man.

Biden has demonstrated a willingness to address past injustices against Native Americans. He’s made it a priority to examine the U.S. government’s ugly history of Indian boarding schools, to protect sacred Indigenous sites and cultural resources, and to address the crisis of missing and murdered Indigenous women. He canceled the Keystone XL oil pipeline, a major win for Native American tribes and environmentalists.

He also chose Deb Haaland to lead the Interior Department, making her the nation’s first Indigenous Cabinet secretary. Haaland advocated for Peltier’s release from prison in her former role as a U.S. congresswoman.

For Peltier supporters like James Reynolds, these are all reasons for hope. Reynolds was the U.S. attorney who helped put Peltier in prison in the 1970s. In an extraordinary July letter to Biden that has not been made public until now, Reynolds says he has realized over the years how unfair Peltier’s trial was, and that it would serve justice to let him go home.

“I write today from a position rare for a former prosecutor: to beseech you to commute the sentence of a man who I helped put behind bars,” he wrote. “With time, and the benefit of hindsight, I have realized that the prosecution and continued incarceration of Mr. Peltier was and is unjust. We were not able to prove that Mr. Peltier personally committed any offense on the Pine Ridge Reservation.”

Reynolds pleads with Biden to grant clemency to Peltier as a step toward healing “the broken relationship” between Native Americans and the U.S. government.

“I urge you to chart a different path in the history of the government’s relationship with its Native people through a show of mercy rather than continued indifference,” he said. “I urge you to take a step towards healing a wound that I had a part in making.”

Here’s a copy of Reynolds’ letter:

Members of Congress are looking to Biden to free Peltier, too.

Last month, Rep. Raul Grijalva (D-Ariz.) led 10 House Democrats in a letter to the president and Attorney General Merrick Garland urging an expedited release for Peltier. They note that Peltier has serious health problems with diabetes and an abdominal aortic aneurysm.

“Given the unprecedented impact of the COVID-19 pandemic in our country, as well as Mr. Peltier’s underlying health conditions and age, we request immediate action be taken to release him from federal custody,” reads their letter. “Mr. Peltier has yet to receive a fair trial that is free from constitutional violations. … He has served more than 43 years in the federal prison system, some of which have been in solitary confinement. The support for Mr. Peltier’s request for clemency is both widespread and strong.”

Grijalva told HuffPost that Peltier has been punished for maintaining his innocence. He had a shot at being released in 2009 when he was up for parole, but it would have required him to admit that he murdered the two FBI agents.

He wouldn’t do it. His parole was denied.

“Whatever punishment was meant to be meted out to Leonard has been done. It’s done,” said the Arizona congressman. “The fact that he has held to his innocence shouldn’t be a reason to deny this. He has been consistent about his position from the beginning ― from being arrested to incarcerated to this day.”

The facts may be on Peltier’s side. Biden may be the most receptive president yet to pleas to end Peltier’s imprisonment. But there’s still this nagging problem with his case: Nobody in the upper echelons of the U.S. government seems to want to talk about it.

A White House spokesperson did not respond to multiple requests for comment on whether Biden would consider clemency for Peltier.

A Justice Department spokesperson declined to comment.

The FBI declined to comment.

The most obvious question remains the simplest one: why is Leonard Peltier still in prison?

“That’s the $64,000 question,” said Kevin Sharp, who is Peltier’s pro bono attorney. “It’s why it makes my head hurt trying to figure this out.”

Sharp didn’t know who Peltier was until a few years ago. A former U.S. district court judge appointed by President Barack Obama, he had been on the bench for six years when he stepped down in 2017 over his disgust with mandatory sentencing laws forcing him to put people in prison who he otherwise may not have imprisoned at all. He turned around and became the lawyer for one of the people he had just put into prison.

In an unexpected turn of events, he connected with Kim Kardashian West and landed a meeting with President Donald Trump in the Oval Office, where they lobbied Trump to grant clemency to two people whose cases they’d gotten involved in. Both of the people Sharp was advocating for were released, and it wasn’t long before the story made national news and Sharp’s phone was blowing up with people asking for help with clemency cases.

One of the people who reached out was Willie Nelson’s ex-wife, Connie Wilson, a longtime Peltier supporter. She sent Sharp a package of materials about Peltier’s case, a package that was so big that Sharp sat down and started going through it out of curiosity. Eight hours later, after poring over trial transcripts, newspaper clippings and case opinions, Sharp said he was “floored” by all the problems with Peltier’s case.

This thing is so riddled with misconduct and just flat-out court decisions that would never happen today,” said Sharp. “They withheld ballistic evidence that proved it wasn’t Leonard’s weapon. At the very least, we’d need to have another trial…. They wouldn’t have even gotten an indictment because they had no evidence, except for three kids pressured to say they saw him. They recanted all that evidence. And said they were threatened.”

There was a darker element to the case, too. Among the documents Sharp received was an internal FBI memo, obtained via a Freedom of Information Act request, directing U.S. attorneys to put all of their resources into convicting Peltier. All of his co-defendants had been acquitted. The FBI needed someone to go to prison. Peltier was the only person left to go after.

Another FBI memo laid out the bureau’s broader strategy for suppressing AIM, which is what led to the shoot-out in the first place. The agency’s plan was to “continually harass and arrest and charge” AIM members to keep them tied up in court, said Sharp, so they “can’t protest their own treatment.”

AIM members operating out of the Pine Ridge Reservation were supporting local tribal members in demanding their land back from the U.S. government, and the FBI wanted them to stop, even if it meant inciting violence. The bureau was helping the tribal chairman, who was corrupt and working with the U.S. government for his own purposes, to carry out violence against AIM members.

“Part of what’s going on is an extermination policy,” said Sharp. “We’re taking your land, your minerals. We’re going to get rid of you altogether…. That’s what started it. That’s what the counterintelligence was running.”

Peltier’s case was also happening just a few years after J. Edgar Hoover’s reign at the FBI, an era marked by his secretive abuses of power and tactics aimed at harassing political activists in an effort to amass secret files on political leaders.

Connecting all these dots, Sharp said he had to take Peltier’s case.

“I’m reading through all this as a federal judge going, ‘Oh my god, this is all proven,’” he said. “I get back with Connie Nelson and say, ‘Yeah, I’ll help. I’ll do it pro bono. … This is too important. This is not about one Indian anymore. This is about the Constitution.’”

So why, again, is Peltier still in prison, despite all the damning evidence lining up in favor of his wrongful conviction?

“Politics,” said Sharp. “In order to get clemency, you have to get the FBI on board. They have an inherent conflict. You have to get the U.S. Attorney’s Office on board. They lied to get him in prison. They have an inherent conflict. They’re not going to say, ‘Oops, sorry.’”

“It’s this holdover with the FBI,” he added.

Sharp filed Peltier’s clemency petition with the Biden administration in July.

He hasn’t gotten any response.

HuffPost talked to a number of people who have played a role in either fighting or preserving Peltier’s imprisonment over the years ― international human rights attorneys, senior-level officials from the Obama administration, Peltier’s longtime allies ― and they all pointed to the same reason for him remaining in prison: resistance from the FBI.

Justin Mazzola, deputy director for research at Amnesty International USA, said he and his colleagues were “completely blindsided” when Obama declined to grant clemency to Peltier at the end of his presidency. Amnesty International USA has devoted an entire campaign to Peltier’s release and believed that Obama would deliver.

“I really think it’s the weight that the FBI and Justice Department carry that prevents presidents from granting clemency,” said Mazzola, suggesting Peltier’s case raises particular red flags. “Not only because he was convicted of killing 2 FBI agents, but all of these issues at trial come down to issues by the FBI and U.S. Attorneys that were involved in his case.”

“It’s a travesty of justice,” he added.

Going back further, some of Peltier’s supporters say President Bill Clinton appeared ready to grant Peltier clemency until the FBI signaled it would cause trouble for him.

“We were told at the time that the Clintons were agonizing, that the night before he left office, he was agonizing over the Peltier case,” said Jack Magee, a longtime friend of Peltier’s and organizer with the International Leonard Peltier Defense Committee, a hub of communication between Peltier and the public, political and tribal leaders, and the media. “The following morning, Leonard’s name was gone [from the clemency list].”

Days earlier, FBI leadership had quietly signaled approval of nearly 500 active and retired FBI employees gathering outside the White House to protest Clinton potentially releasing Peltier. That, in itself, was a stunning break from discipline.

“I think Bill Clinton wanted to free Leonard,” said Magee. “But [the FBI] had issues they could use against him. He had the option of, ‘Go and live a good life, get a quarter million dollars for a good speech, or do this and we’ll hurt you, make your life miserable.’”

Sharp was heavily lobbying Trump to release Peltier in his final days in the White House. He even had colleagues on the phone with Jared Kushner and Ivanka Trump one morning, and said he was “looking for anything for leverage” to use to make his case for Peltier. But he stopped getting calls back by noon.

And like his White House predecessors, Trump ultimately punted on it.

The FBI’s resistance to releasing Peltier doesn’t appear to have changed much in four decades, but the culture and attitudes around it have.

George Floyd’s murder and the Black Lives Matter movement have forced conversations on the nation’s fundamental problems with racism and law enforcement. In a time of deep political polarization in Congress, criminal justice reform has strong support from both parties. The president of the United States is taking major, historic steps to rectify past injustices against Native Americans, and has made significant Indigenous hires within his administration.

If anything, Peltier’s activism from decades ago has come full circle.

“Absolutely,” Grijalva said. “What was being fought for ― to define history in Indigenous terms, not just in white people’s terms ― that was the battle. And that continues.”

But there is still a man in prison who shouldn’t be there. And given his failing health, Peltier’s last shot at freedom almost certainly rests with Biden.

“He’s out of appeals,” said Mazzola of Amnesty International. “He has no real opportunities.”

HuffPost requested an interview with Peltier, either by phone or in person at his prison. But Sharp said the Federal Bureau of Prisons has to give Peltier permission to talk to reporters, and it’s “next to impossible” to make it happen.

A spokesperson for the Federal Bureau of Prisons did not immediately respond to HuffPost’s request for an interview.

Reynolds, the former U.S. Attorney, said he keeps thinking about how Peltier was charged with murder for being present during a violent scene where people were killed ― the same circumstances for hundreds of Trump supporters during the Capitol attack on Jan. 6, except they all just went home afterward.

He can’t shake the unfairness of it all. And the racism beneath it.

“Why aren’t all the Jan. 6 rioters charged with murder? They were all there. People were killed. What’s the difference?” he asked. “Leonard at least had a more legitimate argument to make, that he was protesting government conduct and their treatment of the Indians.”

Reynolds said he hasn’t spoken to Peltier since helping to put him in prison so many years ago. Asked what he would say to him now, if he could say something, he went quiet.

“I’m sorry,” Reynolds finally said. “I’m sorry I can’t convince anyone else that you should be able to go home and die.”

Jennifer Bendery is a senior politics reporter for HuffPost. She has covered Congress and the White House for HuffPost since April 2011.

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No es posible afirmar con certeza acerca de esos comicios cuando hay tantos imponderables en el año que resta, por tanto aquí solo haremos unos apuntes sobre el particular.

La ambiciosa agenda doméstica con que el presidente Biden ha iniciado su gobierno está en peligro. También buena parte de su política exterior de naturaleza imperial, está condicionada por el hecho de contar con una muy precaria mayoría -casi un empate-, en el Congreso respecto a la oposición republicana y con la alta probabilidad de que estos tengan el control de la mayoría de ambas cámaras en el periodo 2023-2024.

Eso le posibilita, no solo a la oposición sino a cualquier miembro de su propio partido, contar con el poder de bloquear o condicionar algunas de las medidas propugnadas por el Presidente, tal como ahora ocurre de hecho con proyectos emblemáticos que Biden impulsa. En este momento, en toda la actuación de su gobierno está presente el cálculo de cómo evitar una situación aún más adversa de una debacle electoral el 8 de noviembre de 2022, con implicaciones para las elecciones presidenciales de 2024.

Históricamente y por un complejo de factores, el partido que en Estados Unidos gana las elecciones presidenciales y asume gobierno para un mandato de cuatro años, casi como una regla se ha visto sometido, en las elecciones de medio término, a perder gran número de escañosde sus congresistas en ambas cámaras legislativas. Por ejemplo, después de posicionarse Obama, en 2010 los demócratas perdieron 63 asientos en la Cámara, mientras que a los dos años de Trump asumir la Presidencia los republicanos perdieron 42 escaños en 2018

A ello se suma, en este momento, la compleja situación nacional en varios ámbitos y la marcada caída en el apoyo popular hacia Biden y su administración, tanto a nivel nacional como en estados claves, lo cual es indicativo de que los demócratas podrían recibir una fuerte derrota es esas elecciones en noviembre del año próximo.

La atención en las mismas se centra en las campañas para renovar un tercio del Senado — donde ahora los escaños están repartidos a partes iguales, 50 a 50, entre los demócratas y los republicanos —, y en los comicios para elegir la totalidad de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, donde el partido del Presidente cuenta con una muy estrecha mayoría.

También estarán en las boletas las candidaturas para gobernadores en unas tres docenas de estados, cuyos resultados siempre impactan profundamente la política en diversas regiones y pueden alterar la correlación de fuerzas para el resto del periodo presidencial. Poco auspicioso resulta el resultado de los comicios recién efectuados en Virginia, en los cuales un republicano acaba de obtener la gobernación, lo que no ocurría allí para cargos estaduales desde hace más de una década, a lo que se suma el ser un estado donde hace un año Biden ganó la votación por amplio margen.

El Presidente y todo su equipo se esfuerzan con denuedo, en medio de los cálculos oportunistas de muchos, para lograr acuerdos sobre los proyectos económicos que le sirven de bandera pero que han dividido al partido durante meses: amplias inversiones en infraestructuras que presenta como su “plan de empleos”, planes para aliviar la situación de las familias y para la protección ambiental, propuesta para aumentar los impuestos a los más ricos, para rebajar el costo de los medicamentos, entre otros.

Algunos de esos proyectos, en general positivos, no dejan de tener trasfondos engañosos o apuntan a ser mediatizados por la oposición corporativa y de sectores del ala derecha del propio Partido Demócrata quienes buscan diluir lo que consideran un giro demasiado drástico. Las creaciones de empleo esperadas son sólo el subproducto de la reactivación de la actividad económica, con el objetivo implícito es restaurar o consolidar la supremacía tecnológica de los Estados Unidos (en particular frente a China), mediante el apoyo a la industria y la investigación nacionales.

La oposición republicana, de sectores corporativos y plutocráticos contra la tasa impositiva general propuesta para los más ricos, de aprobarse restablecería apenas al nivel de la década de 1990 y permanecería muy por debajo de los años anteriores a Reagan.

Por su parte los operativos de los comités de campañas demócratas para el Senado y la Cámara están entre los que esperan con ansiedad un acuerdo en el Congreso que les permita a sus candidatos presentar un mensaje claro y dar fuerza a sus propuestas en torno a la creación de empleos, reducción de costos de salud y alivio a la situación de las familias que se derivarían de tales legislaciones.

Pero las promesas electorales de Biden en temas domésticos están en veremos. La brecha entre los impactantes anuncios que hiciera y su implementación ya ha comenzado a ensancharse. Dada la polarización existente dentro del partido y según el acuerdo que se logre entre las partes podría verse afectado el grado de compromiso electoral entre algunos sectores demócratas. Además, según las experiencias pasadas, el cumplimiento de la agenda de gobierno muy pocas veces ha sido suficiente para evitar la pérdida de escaños legislativos del partido gobernante.

No hay una causa única o sencilla que explique esos resultados adversos para el gobierno de turno pero, más que en los comicios presidenciales, en esas elecciones parciales pesan mucho las condiciones en que se encuentra el país en el momento en que se realizan.

Recientes sondeos muestran que las posiciones de los votantes han devenido crecientemente negativas respecto al manejo por la administración Biden de los principales asuntos domésticos, incluyendo la economía y la inflación, la pandemia, la criminalidad, el caos migratorio en la frontera sur, a lo que se sumó la desastrosa retirada de Afganistán, una guerra desarrollada durante 20 años con fuerte apoyo bipartidista.

En la Cámara los republicanos solo necesitan arrebatarles cinco escaños netos a los demócratas para lograr la mayoría en ese cuerpo. Se señala que solo mediante la manipulación en el rediseño de la composición de los distritos legislativos en los estados, donde los republicanos mayorean, ya estos podrán garantizar algunos resultados adicionales que los favorezcan.

En el Senado, donde ambos partidos tienen igual número de senadores, en principio la situación para los demócratas podría ser menos adversa. Son 34 los escaños expuestos al escrutinio. Solo 14 están ocupados por demócratas. Los republicanos tienen que defender 20 asientos, y en cinco de ellos el senador en ejercicio pasa a retiro.

Según varios sondeos actualmente pocos estadounidenses manifiestan real confianza en las instituciones de gobierno: solo 7% de los votantes dicen tener un alto grado de confianza en el gobierno federal. Más de la mitad de los estadounidenses consideran que la democracia en el país está amenazada y más de un tercio dicen no creer que los votos en estos próximos comicios vayan a ser contabilizados como es debido. Muchos de ellos son republicanos imbuidos en la creencia de que las pasadas elecciones presidenciales fueron un fraude y que le fueron arrebatadas a Trump.

Esa extendida actitud lleva a algunos analistas a apuntar la posibilidad de que muchos republicanos no se presenten a votar en estas próximas elecciones en DE 2022, sin que se pueda decir en qué medida ello llegue al punto de resultar determinante.

Asimismo, es previsible un fuerte involucramiento del ex presidente Donald Trump en el proceso y el debate electoral, su activismo en favor de los candidatos de su preferencia, y que ello podría constituirse en un factor que ayude a incrementar la concurrencia a las urnas de los votantes demócratas.

Son factores específicos del momento los cuales, junto a las pugnas internas en ambos partidos y la distancia que aún nos separa de las votaciones agregan considerable incertidumbre sobre el tema que nos ocupa.

No obstante tales imponderables, prevalece el criterio de que las mayores posibilidades son para el partido republicano de hacerse el próximo año con la mayoría en una o en ambas cámaras legislativas.

La Habana, 5 de noviembre 2021

“Sugeriríamos a quienes dirigen el poderoso imperio que sean serenos, que no se dejen arrastrar por raptos de ira…, ni se lancen a cazar gente lanzando bombas por todas partes. Reitero que ninguno de los problemas del mundo, ni el del terrorismo, se pueden resolver por la fuerza, y cada acción de fuerza, cada acción disparatada del uso de la fuerza, en cualquier parte, agravaría seriamente los problemas del mundo”.

Fidel Castro Ruz, Septiembre 11 del 2001 (al conocer la noticia de los trágicos sucesos)

Este mes de septiembre se cumplen veinte años del inicio de la llamada Guerra contra el Terrorismo, que se lanzó tomando como pretexto los atentados suicidas de muy dudosa matriz del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, DC. Finalmente, la guerra emprendida contra Afganistán por aquellos hechos, y dada la naturaleza de la ocupación yanqui de ese país, ha sido un nuevo y descomunal desastre de la política exterior estadounidense de alcance estratégico y de sus pretensiones de uso global de la fuerza.

Los complotados para realizar los secuestros de las naves aéreas, la mayoría de los cuales eran originarios de Arabia Saudita, se radicaron en Estados Unidos bastante antes de llevar a cabo los ataques, y allí, algunos de ellos, recibieron entrenamiento en escuelas de pilotaje en varios estados.

Según se conoce, aquel día se produjo el secuestro de cuatro aviones de pasajeros, dos de los cuales fueron proyectados contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York. Otra nave aérea habría impactado el edificio del Pentágono en la capital del país, y el cuarto se estrelló en un estado cercano.

Tales atentados tuvieron lugar antes de las 10 AM de ese día. Cerca del mediodía la Administración del presidente George W. Bush anunciaba que la agrupación Al Qaeda había sido la responsable de los ataques, en una afirmación hecha sin haber llevado a cabo alguna investigación seria sobre lo acontecido.

Esa misma noche a la 9:30 PM se conformó un Gabinete de Guerra integrado por altos funcionarios de inteligencia y asesores militares y, poco después, antes de la medianoche, al concluir esa histórica reunión en la Casa Blanca, fue lanzada oficialmente la “Guerra contra el Terrorismo”. Bush declaraba: “No haremos distinción alguna entre los terroristas que cometieron esas acciones y aquellos quienes les hayan dado protección”. “Cualquier nación, en cualquier lugar, tiene ahora que tomar una decisión: o están con nosotros o están con el terrorismo”. Días después bajo el pomposo nombre de “Operación Libertad Duradera” se concretó la invasión de Afganistán, para lo cual existían planes desde meses antes de los atentados.

La administración Bush-Cheney, ayudada y secundada por los medios de prensa corporativos, manipuló una política basada en la mentira y la utilización del miedo y de una fraseología triunfalista para llevar adelante una agenda de derecha que incluyo la aprobación de la Ley Patriota, cambios masivos en el sistema legal, expansión dramática del aparato y el despliegue militar para las la intervenciones lideradas por Estados Unidos en Afganistán, Iraq, y en otros países.

Después de lanzar aquella guerra contra “el Eje del Mal”, apenas algo más de un año después y con gran desparpajo y teatralidad desde la cubierta de un portaviones Bush anunció que “la misión ha sido cumplida”. Se refería a la misión que ahora, en 2021, concluye con un descalabro gigantesco en Kabul, aunque no es descartable que los enfebrecidos militaristas de Washington traten de levantar cabeza con nuevas aventuras injerencistas.

Desde un comienzo, como queda demostrado ahora, los límites de esa política basada en las mentiras y en el espectáculo se vería socavada y revertida por los acontecimientos subsiguientes. No obstante, el estado de guerra permanente contra el terrorismo, en particular en Afganistán, seria intencionalmente extendido en el tiempo debido a la influencia y las manipulaciones del llamado Complejo Militar Industrial que rige buena parte de la política exterior yanqui.

Al momento de redactar este artículo se informa que el presidente Joseph Biden (afectado en su popularidad por la derrota en Afganistán), ha dado instrucciones para desclasificar parte de los documentos secretos sobre el 11 de septiembre, luego de una pronta pero exhaustiva revisión por parte del FBI en coordinación con el Departamento de Justicia.

Extrañas circunstancias y mentiras en torno a aquel 11 de septiembre de 2001

Al margen de las muchas incongruencias y dudas que se han planteado respecto al trasfondo de los atentados del 11 de septiembre de 2011 en Nueva York y Washington DC, existen indicios según los cuales importantes sectores conservadores y belicistas, así como personalidades de gobierno, tenían elaborados planes de contingencia en el caso que hechos de ese tenor les fueran propicios para aplicar eventualmente sus perversos fines políticos.

Durante la década de los noventa los teóricos y los estrategas del imperio habían estado en la búsqueda de alguna fundamentación o supuesto enemigo de peso que concluida la “guerra fría” y desaparecida la Unión Soviética, sustituyera el entonces desvanecido fantasma del peligro comunista y proveyera de alguna racionalidad a la continuidad de sus desmedidos gastos militares y pretensiones imperiales. El peligro terrorista vino a llenar esos cometidos.

Hay elementos realmente llamativos en los hechos del 11 de septiembre los cuales provocan lógicas desconfianzas. Datos concretos conocidos después de los atentados los trae a colación la revista Newsweek a comienzos de mayo de este año en un artículo de William M. Arkin subtitulado “todas las maneras en que Estados Unidos falló para detener los ataques terroristas del 11 de septiembre”, donde se recuerda que “al presidente George Bush le pasaron un aviso el 6 de agosto” acerca del peligro inminente y la presencia en el país de personas particularmente sospechosas, hasta el hecho de cómo “estos siguieron moviéndose y adelantando sus planes sin ser molestados por autoridad alguna y sin ser propiamente detectados por las agencias de seguridad o al abordar las aeronaves”.

Incluso uno de los que participaría en los atentados, Zacarias Moussaoui, había sido arrestado el 16 de agosto en Minneapolis, cuando estaba tratando de aprender como pilotear aviones tipo Boeing 747; el FBI concluyó se trataba de un musulmán radical, pero fue liberado sin que se escudriñaran sus pertenencias ni se formulara aviso alguno a otras autoridades o a las líneas aéreas.

Existen muchas otras incongruencias, varias de las cuales han sido señaladas por grupos de familiares de las víctimas, e incluso indicios o sospechas de la participación de Arabia Saudita y del Mossad, el servicio de inteligencia israelí.

Las conjeturas sobre los hechos del 11 de septiembre de 2001 se alimentan por la sospechosa inacción del gobierno de Bush, luego que desde semanas antes había sido alertado por sus órganos de seguridad acerca de la presencia y dudosas actividades en el país de numerosos sujetos, muchos de ellos sauditas supuestamente de Al Qaeda, quienes luego perpetrarían los atentados. También existen interrogantes acerca de la incapacidad que tuvieron los jets de combate asentados en bases cercanas que no interceptaron ni uno solo de los aviones secuestrados.

Cinco años después, un artículo del Washington Post (Sept. 8 del 2006) informaba que, aunque en aquel septiembre generales del Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) declararon que ellos conocieron de los secuestros con tiempo suficiente para el despegue de los jets de combate, grabaciones recientemente conocidas mostraban que la Administración de Aviación Federal (FAA) no le informó a los militares acerca de los secuestros hasta cuando tres de los cuatro aviones ya se habían estrellado.

Asimismo expertos han cuestionado como ilógica la manera como cayeron los rascacielos como demolidos desde sus bases luego de ser impactados por aviones y el fuego en sus partes altas. Aun más desconcertantes son las referencias a la casi total ausencia de los componentes más compactos entre los restos del avión que se dice impactó contra el edificio del Pentágono. A partir de análisis acerca del impacto de aviones similares al proyectado contra las torres, caídos por accidente en ciudades densamente pobladas, algunos expertos concluyen que ningún avión se habría estrellado sobre el Pentágono y que sólo un proyectil pudo generar el orificio geométricamente redondo creado en dicha instalación por el supuesto avión. Pero entonces ¿Qué se hizo del vuelo #77 de American Airlines y de sus pasajeros?

Desde una etapa temprana y hasta nuestros días, numerosas incongruencias han sido señaladas respecto a la versión oficial sobre los hechos, al tiempo que varias de ellas han sido calificadas como meras teorías conspirativas.

Algunas llegan a atribuir la planificación y ejecución de los ataque del 11 de septiembre a otros elementos ajenos a AlQaeda o en conjunción con ellos, y muchos plantean que funcionarios de alto nivel y operativos del gobierno conocían por adelantado el peligro y el tipo de agresiones que se avecinaban y que hasta hubo complicidad. Quienes han presentado esos argumentos enumeran muchas de las inconsistencias en la versión oficial sobre los hechos, y la existencia de evidencias que han sido ocultadas o pasadas por alto.

Los cálculos sobre estructuras de acero, impactos de avión, cajas negras encontradas y lo que estas revelaban, no se ajustan a los criterios de matemáticos, sismólogos, especialistas en información y especialistas en demolición, etcétera. Lo más dramático es la afirmación de que posiblemente nunca se conozca lo que en verdad ocurrió.

Sin desconocer que ha habido mucho de especulación acerca de los hechos del 11 de septiembre de 2001, calificar como meras “teorías conspirativas” todos y cada uno de los argumentos que muestran incongruencias o falsedades de la versión oficial, por lo menos es cínico.

No nos olvidemos que tradicionalmente gobiernos estadounidenses han sido maestros en eso de manipular y armar conspiraciones, como aquella urdida alrededor del hundimiento del buque Maine en la bahía de La Habana en 1898 para desatar la guerra contra España y apoderarse de sus colonias. También es conocido que en agosto de 1964 armaron el llamado incidente en el Golfo de Tonkín para escalar la guerra y los bombardeos contra Vietnam del Norte, o cuando inventaron la falsedad de existencia de armas de destrucción masiva en Iraq que les sirvió para desatar la invasión a ese país en 2003, año y medio después de los hechos del 11 de septiembre.

Según un reciente sondeo de Scripps Howard/Universidad de Ohio un 36% de los encuestados sospecha que el gobierno de Estados Unidos o bien promovió los atentados o intencionalmente dejó las cosas correr.

En la mañana del 11 de septiembre el presidente Bush efectuaba una visita a una clase de primaria en Sarasota, Florida y allí su jefe de personal le comunicó que un segundo avión había impactado el World Trade Center y que el país estaba siendo atacado. El momento fue trasmitido por televisión y mucha de la teleaudiencia quedo asombrada al ver como Bush se mantuvo impasible al recibir la noticia.

Otro hecho interesante fue directamente constatado por mí en aquellos días. Un fin de semana subsiguiente a los atentados me disponía a ver el programa Meet the Press al cual comparecería el Secretario de Estado Colin Powell. Previo al programa la televisión mostraba un cintillo informando que al menos tres de los perpetradores habían sido entrenados o estuvieron ubicados en bases militares en territorio estadounidense, uno de ellos, se precisaba, en una base aérea en San Antonio, Texas.

Sobre ello versó una de las primeras preguntas dirigidas a Powell. Este no denegó esa posibilidad, dado que dijo, su país tiene compromisos y vínculos en todos los confines del mundo. En los días posteriores lo señalado en dicho cintillo desapareció de las noticias. El día siguiente, ni el Washington Post ni el New York Times contenían referencia alguna a vínculos de perpetradores de los atentados con bases militares en el país.

Renacían sueños geopolíticos de dominación global y de su creencia de que mediante la fuerza son capaces de lograr todo lo que se propongan. Poco más de un año después de los atentados, Estados Unidos invadió a Iraq, una nación que nunca atacó al país ni desempeñó papel alguno en tales agresiones.

Bajo el pretexto de luchar contra el terrorismo millones las personas han perdido la vida en todo el mundo, principalmente en el Oriente Medio y su periferia como consecuencia de esa campaña mundial de agresiones que el gobierno de los Estados Unidos y muchos de sus aliados han llevado a cabo tratando de implantar una democracia “a golpe de cañonazos”, pero generando el caos y la destrucción de un buen número de países (Libia, Siria, Yemen, Pakistán, Somalia…). Según estimados del Proyecto Costos de la Guerra de la Universidad Brown el costo total de las guerras a partir del 11 de septiembre de 2001, en Afganistán, Iraq y en esos y otros países, ha excedido los $8 billones (ocho millones de millones USD).

El estrepitoso fin de la aventura afgana.

El involucramiento del gobierno yanqui en Afganistán realmente antecedió varios lustros a los atentados del 2001. El respaldo con armas y entrenamiento a los mujahedines contra la presencia soviética en ese país a fines de los años setenta por parte de la CIA y los gobiernos de Carter y Reagan puso en movimiento el ciclo de violencia que ha afectado a ese país en los pasados cuarenta años y ha costado la vida a unos dos millones de afganos y a miles de estadounidenses.

La invasión de Estados Unidos a fines de 2001 condujo a la alianza de los invasores con “señores de la guerra” locales, así como con políticos oportunistas con quienes establecieron un corrupto e ilegítimo gobierno títere en Kabul, e implementaron durante años bombardeos indiscriminados, masacres de civiles y torturas en el país. La ocupación y la abrupta estampida generaron comparaciones con la vergonzosa retirada de Vietnam en 1975, aunque esta derrota es esencialmente política e ideológica más que militar.

Este veinte aniversario del 11 de septiembre y de la invasión a Afganistán tiene lugar justo después la desastrosa derrota de Estados Unidos y con la vuelta de los Talibanes al poder en aquel país. Tales acontecimientos están aún en desarrollo y han sido objeto de muchos documentados análisis en las últimas semanas, por lo cual aquí resumimos elementos que han sido planteados sobre estos hechos y sus proyecciones:

• Han sido dos décadas de ocupación militar que han costado más de $2 billones (dos millones de millones USD) y un número incalculable de muertes y sufrimientos. La catástrofe humanitaria generada está aún por alcanzar mayores proporciones.

• En el plano geopolítico e incluso histórico no contará tanto el carácter espurio de la misión, como su desastroso epílogo,

• Hace dos años, un informe de The Washington Post mostró cómo Estados Unidos venía escondiendo la evidencia de que esa era una guerra que no podía ganar.

• Sin embargo, el gobierno ha sido capaz de lograr distanciar con efectividad a una mayoría del público estadounidense de las “guerras permanentes” que lleva a cabo, tanto por la manipulación de los medios de información, como al apoyarse de forma extraordinaria en el despliegue sobre el terreno de mercenarios, subcontratados y el uso de drones y otros artefactos sofisticados.

• Aun asi, episodio tras episodio han venido demostrando los limites del poder de Estados Unidos; su capacidad de invadir, saquear, torturar y destruir países enteros, pero sin un solo logro que merezca la pena celebrar. Hoy más grupos extremistas violentos a los existentes antes del 11 de septiembre han proliferado en el gran Medio Oriente, en África y alrededor del mundo; muchos creados y aupados por Estados Unidos.

• El desenlace en Afganistán podría ser un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados occidentales. Ha significado la más grande debacle de la OTAN y provoca serias interrogantes entre los gobiernos europeos. Algunos hacen declaraciones en las cuales retoman lo de la necesidad de fortalecer su independencia estratégica, aunque está por verse si es algo más que pura retórica.

• Para muchos países y colaboradores en el mundo subdesarrollado los hechos dejan un mensaje de que Estados Unidos abandona a sus “aliados”.

• Los conflictos militares desatados por Estados Unidos no han tenido una estrategia coherente, y mucho menos objetivos medibles, salvo los cálculos de beneficios del Complejo Militar Industrial.

• Podría decirse que se desperdiciaron esos $2,2 millones de millones USD del dinero de los contribuyentes empleados en esa guerra y ocupación (y los cientos de miles de muertes ocasionadas, un tercio de ellas de civiles).

• Pero para otros, más que desperdicio fue una oportunidad. Buena parte de esos recursos se la embolsaron las empresas contratistas privadas de mercenarios (los cuales sobrepasaban 7 a 1 en número a las fuerzas regulares), los fabricantes de armas y compañías que proveyeron equipos y suministros, empresas de construcciones para el esfuerzo bélico. También se beneficiaron los inversionistas privados poseedores de la deuda pública del país con unos $500 mil millones pagados por el gobierno en intereses por sus deudas de guerra, intereses que todavía les estarán dando frutos en los años porvenir.

• Aun cuando este estrepitoso fracaso debe catalizar el número creciente de voces que han venido abogando por atemperar y refrenar la agresividad y las pretensiones en el uso global de los medios militares, es muy poco probable que la experiencia de esta sacudida frene la agresividad de los círculos belicistas enquistados en posiciones de poder en Washington.

El título que encabeza este artículo pudiera sorprender a algunos: ¿El país que tanto se vanagloria de ser el bastión de la democracia, la libertad y los derechos humanos y que dicta lecciones a otros países sobre mecanismos electorales, no tiene una verdadera democracia?

Es cierto que en Estados Unidos se han realizado puntualmente elecciones presidenciales cada cuatro años durante dos siglos, desde los días en que los propios “padres fundadores” de la nación expresaban reservas sobre el rol de la democracia y el estorbo que significaba en el país que entonces se diseñaba. Pero, la mera celebración de elecciones ¿es sinónimo de democracia sin importar el alto grado en que estas se ven desnaturalizadas y manipuladas?

Las extendidas confusiones sobre el concepto de democracia y la vaguedad de algunas de sus acepciones no deben confundir a los pueblos. En el caso de Estados Unidos vale la pena reflexionar sobre las bases conceptuales y políticas en que se asienta la retórica acerca de la democracia.

Cómo se concibió el sistema político de Estados Unidos

La Constitución Estados Unidos fue aprobada en 1787 y esa Carta Magna está todavía vigente. La casi totalidad de los 55 integrantes de la asamblea constituyente eran terratenientes, propietarios de esclavos o de manufacturas, y especuladores de tierras. En un país que entonces era bastante inestable, la principal preocupación fue establecer un gobierno fuerte para preservar los bienes públicos y servir a las crecientes necesidades de los propietarios y las clases pudientes y, a su vez, mantenerse firme ante las demandas igualitaristas de las que consideraban “clases bajas”.

En palabras de James Madison – cuarto Presidente de la Unión (1809-1817), y uno de los principales arquitectos en el diseño de la nueva república -, “la democracia es la forma más vil de gobierno. Las democracias siempre han sido espectáculos de turbulencias y disputas incompatibles con la seguridad personal y los derechos de propiedad”. A las mayorías desposeídas, decía, no se les debe permitir concertarse o hacer causa común contra el orden social establecido. Por otra parte agregaba que se requería “al mismo tiempo preservar el espíritu y la formas de un gobierno popular”.

Mucho después, hacia el final de su larga vida, Thomas Jefferson, quien precediera durante ocho años a Madison en la Presidencia, concluía: “La democracia no es nada más que el dominio por el populacho y la turba, donde el 51% de las personas pueden arrebatar los derechos del otro 49%”.

Otro prestigioso fundador de la nación, Alexander Hamilton decía: “Todas las comunidades se dividen entre los pocos y las mayorías. Los primeros son los ricos y bien nacidos; los otros la masa del pueblo. El común de la gente es turbulenta y cambiante; ellos pocas veces dan muestra de juicio o de determinaciones correctas”.

Lo cierto es que quienes fundaron la unión de los trece estados originales no veían la democracia como objeto de veneración, sino como un peligro que se debería evitar.

No obstante la adopción y existencia misma de la Constitución representaba entonces un avance respecto a otras formas más autocráticas de gobierno en esa época. Explícitamente repudiaba la monarquía y la autocracia. También fue positivo el hecho de que se establecieran límites de tiempo al ejercicio de la Presidencia y de otros cargos.

La respetada historiadora estadounidense Ellen Meiksins Wood, profesora de ciencias políticas de la Universidad de York (Toronto, CANADA) aseguraba que para los Federalistas -­ quienes diseñaron el sistema político estadounidense -, “la representación no era un modo de establecer, sino de evitar, o al menos evitar parcialmente, la democracia”. Por su parte Robert Dahl, uno de los más destacados politólogos estadounidenses contemporáneos, descarnadamente destacó que la elección indirecta mediante el ‘Colegio Electoral’ es una manera de evitar que el presidente sea elegido por una mayoría popular.

Es importante no perder de vista que los fundadores de Estados Unidos insertaron en las prácticas políticas que desarrollaron “precauciones auxiliares” diseñadas para fragmentar el poder sin democratizarlo. De ahí la separación entre las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, las elecciones escalonadas, los vetos del ejecutivo y la legislatura bilateral con lo cual esperaban diluir el impacto de los sentimientos e intereses populares. A la vez se estableció un proceso muy difícil para introducir enmiendas a la Constitución [requerimientos de mayorías de dos tercios para aprobarla en ambas cámaras, y ratificación por tres cuartas partes de los estados]

El principio de la mayoría fue fuertemente atenazado mediante un sistema de vetos de la minoría, y de un laberinto de comités del Congreso que echan a un lado o diluyen las iniciativas legislativas y hacen menos probable acciones populares de un mayor alcance.

¿Gobierno del pueblo o de la plutocracia capitalista?

Como cuestión esencial, no se debe considerar la democracia como limitada al ejercicio electoral, el cual, por otra parte, no atañe ni tiene capacidad de alterar esas precauciones constitucionales y sistémicas sustantivas, así como operacionales que insertaron los constituyentes y que acabamos de mencionar.

Cierto es que Abraham Lincoln definió la democracia como “gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo”, pero en la práctica de ese país, en ningún ámbito del sistema político eso se concreta, a la vez que el valor de las elecciones resulta relativo y queda crecientemente en entredicho.

Con la leyenda sobre la excepcionalidad de la nación estadounidense, supuestamente predestinada por la Providencia para liderar al mundo, no transcurrió mucho tiempo para que también comenzaran a montar el mito según el cual su sistema político era expresión suprema de modelo de gobierno democrático y libre por excelencia.

¿En Estados Unidos hay un gobierno del pueblo y por verdaderos representantes del pueblo? ¿Se gobierna allá para el pueblo?

Según Noam Chomsky, muchos y muy serios estudios académicos acerca de la relación entre las actitudes de la gente y las políticas públicas demuestran que “para la formulación de éstas importa bien poco lo que la población piensa”. El 70% de las personas de más bajos ingresos en alto grado “están carentes de capacidad de ser tomados en cuenta. Sus actitudes no tienen influjo sobre las políticas y posiciones de sus propios representantes”. La influencia aumenta según la escala de ingresos. Por tanto, cuando usted llega a lo más alto, a “una fracción del 1%”, la política se conforma y se manifiesta de tal modo que realmente ha devenido en “un tipo de plutocracia con formas democráticas”.1

Un bien fundamentado estudio, por ejemplo, es el desarrollado por los reconocidos científicos Martin Gilens (Princeton University) y Benjamin Page (Northwestern University). De acuerdo con sus conclusiones “los ciudadanos ordinarios virtualmente carecen de ascendiente alguno sobre lo que hace el gobierno de Estados Unidos”. Luego de examinar datos relacionados con más de 1,800 iniciativas políticas de finales del siglo XX y principios del XXI, Gilens y Page llegaron a la conclusión de que las élites adineradas y bien conectadas “siempre salen mejor paradas respecto a la clase media en la toma de decisiones políticas” y consistentemente dirigen el rumbo del país al margen de, y en contra de los deseos de la mayoría, y sin importar cuál de los dos principales partidos (el Demócrata o el Republicano) tenga el control de la Casa Blanca o del Congreso.2

En una entrevista para un medio local estadounidense ambos estudiosos afirman que “si la democracia significa la respuesta del gobierno a lo que quieren las mayorías de ciudadanos, presentamos pruebas contundentes según las cuales en los últimos años, Estados Unidos no ha sido muy democrático en absoluto”.

Hay muchas razones para legítimamente preguntarnos hasta qué punto lo que hay en Estados Unidos es realmente una democracia, y no una oligarquía, o sea, un sistema fundado en el gobierno de los ricos, en el cual los grandes grupos económicos y financieros y el dinero hacen la gran diferencia respecto a la elección de los integrantes de los órganos legislativos y la conformación del ejecutivo y de las estructuras judiciales. Lo cierto es que son esos grupos los que tienen el control y los medios para predeterminar el espíritu y la letra de las leyes, así como el curso de las políticas de gobierno.

Hasta qué punto la ciudadanía y muchos analistas políticos al describir como democrática esa sociedad no están condicionados por décadas de propaganda y y de reiterada sobrevaloración por los propios voceros y gobernantes de Estados Unidos quienes, desde sus posiciones de preeminencia global, dan por sentado que ese país es el modelo de democracia por excelencia.

Tal consideración está crecientemente en entredicho, aunque aún es aceptada por muchos académicos, políticos y profesionales de la prensa, e incluso observadores extranjeros. Y ello pese a que se critiquen y se condenen los asesinatos y la brutalidad policíaca, el racismo, la parcialidad de su sistema judicial, los abusos en la frontera con México, el aparataje dirigido a limitar y destruir las organizaciones sindicales, el alto costo de las campañas electorales, etcétera.

Veamos, sin embargo, lo que señala el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Según él “la extrema concentración del ingreso existente es incompatible con una democracia real… ¿Puede alguien denegar que nuestro sistema político está siendo pervertido por la influencia de las grandes fortunas y que esa distorsión se hace más aguda cuando la riqueza de unos pocos aumenta cada vez más?”. Estamos amenazados de convertirnos en una democracia solo de nombre, agregó.

El impacto del quehacer gubernamental sobre la sociedad

El sistema capitalista y plutocrático genera condiciones en las cuales de manera natural se conforma un Estado subsidiario y son conducentes a conceder prerrogativas a la banca y las gerencias corporativas para la búsqueda y obtención de altas tasas de ganancias favorables, beneficios fiscales y otros. También se les propicia la reducción de los costos de la mano de obra y facilidades para colocar en el exterior sus inversiones y puestos de trabajo en busca del mejor postor, mientras que los ciudadanos y los trabajadores no tienen papel alguno ni capacidad para impedirlo.

En tales condiciones es muy común que los trabajadores que pretendan democráticamente levantar la voz por sus derechos, se vean casi imposibilitados para lograrlo por el chantaje de los patronos, respaldados por los medios de prensa predominantes y los tribunales parcializados y predispuestos contra los sindicatos. Todo en el marco de leyes anti obreras emitidas en legislaturas “democráticamente electas” bajo control del duopolio bipartidista oligárquico.

En fin es el gobierno de una sociedad capitalista desarrollada y con grandes recursos pero que ha generado una notable y creciente desigualdad social y bolsones de pobreza junto con el enriquecimiento mayúsculo del 1% de su población. Un gobierno de la élite; un gobierno de los ricos, por los ricos y para beneficiar a los ricos.

En su artículo “La verdad sobre los Estados Unidos” de 1894 en el periódico Patria, José Martí calificó a ese país como una “república autoritaria y codiciosa” donde, “en vez de robustecerse la democracia y salvarse del odio y miseria de las monarquías, se corrompe y aminora la democracia, y renacen amenazantes el odio y la miseria”.

Es como una premonición de lo que ocurre ahora, 127 años después.

Analizar el sistema político de Estados Unidos requiere abordarlo en su dualidad, en sus fachadas y en sus trasfondos.

Por una parte está el sistema político formal, en buena medida simbólico, el cual se describe en los libros y se enseña en las escuelas; lo relacionado con los tres poderes que supuestamente se equilibran, su carácter federal; la periodicidad de los procesos electorales; los conflictos y las promesas que se emiten en las campañas; la concurrencia a las urnas; las personalidades y las posturas políticas, el papel o desempeño de este o aquel hombre de Estado, del alcalde o de quienes actúan como representantes en la legislatura, etcétera.

Por otro lado está el sistema político en su parte sustantiva, donde se manifiesta el verdadero ejercicio del poder: los contratos y privilegios que otorga el gobierno a las corporaciones por decenas de millones de dólares, las exenciones de impuestos, las compensaciones, subsidios y dispensas de todo tipo, las prebendas en las entregas en arriendo y para la explotación privada de tierras, subsuelos y otras recursos públicos. También la corruptela en los pasillos del Congreso y en conjunto el vasto proceso para la conformación y asignación de fondos del presupuesto; al de redactar leyes y regulaciones o pasarlas por alto en favor de los poderosos, y mucho más. De estos intríngulis y lados oscuros del sistema y de su parte sustantiva, apenas se habla o se rinden cuentas.

Sin dudas las políticas que se aplican reflejan los intereses y reclamos de los grupos de intereses empresariales y del establishment de poder. Para ello, a la par con un “lógico” acomodo y rejuego de intereses, se desarrolla una continua cooperación entre las elites empresariales y gubernamentales, y un reciclaje de los políticos y funcionarios de gobierno hacia las juntas directivas de las grandes corporaciones y viceversa. En esos ámbitos el quehacer de gobierno se mantiene como una esfera que excluye la voluntad popular.

A influencia de los sectores corporativos más poderosos se manifiesta a lo largo de todo el sistema de instituciones de gobierno y predominan ampliamente durante las maniobras y decisiones gubernamentales, o bien se producen acuerdos mutuamente satisfactorios, muchas veces a expensas del interés público en la forma de precios o impuestos más altos, desregulaciones ambientales y otras, mientras que las demandas de los desposeídos, si acaso, son escuchadas ocasionalmente.

Incluso la gestión de política exterior y lo más grueso y sustantivo de la política económica, se desarrolla y debate de espaldas al pueblo, salvo la manipulación para agitar o promover temores acerca de supuestos enemigos de la nación o para justificar intervenciones militares en otros países y los gastos armamentistas que benefician a buena parte de la elite económica.

El claro predominio plutocrático bipartidista

Casi todas las instituciones del país, junto con sus inmensos recursos materiales, están bajo control plutocrático, dirigidas por grupos de personas que representan corporaciones acaudaladas, quienes se auto perpetúan y no rinden cuenta sino a sí mismas. Las mayores entidades del mundo empresarial están entrelazadas y a menudo cuentan con directorios intercambiables con las instancias de gobierno que diseñan y administran el quehacer político.

El aparato legislativo, tanto federal como en los 50 estados, es totalmente bipartidista, compuesto casi por completo por abogados de bufetes corporativos, no pocos ex ejecutivos de empresas y millonarios (tal como ocurre también con los principales decisores de política en la rama ejecutiva). Por consiguiente, las leyes dejan de ser “expresión de la voluntad general” de la que hablaba el filósofo de la Ilustración Jean Jacques Rousseau. En Washington las leyes son escritas principalmente para promover los intereses de los poseedores de la riqueza y, en general, es usual que a muchas se las haga cumplir de manera discriminatoria.

Existe un claro predominio de la banca, las grandes corporaciones y el establishment militar. La cooptación de quienes son electos por la ciudadanía es cada vez más férrea y evidente. Los políticos, en su mayor parte, sobrellevan y se acomodan a las injusticias obligados por sus vínculos y su dependencia respecto a los grupos económicos capitalistas y a posteriori, retórica aparte, mayormente dan la espalda a los pobres y a los trabajadores.

Por su parte, el poder judicial es anticuado, a menudo absurdo. Generalmente los tribunales han estado del lado de las minorías privilegiadas y de los propietarios de las corporaciones. En buena parte del sistema judicial a todos los niveles, ha imperado un claro predominio de juristas de derecha y de centroderecha, generalmente anglo-sajones procedentes de las clases altas y de importantes bufetes donde antes han servido a grandes empresas,

Infaliblemente a través de su historia la generalidad de los integrantes de la Corte Suprema ha desconocido y anulado el sentir de las mayorías y se han colocado de parte de los poderosos, los privilegiados y los acaudalados.

Sin embargo, el sistema no puede cumplir su rol de proteger a las clases ricas privilegiadas y legitimar las relaciones sociales de explotación existentes a menos que mantenga su propia legitimidad a los ojos de la población.

Mantener ciertas vestiduras y adornos democráticos tales como un sistema de partidos que ofrecen opciones limitadas, unas elecciones enfocadas en asuntos tangenciales y de poca importancia relativa, unos marcos de disentimiento tibios y circunscritos, impedidos de convertirse en una seria oposición organizada, un marco de actividad sindical mayormente domesticado, una diversidad de medios de difusión monopólicos con apariencia de diversidad pero que adhieren a las reglas de juego del sistema y que con profesionalismo lo defienden.

La clase dominante ha venido logrando muchos de sus fines detrás de una fachada democrática y haciendo pasar sus intereses como los “intereses de la nación”.

En la primera parte de este trabajo hemos dejado claro que no limitamos la calificación de democrático a un sistema por el mero hecho de efectuar elecciones cada cierto número de años. No obstante, revisemos ahora algunos rasgos del poco democrático sistema electoral estadounidense.

Al margen de cuál de los dos partidos del sistema [el Demócrata y el Republicano] se encuentre en el gobierno, la historia demuestra que el poder real se mantiene en manos de la oligarquía y los centros de poder económico-financieros que dominan todo el sistema de instituciones, y las claves para marcar el curso del país por sobre los intereses de las mayorías.

La soberanía real está en el poder político-financiero que controla al Estado, no en el pueblo. Ciertamente no se puede afirmar la existencia de soberanía y el empoderamiento popular. Se sustituye su sustancia democrática con instrumentos formales, y se pretende decir que el pueblo, por el hecho de participar en elecciones se constituye la máxima autoridad de la sociedad.

La realidad muestra, no solo en Estados Unidos, que la representación del supuesto “mandato” popular es falseado, escamoteado y denegado a la hora de ejercer gobierno y de conformar las leyes y la gestión administrativa. La retórica en ese país imperial según la cual la soberanía pertenece al pueblo es uno de los principales argumentos propagandísticos para legitimar lo que realmente es una democracia meramente formal, o una pseudodemocracia.

Ni en sus comienzos, ni ahora, el sistema electoral y de gobierno en Estados Unidos ha sido democrático. En los albores de la república solo tenían derecho al voto los hombres blancos con cierto nivel de propiedades y quedaban excluidos los desposeídos, las mujeres, los indios nativos y los esclavos.

Casi siglo y medio después, en 1920 las mujeres obtuvieron derecho al sufragio. Con el gran movimiento pro derechos civiles, en 1965 se aprobó la Ley de Derecho al Voto que otorgó de manera formal ese derecho para los negros, pero que permanece bajo constantes ataques para reducir su aplicación. A los indios nativos solo les concedieron la ciudadanía hace 90 años, pero aún no se les propician adecuadas condiciones para votar

Hoy el padrón electoral se ha ampliado, aunque ahora los colegios de votación son más escasos y alejados en las barriadas pobres y de la minorías discriminadas, donde también son mayores los obstáculos para inscribirse a votar y se descalifican por miles las listas de votantes.

Después de 200 años, muchas restricciones legales han sido removidas, pero otras, junto un sinnúmero de barreras administrativas y discriminatorias, permanecen en pie.

Luego tenemos la cuestión del alto costo de las campañas electorales, para trasladarse en ese gran país, contratar personal y lograr visibilidad resulta un gran obstáculo, pues requiere de grandes y crecientes recursos, que solo los pueden obtener quienes operan dentro de esos dos partidos oligárquicos. Un candidato a la Presidencia de Estados Unidos necesitará por lo menos 200 millones de dólares para iniciar su camino hacia la Casa Blanca. Un alto porcentaje de la financiación de tales partidos viene de un puñado de millonarios. El peso de las corporaciones capitalistas y de la plutocracia aumentó aún más cuando en 2010 la Corte Suprema eliminó los límites para que las mismas y sus fundaciones sin fines de lucro financien las campañas electorales.

La política estadounidense está a disposición del mejor postor. En 2015 un análisis del ‘New York Times’ puso de manifiesto que 158 familias habían donado $176 millones de dólares a los candidatos. Es decir: el 0,00014% de las familias de ese país habían puesto el 45,3% de todas las aportaciones recibidas por los candidatos a la Presidencia.

El 4 de agosto de 2015, durante un programa nacional de radio de amplia audiencia, el ex presidente Jimmy Carter fue interrogado acerca de las decisiones de la Corte Suprema que permiten financiamiento ilimitado de las campañas electorales. Carter respondió:

“Se viola la esencia de lo que ha hecho grande al país. “Ahora [EE.UU.] es solo una oligarquía con capacidad ilimitada de soborno, lo cual es la esencia para obtener las nominaciones para presidente o para ser electo. Y la misma cosa se aplica para las gobernaciones, los senadores y los miembros de la Cámara. De modo que nosotros estamos viendo una completa subversión de nuestro sistema político como una retribución a los grandes contribuyentes [de dineros para las campañas], quienes quieren y esperan y, algunas veces, obtienen favores después de las elecciones.”3

Dada la extensión del país y el carácter federal de su ordenamiento, como Estado resulta natural la conformación de sus órganos legislativos y otros en base a la elección de políticos a los cuales la ciudadanía les delega su representación. Pero el sistema político de Estados Unidos incluye 50 gobiernos estatales y 90.000 gobiernos locales. Más de medio millón de personas en Estados Unidos ocupa un cargo de elección popular. Las prácticas pretendidamente democráticas son imperfectas y están manipuladas, pero son extensas y difíciles de deshacer. Ante tal realidad cobra importancia cuan equilibrada sea la capacidad de todos los ciudadanos para promover y escoger a quienes serían sus representantes, así como para participar en el escrutinio en igualdad de condiciones y, luego, para que los representantes electos les rindan cuenta. Pero no ocurre así.

Si consideramos un mínimo de impronta de la ciudadanía en la toma de decisiones y el rumbo del país, las carencias y distorsiones del sistema son evidentes y notables. En todo caso el proceso electoral cumple la función de legitimar el orden social existente; provee a un sistema plutocrático una fachada democrática. En él se canaliza y limitan las expresiones políticas, se atemperan las reivindicaciones sociales y de clases, y se logra que durante las largas y repetidas campañas la atención se concentre más en el proceso mismo y menos en las cuestiones sustantivas que están en juego.

El mercantilismo impregna las campañas electorales

No es el rejuego democrático sino el dinero es el que mueve los hilos del poder en Washington. Un entramado de mecanismos y privilegios reducen la lid electoral a solo dos contendientes: los partidos Demócrata y Republicano. El electorado no tiene más de donde escoger. Ambos se turnan en el gobierno y ello ha sido una base fundamental para mantener el control de la política nacional desde 1852. Ambas entidades han sido un elemento esencial para la repartición de las cuotas de poder entre los sectores dominantes y marco para la solución negociada, expresa o sobrentendida, de los conflictos o contradicciones de intereses entre dichos grupos.

Por otra parte la participación electoral es escasa. Salvo en las pasadas elecciones de 2020, cuando la polarización generada por la personalidad del entonces Presidente Trump aumentó la votación, desde hace décadas y repetidamente casi la mitad del electorado se había abstenido de votar ante la repetida ausencia de reales alternativas políticas, mientras que una parte de quienes concurren a las urnas lo hacen solo inducidos a “votar por el menos malo” de entre los candidatos que se le ofrecen.

No pocos critican el mercantilismo que impregna toda la campaña electoral, en la cual se aplican técnicas de ‘marketing’ que muchas veces aseguran el éxito. Quienes aspiran solo avanzan después de lograr credenciales (y el respaldo financiero) con los círculos del poder, a partir de lo cual se trata de ‘vender’ un producto (el candidato). Los votantes son tratados como consumidores.

Investigadores y agencias de expertos recopilan y utilizan un volumen masivo de datos que procesan con velocidad vertiginosa, mediante técnicas de última generación y la inteligencia algorítmica para determinar los deseos y temores de las personas a fin de manipular los sentimientos de este o aquel sector de población o región del país. En base a ello se articulan diferenciadamente los discursos y las promesas, los embustes e insinuaciones acerca del contrario.

Como se evidencia en cada ciclo electoral, las grandes cadenas de medios de difusión, que lucran con cientos de millones de dólares en anuncios de campaña que le son pagados, y mediante la manipulación de las esperanzas y los miedos, prácticamente predeterminan quien es elegible o no, con notable influencia en los votantes.

Queda al arbitrio de las legislaturas en los 50 estados y de las artimañas partidistas en las estructuras de poder locales la determinación interesada y calculada según sus conveniencias de la reconfiguración de los distritos electorales. Todo el proceso desde la base garantiza la preeminencia de las élites a pesar de su inferioridad numérica.

También existen numerosas trabas y regulaciones para garantizar el predominio y la exclusividad bipartidista. Se ha construido un laberinto de leyes discriminatorias y onerosas para la inscripción de candidatos alternativos en las boletas, y para impedir de hecho la formación o las posibilidades de lo que ha dado en llamar ´un tercer partido’. En determinadas coyunturas, estos candidatos y las posturas alternativas han gozado de amplio respaldo pero el sistema se encarga de hacer aparecer sus candidaturas como un mero desperdicio del voto para un electorado que, finalmente, es conducido a votar por ‘el mal menor’ entre el candidato demócrata o el republicano.

Las entidades que pretenden presentar opciones y propuestas de política diferentes por lo general han tenido corta vida, aunque en ocasiones propician ciertos efectos puntuales sobre la línea de los dos grandes partidos. Todos fallaron debido a las poderosas maquinarias de estos y su entrelazamiento con los grandes negocios, así como por los hábitos políticos y la ideología de las masas y dada la parcialidad de los medios de difusión cuya cobertura, a los candidatos o partidos que concurren al margen del bipartidismo, es nula y mucha gente se mantiene ignorante de su existencia.

Entre las prácticas legales e ilegales que se aplican para marginar a los partidos y candidatos ajenos al sistema, resaltan los artificios al diseñar interesadamente el contorno de los distritos electorales; la emisión de leyes y decretos para dificultar la inscripción de tales agrupaciones o campañas alternativas, exigencia de números excesivos de firmas para ello; acciones y decisiones sesgadas o torcidas por parte de funcionarios y juntas electorales (que en cada uno de los estados del país están controladas bien por los demócratas, bien por los republicanos). También reglas que posibilitan mayor acceso a fondos federales a los dos grandes partidos y otras, y se han aplicado atropellos y hasta ilegalidades como marginación por los medios de difusión, exclusión para participar en los debates televisados, campañas difamatorias y hasta el sabotaje y la violencia. Incluso, la forma misma como se formulan las encuestas de opinión socava la capacidad de los terceros partidos para participar en la justa.

Por lo demás, las reglas de la política electoral son poco claras, cambiantes, muy manipuladas y extremadamente restrictivas, incluso comparándolas con otros países capitalistas. El ganador en cada estado se lleva todos los votos, lo cual descarta la representación proporcional al voto popular. A ello se suma que en la mayor parte del país el proceso electoral adolece de una falta casi total de vías para verificar los datos de la votación.

La elección del ejecutivo mediante el Colegio Electoral va más allá de formalizar legalmente los resultados de la votación presidencial. Su existencia influye considerablemente en importantes aspectos del proceso electoral y contribuye a que el resultado no refleje la voluntad popular o al menos la distorsione.

Mediante el cómputo por separado del ganador en cada uno de los cincuenta estados, esa institución convierte la votación nacional en un cuerpo de 538 electores que determina de manera indirecta el ganador de la presidencia y que, entre otras distorsiones ha dado en ocasiones como resultado la elección como Presidente del candidato con menos votos ciudadanos.

A lo largo de la historia Estados Unidos ha pretendido mostrar su sistema político como un referente global. Gracias a una intensa y sostenida campaña propagandística aparece como la tierra de la libertad y la democracia.

Los hechos muestran otra realidad. Desde el exterminio de los pueblos originarios y los linchamientos y represión de la población negra, el quehacer de gobierno se ha dirigido a aupar el enriquecimiento de una encumbrada minoría de empresarios y potentados, en detrimento de la mayoría ciudadana.

Con el boom económico de post guerra, los niveles de vida aumentaron y se redujeron las desigualdades. Pero con el inicio de la declinación del país a partir de las décadas de 1970 y 1980, las fracturas sociales saltan a la vista y los rasgos oligárquicos y manipuladores del sistema político estadounidense se se han hecho más evidentes, lo que ha sido demostrado por la práctica, por los análisis científicos y en múltiples reportajes en los más serios medios de prensa.

No es posible definir el sistema político estadunidense como una democracia, salvo que el concepto quede restringido a su mínima expresión. Estados Unidos no se rige por lo que decida en cada momento la mayoría, sino sólo por las leyes conformadas mediante maquinaciones de los grupos de poder capitalistas, el peso del complejo militar industrial y bajo la influencia decisiva de las elite financiera.

Esa democracia contrahecha y manipulada no es representativa del espectro ciudadano. De hecho, representa a las minorías privilegiadas, la cuales se alternan en nichos de poder relativo y se ocupan de crear día a día la fachada que hace pasar sus intereses por los del conjunto de la población.

Bibliografía básica.

Howard Zinn: A People´s History of the United States, Harper Perennial, Nueva York 1990.

Michael Parenti: Democracy for the Few, St. Martin’s Press, Nueva York, 1988.

José Martí: “La verdad sobre los Estados Unidos”, periódico Patria, Nueva York 1894 (en Obras Completas, T 10, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963

1Entrevista con Abby Martin, Institute for Public Accuracy, 9enero 2016.
2 Is America an Oligarchy? – The New Yorker. www.newyorker.com/news/john-cassidy/is-america-an-oligarchy. Verasimismoartículo online de Paul Street: “Majority US Public Opinion Is Mocked by the Ongoing Presidential Election”, teleSUR, Marzo 6, 2016).
3 “James Carter is Correct that the U.S. is no Longer a Democracy”, en www.huffingtonpost.com/…/jimmy-carter-is-correct-t_b_7922788.html‎