Pasan los días y siguen las interpretaciones y los análisis. El encuentro entre los Presidentes de los Estados Unidos y Corea del Norte en Singapur este 12 de junio ha sido denominado la reunión del siglo por no pocos medios de comunicación.

Después de que la tensión se elavara hasta el borde de la guerra nuclear,  la humanidad respira aliviada porque al parecer se ha encontrado un camino de distensión en una de las zonas que desde la década del cincuenta del siglo pasado ha estado siempre en las páginas que recogen los conflictos con menos esperanza de solución.

Los Demócratas y Republicanos que se han alternado en la Casa Blanca desde 1950 han mantenido a miles de kilómetros de su territorio una presencia militar de más de 20 mil norteamericanos y la capacidad para emplear allí  las armas atómicas que el General Douglas MacArthur deseaba utilizar cuando el poderío militar estadounidense fue incapaz de ganar en la península coreana la “guerra contra el comunismo”.

El que tal vez sea el menos diplomático de los Presidentes que ha tenido Estados Unidos ha dialogado con un “loco”, “sangriento dictador”, y muchas denominaciones similares que dirige Corea del Norte, e incluso ha llegado con él a acuerdos que suponen la desnuclearización de la península coreana. La personalización de la política que suelen hacer muchos medios de comunicación relaciona poco lo que acaba de suceder con la lectura objetiva que pueden haber hecho los militares estadounidenses de la capacidad norcoreana para hacer pagar un alto precio a Wahgington de concretarse las amenazas que hace pocos meses profieriera  Donald Trump al respecto.

La sonrisa y amabilidad que ha mostrado Trump en Singapur con quien desde la tribuna de la ONU llamó “hombre cohete” dan la razón a quienes luego de aquel episodio plantearon que las amenazas proferidas desde EE.UU. solo harían que los norcoreanos se unieran  más que nunca y apoyaran más a sus autoridades mientras que en el Sur de la península ganarían más apoyo las posiciones que buscaban un entendimiento entre las dos Coreas. También como consecuencia de aquellas tensiones ha crecido el papel de China como garante de la estabilidad regional en su interlocución con Kim, además del fortalecimiento de la alianza de Pekín con Rusia.

En medio de un conflicto económico y político con los europeos por el acuerdo nuclear con Irán y los aranceles a importaciones significativas, de una abierta guerra comercial con China, la reunión con Kim ha matizado la imagen de Trump, incluso hay quienes habla ya de “legado”,  y también ha dado razón a los iraníes en su camino de endurecer su postura ante la ruptura por Washington del pacto que habían acordado con Obama. Pareciera que una vez más  los débiles sólo pueden recibir bofetadas desde la Casa Blanca.

Entonces, ¿qué podemos esperar en América Latina de Trump si a sus aliados europeos, unidos hace décadas en una fuerte organización política y económica, los trata con arrogancia y a los chinos, considerados la mayor potencia emergente, se les pretende imponer un régimen comercial desfavorable? Con los procesos de integración debilitados, con una CELAC en franco retroceso y ni la Cumbre de las Américas reconocida como escenario de diálogo con la región que merezca la presencia del Presidente de EE.UU., los vecinos sureños del gigante norteamericano no pueden recibir de Washington otra cosa que no sea desprecio.

Como un símbolo de los tiempos que corren, el mismo día que Trump se reunía en Singapur con Kim Jung un, llegaba a Panamá el expresidente Ricardo Martinelli , extraditado desde Estados Unidos, sin que sus servicios a la CIA a solicitud de Obama para escandalizar con el pretexto de un barco norcoreano que transportaba armamento defensivo obsoleto para ser reparado y devuelto a Cuba le sirvieran de atenuante.

Aunque no lo reconozca, los frutos de la estrategia de Obama, comenzada con el golpe militar de 2009 contra Zelaya en Honduras, le han permitido al dueño de la Trump Tower tener una Latinoamérica sin gobiernos de izquierda en la mayoría de los países, con una capacidad de contestación colectiva muy disminuida y en la que ni el servilismo más abyecto merece atención. Un Donald Trump tratando con un mínimo de respeto a los latinoamericanos y sentándose a negociar con ellos solo es posible si se revierte esa situación.

(Al Mayadeen)

En octubre del año pasado fui invitado a asistir como expositor al Segundo Diálogo Presidencial, organizado en Miami por la Cátedra Mezerhane sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos del Miami Dade College, bajo el título “¿Hacia la reinvención de los partidos políticos?”.

Participamos un grupo de ex presidentes de América Latina, el secretario general de la OEA Luis Almagro, el ex primer ministro de España José María Aznar y otros altos funcionarios y ex funcionarios de la región.

En el transcurso de la reunión, se nos propuso a los invitados firmar una declaración en la que se condenaba en durísimos términos al actual gobierno cubano y se convocaba a desconocer el resultado de las próximas elecciones a realizarse en la isla.

Me negué a firmar ese documento porque sostengo que las naciones de América Latina debemos mantener una posición firme de defensa de nuestros derechos, proponiendo soluciones que pasen por el diálogo de iguales, privilegiando el respeto por los derechos soberanos de cada país y excluyendo explícitamente las intervenciones armadas, sobre todo las de potencias extranjeras. También rechacé, por supuesto, el Premio Payá 2018, que se otorgó a quienes firmaron y que se entregará en Lima durante la VIII Cumbre de las Américas que se celebra por estos días.

Las épocas en que los EE.UU se concebían a sí mismos como los gendarmes del mundo, imponiendo un criterio propio –basado en su conveniencia- de cómo debían manejarse el resto de los países e interviniendo en los asuntos internos de las otras naciones son parte de un pasado al que nadie desea regresar.

Los latinoamericanos en particular sufrimos la aplicación de la “doctrina del enemigo interno”, impulsada desde la Escuela de las Américas en Panamá, que dio como resultado las dictaduras sangrientas que asolaron nuestros países en la década del setenta.

Nos costó tres décadas retomar el camino de la democracia. Por eso, nadie recibió con mayor alegría que nosotros el cambio de rumbo de la política exterior estadounidense respecto de Cuba que culminó en las iniciativas de apertura y diálogo de la presidencia de Obama.

En ese contexto, hoy parecen absolutamente fuera de lugar, por desubicadas y ahistóricas, las actitudes de la actual administración, que ha adoptado la prepotencia y la falta de respeto como estilo y el levantamiento de muros y la imposición de exclusiones como estrategia, y pretende imponerlos a partir de presiones y alianzas espurias.

Esas actitudes significan un lamentable retroceso en los avances logrados para finalizar con el bochornoso bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba en la década del 60 y que la ha mantenido aislada del continente.

Por otra parte ¿Desde qué pedestal juzgamos a Cuba? ¿Desde unos Estados Unidos con una crisis social y moral descomunal, donde el racismo, el consumo de droga y la violencia sin sentido se cobran miles de vidas anuales?

¿Desde una América Latina azotada por la miseria, la desigualdad, la violencia, la inseguridad y la corrupción y con una clase política con menos del 20% de aprobación entre sus ciudadanos?

¿Con qué países comparamos a Cuba? ¿Con los países europeos? Por supuesto, en Cuba y en toda América Latina el nivel de vida promedio es inferior al de Europa. Pero si la comparamos con sus pares como Haití, República Dominicana, el Salvador, Nicaragua e incluso con todos los países de la región, tomando en cuenta su tamaño y las condiciones de aislamiento a las que ha sido sometida, su desempeño no es para nada malo.

Cuba tiene, entre otras cosas, el más bajo nivel de analfabetos de toda América (incluido Estados Unidos) y un 4.4 % de mortandad infantil, la más baja de América, menos que, por ejemplo, El Salvador (16.8%), México (11.6%), Argentina (9.8%), Chile (6.6%) y Estados Unidos (5.8%).

¿Que Cuba tiene problemas políticos, sociales y económicos serios? Por supuesto. ¿Y quién no? Así las cosas, parece mucho más sensata y adecuada al momento histórico la actual política de la Unión Europea respecto de Cuba.

Explico: el 12 de diciembre de 2016 se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba, abriendo un horizonte de impulso y actualización a las relaciones políticas y posibilitando una mayor colaboración en beneficio de los pueblos cubano y europeo.

En el marco de ese acuerdo, se establecieron instancias de diálogo en áreas como Derechos Humanos, Relaciones Comerciales, Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria. Ese creo que debería ser el rumbo a seguir hoy en la búsqueda de la reinserción de Cuba en el mundo, y no los intentos lamentables de la administración Trump de aislarnos, imponiendo sus políticas arbitrarias por la vía de la amenaza y la extorsión.

Así y solamente así nos ayudaremos entre países hermanos a transitar hacia realidades más felices, con el menor conflicto y el menor dolor posible. Y eso no se logra con descalificaciones y amenazas ni mucho menos con intervenciones armadas abiertas o encubiertas, sino con diálogo, discusión y respeto por el otro. Todo con la mira puesta en la búsqueda de acuerdos y consensos.

Eduardo Duhalde es ex presidente de Argentina.

(Clarín)

En este espacio he denunciado reiteradamente las acciones y planes intervencionistas de Estados Unidos contra los gobiernos revolucionarios y progresistas de nuestra América. He subrayado que esta conducta se ha tornado singularmente agresiva bajo el gobierno de Donald Trump, confirmado por el reciente periplo a la región de Rex Tillerson, secretario de Estado y ex CEO de Exxon.

He tratado de aportar al conocimiento sobre la criminal política de asfixia económica y cambio de régimen seguidas desde 1959 contra Cuba  por todos los  presidentes de Estados Unidos. Sin excluir a Obama, pues aunque flexibilizó en parte el cerco y dio el importante paso de restablecer relaciones diplomáticas, no hizo todo lo que estaba a su alcance por levantar el bloqueo. Además, recrudeció en extremo la persecución de las operaciones financieras cubanas en el mundo. Respecto a la administración Trump, he insistido en que la relación con La Habana ha experimentado un retroceso comparable a los peores tiempos. Hay un alza irracional de la hostilidad, la grosería y la injerencia gringos, recientemente reforzados por una desquiciada orden ejecutiva para crear en la isla una red paralela de Internet destinada a derrocar al sistema escogido por el pueblo cubano.

En otras ocasiones, he denunciado actividades de la contrarrevolución (anti)cubana en México y he alertado cómo podrían lesionar severamente las históricas relaciones de amistad entre Cuba y este país. De nuevo me veo en el deber de advertirlo ante la desembozada actividad contra Cuba de René Francisco Bolio Halloram, Procurador Federal Agrario en la Ciudad de México.

El caballero no se mide. Con antecedentes de militancia en la ultraderecha mexicana del sinarquismo, se ha prestado para presidir la autodenominada Comisión Internacional Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo( Cuba Justicia, le dicen). Aunque los nombres de sus restantes miembros han aparecido   en medios de Miami y en cables de la agencia Efe no tiene sentido mencionarlos pues son unos perfectos desconocidos. El hecho ominoso es que un funcionario del gobierno federal de México sea el líder de este grupo, que según declaraciones a Efe de Bolio ha celebrado ya dos audiencias públicas. Una en la sede de la municipalidad de Miami y otra en un edificio del Congreso en Washigton; y proyecta celebrar dos más en lo que queda de año. La comisión, añade, se nutrirá, además, de los informes de organizaciones dentro de Cuba. Como ha sido ampliamente documentado en los cables de Wikileaks y en otras fuentes, quienes integran la contrarrevolución en Cuba, además de repudiados por el pueblo, son vulgares mercenarios que se pelean con sus homólogos de Miami los fondos que les asigna el gobierno de Estados Unidos del total y mayormente secreto presupuesto para el cambio de régimen.

El grupo encabezado por Bolio no ha simulado siquiera una investigación. Tiene prisa. Y el 12 de febrero anunciaba en Miami que tres días antes había entregado al Departamento de Estado en Washington una lista “preliminar” de 42 funcionarios cubanos supuestamente autores de crímenes de lesa humanidad. El objetivo que aducen sería risible si su intención no fuera tan injuriosa: que Washington impida la entrada y congele las cuentas bancarias en su territorio a los enlistados, encabezados por el presidente Raúl Castro. No podía faltar una visita del grupo al servil Luis Almagro, secretario general de la OEA;

Las actividades anticubanas de Bolio son de suma gravedad, en lo político, legal y moral. Un funcionario del gobierno mexicano, que, sin duda, en este sexenio se ha esforzado por mantener relaciones cordiales y de respeto con Cuba, no solo encabeza esta comisión,  sino que en acto incalificable, entrega la calumniosa lista al gobierno que –ese sí- no ha cesado de cometer crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano.  El bloqueo y las criminales agresiones de Washington a Cuba califican sobradamente como terrorismo de Estado, como lo han enfatizado eminentes juristas y, entre otros, el Tribunal Internacional Benito Juárez(www.jornada.unam.mx/2005/04/26/index.php?section=politica&larticle=021n1po)  ¿Ha actuado Bolio por su cuenta? ¿Hace sin conocimiento de sus superiores  viajes al extranjero que no tienen que ver con la Procuraduría Agraria? Acaso esto ayude a explicar las acusaciones de las comunidades indígenas de la Cuenca de México contra el supuesto ataque sistemático del funcionario a sus derechos ancestrales, documentado en estas páginas por Hermann Bellinghausen.

Twitter:@aguerraguerra

Entrevista a la economista Rosa Cañete, coordinadora de la Campaña Iguales de Oxfam, quien posee una larga experiencia de trabajo e investigación en países de América Latina con organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la propia Oxfam. 

Rosa Cañete, coordinadora de la Campaña Iguales de Oxfam

Los economistas suelen insistir en las bondades del crecimiento económico, pero usted ha afirmado que el crecimiento por sí mismo no es bueno. ¿Por qué?

El crecimiento  es un medio, no un fin en sí mismo, no es un objetivo final, por lo tanto funciona cuando colabora con la satisfacción de las necesidades de la sociedad. El crecimiento puede no respetar al medio ambiente, ni los derechos de las mujeres, o basarse en la explotación de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y las trabajadoras. El crecimiento sirve cuando permite garantizar derechos y muy a menudo no ha estado ocurriendo así en América Latina.

En su investigación “Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe”[1] usted ha afirmado que los llamados sistemas democráticos funcionan como “democracias secuestradas, en las que las élites políticas y económicas moldean las reglas y utilizan al Estado para mantener sus privilegios a costa de los derechos de muchos y muchas. En nuestro informe planteamos múltiples políticas que son efectivas en la lucha contra la desigualdad y la pobreza pero el primer paso es tener la voluntad política de gobernar para las mayorías.” ¿Cuál es la relación entre pobreza y desigualdad? ¿Cómo asociaría usted democracia y desigualdad?

Oxfam [2] es una organización internacional cuyo fin principal es luchar contra la pobreza. Con ese propósito llevamos más de cincuenta años trabajando con organizaciones comunitarias, con organizaciones de mujeres y en plena alianza con otros grupos, y nos damos cuenta que cuando te centras solo en atacar la pobreza, no la resuelves de manera estructural; mientras que si te enfocas más en la desigualdad y ves una relación dinámica entre la pobreza y la riqueza, entre la exclusión y las garantías, entiendes dónde están los nudos que podrían desmontar la pobreza de una manera estructural. Por lo tanto cuando reduces desigualdad, reduces de una manera más permanente la pobreza, en otras palabras, sientas las bases para que esa pobreza no se vuelva a reproducir.

La eliminación de la pobreza no consiste solo en garantizar un mejor ingreso monetario, sino en propiciar que las voces sean escuchadas, que los intereses de grandes poblaciones sean puestos sobre la mesa y sean garantizados. En esa misma línea, el tema conecta con la democracia, con la capacidad que tenga el sistema democrático de nivelar los intereses de una sociedad, de defender los intereses de las mayorías sobre los privilegios de unos pocos. Ese es uno de los roles que debe tener la democracia, por lo tanto, democracia, pobreza y desigualdad conforman un círculo que, si fuera virtuoso, debería garantizar los derechos de las grandes mayorías. No como ha ocurrido en gran parte de América Latina, donde las políticas públicas se diseñan, muy a menudo, para defender los intereses de unos pocos privilegiados, eliminando la posibilidad de grandes partes de la población de contar con sus derechos económicos y sociales.

¿Cómo relaciona los procesos electorales y las reformas fiscales?

Es difícil para la población asumir las reformas fiscales, tributarias, como un proceso beneficioso. La ciudadanía tiene que aportar al Estado con sus impuestos y a cambio, espera recibir servicios de calidad. Cuando los gobiernos no tienen suficiente transparencia a la hora de explicar cómo utilizan los recursos públicos, o la población no se siente satisfecha con los servicios públicos, no querrá aportar más al Estado a través de los impuestos. Necesita un intercambio, por eso es importante que en los procesos electorales la población sepa que el sistema fiscal es garante de sus derechos y pueda posicionarse no solo con respecto a los servicios públicos, sino en cómo estos deben ser financiados. Por lo tanto ese debería ser un tema central de los debates alrededor de los procesos electorales, en el que la ciudadanía participe y pueda expresar cómo le interesa su relación con el sistema tributario y fiscal, y por ende, con los servicios públicos.

Enfoques que defienden los informes presentados por la Campaña Iguales, abordando el tema de la extrema riqueza, podrían hacer pensar que hay envidia detrás de esa mirada. ¿Qué respondería a las personas que piensan que atacar a los ricos o a las grandes riquezas, tiene tras de sí un sentimiento de envidia?

El problema no es la riqueza sino su nivel de concentración. En América Latina hay 32 personas que concentran tanta riqueza como 300 millones de personas de toda la región. Es un nivel de concentración extremo que uno casi no puede ni imaginar los volúmenes de riqueza que están manejando unas pocas manos.

Ese nivel de concentración no es resultado del esfuerzo, por un lado es fruto de siglos de acumulación, basada en estructuras coloniales y de exclusión. Por otro lado, es el resultado de políticas públicas que propician esa situación. Sistemas democráticos que no están garantizando que las políticas públicas vayan a que los derechos de todas y todos sean tenidos en cuenta, sino que privilegian a muy pocas familias.

Estamos hablando de 32 personas en América Latina y si vas país por país, te encuentras 100, 200 familias que concentran gran parte de la riqueza. La riqueza no es solo riqueza, también es poder y eso pervierte el sistema democrático. Cuando nos hablan de envidia o nos acusan de querer atacar a los ricos, es importante que se entienda que lo que estamos planteando es la necesidad de una retristribución mejor de la riqueza, que sería beneficiosa para las grandes mayorías, pero incluso, beneficiaría a las élites que necesitan un sistema económico que crezca y con niveles de concentración tan altos hasta el propio crecimiento económico se ve afectado. Las grandes mayorías no están siendo capaces de consumir o demandar lo que producen esas mismas élites a través de sus sectoresproductivos.

¿De dónde proviene la riqueza en estas pocas manos, de su trabajo?

Al analizar el origen de las principales fortunas de los grandes multimillonarios de América Latina, más de la mitad son heredadas, vienen de sus familias, de décadas, siglos, de acumulación. Pocos de ellos lo han conseguido por su propio esfuerzo, mediante empresas que han fundado y gestionado y a las que deban esos niveles de acumulación. Pero la concentración es tan alta, que en cualquier caso han contado con políticas públicas que los han beneficiado en el sistema financiero, por ejemplo, la falta de regulación de los monopolios, que les ha permitido niveles de acumulación muy altos. Ese es el caso del monopolio de las telecomunicaciones de Carlos Slim -el latinoamericano más rico del mundo-, que le costó a los mexicanos pagar servicios de telefonía a más del doble del precio que se hubiera podido proveer, si a Carlos no se le hubiera entregado el control total de ese sector.

¿Cómo cree que se pueda acabar con la pobreza?

Para acabar con la pobreza hay que garantizar los derechos de las grandes mayorías. La única posibilidad real de ello es reduciendo los privilegios de unos pocos. Hay que tocar ciertos intereses si quieres realmente garantizar los intereses de las grandes mayorías. En un sistema democrático existen conflictos de intereses alrededor de la definición de las políticas públicas. Garantizar los de unos, implica reducir los de otros. No se trata de quitárselos, pero sí de repartirlos mejor.

¿Cuándo se puede decir que prima eficiencia sobre justicia en un sistema fiscal?

Por ejemplo un sistema fiscal donde prima la eficiencia por encima de la justicia, se basa en impuestos al consumo, que suelen ser más fáciles de cobrar. Lo que ocurre es que este tipo de impuestos hace a los pobres más pobres, pues esas capas de la población no son capaces de ahorrar, todo el ingreso que tienen lo consumen. Entonces son sistemas que hacen pagar más a los que menos tienen, priorizan la eficiencia recaudatoria por encima de la justicia tributaria, que implicaría hacer pagar más a los que más tienen. La estuctura actual de los sistema ficales en América Latina siguen reproduciendo la desigualdad.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha dicho que “lo que está haciendo ahora Cuba es modernizar su sector productivo para que sea más eficiente, con la claridad de que los derechos sociales son irrenunciables”. ¿Qué le diría a las cubanas y cubanos, después de estudiar el contexto latinoamericano como lo ha hecho usted?

Los avances que ha tenido la Revolución cubana en la garantía de derechos económicos y sociales son altísimos, los niveles educativos o de salud son incomparables con los niveles de otros países de la región. En el proceso de transformaciones que se está impulsando en Cuba, es importante tener en cuenta que esos derechos no solo hay que mantenerlos, sino también refortalecerlos, y por otro lado, el diseño de las políticas públicas -y en particular de la política fiscal que es central- debe concebirse tomando en cuenta la necesidad de que las brechas o las desigualdades no aumenten con el fortalecimiento del sector no estatal. 

Eso es posible si las políticas públicas son diseñadas para garantizar no solo que recaudamos más sino que se haga de manera justa. Ese es un gran reto y al mismo tiempo una gran posibilidad que tiene la sociedad cubana, de seguir protegiendo sus logros y a la vez, prepararse para que no sean puestos en juego en esta nueva etapa.

[1] Para el informe completo Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, visite https://www.oxfam.org/es/informes/privilegios-que-niegan-derechos

[2] www.oxfam.org

Entrevista a la economista Rosa Cañete, coordinadora de la Campaña Iguales de Oxfam, quien posee una larga experiencia de trabajo e investigación en países de América Latina con organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la propia Oxfam. 

Rosa Cañete, coordinadora de la Campaña Iguales de Oxfam

Los economistas suelen insistir en las bondades del crecimiento económico, pero usted ha afirmado que el crecimiento por sí mismo no es bueno. ¿Por qué?

El crecimiento  es un medio, no un fin en sí mismo, no es un objetivo final, por lo tanto funciona cuando colabora con la satisfacción de las necesidades de la sociedad. El crecimiento puede no respetar al medio ambiente, ni los derechos de las mujeres, o basarse en la explotación de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y las trabajadoras. El crecimiento sirve cuando permite garantizar derechos y muy a menudo no ha estado ocurriendo así en América Latina.

En su investigación “Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe”[1] usted ha afirmado que los llamados sistemas democráticos funcionan como “democracias secuestradas, en las que las élites políticas y económicas moldean las reglas y utilizan al Estado para mantener sus privilegios a costa de los derechos de muchos y muchas. En nuestro informe planteamos múltiples políticas que son efectivas en la lucha contra la desigualdad y la pobreza pero el primer paso es tener la voluntad política de gobernar para las mayorías.” ¿Cuál es la relación entre pobreza y desigualdad? ¿Cómo asociaría usted democracia y desigualdad?

Oxfam [2] es una organización internacional cuyo fin principal es luchar contra la pobreza. Con ese propósito llevamos más de cincuenta años trabajando con organizaciones comunitarias, con organizaciones de mujeres y en plena alianza con otros grupos, y nos damos cuenta que cuando te centras solo en atacar la pobreza, no la resuelves de manera estructural; mientras que si te enfocas más en la desigualdad y ves una relación dinámica entre la pobreza y la riqueza, entre la exclusión y las garantías, entiendes dónde están los nudos que podrían desmontar la pobreza de una manera estructural. Por lo tanto cuando reduces desigualdad, reduces de una manera más permanente la pobreza, en otras palabras, sientas las bases para que esa pobreza no se vuelva a reproducir.

La eliminación de la pobreza no consiste solo en garantizar un mejor ingreso monetario, sino en propiciar que las voces sean escuchadas, que los intereses de grandes poblaciones sean puestos sobre la mesa y sean garantizados. En esa misma línea, el tema conecta con la democracia, con la capacidad que tenga el sistema democrático de nivelar los intereses de una sociedad, de defender los intereses de las mayorías sobre los privilegios de unos pocos. Ese es uno de los roles que debe tener la democracia, por lo tanto, democracia, pobreza y desigualdad conforman un círculo que, si fuera virtuoso, debería garantizar los derechos de las grandes mayorías. No como ha ocurrido en gran parte de América Latina, donde las políticas públicas se diseñan, muy a menudo, para defender los intereses de unos pocos privilegiados, eliminando la posibilidad de grandes partes de la población de contar con sus derechos económicos y sociales.

¿Cómo relaciona los procesos electorales y las reformas fiscales?

Es difícil para la población asumir las reformas fiscales, tributarias, como un proceso beneficioso. La ciudadanía tiene que aportar al Estado con sus impuestos y a cambio, espera recibir servicios de calidad. Cuando los gobiernos no tienen suficiente transparencia a la hora de explicar cómo utilizan los recursos públicos, o la población no se siente satisfecha con los servicios públicos, no querrá aportar más al Estado a través de los impuestos. Necesita un intercambio, por eso es importante que en los procesos electorales la población sepa que el sistema fiscal es garante de sus derechos y pueda posicionarse no solo con respecto a los servicios públicos, sino en cómo estos deben ser financiados. Por lo tanto ese debería ser un tema central de los debates alrededor de los procesos electorales, en el que la ciudadanía participe y pueda expresar cómo le interesa su relación con el sistema tributario y fiscal, y por ende, con los servicios públicos.

Enfoques que defienden los informes presentados por la Campaña Iguales, abordando el tema de la extrema riqueza, podrían hacer pensar que hay envidia detrás de esa mirada. ¿Qué respondería a las personas que piensan que atacar a los ricos o a las grandes riquezas, tiene tras de sí un sentimiento de envidia?

El problema no es la riqueza sino su nivel de concentración. En América Latina hay 32 personas que concentran tanta riqueza como 300 millones de personas de toda la región. Es un nivel de concentración extremo que uno casi no puede ni imaginar los volúmenes de riqueza que están manejando unas pocas manos.

Ese nivel de concentración no es resultado del esfuerzo, por un lado es fruto de siglos de acumulación, basada en estructuras coloniales y de exclusión. Por otro lado, es el resultado de políticas públicas que propician esa situación. Sistemas democráticos que no están garantizando que las políticas públicas vayan a que los derechos de todas y todos sean tenidos en cuenta, sino que privilegian a muy pocas familias.

Estamos hablando de 32 personas en América Latina y si vas país por país, te encuentras 100, 200 familias que concentran gran parte de la riqueza. La riqueza no es solo riqueza, también es poder y eso pervierte el sistema democrático. Cuando nos hablan de envidia o nos acusan de querer atacar a los ricos, es importante que se entienda que lo que estamos planteando es la necesidad de una retristribución mejor de la riqueza, que sería beneficiosa para las grandes mayorías, pero incluso, beneficiaría a las élites que necesitan un sistema económico que crezca y con niveles de concentración tan altos hasta el propio crecimiento económico se ve afectado. Las grandes mayorías no están siendo capaces de consumir o demandar lo que producen esas mismas élites a través de sus sectoresproductivos.

¿De dónde proviene la riqueza en estas pocas manos, de su trabajo?

Al analizar el origen de las principales fortunas de los grandes multimillonarios de América Latina, más de la mitad son heredadas, vienen de sus familias, de décadas, siglos, de acumulación. Pocos de ellos lo han conseguido por su propio esfuerzo, mediante empresas que han fundado y gestionado y a las que deban esos niveles de acumulación. Pero la concentración es tan alta, que en cualquier caso han contado con políticas públicas que los han beneficiado en el sistema financiero, por ejemplo, la falta de regulación de los monopolios, que les ha permitido niveles de acumulación muy altos. Ese es el caso del monopolio de las telecomunicaciones de Carlos Slim -el latinoamericano más rico del mundo-, que le costó a los mexicanos pagar servicios de telefonía a más del doble del precio que se hubiera podido proveer, si a Carlos no se le hubiera entregado el control total de ese sector.

¿Cómo cree que se pueda acabar con la pobreza?

Para acabar con la pobreza hay que garantizar los derechos de las grandes mayorías. La única posibilidad real de ello es reduciendo los privilegios de unos pocos. Hay que tocar ciertos intereses si quieres realmente garantizar los intereses de las grandes mayorías. En un sistema democrático existen conflictos de intereses alrededor de la definición de las políticas públicas. Garantizar los de unos, implica reducir los de otros. No se trata de quitárselos, pero sí de repartirlos mejor.

¿Cuándo se puede decir que prima eficiencia sobre justicia en un sistema fiscal?

Por ejemplo un sistema fiscal donde prima la eficiencia por encima de la justicia, se basa en impuestos al consumo, que suelen ser más fáciles de cobrar. Lo que ocurre es que este tipo de impuestos hace a los pobres más pobres, pues esas capas de la población no son capaces de ahorrar, todo el ingreso que tienen lo consumen. Entonces son sistemas que hacen pagar más a los que menos tienen, priorizan la eficiencia recaudatoria por encima de la justicia tributaria, que implicaría hacer pagar más a los que más tienen. La estuctura actual de los sistema ficales en América Latina siguen reproduciendo la desigualdad.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha dicho que “lo que está haciendo ahora Cuba es modernizar su sector productivo para que sea más eficiente, con la claridad de que los derechos sociales son irrenunciables”. ¿Qué le diría a las cubanas y cubanos, después de estudiar el contexto latinoamericano como lo ha hecho usted?

Los avances que ha tenido la Revolución cubana en la garantía de derechos económicos y sociales son altísimos, los niveles educativos o de salud son incomparables con los niveles de otros países de la región. En el proceso de transformaciones que se está impulsando en Cuba, es importante tener en cuenta que esos derechos no solo hay que mantenerlos, sino también refortalecerlos, y por otro lado, el diseño de las políticas públicas -y en particular de la política fiscal que es central- debe concebirse tomando en cuenta la necesidad de que las brechas o las desigualdades no aumenten con el fortalecimiento del sector no estatal. 

Eso es posible si las políticas públicas son diseñadas para garantizar no solo que recaudamos más sino que se haga de manera justa. Ese es un gran reto y al mismo tiempo una gran posibilidad que tiene la sociedad cubana, de seguir protegiendo sus logros y a la vez, prepararse para que no sean puestos en juego en esta nueva etapa.

[1] Para el informe completo Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, visite https://www.oxfam.org/es/informes/privilegios-que-niegan-derechos

[2] www.oxfam.org

Con el cierre del Departamento de Filosofía y de PC en 1971, siempre consecuente, aprendió a vivir en el ostracismo mientras se sostenía con fidelidad al proyecto revolucionario cubano, en una época en que inexplicablemente se le cerraron todas las puertas para continuar con la labor teórica. Siguiendo con sus tareas internacionalistas en Nicaragua, logró romper el silenciamiento cuando fue reconocido con el Premio Casa de las Américas en 1989 y desde entonces, volvió a la vida pública y asumió tareas intelectuales hasta el último día de su vida.

Como parte de las actividades del Coloquio Internacional de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica y el Caribe (ADHILAC) 2015, se presentará el libro Los desafíos de la integración en América Latina y el Caribe, del abogado cubano y Máster en Relaciones Internacionales cubano Abel Enrique González Santamaría el 7 de septiembre a las 4:00pm en la Sala Che Guevara de la Casa de las Américas.

“La integración en América Latina y el Caribe: alternativas históricas y proyección actual, a 200 años de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar” es el lema del encuentro de la Asociación de Historiadores de la región.

Esta organización surgió en 1974 cuando un grupo de historiadores mexicanos o residentes en México, preocupados por los escasos vínculos existentes con sus colegas de los diferentes países de América Latina y el Caribe, convocaron, bajo el auspició de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al Primer Encuentro de Historiadores Latinoamericanos.

Se trata de una asociación gremial de los historiadores de Nuestra América que “impulsa el desarrollo de las ciencias históricas y procurara mejorar las comunicaciones, contactos y las propias condiciones de trabajo de estos profesionales”, en palabras del Doctor Sergio Guerra Vilaboy, Presidente de la Asociación.

Descargue el Programa completo del Coloquio (Con información de Cubadebate)

 Arnold August

El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos y la apertura de embajadas en La Habana y en Washington, D.C., constituye una victoria para Cuba. Previo a la publicación de la noticia el 17 de diciembre de 2014, durante 18 meses los dos países llevaron a cabo negociaciones secretas. El 1 de julio de 2015 se selló el acuerdo con el anuncio formal de la fecha de apertura de las embajadas, el 20 de julio, en las capitales de los respectivos países. Es importante resaltar que en el transcurso del proceso que ha durado dos años, Cuba ha permanecido fiel a sus principios. Los dos ejemplos más importantes de la adhesión a sus preceptos pertenecen a las cuestiones controvertidas relativas a la democracia y a los derechos humanos y a Venezuela.

En primera instancia, en cuanto a democracia y a derechos humanos se refiere, los dos vecinos convinieron en abordar el tema. Cuba lleva tiempo manifestando su deseo de entablar dicha plática siempre y cuando se abra el debate sobre la democracia y los derechos humanos en los Estados Unidos y a condición de que se le reconozca a Cuba el derecho de debatir con los Estados Unidos en calidad de país soberano e independiente, sobre la base del respeto mutuo y la igualdad. Por lo tanto, Cuba fue quien solicitara esta parte del acuerdo con miras a superar el prolongado estancamiento que dura ya más de cinco décadas, desde que los Estados Unidos rompiera las relaciones diplomáticas con Cuba. De hecho, las dos partes abordaron las cuestiones de democracia y derechos humanos durante una sesión de debate que tuvo lugar entre el 17 de diciembre de 2014 y el 1 de julio de 2015. Cuba no abandonó ninguno de sus principios y continúa en su avance para producir cambios conforme sus propios criterios y necesidades específicas.

El segundo problema que puede presentarse a Cuba acerca de la afirmación de sus principios corresponde a uno de los temas más controvertidos en América Latina y la región del Caribe: la Revolución Bolivariana en Venezuela y la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Coincidencia o no, durante la fase álgida de las negociaciones entre el 17 de diciembre de 2014 y el 1 de julio de 2015 entre Cuba y los Estados Unidos, este último tomó medidas provocadoras y desestabilizadoras que hubieran acabado por perturbar a Venezuela y eventualmente derrocar al Gobierno de Maduro mediante un “golpe de Estado en cámara lenta”. No obstante, Cuba continuó apoyando al Gobierno de Venezuela y a oponerse a toda tentativa por parte de los Estados Unidos para alentar un cambio de régimen. Cuba no abandonó su principio de solidaridad internacionalista, que ha llegado a convertirse en una de sus características, solo para congraciarse con los Estados Unidos mientras despliega esfuerzos para crear relaciones diplomáticas.

Además de los dos ejemplos anteriores de la adhesión a sus principios, el de la democracia y el de Venezuela, no podemos ignorar el hecho de que los tres últimos prisioneros de los Cinco Cubanos volvieron a Cuba el pasado 17 de diciembre, tras un encarcelamiento que duró 16 años. No hay manera alguna en que Cuba hubiese dado el primer paso hacia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas sin que volvieran a la Isla estos tres prisioneros.

El día el 20 de julio significa reanudación de relaciones diplomáticas y apertura de embajadas, pero nada más. Esto representa la primera fase que puede conducir al largo itinerario de la normalización de las relaciones. Quedan por resolver muchos temas dentro del marco de la normalización, tales como el levantamiento del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, la devolución a Cuba de la Bahía de Guantánamo, el cese a la legislación discriminatoria sobre la inmigración, el fin de la subversión interna estadounidense y demás iniciativas de desestabilización en Cuba en nombre de la democracia y de los derechos humanos.

Me gustaría abordar una de estas disputas: la relación existente entre la promoción de la democracia por parte de los Estados Unidos y el bloqueo. Entre otros textos legislativos, los dos bloques sancionados en el Congreso estadounidense que enarbolan los conceptos que forman la trama del bloqueo figuran la Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996. La primera de estas leyes, originalmente conocida como Ley de la Democracia Cubana, establece la “Asistencia prestada para apoyar la democracia en Cuba. El gobierno de los Estados Unidos podrá prestar ayuda, por medio de organizaciones no gubernamentales competentes, para ayudar a personas y organizaciones a promover el cambio pacífico hacia la democracia en Cuba.” El segundo marco jurídico en vigor es la ley de 1996, intitulada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, conocida por su título resumido como Ley Libertad de 1996. En su sección 109, intitulada Autorización del apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos, así como a los observadores internacionales, esta ley establece que:

“se autoriza al Presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba, incluidos los siguientes:
“Materiales publicados y de carácter informativo, como libros, vídeos y cassettes, sobre transiciones a la democracia, derechos humanos y economías de mercado, para que se hagan llegar a los grupos democráticos independientes de Cuba.
Asistencia humanitaria a las víctimas de la represión política y sus familiares.
Apoyo a los grupos democráticos y de derechos humanos de Cuba.” 

Con fundamento en lo dispuesto en esta ley, en junio de 2015, un comité del Congreso estadounidense aprobó el proyecto de Ley de Apropiaciones de Operaciones Extranjeras para el año fiscal 2016 que permitirá inyectar fondos, entre otras organizaciones, a la Fundación Nacional para la Democracia (NED). Con arreglo a Cuba, “la recomendación del Comité incluye 30 millones de dólares para los programas de promoción de la democracia y el fortalecimiento de la sociedad civil (cantidad que excede lo asignado para estos fines el año anterior), de los cuales no menos de ocho millones se destinarán a la NED”. Los fondos restantes serán administrados por otras organizaciones tales como la USAID. Se indica claramente que el financiamiento forma parte de las leyes sobre el bloqueo económico al que los Estados Unidos tiene sometida a Cuba. “El Comité exige que los fondos sean utilizados exclusivamente para los programas y actividades […] vinculados con la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (Ley Libertad de 1996 […] y la Ley de la Democracia Cubana de 1992 y especifica que no deberán ser empleados para fines de promoción comercial, reformas económicas, iniciativas empresariales y demás actividades que no sean las de democratización.

El presupuesto relativo a la Justificación de Gastos por Operaciones Extranjeras, Anexo 3 correspondiente al ejercicio fiscal 2016, presentado por el Congreso de los Estados Unidos, toma en cuenta el objetivo concreto de la promoción de la democracia en Cuba a partir del 17 de diciembre de 2014. En dicha fecha, “El Presidente declaró durante su discurso sobre política exterior que la promoción de los principios democráticos y de los derechos humanos continua siendo la meta principal de la ayuda a Cuba por parte del Gobierno […] El Gobierno de los Estados Unidos de América continuará prestando ayuda a Cuba para apoyar a la sociedad civil y consolidar los derechos humanos en el seno del pueblo cubano […] Continuamos apoyando la democratización y los derechos humanos en países donde existen condiciones difíciles, incluidos Cuba y Venezuela.”

El único punto que es primordial considerar respecto de la democracia en Cuba es que el enfoque a seguir solo concierne al pueblo y al Gobierno cubano. Es derecho soberano de Cuba como nación independiente elegir el camino que desea seguir. Ningún otro país puede dictar el tipo de democracia que debiera existir en Cuba.

Por su parte, los Estados Unidos tiene su propia marca de democracia y Cuba no posee un programa para socavar y subvertir el statu quo estadounidense, aun cuando la opinión cubana sobre el sistema económico y político del país vecino se ha dado a conocer pública y claramente. El hecho de que Cuba sea un pequeño país tercermundista no le da derecho a ningún país primermundista de imponer su sistema. En definitiva, este es el nudo gordiano de la promoción de la democracia estadounidense. Una lectura detenida de las leyes antes citadas pone de manifiesto la declaración abierta por parte de los Estados Unidos de que su estilo de elecciones multipartitas y el libre mercado (capitalismo) son las metas de la promoción de la democracia en Cuba.

En lo tocante a democracia, Cuba posee su propia historia y tradición. Irónicamente, la influencia negativa de la democracia estilo estadounidense es parte de este legado. En la segunda mitad del siglo XIX, en el transcurso de sus guerras libradas contra España para lograr su independencia, Cuba se ve confrontada con dificultades de prioridades sociopolíticas y de organización. En las zonas liberadas del dominio Español, esto hace que los patriotas cubanos experimenten con la organización de sus propias asambleas constituyentes y constituciones, consagradas en lo que hoy llamamos derechos humanos. No obstante, esta orientación y la evolución de una gama de valores conformes a la visión cubana fueron interrumpidos en un contexto donde los Estados Unidos interviene en la guerra contra España, obviando a esta para colocarse en calidad colonizador. Entre 1901 y 1958, época de la dominación estadounidense, los invasores redujeron los beneficios positivos aun cuando fueren incipientes de la democracia y de los derechos humanos. Durante la mayor parte del siglo XX, los cubanos sufrieron bajo un régimen político y socioeconómico que se parecía, en términos muy generales, a la democracia y la economía de mercado estadounidense. La transición a la democracia cubana se volvió a poner en marcha con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Hasta hoy esta Revolución ha conocido cambios y continúa produciendo muchos más.

La democracia cubana y la democracia estadounidense corresponden a dos sistemas políticos muy diferentes. Cada uno implanta sus propios valores y tradiciones. No son comparables, ya que obedecen a dos categorías distintas.

La pregunta de si Cuba ha realizado cambios en su sistema político es válida. Efectivamente, sí los ha llevado a cabo, pero no en el sentido que ambicionaría la política oficial de los Estados Unidos. Por ejemplo, de 1959 al período 1974-1976, Cuba ejerció el poder político sin tener elecciones ni nueva constitución: sin embargo, durante ese período la participación popular en el proceso político cubano estaba en pleno apogeo, —época que hoy día muchos cubanos consideran con nostalgia. Ente 1974 y 1976 los cubanos participaron en la redacción de una constitución y votaron sobre esta en un referendo, así como celebraron elecciones. El 1992, se realizaron modificaciones en los sistemas político y electoral. En la actualidad se habla de una nueva ley electoral y de otros cambios políticos. Estas nuevas iniciativas responden a las necesidades y al análisis de Cuba y no al de los Estados Unidos. Dicho sea en otras palabras, a pesar de sus puntos débiles, Cuba es una democracia en movimiento.

¿Y que se puede decir de los Estados Unidos? ¿Su sistema político opera cambios? Sí, pero solo en el contexto de su propio sistema político y dentro de los cotos y límites impuestos por estos. Por ejemplo, ha habido cambios en torno al financiamiento de los partidos políticos, los cuales no niegan en lo más mínimo la característica principal del partidismo político y del financiamiento de partidos que reposa en la riqueza y los privilegios. También se ha llevado a cabo enmiendas en el derecho al voto, pero no trascienden el contexto político y socioeconómico, el cual se basa en la discriminación racial y la desigualdad y se nutre de apatía.

Por lo tanto, cada una, la democracia cubana y la democracia estadounidense, tiene sus propias características. La promoción de la democracia estadounidense en Cuba continuará, mismo después del 20 de julio. ¿Quiere decir esto que el establecimiento de las relaciones diplomáticas y de las embajadas constituye aún una victoria para Cuba? Sí, en mi opinión. La situación ha cambiado radicalmente. Antes del 20 de julio, Cuba no contaba con un canal oficial conveniente con los Estados Unidos para manifestar su oposición a los programas antedichos. Ahora que han reanudado las relaciones diplomáticas con el establecimiento de embajadas en las capitales de ambos países, Cuba podrá poner sus cartas sobre la mesa con sus homólogos estadounidenses en La Habana y en Washington, y presentar su caso apoyándose en hechos y pruebas. ¿Querrá decir esto que el lado americano escuchará razones y tomará en cuenta la versión cubana de los hechos? No necesariamente.

La situación, no obstante, ha mejorado en otra forma. Desde el 17 de diciembre de 2014, Cuba ocupa el primer plano en la escena política internacional encabezada por el presidente Raúl Castro. Si bien hay muchas interpretaciones de este evento del 17 de diciembre, lo que resalta es que “Cuba ha tenido razón” a lo largo de más de cinco décadas. Su resistencia heroica frente al imperio ha dado sus frutos. Antes del 17 de diciembre de 2014, Cuba fue marginada en la política internacional (salvo en varias partes de América Latina, la región del Caribe y del hemisferio Sur). La voz de Cuba ahora se ha extendido no solo hacia los Estados Unidos y Europa sino al mundo enero. Ya no puede vérsele con desprecio.

El prestigio del presidente Obama también se incrementó con sus logros en ámbitos internacionales —Cuba incluida— y nacionales; sin embargo los presidentes de los Estados Unidos siempre ocupan el primer plano de la escena política. Por ejemplo, en 2008 estando en Berlín, Obama dio uno de sus primeros discursos de campaña electoral para consumo interior y exterior. Cuba no ha tenido el lujo de atraer automáticamente todas las miradas, si no es por algunos reportajes esporádicos y distorsionados sobre Fidel Castro en ámbitos internacionales. Es de esperarse que a medida en que surjan problemas, el mundo deberá tomar en cuenta lo que dice el Gobierno de Cuba respecto de los efectos subversivos y de desestabilizantes causados por los programas de promoción de la democracia de los Estados Unidos. Las relaciones Cuba-Estados Unidos tendrán en cuenta el consenso implícito en la opinión pública internacional.

En un mundo ideal, este debate abierto ante medios internacionales podría aumentar la presión sobre el presidente Obama y su sucesor para que, entre otras cosas, en el Congreso se levantara el bloqueo impuesto como parte de sus programas de promoción de la democracia. ¿Sería un adelanto el que se considerara eludir a un Congreso hostil mediante el uso de sus poderes ejecutivos de manera a desviar estos programas? Tales programas pueden desestabilizar a Cuba hasta un cierto punto, pero intentarlo solo serviría para socavar la posibilidad de tener relaciones diplomáticas armoniosas. De hecho, esto podría colocar a los Estados Unidos en una situación delicada, mientras que Cuba saldría indemne. ¿Esta percepción es ingenua? Hay una nueva realidad en los Estados Unidos. Cada vez Cuba recibe más visitantes de toda condición, con la inclusión de estudiantes, profesores, artistas y otras personas influyentes, tales como periodistas. Una vez que se familiaricen con Cuba, ¿cómo reaccionarían si es sabido que el Gobierno estadounidense está empleando fondos para desestabilizar a Cuba? Además, por muy extraño que parezca, es posible que los medios de negocios estadounidenses, cada vez más centrados en Cuba, prefieran mantener sus inversiones y hacer negocios en el marco de un sistema político estable liderado por el gobierno revolucionario, en vez de hacerlo en un contexto donde la sociedad está en pleno caos porque algunos individuos que cuentan con la asistencia de los programas de promoción de la democracia estadounidenses se oponen al status quo en movimiento y se lanzan en una batalla a capa y espada. Ante todo, es Cuba tal como existe en la actualidad la que ha estado atrayendo gente de negocios para que inviertan y tengan actividades comerciales con el país. De momento, parece ser que la industria del turismo lleva la delantera; está sacando provecho del deseo de la gente de Estados Unidos de visitar a la Cuba actual en un contexto de seguridad y tranquilidad, al tiempo que el país actualiza su sistema socioeconómico y atraviesa por los cambios inherentes. Esto es lo que los visitantes quieren ver, no a una Cuba que sea el reflejo caribeño de los Estados Unidos. Las cosas pueden cambiar en los Estados Unidos a lo largo de los muchos años que pueda tomar levantar el bloqueo contra Cuba y abandonar las actividades de promoción de la democracia en suelo cubano. ¿Quién hubiera pensado antes del 14 de diciembre de 2014 que este giro histórico hubiera sido posible? (Fuente – Global Research, 30 de julio de 2015)

Guillermo Castro H. 

“No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza.”

José Martí, 1891.[1] 

I

La naturaleza no es en sí misma capital natural. Su aprovechamiento por parte de los humanos sólo ha estado dedicado a la producción de ganancias y la acumulación de capital a lo largo de los últimos cinco siglos, a partir del desarrollo del capitalismo como sistema de escala planetaria, mediante la formación y las transformaciones del primer y único mercado mundial que ha conocido la Humanidad. En esta perspectiva, cabe entender a iniciativas como el Pago por Servicios Ambientales y la promoción de la llamada economía verde como medios para transformar en capital natural el patrimonio natural aún no incorporado a la economía de mercado, en el marco de la crisis ambiental generada por las modalidades de intervención en los ecosistemas dominantes en el capitalismo.

Estas iniciativas apuntan a la organización de mercados de servicios ambientales, que pasan a constituirse a su vez en un subsistema del mercado mundial. Dicho subsistema ambiental tiene como función fundamental poner a disposición del capital condiciones naturales que son imprescindibles para su funcionamiento. Esas condiciones de producción incluyen, además del acceso a los elementos naturales imprescindibles para toda producción – agua, aire, tierra y energía -, la formación de la fuerza de trabajo capaz de transformar esos elementos en recursos para otras actividades productivas o en bienes de consumo, y la organización del espacio en que esas actividades tienen lugar.[2]

La organización de los procesos necesarios para la producción de esas condiciones de producción es una responsabilidad fundamental del Estado, y la forma en que cada Estado la ejerce expresa el carácter de sus relaciones con su propia sociedad. Así, por ejemplo, el Estado puede asumir el monopolio de todas las funciones relacionadas con la producción de esas condiciones y con el acceso a las mismas de otros productores – como ocurre en el caso de la provisión de los servicios ambientales que ofrece la Cuenca del Canal de Panamá. Pero también puede puede transferir por completo esas funciones a operadores privados,  reteniendo para sí algunas tareas de regulación y control, como ocurre en la gestión de esos servicios en el resto del país.

Entre ambos extremos, naturalmente, hay múltiples combinaciones posibles. Sin embargo, en todos los casos el Estado conserva una función de intermediación política entre todas las partes involucradas, la cual puede ir desde la gestión de conflictos por vía de la negociación, hasta la represión de expresiones de descontento asociadas a los mismos. Lo esencial, en todo caso, es que el éxito o el fracaso del Estado en el cumplimiento de esa función dependerá de la relación general de fuerzas – o debilidades – que se derive del grado de desarrollo cultural y organizativo de cada una de las partes, incluyendo por supuesto a las agencias gubernamentales directamente implicadas. Dado que todos estos elementos son el producto de complejos procesos de formación y transformación a lo largo del tiempo, su análisis en perspectiva histórica puede aportar valiosos elementos de juicio respecto a la viabilidad y la eficacia de las diversas opciones para la creación de mercados de servicios ambientales en nuestros países.

II

Aquí conviene una precisión. Mientras en el resto de Occidente las abreviaturas AC y DC sirven para ordenar el tiempo en un antes y un después del nacimiento de Cristo, entre nosotros sirven además para ordenar nuestra propia historia en sus dos momentos fundamentales: antes y después de la Conquista europea. Así, la extraordinaria complejidad ambiental, social y cultural de nuestra América tiene su origen en el siglo XVI, cuando la región se vio incorporada al proceso de formación del moderno sistema mundial como proveedora de alimentos y materias primas, y como espacio de reserva de recursos naturales. Esa modalidad de inserción definió a su vez una estructura de larga duración que opera con tiempos y modalidades distintas en cuatro sub regiones diferentes, y en todos los planos de la interacción entre los sistemas sociales y naturales presentes en cada una de ellas.

Esas subregiones tomaron forma de acuerdo a la presencia de distintas modalidades básicas de organización de las interacciones entre los sistemas sociales y naturales en el espacio americano. Una se articuló a partir del trabajo esclavo, asociado sobre todo – pero no exclusivamente – a actividades de plantación; otra, a partir de distintas modalidades de trabajo servil, destinado sobre todo a la producción de alimentos y a la explotación minera, y otra más toma forma a partir de migraciones europeas a espacios con bajas densidades de población indígena, donde se desarrollan economías agroganaderas y tiene lugar un vasto proceso de mestizaje. A esas tres se agrega, por último, un conjunto de espacios que escapan a la articulación directa en el mercado mundial durante un período más o menos prolongado, y se convierten en zonas de refugio de poblaciones indígenas, afroamericanas y mestizas desplazadas por la Conquista, o que se resisten a ella.

La primera de esas regiones tiene, así, un claro carácter afroamericano, asociado con frecuencia a una gran debilidad organizativa de los sectores más pobres; en la segunda, indoamericana, persisten a menudo importantes tradiciones de organización campesina y comunitaria, mientras la tercera suele ser identificada como una suerte de euroamérica mestiza. La cuarta, sin embargo, sin tradiciones relevantes de producción para un mercado que en el mejor de los casos sólo ha tenido una importancia complementaria en sus actividades productivas, pasó a constituirse en una frontera interior de recursos sometida a una constante presión por parte de las otras tres, con el objetivo de impedir su estructuración como zona de refugio, primero y – sobre todo de mediados del siglo XIX en adelante -, con el de ampliar las fronteras interiores de economías agroexportadoras, después.

Esas regiones, ciertamente, constituyen una realidad en constante transformación. Así, el tránsito del siglo XIX al XX es testigo de la formación, mediante la Reforma Liberal, de mercados de trabajo y de tierra  mediante procesos masivos de expropiación de territorios sometidos a formas no capitalistas de producción, para  crear las premisas indispensables a la apertura de la región a la inversión directa extranjera y la creación de economías de enclave en el marco del Estado Liberal Oligárquico. Los ciclos posteriores – populista, desarrollista y neoliberal – marcarán el camino hacia el siglo XXI entre las décadas de 1930 y 1990.

Hoy asistimos al proces de incorporación de las últimas fronteras de recursos a la economía global. Esto explica la creciente importancia que adquieren en nuestras sociedades los conflictos de origen ambiental, esto es, aquellos que surgen del interés de grupos sociales distintos en hacer usos excluyentes de los recursos de un mismo ecosistema.  Por lo mismo, esos conflictos no se reducen al enfrentamiento entre ricos y pobres, mestizos e indígenas, grupos rurales y urbanos, o capitalistas nacionales y extranjeros, sino que expresan todo eso y mucho más.

La ampliación de las últimas fronteras de recursos de América Latina, asociada a la inversión masiva en megaproyectos de infraestructura tiene hoy características inéditas. Así, por ejemplo, a diferencia de lo ocurrido entre mediados del siglo XIX y comienzos del XX, en ella se combinan el interés de burguesías nacionales y sus Estados – que entonces estaban apenas empezando a formarse -, con el de empresas transnacionales de una complejidad sin precedentes.

Ese proceso, además, opera en una circunstancia de crisis ambiental a escala planetaria, que demanda el fomento de procesos de producción de condiciones de producción de alcance global con apoyo técnico, financiero y político de instituciones financieras internacionales. En esa circunstancia, el proceso de transformación del patrimonio natural en capital natural aparece asociado a la formación de una fracción “verde” del capital transnacional y nacional, que opera en una relación de conflictividad creciente tanto con las fracciones extractiva, agraria e industrial tradicionales, como con los nuevos movimientos de resistencia social a la expropiación del patrimonio colectivo y el deterioro de las condiciones de vida de los habitantes de esas fronteras de recursos.

Todo esto plantea problemas de un tipo nuevo en la historia de nuestra región, que no pueden serencarados con la sola defensa de las relaciones no capitalistas de producción que ese desarrollo pone en crisis. Es necesario, en cambio, comprender esas transformaciones en su relación con el proceso infinitamente más amplio y complejo de la crisis del capitalismo a escala del planeta entero, del mismo modo que es indispensable entender esa crisis global desde nuestra circunstancia entera, sin oponer el mundo rural al urbano, sino y sobre todo entendiendo la relación entre ambos, y los modos en que cabe orientar la transformación por la que atraviesan, para ir guiándolos “en junto”

“para llegar, por métodos e instituciones nacidas del país mismo, a aquel estado apetecible donde cada hombre se conoce y ejerce, y disfrutan todos de la abundancia que la Naturaleza puso para todos en el pueblo que fecundan con su trabajo y defienden con sus vidas.”[3]

Ese “estado apetecible” será el producto de un desarrollo que será sostenible por lo humano que llegue a ser. Allí, las condiciones de producción que hoy produce el capital para sí mismo mediante prácticas que degradan a un tiempo a los trabajadores y al objeto de su trabajo, pasarán a ser producidas por todos, y para el bien de todos. De lo que se trata no es de defender un pasado cuyo tiempo de pasar ha llegado, sino de construir las bases de un futuro queya va siendo imprescindible si deseamos sobrevivir como la especie que somos.

Vistas las cosas así, debería resultar evidente que no estamos ya ante desafíos meramente tecnológicos o económicos, sino esencialmente culturales, esto es, de cultura en ejercicio. Y puesto que estamos ante ese desafío, es bueno recordar que si bien el sentido común de la vieja cultura nos advertía que la política era el arte de lo posible, el buen sentido de la cultura que emerge de las luchas de nuestros pueblos nos advierte otra cosa. La política que demandan estos tiempos, en efecto, es el arte de crear las condiciones que hagan posible lo que ya es necesario: encarar los males de la falsa erudición con el conocimiento de la naturaleza de nuestro medio y de nuestra gente, para construir una civilización nueva, capaz de enfrentar y derrotar a la barbarie en que se desgrana el mundo que hemos conocido.

Panamá, junio – julio 2015

Una mirada a “Nuestra América”, la “Segunda Declaración de La Habana” y la “Declaración del ALBA” (1/2)

Salim Lamrani

Monumento en el Memorial de América Latina, de Óscar Niemeyer

En ocasión del décimo aniversario de la fundación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en 2004 y a 120 años de la caída en combate de José Martí, conviene echar una mirada a tres textos fundadores de la integración latinoamericana.

Introducción

Los tres documentos, “Nuestra América”, la “Segunda Declaración de La Habana” y la “Declaración del ALBA”, simbolizan los desafíos de la integración latinoamericana en un contexto geopolítico dominado por la sombra tutelar hegemónica de Estados Unidos y esbozan un panorama histórico de esta epopeya emancipadora de los países del Nuevo Mundo desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. “Nuestra América”, texto escrito en 1891 por José Martí, Apóstol y Héroe nacional de Cuba, creador del proyecto integrador, constituye el pilar fundacional del edificio unificador de las naciones latinoamericanas y echa las bases teóricas de esta aspiración histórica. “La Segunda Declaración de La Habana”, proclama publicada en 1962 tras el triunfo de la Revolución Cubana y la decisión de la Organización de Estados Americanos –supeditada al poder estadounidense– de romper las relaciones diplomáticas con La Habana, reivindica el legado martiano y señala al principal enemigo de la independencia y de la soberanía del continente: el poder imperialista de Washington. Con la Alternativa Bolivariana para las Américas de 2004, se consagra finalmente el sueño bolivariano y martiano de una integración continental con el establecimiento entre Venezuela y Cuba de un acuerdo de cooperación multifacético que se extendería a otras naciones de la Patria Grande, y queda sepultado el proyecto del ALCA defendido por el “Norte revuelto y brutal”.

“Nuestra América”, texto inaugural que ocupa un espacio privilegiado en la historia del pensamiento latinoamericano, cimienta el anhelo emancipador. En esta exhortación a la unión necesaria, José Martí, precursor de la lucha antiimperialista, recuerda que la federación de los pueblos latinoamericanos en torno a valores e intereses comunes es la única puerta de salvación contra el “gigante de las siete leguas” que aspira a dominar el continente. Este fragmento, revelador del pensamiento martiano, constituye una exhortación a cerrar filas para impedir que Estados Unidos se apodere de las riquezas de América Latina y prosiga su política expansionista tan devastadora para los pueblos hispanos. En este llamado a la toma de conciencia y al combate, el Maestro privilegia la fuerza de las ideas justas y generosas, las “armas del juicio” pues “trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”.

El extracto de la Segunda Declaración de La Habana es sin duda el texto más transcendente de la historia política del continente desde la publicación de “Nuestra América”. Inspirado directamente en el ideario martiano, de ideología socialista, ambiciona tejer lazos indisolubles entre les distintos miembros de la familia latinoamericana que aspira a conseguir su segunda independencia y emanciparse de la sombra imperial de Estados Unidos. La marcha unida, de todos los segmentos sociales, es una necesidad imperiosa y vital para poder librar esta segunda batalla común contra el opresor del Norte que representa el principal obstáculo a la edificación de la Patria de Bolívar. Este escrito constituye un llamado a la insumisión y a la rebeldía de todas las naciones contra un poder hegemónico que quiere aplastar las aspiraciones de libertad, igualdad y justicia social de los humildes y de los “pobres de la tierra” americana.

La Declaración Conjunta, texto político firmado por los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Fidel Castro de Cuba en 2004, echa las bases de la actual Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Esta coalición integradora nace del rechazo a las ambiciones de Washington (dirigido entonces por el presidente George. W. Bush) que quiere imponer al continente una zona de libre cambio neoliberal que hundiría a las naciones latinoamericanas en la sumisión y la dependencia. El capital transnacional domina las economías regionales y las relaciones entre el Norte y el Sur se basan en la ley del más fuerte. Elaborada primero como alternativa, el ALBA es la respuesta de los dos países más progresistas del tablero político e ideológico latinoamericano a los impulsos hegemónicos del Norte. Preconiza basar las relaciones en la reciprocidad, la solidaridad, la no injerencia en los asuntos internos y el respeto mutuo y ubicar al ser humano en el centro del proyecto de sociedad, retomando así el ideario bolivariano y martiano.

¿En qué medida estos tres textos fundadores, escritos en tres siglos distintos, reivindican la preservación de la independencia y la identidad latinoamericanas y constituyen el fundamento de la resistencia histórica al poder hegemónico de Estados Unidos en el continente?

Tres ejes estructuran estos textos, pilares de los distintos procesos de integración y resistencia a los apetitos imperiales de los Estados Unidos de América. Primero, aunque esos escritos se redactaron en tres siglos distintos, todos señalan a un mismo enemigo común, a ese “vecino formidable” que desdeña e ignora a los pueblos del Sur, para decirlo con palabras de Martí, “al capital monopolista yanqui” que denuncia la Segunda Declaración de La Habana, o a ese Norte y “sus apetitos de dominación sobre la región” señalado en la Declaración del ALBA. Luego, la unión de todas las fuerzas patrióticas del continente es la premisa para la edificación de una política de resistencia al mastodonte hegemónico que quiere hundir a los pueblos latinos en la subordinación y la esclavitud. Resulta imprescindible alcanzar la federación continental, “la solidaridad más amplia entre los pueblos de la América Latina y el Caribe”, pues “es la hora del recuento y de la marcha unida” de esa “familia de 200 millones de hermanos”. Finalmente, el objetivo común es edificar la Patria Grande de todos, donde “lo mejor del hombre” prevalecería en el camino hacia “un mismo mejor destino” basado en la “en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de avanzar todos de consuno hacia niveles más altos de desarrollo”.

1.      Un enemigo común: el poder imperial y hegemónico yanqui

Desde la fundación de las trece colonias y el inicio del proceso expansionista, Estados Unidos siempre ha constituido la principal amenaza para las jóvenes naciones latinoamericanas. La doctrina del Destino Manifiesto, que estipulaba que la conquista de todo el continente era la misión divina del “pueblo emprendedor y pujante”, tuvo consecuencias devastadoras para México, que perdió más de la mitad de su territorio en la guerra de 1846-1848. Martí, visionario y hombre de su tiempo, vio con lucidez el peligro “de los gigantes que llevan siete leguas en las botas” y dedicó su vida a alertar a sus compatriotas latinoamericanos sobre los designios hegemónicos del poder imperial del Norte. Ardiente defensor de la soberanía y la identidad de América Latina, el cubano, dotado de una fortaleza espiritual a toda prueba, multiplicó los esfuerzos para conseguir la independencia total de su tierra natal, codiciada por Washington desde principios del siglo XIX, por su posición geoestratégica y sus recursos naturales. En “Nuestra América”,texto de combate y estímulo a la resistencia, el Apóstol recuerda que la lucha por la independencia y la soberanía es un combate de todos los instantes, con el fin de evitar caer en la servidumbre de un poder opresor. “El pulpo” sólo espera el momento adecuado para caer “con esa fuerza más” sobre las jóvenes republicas hispanoamericanas. Martí denuncia también a quienes le abren “la puerta al extranjero”, aludiendo a las elites corruptas y apátridas que pululan en el continente y no vacilan en firmar un pacto con el diablo del Norte, en entregar la economía nacional y los recursos naturales, anteponiendo su egoísmo al interés superior de la patria. “La independencia” de América Latina resulta amenazada por el desdén del vecino del Norte que no la conoce y su “tradición de conquista” que suscita su “codicia”.

La Segunda Declaración de La Habana se enmarca en la continuidad de “Nuestra América” y denuncia “al mismo enemigo” que señaló Martí. Tras conseguir la independencia después de una larga lucha contra el imperio español que duró casi un siglo y le costó enormes sacrificios, América Latina se encuentra en la obligación de librar otra batalla mayor contra el poder estadounidense, que no ha renunciado a dominar el continente. El lugar elegido para hacer pública la proclama es la capital de Cuba y esto tiene un alcance simbólico pues la Isla de Cuba ejemplifica la lucha de los pueblos del Sur contra todos los demonios. En efecto, tras treinta años de lucha entre 1868 y 1898, en la guerra de independencia que fue la más larga y la más sangrienta de todo el continente, Cuba vio sus sueños emancipadores frustrados por la intervención imperial de Estados Unidos, que transformó la patria de Martí en un vulgar protectorado y en una república neocolonial. Tras sesenta años de dominación estadounidense de 1898 a 1958, el pueblo cubano realizó por fin su anhelo de una patria libre y soberana con el triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro el primero de enero de 1959. Pero inmediatamente tuvo que enfrentarse a la hostilidad del vecino imperial que no aceptaba la realidad de una Cuba soberana y la pérdida de su “fruta madura” tan codiciada. La Segunda Declaración de La Habana proclama que la lucha contra el imperialismo yanqui es un combate de toda la humanidad y de todos los pueblos, sobre todo de los más humildes, “los indios”, “los campesinos sin tierra”, “los obreros explotados”, pero también “las masas progresistas”, “los intelectuales honestos y brillantes”. América Latina debe dar el ejemplo en la resistencia a ese “Norte revuelto y brutal” que la desprecia.

La fundación del ALBA es una respuesta al ALCA, proyecto de dominación económica elaborado por Washington para penetrar en las economías latinoamericanas y supeditarlas a los intereses de las transnacionales estadounidenses. El ALCA es una ampliación de ALENA, zona de libre cambio que incluye los territorios de Canadá, Estados Unidos y México, creada en 1994, que destruyó la industria y la agricultura mexicanas, las cuales no podían competir contra los productos subvencionados procedentes del vecino del Norte. Para evitar “una profundización del neoliberalismo” promovido por el presidente Bush, lo que hundiría a América Latina en una “dependencia y subordinación sin precedentes”, nació una alternativa elaborada por Fidel Castro y Hugo Chávez. Ambos líderes, que reivindican el legado político de Bolívar y de Martí, ven el ALCA como una maniobra más de Washington para tomar posesión de las riquezas del continente pues saben, como dijera el Apóstol cubano, que “quien dice unión económica dice unión política”, y las dos Américas no tienen los mismos intereses. El ALCA tiene como objetivo impedir la independencia económica de los países del Sur y fortalecer la dependencia de los productos y financiamientos del Norte, como lo ilustra el caso de la deuda externa. Antes de proponer un modelo distinto para la Patria Grande, el ALBA se edifica primero como un baluarte de resistencia a los apetitos del coloso del Norte, que quiere seguir saqueando el continente y mantenerlo en la servidumbre, y por consiguiente rechaza “con firmeza el contenido y los propósitos del ALCA”. Para acabar con la “pobreza”, la “desesperación de los sectores mayoritarios” de América Latina, “la desnacionalización de las economías de la región” y la “subordinación absoluta a los dictados desde el exterior” nació el ALBA.

Pero para poder resistir al “Norte revuelto y brutal” y a su poder hegemónico, que quiere apoderarse de continente, es imprescindible fortalecer la unión de la familia americana que comparte las mismas aspiraciones a un mismo mejor destino y es lo que señalan los tres documentos históricos.

Sigue: “La gesta emancipadora hacia la integración de América Latina” (2/2)

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

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