El gobierno de Gustavo Petro-Francia Márquez ha comenzado a muy buen ritmo en su importantísima encomienda y exhibe firmes avances a 11 días de la toma de posesión. Ha registrado ya ante el Congreso su medida insignia, la reforma tributaria, sin cuya aprobación no podía cumplir los programas sociales para llevar a cabo la reforma rural integral, hacer de la educación y la salud un derecho universal y combatir frontalmente el hambre en el segundo país más desigual de América Latina.

Compromisos adquiridos por el presidente y la vicepresidenta con los electores y el pueblo colombiano. Sobre todo, con los obreros, los pobres y jóvenes de ambos sexos protagonistas de la ferozmente reprimida rebelión social entre 2019 y 2021. Solo de 2021 se han reportado más de 70 manifestantes muertos y cientos desaparecidos. De la misma manera, en aras de acabar con la desenfrenada corrupción y las salvajes violaciones a los derechos humanos por las fuerzas militares y policiales, ha nombrado ya una nueva cúpula para ambas fuerzas, luego de enviar a retiro a 55 generales.

Debe subrayarse que Petro ha designado ya a la inmensa mayoría de los integrantes de su gobierno, que, en general, gozan de prestigio y reconocimiento nacional e internacional es sus esferas de competencia, ha dado importantes pasos en la consecución de la paz “total”, con la reanudación del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional(ELN)) en Cuba, lo que equivale a una normalización muy amistosa de las relaciones con la isla. A la vez, y sin pérdida de tiempo, ha avanzado en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, así como la apertura de los pasos en su extensa frontera común de 2219 kilómetros, cerrada desde 2015 a consecuencia de la participación febril del gobierno de Iván Duque como pieza fundamental de la política de guerra multidimensional de Washington contra Caracas. Un ejemplo de la idoneidad y consenso de que gozan los integrantes principales del nuevo gobierno, más allá de las desmelenadas y rabiosas andanadas del uribismo y sus satélites, son los nombramientos para la cancillería y la cartera de hacienda. Frente a la primera Álvaro Leyva, hombre con una recta trayectoria de compromiso y participación activa en todos los esfuerzos de paz de los distintos gobiernos colombianos, quien, además, goza, por su seriedad, de la confianza de los organismos internacionales y de las distintas guerrillas o ex guerrillas. Parecido, como ministro de hacienda, puede decirse de José Antonio Ocampo, experto en finanzas y economista de sólido aval nacional e internacional, quien contará con el apoyo de competentes especialistas al frente de las otras dependencias del sector económico.

La reanudación del diálogo con el ELN se decidió finalmente en una misión de verificación enviada a La Habana por Petro para corroborar la disposición hacia la continuidad del proceso por parte de esa organización. Encabezada por el canciller Leyva pudo constatar la voluntad pacificadora de los negociadores del ELN, refugiados en La Habana desde que en 2019, el presidente Duque, enemigo jurado de los acuerdo de paz aprovechó una deplorable acción de esa guerrilla para reventar el diálogo y envenenar las relaciones con La Habana. En un gesto coherente con la fobia hacia la paz de su patrón Álvaro Uribe, exigió al gobierno de la isla la extradición de los enviados del ELN, algo que Cuba no podía aceptar por su condición de garante del proceso ante el derecho internacional. La Habana rechazó la indigna petición de Bogotá y dio asilo a los representantes del ELN. Irónicamente, la presencia totalmente legal y legítima de los negociadores de la guerrilla en la isla fue usada impúdicamente por el gobierno de Donald Trump como pretexto para volver a incluirla en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, con las penurias económicas que ello le imponía, encima de las que ya sufría -y continua sufriendo- debido al cruel reforzamiento del bloqueo por Trump y su mantenimiento, casi intacto, por Biden. El canciller Leyva se encargó de hacer justicia a Cuba cuando afirmó que su país rechaza la calificación de la isla como supuesta patrocinadora de terrorismo “con la que se ha pretendido desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo”. Lo que fue respondido por su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla reiterando el compromiso de La Habana con la paz en Colombia.

Petro, que ha dado gran importancia a la unidad de América Latina y el Caribe ha dicho, con mucha razón, que el México obradorista y Colombia pueden hacer una gran contribución a ese noble empeño. En este momento, por cierto, esa unidad pasa inevitablemente por la devolución a Venezuela de su avión secuestrado por un juez de Buenos Aires, lo que depende de una orden del presidente Alberto Fernández, que muchas y muchos agradeceremos.

@aguerraguerra

Iroel Sánchez

A veces son noticia, a veces nada más. Unos mueren, otros -casi siempre niños, casi siempre campesinos, casi siempre pobres- sufren amputaciones de una de sus extremidades inferiores y duelen en el paisaje de lo que fueron zonas de guerra, saltando con su única pierna, porque muchas veces ni para muletas, prótesis o sillas de ruedas tienen.

Es una imagen muy común en países que estuvieron envueltos en largos conflictos militares la de las víctimas de las minas antipersonales que siguen estallando años y décadas después de finalizada una guerra. En Colombia, aún en guerra, desde 1990 11.000 personas han resultado muertas al tropezar con ellas y se calcula que en los suelos de 668 municipios de los 1100 que tiene ese país se ocultan esos artefactos listos para explotar.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de ese país que negocian en La Habana en búsqueda de la paz han acordado un plan piloto de desminado en dos departamentos: Antioquía y  Meta. El proceso tiene seis etapas: selección de sitios, reconocimiento técnico con las comunidades, desactivación de las minas de manera conjunta, proceso de verificación y la entrega a la comunidad de las áreas despejadas.

De ser así, supondría en esos lugares un cese bilateral de fuego. Algo en lo que la guerrilla ha venido insistiendo desde que se iniciaron las conversaciones y a lo que el gobierno se ha opuesto, presionado por los militares y las fuerzas ultraconservadoras que lidera el ex presidente Álvaro Uribe.

“Para que se multiplique el piloto de desminado humanitario hay que llegar a un cese bilateral al fuego en aras de aliviar la situación de las comunidades. Pero mientras no se pacte un cese bilateral del fuego definitivo es difícil que pensemos en una descontaminación total de los territorios que hay con explosivos en el país”, señaló desde La Habana el Comandante guerrillero Luis Eliecer Rueda.

Aún no se alcanza un cese al fuego pero a quienes se oponen a él les será más difícil su labor después de este paso en el que guerrilleros y militares trabajarán juntos, vestidos de civil y desarmados, para que la guerra no siga cobrando víctimas después de que los fusiles hayan callado. (Publicado en CubAhora)

Iroel Sánchez

Esta semana culminó en Cuba el segundo ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, iniciadas el pasado 19 de noviembre. En un comunicado de las partes se informó que  el 14 de enero continuarán las negociaciones en La Habana centradas en el primer punto de la agenda, con el nombre de “desarrollo agrario integral”; un tema sobre el que el 8 de enero la mesa deberá recibir los aportes de un foro ciudadano que tuvo lugar en Bogotá del 17 al 19 del actual mes. En  ese espacio participaron representantes de campesinos, indígenas y afrodescendientes, líderes sindicales, además de académicos, y empresarios.

Ese foro sobre el campo colombiano, organizado por el Centro  para la Paz de la Universidad Nacional y la ONU, mostró la complejidad del proceso en curso y puso en evidencia a los enemigos de la paz. En un país en que el 1,5 por ciento de los propietarios posee el 52% de las tierras cultivables y 4,9 millones de hectáreas se dedican a la agricultura y más 38,6 millones a la ganadería, el gremio de empresarios ganaderos se negó a participar en las conversaciones, decisión que fue aplaudida por el expresidente Álvaro Uribe desde su cuenta en Twitter. Sectores políticos colombianos, desde el propio mandatario Juan Manuel Santos, hasta el presidente del Congreso, Roy Barreras, criticaron la posición de los ganaderos, mientras el Comandante de las FARC Iván Márquez, que participa en las conversaciones de La Habana, acusó a los representantes de esos grandes propietarios de vínculos con el paramilitarismo.

Aunque en La Habana, el jefe de los negociadores gubernamentales y exvicepresidente colombiano, Humberto de la Calle, afirmó que “no estamos negociando el modelo de desarrollo de Colombia”, si no cambian las relaciones de propiedad en el campo -base histórica del conflicto- el camino hacia la paz permanecerá bloqueado. De la Calle afirmó que los guerrilleros “no tienen que abandonar su ideología y el Gobierno no tiene que cambiar su modelo de sociedad” pero Márquez recordó el destino de los insurgentes que se incorporaron a la vida política bajo el Partido Unión Patriótica en la década de los ochenta del siglo pasado y fueron asesinados en masa “a partir de la confianza de promesas retóricas” e insistió en que Colombia necesita para la paz ”cambios en el modelo de sociedad y del antidemocrático sistema político”. Las FARC-EP mantienen desde el inicio de las conversaciones una tregua militar unilateral que no ha sido reciprocada por el gobierno.

En ese contexto, el sitio web habilitado para recoger criterios de la ciudadanía colombiana ha recibido casi 3000 propuestas a evaluar por ambas partes. Cuando se reanuden las conversaciones, a mediados de enero, habrán concluido dos meses de los doce que el gobierno puso como límite -no aceptado por las FARC-EP- para obtener un acuerdo sobre los cinco puntos de una agenda que, además del “desarrollo agrario integral”, abarcan  garantías para la participación política de los guerrilleros, el narcotráfico, la reparación a las víctimas y el fin del conflicto armado. (Publicado en CubAhora)

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Iroel Sánchez

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Ese foro sobre el campo colombiano, organizado por el Centro  para la Paz de la Universidad Nacional y la ONU, mostró la complejidad del proceso en curso y puso en evidencia a los enemigos de la paz. En un país en que el 1,5 por ciento de los propietarios posee el 52% de las tierras cultivables y 4,9 millones de hectáreas se dedican a la agricultura y más 38,6 millones a la ganadería, el gremio de empresarios ganaderos se negó a participar en las conversaciones, decisión que fue aplaudida por el expresidente Álvaro Uribe desde su cuenta en Twitter. Sectores políticos colombianos, desde el propio mandatario Juan Manuel Santos, hasta el presidente del Congreso, Roy Barreras, criticaron la posición de los ganaderos, mientras el Comandante de las FARC Iván Márquez, que participa en las conversaciones de La Habana, acusó a los representantes de esos grandes propietarios de vínculos con el paramilitarismo.

Aunque en La Habana, el jefe de los negociadores gubernamentales y exvicepresidente colombiano, Humberto de la Calle, afirmó que “no estamos negociando el modelo de desarrollo de Colombia”, si no cambian las relaciones de propiedad en el campo -base histórica del conflicto- el camino hacia la paz permanecerá bloqueado. De la Calle afirmó que los guerrilleros “no tienen que abandonar su ideología y el Gobierno no tiene que cambiar su modelo de sociedad” pero Márquez recordó el destino de los insurgentes que se incorporaron a la vida política bajo el Partido Unión Patriótica en la década de los ochenta del siglo pasado y fueron asesinados en masa “a partir de la confianza de promesas retóricas” e insistió en que Colombia necesita para la paz ”cambios en el modelo de sociedad y del antidemocrático sistema político”. Las FARC-EP mantienen desde el inicio de las conversaciones una tregua militar unilateral que no ha sido reciprocada por el gobierno.

En ese contexto, el sitio web habilitado para recoger criterios de la ciudadanía colombiana ha recibido casi 3000 propuestas a evaluar por ambas partes. Cuando se reanuden las conversaciones, a mediados de enero, habrán concluido dos meses de los doce que el gobierno puso como límite -no aceptado por las FARC-EP- para obtener un acuerdo sobre los cinco puntos de una agenda que, además del “desarrollo agrario integral”, abarcan  garantías para la participación política de los guerrilleros, el narcotráfico, la reparación a las víctimas y el fin del conflicto armado. (Publicado en CubAhora)

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Iroel Sánchez

Las delegaciones del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP han hecho un receso en las conversaciones que llevan a cabo en La Habana. La pausa ha llegado después de tres días de debates con la participación de expertos en temas agrícolas de la Universidad Nacional Universidad Nacional-Centro de Pensamiento de Colombia sobre el primer punto de la agenda acordada por ambas partes -Desarrollo agrario integral- que debe tomar en cuenta las 2835 propuestas recibidas en la página web abierta con ese propósito y las recogidas en las Mesas Regionales de Paz, efectuadas en nueve departamentos del país por el Congreso Colombiano desde el mes de octubre.

Las pausas de 24 horas han sido normales en las negociaciones desde que comenzaron en La Habana el pasado 19 de noviembre pero es de suponer que el receso de este miércoles reviste especial importancia porque se deben estar evaluando modificaciones a las relaciones de propiedad en el campo colombiano que son las que han conducido al conflicto armado más prolongado en la histroria de América.

La sola alusión a la frase Reforma agraria ha conducido a la muerte a miles de campesinos por ser inaceptable para oligarcas y terratenientes. Sin embargo, hoy una parte de la oligarquía colombiana piensa de otro modo. Con una base económica que no es agrícola, ese sector desea la paz porque quiere asociarse a empresas extranjeras para explotar los importantes recursos mineros en zonas rurales del país o ve una oportunidad en el crecimiento del poder adquisitivo de sectores populares que se incorporarían a la demanda económica, y saben que son los propietarios de grandes extensiones de tierras, y no ellos, quienes tendrían que asumir el costo de la entrega de tierras a campesinos pobres.

El mismo punto de la agenda recoge la solución del acceso de los habitantes del campo a la vivienda, a servicios de educación y salud, así como la organización de la producción en cooperativas. Aspectos todos que requieren recursos que sólo pueden salir de una reducción de los gastos militares y una redistribución de las rentas, algo muy difícil de aceptar para quienes viven de la ayuda militar de Estados Unidos o se han negado durante décadas a compartir un ápice de sus riquezas.

De concretarse un acuerdo que sustente una transformación real del campo colombiano las puertas de la paz se habrán abierto para Colombia y el resto de los cinco puntos inscritos en la agenda -garantías para la participación política de los guerrilleros,  narcotráfico, reparación a las víctimas y fin del conflicto armado- tendrían una alta probabilidad de llegar a puerto seguro. (Publicado en CubAhora)

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Iroel Sánchez

El próximo lunes 19 de noviembre, comenzará en La Habana un nuevo ciclo de conversaciones en busca de dar fin a uno de los conflictos armados más prolongados  en la historia de América. No son pocos sus enemigos.

La guerra en Colombia genera un flujo de dinero y recursos desde Estados Unidos que beneficia a importantes sectores de ese país y las profundas causas económicas y sociales que constituyen el sustrato de la violencia armada -inscritas en la agenda de las conversaciones- no pueden ser modificadas sin afectar intereses de grandes terratenientes y empresas transnacionales que han labrado a lo largo del tiempo su influencia dentro de la política colombiana. Una expresión de lo anterior  es el modo en que el expresidente colombiano Álvaro Uribe ha estado atacando el proceso que ahora se inicia.

Muchos se preguntan si esta vez los intereses que representan personas como Uribe no volverán a sabotear la búsqueda de una salida negociada a una guerra cuyas principales víctimas salen de los sectores más vulnerables del pueblo colombiano y qué es distinto ahora con respecto a procesos anteriores.

Más allá de la conciencia creciente en la sociedad colombiana del desgaste de la vía armada que no ha podido terminar con la guerrilla, la América que observa las negociaciones es también diferente. La existencia de numerosos gobiernos de izquierda -incluso con líderes exguerrilleros- que han llegado al poder por la vía electoral y el debilitamiento de la influencia norteamericana en la región, crean un marco más favorable pero no menos complejo con respecto a otras ocasiones.

Dentro de ello, la permanencia de la Revolución cubana y el reconocimento de su papel como garante han sido una constante histórica que ha acompañado todos los esfuerzos de búsqueda de la paz en Colombia. ”A Cuba,  agradecerle el hecho de que es el anfitrión y nos ha ayudado mucho para estas concertaciones”, dijo el pasado miércoles el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al comentar el papel de la Isla en las negociaciones y añadió  que la forma como la las autoridades cubanas han colaborado “merece el reconocimiento nuestro, la gratitud nuestra”.

No es el primer mandatario colombiano que lo hace. Desde la década de los ochenta, Cuba ha jugado un importante rol en la búsqueda de soluciones al conflicto que sacude a la nación sudamericana. Momentos críticos de ese devenir han sido las salidas incruentas a la ocupación de la embajada dominicana en Bogotá o al secuestro del hermano del expresidente César Gaviria. El líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, ha desempeñado un papel clave en todos esos procesos y los ha documentado en un libro titulado La paz en Colombia.

Pero sólo las partes, y la manera en que los sectores más representativos de la sociedad colombiana las acompañen hacia el entendimiento que el país necesita para la profunda transformación de las causas que sostienen la guerra, determinarán el éxito o el fracaso del proceso que ahora se inicia. (Publicado en CubAhora)

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Muchos se preguntan si esta vez los intereses que representan personas como Uribe no volverán a sabotear la búsqueda de una salida negociada a una guerra cuyas principales víctimas salen de los sectores más vulnerables del pueblo colombiano y qué es distinto ahora con respecto a procesos anteriores.

Más allá de la conciencia creciente en la sociedad colombiana del desgaste de la vía armada que no ha podido terminar con la guerrilla, la América que observa las negociaciones es también diferente. La existencia de numerosos gobiernos de izquierda -incluso con líderes exguerrilleros- que han llegado al poder por la vía electoral y el debilitamiento de la influencia norteamericana en la región, crean un marco más favorable pero no menos complejo con respecto a otras ocasiones.

Dentro de ello, la permanencia de la Revolución cubana y el reconocimento de su papel como garante han sido una constante histórica que ha acompañado todos los esfuerzos de búsqueda de la paz en Colombia. ”A Cuba,  agradecerle el hecho de que es el anfitrión y nos ha ayudado mucho para estas concertaciones”, dijo el pasado miércoles el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al comentar el papel de la Isla en las negociaciones y añadió  que la forma como la las autoridades cubanas han colaborado “merece el reconocimiento nuestro, la gratitud nuestra”.

No es el primer mandatario colombiano que lo hace. Desde la década de los ochenta, Cuba ha jugado un importante rol en la búsqueda de soluciones al conflicto que sacude a la nación sudamericana. Momentos críticos de ese devenir han sido las salidas incruentas a la ocupación de la embajada dominicana en Bogotá o al secuestro del hermano del expresidente César Gaviria. El líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, ha desempeñado un papel clave en todos esos procesos y los ha documentado en un libro titulado La paz en Colombia.

Pero sólo las partes, y la manera en que los sectores más representativos de la sociedad colombiana las acompañen hacia el entendimiento que el país necesita para la profunda transformación de las causas que sostienen la guerra, determinarán el éxito o el fracaso del proceso que ahora se inicia. (Publicado en CubAhora)

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Iroel Sánchez

El próximo 15 de octubre se iniciarán en Oslo, Noruega, las negociaciones en busca de la paz en Colombia entre el gobierno de ese país y la guerrilla de las FARC-EP, aunque la mesa de conversaciones no se instalará oficialmente hasta tres días después para sesionar allí durante durante dos semanas y luego trasladarse a la capital cubana, donde continuarán ininterrumpidamente por un plazo máximo de ocho meses.

La confianza que las partes en conflicto depositan en Cuba como sede y garante de las negociaciones es el resultado de tres décadas de esfuerzos del gobierno cubano en busca de la paz en el país suramericano, sacudido por la violencia política desde hace más de sesenta años. El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, documenta en su libro La paz en Colombia la participación discreta y ética de la Isla, por solicitud de las partes, en los distintos procesos negociadores que se han producido, incluso su aporte a la salida incruenta de momentos muy agudos para el gobierno colombiano, como la ocupación por el M-19 de la embajada dominicana en Bogotá o el secuestro del hermano del expresidente César Gaviria.

A la tranquilidad y seguridad de la capital cubana para las representaciones extranjeras -reconocida hasta por los diplomáticos norteamericanos en los cables revelados por Wikileaks-, se suman la actuación del gobierno de la Isla en procesos anteriores y en las conversaciones exploratorias para el actual. El exembajador colombiano en La Habana, Julio Londoño, dice que Cuba  “ha demostrado una gran capacidad para ser facilitador y genera confianza entre las partes”, mientras  Clara Nieto, que ocupó el mismo cargo de Londoño entre 1977 y 1980, hace honor a su nombre y afirma con claridad que la Isla “quiere ayudar a Colombia, no sólo por la paz misma, sino porque en su opinión dejaría sin pretextos a Estados Unidos para seguir entrometiéndose en la situación interna de Colombia y de otros países de América Latina”.

La señora Nieto lleva mucha razón cuando habla del interés de Estados Unidos en Colombia como plataforma de su injerencia en América Latina. El mismo libro de Fidel cita abundantemente los hechos que lo demuestran y se apoya en el testimonio del expresidente colombiano Andrés Pastrana sobre cómo a los halcones de W. Bush (Cheney, Rumsfeld y Wolfowitz) les interesaba más la lucha contra la guerrilla que el combate al narcotráfico.

Colombia también fue el país escogido por Kennedy en 1961 para lanzar su “Alianza para el progreso”, un intento fallido por contener las simpatías por la Revolución cubana en el continente. Una prueba de la falsedad y el verdadero objetivo de la publicitada “alianza” es que las promesas de aquella maniobra -reforma agraria, acceso a salud y educación- aún están pendientes y encabezan la agenda de las conversaciones de paz que ahora comienzan, cuyo mayor enemigo -Estados Unidos- es el que puede, con ellas, perder más. (Publicado en CubAhora)

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Iroel Sánchez

Si alguien tiene alguna duda de lo que significa Colombia para Estados Unidos, el relato que hace de su visita a ese país, en febrero de 2001, el expresidente colombiano Andrés Pastrana  en su libro La palabra bajo fuego es altamente convincente para demostrar que pocas naciones tienen para Washington una importancia estratégica similar. Dice Pastrana:

“La primera impresión que me llevé de los denominados ‘Halcones’ (Cheney, Rumsfeld y Wolfowitz) fue la de que tenían una postura más escéptica que sus antecesores frente a la opción de buscar una paz negociada con las FARC y el ELN, y que eran partidarios, en cambio, de adelantar más acciones militares contra la guerrilla. No les preocupaba tanto el tema de la droga como el riesgo que significaban estas organizaciones terroristas para la sociedad colombiana y para la defensa de la democracia. Por supuesto, esta es una posición que habría de enfatizarse mucho más después del trágico 11 de septiembre de 2001″.

Añade el exmandatario que luego del comienzo de su “guerra global contra el terrorismo”, “los Estados Unidos rompieron la fila de entrega de helicópteros, entregando primero los que estaban comprometidos con el Plan Colombia que los que ellos mismos necesitaban para su operación en Afganistán contra el régimen talibán”.

Asombroso, pero a los defensores de la democracia que han terminado con cientos de miles de vidas en Iraq y Afganistán, autorizaron la tortura en Guantánamo y el secuestro institucionalizado con vuelos secretos de la CIA, les preocupaba más la aniquilación total de la guerrilla que el combate al narcotráfico. Recuerda Pastrana con orgullo que fue el cuarto jefe de Estado en reunirse con Bush después de los mandatarios de México, Canadá y el Reino Unido.

La colaboración militar de Estados Unidos con Colombia, lejos de disminuir se ha intensificado, pero a pesar de ello el camino de la paz se ha impuesto. Si en 2001 sólo Venezuela y Cuba ofrecían resistencia a la dominación norteamericana en el continente, hoy  el aislamiento de Washington es la regla y es a La Habana -capital de un país considerado terrorista por EE.UU.-, a donde ha acudido el actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en busca de la paz y los halcones con los que habló Pastrana son reclamados como criminales de guerra en varios países.

Para más paradojas, ante preguntas de la prensa, los representantes de las FARC en la mesa de negociones declararon no tener secuestrados en su poder desde hace meses pero los secuestrados en Guantánamo por Bush, Cheney, Rumsfeld y Wolfowitz siguen allí, a pesar de las promesas del Premio Nobel de la Paz Barack Obama, ese otro halcón disfrazado de paloma. (Publicado en CubAhora)

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Iroel Sánchez

La extensa cobertura de los grandes medios de comunicación al proceso de negociaciones de paz que ahora se inicia para llevar a su fin el largo conflicto militar en Colombia se ha centrado más en especular sobre las negociaciones que en el contenido de las mismas. Para el diario español El País, por ejemplo, fue más importante un “desafiante” video clip de la guerrilla que el documento que recoge los acuerdos y la agenda del proceso, ignorado por ese periódico y prácticamente por todos los medios de prensa occidentales.

El hecho de que los dos primeros puntos de dicha agenda lleven el nombre de “Desarrollo agrario integral” y “Participación política” es un reconocimiento tácito al origen ecónomico y social del conflicto y a la necesidad de una transformación radical de la sociedad colombiana para que millones de excluidos tengan acceso a una vida digna, algo que desmiente la cobertura que esos medios han realizado de la guerra.

Parafaseando a Clausewitz, paz sin desarrollo social es la continuación de la violencia por otros medios. Los procesos de paz que tuvieron lugar en varios países de Centroamérica eliminaron la violencia política, mientras un entramado social donde el desempleo, la ausencia de servicios adecuados de educación y salud y carencias de todo tipo lanza a la los jóvenes a organizaciones criminales que para muchos son el único proyecto de vida a su alcance. En México, decenas de miles de vidas de pobladores humildes son sacrificadas por la guerra no declarada contra ellos por el proyecto neoliberal que ha convertido el narcotráfico en un estado paralelo.

La investigadora canadiense Naomi Klein cuenta en su libro La doctrina del shock cómo los revolucionarios sudafricanos, al negociar el fin del apartheid, dieron mayor prioridad a los aspectos políticos que a los económicos para después percatarse, con dolor, de que poco podían hacer desde el poder por cambiar las condiciones de vida de las mayorías por las que lucharon durante tanto tiempo. Hoy vemos rebrotar la violencia en las riquísimas pero empobrecidas zonas mineras de Sudáfrica.

En el punto uno de la agenda acordada entre el gobierno colombiano y las FARC están inscritas las raíces profundas de la guerra como vías hacia la paz: acceso y uso de la tierra, salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Busquen a quienes se han opuesto a ello  en Colombia, América y el mundo y conocerán a los enemigos de la paz. (Publicado en CubAhora)

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