¿Por qué abandona EE.UU. a su “contratista” Alan Gross?

Iroel Sánchez

Ileana Ros-Lehtinen y George W. Bush. Los contempla, el hermano del expresidente, Jeb Bush, exgobernador del estado de La Florida.

El 20 de enero de 2011 el periódico israelí The Jerusalen Post publicaba que la organización judía J Street estaba reclamando a la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., Ileana Ros-Lehtinen, que devolviera miles de dólares entregados a su campaña  por Irving Moskowitz, un empresario del Sur de la Florida. Moskowitz es el mayor contribuyente financiero de la congresista, un despacho de la agencia de prensa IPS lo señala como “uno de los principales financiadores de los asentamientos más militantes en la Ribera Occidental del Jordán y Jerusalén oriental”, y J Street es una asociación de cabildeo que pretende contrarrestar la influencia del poderoso lobby judío, asociado al American Israel Public Affairs Comitee (AIPAC). Pero esa no  ha sido la única vez que han aflorado los vínculos de Ros-Lehtinen con esos sectores; The New York Times denunció en diciembre de 2009 un viaje de la congresista cubanoamericana, con alojamiento gratis en Israel, donde “se hospedó en el histórico Hotel King David en Jerusalén, y asistió a una fiesta de gala junto al Muro de las lamentaciones como parte de una conferencia de una semana en que los cabilderos y ejecutivos pagaron hasta 18 500 dólares”.

Con tanta vocación por los hijos de Israel, una posición tan influyente, y con alguna ascendencia judía –sus abuelos maternos eran judíos que se afincaron en Cuba procedentes de Turquía- era de esperar que Ileana Ros-Lehtinen tuviera un poco de sensibilidad por la causa del también judío Alan Gross, el “contratista” norteamericano que el 4 de marzo comenzará a ser juzgado en La Habana con una solicitud de la fiscalía de 20 años de prisión. Sin embargo, luego de conocerse la fecha del juicio, la congresista optó por enviar un estridente mensaje en que advierte al gobierno norteamericano que “no puede negociar con dictadores despiadados”, en alusión a cualquier acuerdo con las autoridades cubanas que implique la liberación de Gross, lo que equivale a abandonar al reo y prácticamente condenarlo a morir en prisión, pues tiene 61 años de edad.

Alan Gross llegó a Cuba como parte de un programa de la USAID para suministrar tecnología de telecomunicaciones a grupos financiados por esa misma entidad, con el objetivo de subvertir el orden constitucional cubano. Gross trabajaba para DAI, una compañía subcontratada por la USAID y, como ha dicho el intelectual norteamericano Saúl Landau, “Cuba lo atrapó con las manos en la masa”. Pero desde la detención de Gross se ha intentado deslizar una cortina de humo sobre los verdaderos motivos de su accionar, alegando que pretendía distribuir computadoras y equipos electrónicos a integrantes de la comunidad judía en la Isla, lo que ha sido negado por miembros de dicha congregación, incluyendo su presidenta, Adela Dworin.

Ante lo sucedido con Gross, el gobierno norteamericano inicialmente congeló los fondos destinados a este programa pero bajo presiones procedentes de Miami fueron nuevamente puestos en uso, y han sido utilizados para los mismos fines previstos inicialmente. Mientras Estados Unidos ha recortado otros programas hacia el exterior, mantiene intactos los 20 millones de dólares anuales para la subversión contra Cuba, que incluso se prevén con el mismo monto en el presupuesto federal solicitado para el 2012, además de otros fondos contenidos en los más de 25 millones anunciados recientemente por la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, para apoyar el uso de Internet por “tecnólogos y activistas” en países que no son del agrado de Washington.

Estados Unidos obstaculiza el acceso de los cubanos a Internet, y por encima de esas restricciones se ocupa de facilitárselo a quienes trabajan para sus objetivos en la Isla, pretendiendo crear una ciberélite con alta tecnología que actúe como su “vocero” desde el interior de Cuba y fabrique los contendidos que la maquinaria mediática se ocupa de amplificar. Parece ser que en esa estrategia Alan Gross es considerado por  la administración Obama -más interesada en  no molestar a la mafia de Miami que en solucionar la situación en que se encuentra un ciudadano norteamericano- un “daño colateral”. A juzgar por este comportamiento, no es descartable que, lejos de poner fin a tan peligrosa práctica, en su obediencia a los dictados de Ileana Ross-Lehtinen, el gobierno de EE.UU. lance al basurero más dinero de los contribuyentes norteamericanos y arriesgue a nuevos Alan Gross para luego desentenderse de su destino, no menos manifiesto que el que algunos se atribuyeron en el país que los enviará a un seguro fracaso.

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