Mientras el gobierno español enfrenta una seria crisis ética por el modo en que varios altos funcionarios se subordinaron a las presiones de la embajada norteamericana para impedir que se haga justicia en el caso del camarógrafo José Couso, una masiva ausencia de los controladores aéreos ha obligado a cerrar todo el espacio aéreo en el país con excepción de Andalucía.