Abusos en las prisiones
Los abusos en las prisiones estadounidenses son corrientes. De acuerdo con un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2007, un número estimado de 60.500 reclusos, o el 4,5% de los presos en cárceles estatales y federales, sufrieron uno o más ataques sexuales. El 2,9% informó haber sufrido incidentes en los que había estado involucrado el personal de las instalaciones penitenciarias, mientras el 0,5% afirmó haber sido atacado sexualmente por otros presos y por el personal penitenciario, y el 0,8% resultó herido como resultado de agresiones sexuales (Sexual Victimization in the State and Federal Prisons Reported by Inmates, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj. gov/bjs). El gobierno de Estados Unidos reconoció en un informe publicado el 16 de enero de 2007 que inmigrantes ilegales sospechosos fueron maltratados en cinco prisiones, lo que supone una violación del principio de custodia humanitaria (The Washington Post, 17 de enero de 2007). The Washington Post publicó el 17 de diciembre de 2007 que jóvenes encarcelados en una prisión juvenil de West Texas fueron agredidos sexualmente o apaleados y se les negó el acceso a tratamiento médico. A quienes informaron sobre el crimen se les aplicó una dura venganza, y la situación no había mejorado meses después de que el escándalo fuera revelado ( Dad Dismissed Prison Reform, The Washington Times, 17 de diciembre de 2007). En enero de 2008, siete presos de la cárcel del estado de Georgia presentaron una demanda colectiva en la que acusaban a los guardias y otros funcionarios del centro de haber cometido abusos y torturas contra ellos entre octubre de 2005 y agosto de 2007, incluyendo prácticas tales como golpearles con bastones policiales y “guantes de pelea” especiales de piel negra, y hacer chocar sus cabezas contra la pared. Las informaciones de los medios de comunicación indicaban que cerca de 40 encarcelados en las prisiones de Georgia habían presentado quejas por casos similares, en los cuales los guardias presuntamente ataban a los presos desnudos a camas o sillas de hierro, negándoles el acceso a comida, agua o baño durante un período de hasta 48 horas, y provocando la muerte de dos presos (International Herald Tribune, 8 de enero de 2008). Los guardias en las prisiones de Estados Unidos usan regularmente pistolas Taser. De acuerdo con un informe de 2007 de Amnistía Internacional, 230 ciudadanos estadounidenses murieron por el uso de este tipo de armas desde 2001. En julio de 2006, una prisión en el condado de Garfield, Colorado, fue acusada de utilizar regularmente estas pistolas o pulverizadores de pimienta contra los presos, y de atarles después a sillas en posturas extrañas durante varias horas. En agosto, un preso llamado Raul Gallegos-Reyes fue amarrado a una silla por los guardias de la cárcel del condado de Arapahoe de Colorado por gritar y golpear la puerta de su celda. Murió después de haber sido atacado repetidamente por los guardias con un Taser.
Con información de Telesur
