La nueva contra. Por Miguel Necoechea

Luis Carrión Cruz, ex comandante de la Revolución e integrante de Unamos, apócope de la nueva organización que resultó de la disolución del Movimiento Renovador Sandinista, pequeño grupo disidente liderado por la pequeña burguesía nica, con apenas 6.4 por ciento en las elecciones presidenciales de 2006 (ya no ha participado más) se equivoca al afirmar, en entrevista publicada en Confidencial, diario digital del autoexilado Carlos Fernando Chamorro, que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, pretende negociar con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la liberación de los “rehenes secuestrados por el régimen” (los 13 transgresores de la ley) a cambio de que el gobierno de ese país levante las sanciones económicas contra Nicaragua.

Carrión, deliberadamente, omite la verdadera razón por la que la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó por mayoría y promulgó el 21 de diciembre de 2020, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, conocida como Ley 1055, cuya aplicación legal llevó y llevará a la cárcel a los que la violen, como sucede en cualquier país del mundo.

La 1055 es la respuesta a la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, (NICA, por sus siglas en inglés), promulgada en abril de 2017, que Ileana Ross-Lehtinen, representante por Florida en el Congreso de Estados Unidos, y promotora principal de esta agresiva e intervencionista ley, aseguró que será una herramienta poderosa que pondrá fin a las atrocidades que se producen en Nicaragua y revertirá su trayectoria actual.

Esta herramienta la usa Washington para bloquear los préstamos que el gobierno de Nicaragua solicite ante entidades financieras multilaterales. Esta ley pergeñada por la adalid de la democracia al estilo estadunidense, se ha traducido en sanciones económicas, sanciones por violación de los derechos humanos de acuerdo a su visión imperialista (Guantánamo, entre otras aberraciones, no cuenta) y de actos de corrupción, según los cánones éticos de los políticos estadunidenses que son la personificación de la podredumbre. Sólo dos años después de la entrada en vigor de esa ley, y con millones de dólares entregados a la nueva contra nicaragüense, principalmente por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED), se intentó el 18 de abril de 2018, defenestrar al presidente de la república electo democráticamente en las urnas en 2016.

Hoy, los autovictimados precandidatos a la presidencia saltan a la palestra aún cuando faltan seis meses para las elecciones. Ya que los agentes de la embajada estadunidense en Managua no lograron investir un candidato de unidad de la nueva contra, los que quieren ser, se lanzaron desde ahora para sacar raja política. Pero estos politicastros sin partido se volvieron delincuentes al violar la Ley 1055, que es muy clara: “Los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado (…) que inciten a la injerencia extranjera (…) que pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones (…) serán ‘traidores a la patria’, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua”.

Si todos estas y estos precandidatos, ex dirigentes sandinistas y regentas de ONG, no están de acuerdo con dicha ley, ahí está la Asamblea Nacional para dar la batalla política por su derogación. Pero como no tienen fuerza política dentro (ni fuera) de la Asamblea, estos delincuentes se proclaman damnificados del régimen dictatorial de Ortega.

Los mayorcitos de estos nuevos contras tienen muy corta memoria; no recuerdan las múltiples invasiones yanquis, incluida de la década de los 80. Piden a gritos que los yanquis regresen y saquen a Ortega sabiendo que cuando los marines (hoy Navy Seals) invaden, ya no se van (Irak, Afganistán) ahí se quedan a imponer un gobierno, ejército y policía encargados de perpetrar el capitalismo salvaje de esta era.

(La Jornada)