Guillermo Castro Herrera
Para Francisco Herrera, que entiende de estas cosas, y las dice
El movimiento ambientalista panameño inició su proceso de formación a mediados de la década de 1980, asociado tanto a la formación de una agenda ambiental global – que tendría su primera expresión en el Informe Brundlandt y su demanda de un desarrollo que fuera sostenible, en 1987 – como a las responsabilidades ambientales que se derivaban del Tratado Torrijos Carter, sobre todo en lo relativo a la gestión de la cuenca del Canal. En lo más general, ese movimiento ha tenido una diversidad de virtudes en nuestro país: ha insistido en llamar la atención sobre cosas realmente importantes, que van más allá del mezquino interés cotidiano propio de nuestra vida política; ha logrado conectar nuestros problemas locales con los que afectan a la Humanidad entera; ha contribuido a enriquecer nuestra identidad nacional, resaltando la importancia de nuestros ecosistemas para nosotros mismos y para la biosfera; ha enriquecido la agenda social, resaltando el componente ambiental de las luchas reivindicativas de los pobres del campo y de la ciudad, y ha ido dando forma, así sea primaria, a una cultura ambiental nacional.
Con todo ello, también, nuestro ambientalismo ha aportado un importante respaldo cultural y moral a la formación de una institucionalidad ambiental, y a la demanda de que los responsables de la misma rindan cuenta a la sociedad sobre el desempeño de sus funciones. Por otra parte, ese movimiento ha tenido algunas limitaciones propias de la sociedad de la que emergió. Así, por ejemplo, ha tendido a ser legalista, en correspondencia con el carácter leguleyo de nuestra cultura; ha tendido a ser cientificista, en correspondencia con el legado positivista del liberalismo criollo, y ha tendido a buscar legitimidad y amparo en acuerdos y organizaciones internacionales, en correspondencia con la debilidad de su incidencia en la cultura política nacional. Todo esto se expresa en algunos rasgos característicos de nuestros debates sobre problemas ambientales, que suelen carecer de profundidad histórica y de una base científica realmente sólida – tanto en lo que hace a las ciencias naturales como, sobre todo, a las que se ocupan del papel de la naturaleza en el desarrollo económico. Así, mientras tienden con frecuencia a idealizar un pasado inmóvil, no les resulta sencillo proponer futuros alternativos viables.
Con todo, esta caracterización se refiere a una fase inicial – que quizás, por cierto, culminó ya, sin que nos hallamos percatado de ello -. En efecto, el ambientalismo que describimos tomó forma a lo largo del proceso de incorporación del Canal de Panamá a la economía interna del país. Ese proceso tuvo dos consecuencias mayores. Por un lado, catapultó al país en la economía global, sobre todo en su función de plataforma de servicios para la circulación del capital en el mercado mundial. Por el otro, aceleró y diversificó de manera casi súbita el desarrollo del capitalismo en Panamá, generando una creciente contradicción entre un crecimiento económico depredador y un mercado emergente de servicios ambientales – en particular aquellos relacionados con el agua, la biodiversidad y la provisión de energía.
Esa contradicción, a su vez, adquirió una primera expresión política en la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas a la incorporación forzada de sus área de patrimonio natural a las demandas del crecimiento depredador, así como en las crecientes demandas de condiciones ambientales indispensables para una vida digna – como el acceso al agua y al saneamiento – por parte de las comunidades urbanas pobres, con lo cual las luchas sociales pasaron a incorporar demandas ambientales, y a traducirse en conflictos socio-ambientales.
El programa original del Estado para organizar y ordenar el mercado de servicios ambientales mediante la creación de una Autoridad Nacional del Ambiente y la elaboración de las dos primeras Estrategias Nacionales Ambientales, durante las Administraciones de Ernesto Pérez Balladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos, se vio paralizado por el predominio del crecimiento depredador como política de Estado durante la Administración de Ricardo Martinelli.
El intento de recuperar aquella iniciativa mediante un esfuerzo renovado de institucionalización y profesionalización de la Autoridad Nacional de Ambiente ocurre, sin embargo, en una circunstancia en la que los conflictos socio – ambientales tienden a agudizarse y generalizarse cada vez más, ganando en complejidad y desbordando los marcos de referencia para su manejo diseñados a lo largo de la primera década del siglo XXI.
En el plano global, por su parte, el incremento de los problemas ambientales a escala planetaria coincide con la decreciente capacidad del sistema internacional para la construcción de consensos útiles, al tiempo que los nuevos movimientos sociales estimulan con sus luchas una renovación del pensamiento y la política ambientales, que cuestiona en la teoría como en la práctica lo que ese sistema representa y postula. En esta compleja circunstancia, nuestro ambientalismo original de capas medias deberá encarar – debe hacerlo, lo está haciendo – los desafíos de su propia politización, incluyendo el de los límites de sus tradiciones legalista y cientificista. No le queda otra opción, pues tiene tanto el deber de preservar sus logros y sus aportes de ayer, como el de crecer con los nuevos movimientos sociales, para ayudarlos a crecer en su capacidad para conocerse y ejercerse en los marcos más amplios de su sociedad, y del mundo.
Se ha repetido mucho ya que no estamos en una época de cambios, sino en un cambio de épocas. En una circunstancia así, es bueno tener presente que, siendo el ambiente el resultado de las intervenciones de las sociedades humanas en la naturaleza, si deseamos un ambiente distinto tendremos que construir una sociedad diferente. Comprender, asumir y ejercer las responsabilidades que un problema así planteado implica es, hoy por hoy, la tarea mayor del ambientalismo panameño.
