Ofensiva antisindical y expoliación laboral en Estados Unidos (2da Parte). Por Fernando M. García Bielsa

Durante dos siglos el sistema capitalista de una nación poderosa y en expansión ha dirigido buena parte de sus empeños a dividir a los trabajadores, abaratar la fuerza de trabajo y destruir a los sindicatos, el uso común de rompehuelgas, reprimir a sangre y fuego sus más combativas agrupaciones, cooptar y corromper muchas de sus esferas dirigentes y del sindicalismo amarrillo, y lograr incluso que muchos de ellos apoyaran las políticas imperiales.

Por otra parte, el movimiento sindical raramente es considerado hoy como una voz de avanzada o como un aliado consistente de los movimientos sociales progresistas.

MOVILIDAD DEL CAPITAL, SUBCONTRATOS Y FUGA DE PUESTOS DE TRABAJO

La globalización neoliberal que cobró impulso hace unos cuarenta años impulsada por los avances tecnológicos y movimiento de bienes, servicios y capital a través de las fronteras, impactó de forma y con resultados diferentes en diversos sectores de la sociedad estadounidense y originó serios cambios en la economía del trabajo.

Durante las últimas décadas un sinnúmero de plantas industriales y puestos de trabajo se fueron al Sur, a la costa Oeste y al exterior, o han sido reestructuradas acorde a cambios tecnológicos que amenazan con reemplazar trabajadores en muchos sectores de la economía, reducen el valor de mercado de las labores más calificadas y hacen menos seguros los puestos de trabajo. Más de 30 millones de empleos desaparecieron por esta vía solo en los años 1970s.

Respecto al país ese fue un proceso de cortas miras; un factor principal que conduciría a la desindustrialización y a generar la vulnerabilidad de las cadenas de suministro propias. Actualmente el sector de servicios representa más de las tres cuartas partes de los empleos del país, mientras que los oficios industriales y manufactureros emplean menos de una quinta parte del mercado laboral.

Ha tenido lugar a escala global, incluyendo en los llamados países industriales, una ampliación del exceso relativo de mano de obra; una disminución del trabajo asalariado estable que se haría más marcada en lo adelante. 1 Por ejemplo a partir de la crisis financiera del 2008, el peso de los procesos de exclusión se manifiesta con más fuerza en los llamados países centrales, como EE.UU., con toda una suerte de implicaciones políticas. En el sector privado aumentaban, sin embargo, los puestos de trabajo como administrativos y supervisores.

Un artículo del académico catalán Vicenç Navarro 2 señala que, desde que el presidente Clinton firmó el tratado de libre comercio en 1994 entre EE.UU., Canadá y México (NAFTA por sus siglas en inglés), quince fábricas dejaron EE.UU. diariamente en busca de países con salarios más bajos y con menor protección social. Ese tratado, como otros de comercio e inversiones de moda en los últimos tiempos, benefició a las clases empresariales de los tres países a costa de las clases populares de cada país. La sustitución del NAFTA por el nuevo acuerdo T-MEC tiene efectos similares.

Las ganancias de las corporaciones aumentan a pesar de haber reducido la contratación de fuerza de trabajo. Parte de la explicación está en que los fabricantes estadounidenses devienen cada vez menos dependientes de fuerza de trabajo doméstica para sus contratas o sus ventas, dado que ellos de forma sostenida expanden sus operaciones, sus suministros, su producción y sus ventas en mercados del exterior.

El modelo nacionalista y fordista de capitalismo, que se apoyaba en la colaboración entre patrones, líderes sindicales y el gobierno, se transformó aceleradamente en un modelo internacionalizado de capitalismo, y de rápida movilidad del capital, que enfatiza el libre comercio, la desregulación, la innovación tecnológica y la externalización de funciones. Asimismo, en varias ramas la automatización y las nuevas tecnologías han vuelto obsoleta la necesidad de grandes dotaciones de personal.

Ello fue impulsado por un cambio estructural fundamental: el sistema de producción masiva que por largos años había garantizado una supuesta convergencia de intereses entre patronos y trabajadores estaba siendo desmantelado por la revolución tecnológica y por la dispersión global de las plantas de producción. Según William Greider, se había acabado el llamado círculo virtuoso de post guerra, donde algo de los aumentos productivos beneficiaban a alguna manera a todos.

La productividad industrial se incrementó a menor ritmo, mientras que los salarios se estancaban o descendieron en términos reales. Incluso, industria tras industria los niveles educaciones o de calificación aumentaron, en tanto que el salario real se reducía.3 Como se conoce, la parte de la mano de obra en los ingresos disminuye cuando los salarios crecen más lentamente que la productividad.

En un ambiente de pérdida de poder negociador de los sindicatos, se implantó intencionalmente la frase flexibilidad del mercado laboral como un eufemismo contrapuesto a un ambiente laboral con protecciones para los trabajadores tales como un adecuado salario mínimo, representación sindical, razonable compensación para los trabajadores que pierdan sus empleos, etc. Por contraste, la condición de ‘flexible’ les otorga a los patrones la potestad para disponer a voluntad de sus trabajadores y del régimen laboral.

Los niveles de paro se han mantenido relativamente altos, incluso cuando normalmente los datos oficiales dejan de contar a los muchos desempleados que dejan de buscar empleo. Los grupos más golpeados por el desempleo son las minorías raciales, los jóvenes, las mujeres y los trabajadores no calificados.

Por otro lado, la reducción del poder de negociación de los trabajadores es un factor que, como mencionamos antes, ha contribuido al alza explosiva de las desigualdades.

La desaparición de empleos, particularmente de obreros del norte industrial con altos salarios y altamente sindicalizados, fue uno de los factores que hizo mermar gravemente las filas sindicales, mientras que la ortodoxia del mercado ha seguido eclipsando casi todas las alternativas legislativas y los esfuerzos organizativos.

Ha tenido lugar aceleradamente un cambio en gran escala en los empleos con menos trabajadores en esferas de alta remuneración y más en los sectores de bajos salarios. Asimismo, en los últimos cincuenta años se ha venido produciendo un incremento general de la explotación del trabajo a tiempo parcial.

En la postguerra surgieron agencias privadas proveedoras de trabajadores temporales las cuales promueven lo que ellos denominan un enfoque limpio de paja para los empresarios que consideraran minimizar sus costos laborales. Proveen contratos a corto plazo, tareas ocasionales a pedido del empleador, y en fin mayor precariedad laboral. Las mismas se establecieron como un “nuevo sector de trabajo confiable a bajo costo”, de empleados excluidos de muchas de las protecciones obtenidas por los sindicatos.

Según estimados basados en datos del Buró del Censo, por ejemplo, en la industria de repuestos automovilísticos los subcontratados por esas agencias recibían como promedio 29% menos salarios que los contratados por la empresa manufacturera donde trabajaban.

Esas firmas (staffing companies) son asimismo un mecanismo de exclusión o destrucción sindical. Los trabajadores son subcontratados a través de esas agencias y sus reclamos o derechos no son con la entidad donde laboran sino con la empresa empleadora; – desde la crisis de 2008, un quinto de los puestos de trabajo creados han sido temporales, fuera de plantillas. Estas poderosas compañías hacen contribuciones para la reelección de políticos, tienen equipos de lobby en Washington e influyen en la redacción de las leyes laborales acorde a sus intereses.4

Asimismo, la subcontratación de trabajadores permite a las empresas evitar asumir responsabilidad por malas prácticas laborales, a lo que se une un alicaído sistema de contratos colectivos, procesos de arbitraje tendenciosos, débiles leyes y regulaciones laborales, así como la ausencia de políticas antimonopólicas.

Un factor ha sido también la política de acuerdos comerciales que se han impuesto en la era de globalización, beneficiosos en general para los países industrializados y nefastos para la mayoría de las naciones del tercer mundo y sus soberanías. Tales convenios han tenido también impactos negativos en EE.UU. que han recaído desproporcionadamente sobre los trabajadores industriales quienes tenían muchos de los empleos mejor pagados y que han sido relocalizados hacia el exterior.

Aunque los obstáculos por delante resultarían enormes, la de los años 1970s fue una década de creciente radicalismo de los trabajadores, con muchas iniciativas en las bases sindicales y formación de agrupaciones independientes, de movimientos por la democracia sindical y de avances en la organización sectores públicos. Tuvieron lugar importantes huelgas de mineros, de trabajadores de correos, camioneros y de líneas aéreas entre otras, y nacieron significativas agrupaciones independientes.

LA GRAN OFENSIVA PATRONAL

El antisindicalismo en Estados Unidos tiene una larga tradición y muy amplia agenda, impulsada ​​por una poderosa coalición de ideólogos antisindicales, operativos republicanos y grupos de presión corporativos.

Luego del fin del boom económico de las décadas de 1950 y 1960s los líderes de la industria, el comercio y las finanzas en EE.UU. rompieron y descartaron el frágil contrato tácito que previamente existiera durante el anterior período de crecimiento y progreso. Intentaban mantener altas tasas de ganancia en circunstancias cuando el llamado pastel económico se reducía. Se produjo entonces un cambio hacia la confrontación por parte de la comunidad de negocios y un ataque concertado contra los sindicatos a partir de los años 1970s y que aprovecha las debilidades de las leyes laborales del país para suprimir la capacidad de los trabajadores para organizarse y optar por la negociación colectiva.

Esos propósitos se han proyectado de manera permanente hasta nuestros días. De un informe [2018] de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica [OECD] se deduce claramente que el sistema económico en EE.UU. (comparado con otros países industriales y de desarrollo medio) ha sido reconfigurado para mantener un segmento excepcionalmente amplio de trabajadores con bajos ingresos y reducir progresivamente la porción del ingreso nacional que reciben respecto a la que va a patrones y accionistas.5

Un evento de importancia crucial de la historia laboral de fines del siglo XX fue la intervención del gobierno de Ronald Reagan contra la huelga de Controladores de Tráfico Aéreo (PATCO) con el despido de 11,000 miembros del sindicato, a los cuales reemplazó con personal militar; una agresiva acción rompe-huelga que había devenido bastante generalizada en el sector privado, pero que en lo adelante estableció como más aceptable el uso de rompehuelgas..

Pero detrás de los operativos republicanos, la fuerza más importante que impulsa esta agenda es una red de individuos y corporaciones extremadamente ricos. Las campañas antisindicales han sido financiadas principalmente por una coalición de grupos de presión corporativos tradicionales, como la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Fabricantes, junto con organizaciones nuevas e ideológicamente más extremas.

Quizás la organización más importante que facilita el trabajo de esta coalición es el American Legislative Exchange Council (ALEC). Es una red nacional que reúne a los legisladores estatales con las corporaciones más grandes del país, incluidas Wal-Mart Stores Inc., The Coca-Cola Company, FedEx, Amway, Exxon Mobil Corp., Koch Industries Inc. y las principales empresas tabacaleras y farmacéuticas, con el fin de formular y promover una legislación favorable a las empresas.

ALEC incluye cientos de legisladores, una gran parte de los presidentes de los senados estatales y portavoces de las cámaras del país. Los legisladores son invitados a conferencias, a menudo en centros turísticos elegantes, donde comités compuestos por igual número de funcionarios públicos y privados redactan propuestas de legislación modelo.

Por lo tanto, los legisladores en los estados del país, con poco tiempo, personal o experiencia, pueden presentar una legislación completamente formada y respaldada profesionalmente. Las corporaciones contribuyen a las campañas de los legisladores y financian los grupos de expertos a nivel estatal que promueven la legislación. A cambio, los legisladores llevan la agenda corporativa a sus cámaras en los cincuenta estados.

Algo similar ha ocurrido con la proliferación de los llamados Comités de Acción Política (P.A.C.), para recaudar fondos y apoyar candidatos en sus campañas electorales; con lo cual se logra una influencia abrumadora sobre las esferas de poder y el curso de la política en Washington.

Muchas empresas utilizan el recurso de declararse en bancarrota como medida supuestamente preventiva, pero realmente con el propósito, entre otras razones, de deshacerse de sus contratos laborales. Ello les fue refrendado con la Ley de 1978 (Bankruptcy Reform Act) dirigida a alentar a las corporaciones a ´reorganizarse´ en lugar de liquidar sus bienes. La amenaza de cierre o traslado es corrientemente utilizada para arrancar concesiones a los trabajadores.

Contratan además costosas compañías especializadas en quebrar los sindicatos sus conatos de huelga y sus esfuerzos organizativos, y toda una gama de firmas de consultores y expertos, así como bufetes de abogados que actúan a su servicio, al tiempo que financian influyentes tanques pensantes como el Instituto Americano de Empresa, la Fundación Heritage y el Instituto Cato.6

Como antecedente recordar que, hace más de cuarenta años, coincidiendo con el aumento de los movimientos conservadores en el país, la National Association of Manufacturers creó lo que llamaron el ‘Consejo por un Ambiente Libre de Sindicatos’. Desde la Cámara de Comercio se escuchaban voces señalando que las críticas al sistema norteamericano de libre empresa “estaban yendo demasiado lejos”.

La eliminación de regulaciones antimonopolistas y otras, así como la rebaja del nivel de salario real, han seguido siendo aplicadas —con sus matices— por todas las administraciones estadounidenses hasta el presente, porque están entre las que cuentan con mayor consenso de la clase burguesa monopolista. En los últimos cincuenta años, tanto republicanas como demócratas han mantenido una política pro empresarial, a la par con una retórica de coqueteo con el movimiento obrero, pero sin hacer esfuerzos para impedir la derrota del programa legislativo sindical.

La ofensiva patronal se complementa en el plano político-ideológico, en los medios de difusión y en la esfera legislativa dirigida a presentar a los sindicatos y las demandas económicas de los trabajadores como causantes de la inflación que afecta a la industria y a la ciudadanía. Con este argumento, y con el pretexto de ayudar al país o de evitar la quiebra y el cierre de sus plantas, se les ha pedido a los obreros concesiones o la postergación de sus reivindicaciones.

Cada vez que el movimiento obrero se ha planteado recuperar posiciones y defender derechos y protecciones laborales por la vía legislativa, programas de expansión de empleos o aumento del salario mínimo, los sectores patronales, determinados en el propósito a que hacíamos referencia, destinaron grandes recursos y esfuerzos sin precedentes para influir con mayor fuerza sobre las agencias federales y el Congreso y derrotar las leyes promovidas por los sindicatos, en primer lugar aquellas dirigidas a defender los niveles del salario mínimo o favorecer la capacidad organizativa de los trabajadores.

ENFRENTANDO UNA INSTITUCIONALIDAD ADVERSA Y MANIPULADORA

Los ataques contra el aumento del salario real, para reducir los estándares laborales, los beneficios y sistema de protección de los trabajadores o el poder de negociación de los empleados públicos organizados, se han llevado a cabo también desde las instancias legislativas y judiciales, tanto en Washington como en los estados a lo largo del país.

La ideología antisindical predominante en la mayoría de las instancias de gobierno a distintos niveles tácitamente ha aceptado la agenda y las estrategias empresariales. Todo refrendado y sobre el marco de una legislación federal y en los estados que poco protegen los derechos de los trabajadores, cuya aplicación es débil y que los patronos pueden evadir mediante el ‘subcontrato’, así como con ficciones legales explotadas por la patronal para evadir el pago de beneficios, impuestos por plantillas, seguros laborales, el costo de los despidos, etcétera.

La legislación laboral vigente ha dejado de tener la relativa efectividad de cuando fue creada décadas atrás. Durante la gran Depresión, tuvieron lugar grandes luchas obreras y frente al creciente malestar laboral, y en un esfuerzo por des radicalizar un movimiento obrero cada vez más poderoso y militante, el Congreso promulgó en 1935 la Ley Wagner o Ley Nacional de Relaciones Laborales (NLRA, National Labor Relations Act). La misma otorgó a los trabajadores el derecho legal de formar sindicatos y negociar colectivamente.

Hasta aquel momento, la Corte Suprema había interpretado de manera restringida la facultad del Congreso para legislar en el área del trabajo y el empleo. Durante una década, la Ley Wagner funcionó según lo previsto, ya que un movimiento sindical previamente moribundo creció hasta abarcar un tercio de la fuerza laboral del país.

.Pero con los cambios acaecidos en la economía desde entonces, la NLRA ha perdido efectividad; muchos derechos básicos de protección a los trabajadores en distintos ámbitos quedan debilitados o negados. El estado juega un papel neutral y mínimo. Comparado con otros países industriales y de desarrollo medio, el país no cuenta con programas o casi no provee ayuda alguna para que sus desempleados puedan reintegrarse a la fuerza laboral.

El régimen correctivo de la NLRB (la Junta correspondiente de esa ley) es demasiado prolongado y sus sanciones demasiado escasas para proteger a los empleados contra las represalias del empleador. El empleador determinado a resistirse a la negociación colectiva puede prolongar las negociaciones durante años. Puede asimismo evitar la sindicalización mediante el cierre de sus operaciones, la subcontratación a través de una empresa no sindicalizada o el traslado de la producción. A lo largo de estos y otros sistemas de empleadores desintegrados o fisurados, la NLRA ha tenido una relevancia disminuida. Los empleadores operan fuera de su alcance por varias razones.

El derecho laboral, desarrollado durante y después del New Deal, se ha vuelto inapropiado por las estrategias gerenciales contemporáneas y no brinda herramientas capaces de corregir las desigualdades actuales.

Hasta la actualidad, en lo que constituye una escalada progresiva, a nivel de los estados se han seguido adoptando leyes engañosamente denominadas de ‘libertad para trabajar’ o ‘right to work laws’ (en realidad: el supuesto derecho de los individuos a ser contratados sin protección sindical).

Solo en 2011–2012, por ejemplo, cuatro estados aprobaron leyes que restringían el salario mínimo, cuatro levantaron las restricciones al trabajo infantil y 16 impusieron nuevos límites a los beneficios para los desempleados.

Con el apoyo de los grupos de presión corporativos, los estados también aprueban leyes que despojan a los trabajadores de los derechos de remuneración por horas extra; derogan o restringen los derechos a la licencia por enfermedad; hacen que sea más difícil demandar al empleador por discriminación racial o sexual, y más fácil negar los derechos de los empleados clasificándolos como “contratistas independientes”.

Las grandes corporaciones privadas han empleado mucho tiempo, dinero y energía en el ataque a los sindicatos de empleados públicos, sector donde se mantienen relativamente altos niveles de afiliación y lo hacen también tratando de deshacer las leyes de salario mínimo, salario prevaleciente y salario digno; eliminar los derechos de los empleados a horas extras o licencia por enfermedad.

Resulta claro que no lo hacen, como aducen, motivados la prudencia fiscal ni en defensa de los contribuyentes, sino dado que el empleo público a menudo eleva los estándares de salarios y beneficios en un mercado laboral local que los empleadores privados luego se ven obligados a cumplir: recortar la compensación de los empleados públicos facilita, a su vez, reducir también el salario de sus contrapartes del sector privado.

Tales esfuerzos se emprenden con igual vigor en los estados del país donde los empleados públicos no tienen derecho a negociar contratos.

A medida que la economía estadounidense se ha vuelto dramáticamente más desigual en las últimas décadas, ha producido una masa crítica de empresarios extremadamente ricos, muchos de los cuales son políticamente conservadores. Al mismo tiempo, las elecciones para cargos públicos se han vuelto más caras que nunca, dejando a los políticos cada vez más dependientes de quienes tienen los recursos para financiar campañas.

Finalmente, la decisión de la Corte Suprema de 2013 denominada Citizens United abolió las restricciones de larga data sobre el gasto político corporativo. De esta manera, la distribución dramáticamente desigual de la riqueza se ha traducido en una influencia política desigual enorme. Con cada proceso eleccionario se registran niveles récord de gasto por parte de los fondos de acción política empresarial. En gran parte, la serie de fuertes ataques y campañas antisindicales en el país reflejan el éxito de esa estrategia oligárquica.

[cont…]

1 Según Karl Marx “los mismos factores que elevan la capacidad productiva del trabajo, que aumentan la masa de los productos-mercancías, que extienden los mercados, que aceleran la acumulación de capital tanto en cuanto a masa como en cuanto a valor, y que hacen bajar la cuota de ganancia, han creado y crean constantemente una superpoblación relativa… de obreros que el capital no emplea… Cuando el capital se envía al extranjero, no es porque ese capital no encuentre en términos absolutos ocupación dentro del país. Es porque en el extranjero puede invertirse con una cuota más alta de ganancia…[…]; la baja cuota de ganancia provoca la competencia entre los capitalistas y no a la inversa”. El Capital. Crítica de la Economía Política, t. III, Editorial Nacional de Cuba, La Habana, 1963, p. 278-279.

2 http://www.nuevatribuna.es/opinion/vicenc-navarro/medios-informacion-no-.
3 Ver William Greider: “One World, Ready or Not. The Manic Logic of Global Capitalism”, p. 63.
4 Entre esas compañías en EE.UU., se destaca Manpower, la segunda empresa empleadora del mundo. Solo en 2014 colocó a dos millones 300 mil personas. Ya en 1967 empleaba más trabajadores que gigantes corporativos, tales como la Standard Oil o la U.S. Steel Corporation.
5 Ver: http://nymag.com/daily/intelligencer/2018/07/oecd-study-labor-conditions-confirms-that-u-s-workers-are-getting-ripped-off.html .
6 Ismael Hossein-Zadeh: “Keynes ha muerto, larga vida a Marx”, Counterpunch, agosto de 2014