En los últimos tiempos he leído varios textos en el sistema de medios privados que como embrión de futuro partido político de “oposición” empieza a surgir en Cuba, en los que se propone el ingreso de nuestro país en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo Interamericano (BID). A propósito les recomiendo estas palabras del entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia David N. Greenlee al recién estrenado Presidente Evo Morales, recogidas en un cable secreto de la embajada estadounidense en La Paz fechado el 3 de enero de 2006 y difundido por Wikileaks.

“Él también mostró la importancia crucial de EE.UU. en las contribuciones  financieras internacionales claves de las que Bolivia depende, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. “Cuando se piensa en el BID, se debería pensar en los EE.UU.”, dijo el embajador. “Esto no es un chantaje, es una realidad simple”.”

¿Es casual que publicaciones financiadas desde EE.UU. y sus aliados traten de reconducirnos en Cuba a una “realidad simple” de dependencia de la que Bolivia y otros países latinoamericanos se han desatado para beneficiar a sus pueblos?

Ángel Guerra Cabrera

La nueva ley de inversión extranjera en Cuba no entregará al capital foráneo la propiedad de un centímetro de su suelo o subsuelo ni de sus recursos naturales como acostumbran hacer los gobiernos neoliberales. Sujetará al inversionista a la legislación laboral cubana y protegerá expresamente al trabajador, que recibirá en todos los casos un salario por encima del mínimo. Protegerá al ecosistema: las inversiones deben recibir la luz verde del Ministerio de Ciencia y Tecnología y su agencia reguladora del ambiente, además de que cada una tendrá niveles altos de aprobación; por ahora del Consejo de Estado o el de Ministros.

La norma se propone captar inversión en los sectores y proyectos donde el país está urgido de capitales, mercados externos y trasferencia de tecnología, incluyendo los que impulsan la soberanía alimentaria. Por ello otorga una serie de facilidades y exenciones fiscales ya que busca lograr una asociación mutuamente ventajosa con el inversionista.

Analizar la nueva ley debe partir del hecho de que Cuba es un país verdaderamente independiente y soberano cuyo gobierno ha perseverado contra viento y marea por mantener el rumbo socialista. No es secreto para nadie que practica el antiimperialismo, la solidaridad internacional y rechaza el capitalismo.

La política económica cubana la dicta la voluntad de lograr el bienestar de su población y de no sacrificarla con ajustes como los impuestos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Cuba discrepa de los tratados de libre comercio promovidos por Estados Unidos y, en cambio, estimula y forma parte de agrupaciones como el Alba o Petrocaribe, defensoras de la independencia, la integración solidaria y la complementariedad económica entre los pueblos.

La asimilación de capital foráneo no es una novedad en la economía cubana sobre todo a partir del derrumbe de la Unión Soviética(1991). Ya se cuenta con suficiente experiencia para evitar pasados errores.

La nueva ley autoriza a invertir en Cuba a los cubanos residentes en el exterior aunque el bloqueo yanqui se los impide por ahora. Entre sus aspectos novedosos está que permite la entrada de capital extranjero en todos los sectores de la economía excepto los servicios de educación y salud y las fuerzas armadas(aunque no su sistema empresarial) así como en las nuevas zonas económicas especiales, como la de Mariel. Los cubanos residentes en la isla no están autorizados a invertir como personas naturales pero sí las cooperativas, un movimiento creciente.

Esta ley emana de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, base de lo que en Cuba se conoce como “proceso de actualización” del modelo económico; un conjunto de cambios muy profundos que está delineando una nueva fisonomía del socialismo cubano sin que pierda por ello sus esencias.

A diferencia de muchos otros gobiernos, el cubano acostumbra pedirle opinión a la población sobre cambios importantes en las políticas públicas. Los Lineamientos fueron aprobados en 2011 por el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba(PCC) después de someter el proyecto a debate popular e incluir en la reformulación del documento 395 000 opiniones de los ciudadanos.

El debate insistió en las carencias subjetivas y objetivas de la economía cubana y la necesidad de enfrentarlas con un modelo económico capaz de sustentar y elevar la calidad de las conquistas sociales y culturales de la Revolución. Entre otras de carácter objetivo se consideró el impacto sufrido en el poder de compra de las exportaciones de la isla, que entre 1997 y 2009 tuvieron un descenso de 15% en su valor debido a las fluctuaciones en los precios. Concomitante con este punto el alto endeudamiento externo. Igualmente, la persistencia del bloqueo económico de Estados Unidos, recrudecido sobre todo en el orden financiero a partir del gobierno de Obama pese a sus promesas de “un nuevo comienzo” con Cuba. Otro aspecto que debe haber influido en la valoración de la nueva ley es la descapitalización de la industria y gran parte de la infraestructura cubana a consecuencia del desplome soviético.

Cuba dispone de ventajas casi únicas en el mundo para la inversión extranjera: alta calificación de su fuerza de trabajo, envidiable estabilidad política y social y seguridad ciudadana, entre otras muy apreciadas. Pronto se conocerá la ley y su reglamentación y su impacto en el mundo de los negocios, incluyendo el de Estados Unidos.

Twitter: @aguerraguerra

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• El socialismo cubano y la inversión extranjera(I)

Sara Rosenberg

Base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla)

“EE UU pide prorrogar y ampliar su fuerza para África en Morón”  es el titular del  artículo del diario El país ( 19-enero 2014) . Las  bases militares en España se amplían, habrá más marines, más escudos antimisiles, más dinero para armas y para nuevas guerras y saqueos. La historia viene de lejos y para hacer memoria, para que las noticias se relacionen, he seleccionado algunos artículos aparecidos en el diario El país, un vocero de los intereses de la OTAN y de las grandes empresas,  que en colonias apoya y celebra la apertura de  puertas y acuerdos para continuar participando de  la política guerrera imperialista.  Un periódico que no muerde jamás la mano del amo,  pero aún así  ciertos datos son inevitables, sobre todo cuando  se relacionan.

No son suficientes las alambradas con cuchillas afiladas en las fronteras (concertinas) no, estos negros deben ser detenidos a tiros y a misil,  hay demasiados diamantes, coltan, petróleo, agua, gas, en manos de negros que son un  estorbo para la civilizada economía de las potencias occidentales.

No han bastado siglos de esclavismo, ni las masacres coloniales, ni las continuas guerras promovidas entre tribus. Los negros siguen habitando África, y ese continente es rico, no es para negros, o sea que si se amplían  las bases en España, tan cerquita de  África, de tal forma que la guerra y el exterminio sean más baratos para las grandes corporaciones,  la OTAN y el  Africom. Así es la democracia occidental y cristiana.

Esta semana pasada hubo una visita del presidente español al presidente de USA.  La prensa no registra el diálogo real, el diálogo que  se oye en ese viejo cuento de Hemingway, “Los asesinos”.  Pero este cuento no sucede en una cantina, sino en un despacho quizás oval, aunque los contenidos sean semejantes.

- En las fronteras más o menos los controlamos. Si consiguen cruzar los encarcelamos y los deportamos, otros se ahogan en la gran fosa común que es el Mediterráneo, la mayoría permanece en campamentos de frontera e intentan entrar  muchas veces sin resultado.  Las fuerzas de seguridad españolas son eficaces.  Y ahora, con sus bases en nuestro territorio y con el doble de marines que antes, la invasión y el saqueo del continente africano resultará bastante más rentable- dijo el hombre con barba canosa. Era alto, miope y tenía una sonrisa con dientes oscuros  que asomaban y se escondían con rapidez.

-El modelo libio ha dado resultado.  Nuestros hombres controlan el gobierno. El  país se ha disgregado, el nuevo orden se ha instalado y nosotros controlamos los precios  de venta de gas y petróleo. Destruido el estado, asesinado el dictador y sus  partidarios, militarizada la producción y con los fondos estatales libios en nuestros bancos, Libia es nuestra. Nosotros fijamos los precios y dictamos  las políticas. Sólo sobra la población, pero cada vez  están más controlados,  para eso tenemos un buen sistema de espionaje y muchas cárceles  modernas. Ha sido una campaña exitosa. Podría decir que la invasión ha sido un éxito.  Pero ahora nos interesa ampliar las bases en España . –El que hablaba también era alto , delgado  y  su piel oscura.

-Debo demostrar que eso es rentable. Hemos cumplido con el FMI y con todos los grandes bancos, pero como usted sabe algo hemos de hacer para tranquilizar a la población andaluza, porque tienen un índice de paro muy alto y hemos de prometer trabajo gracias a esas bases. De otra forma la oposición aprovechará – y ya lo ha hecho- para demostrar que el complejo militar no sirve para dar trabajo a la población –. Dijo el hombre barbado  y sonrió mientras bajaba un poco la cabeza.

- Eso no me preocupa ni debería preocuparle. El titular de prensa sobre esta visita será claro: Le he recomendado atender los problemas relativos al paro. Habrá más restaurantes, shows, prostíbulos; sabemos cómo manejar esos temas- . Sonrió con sus dientes blanquísimos y perfectos el hombre negro.

-El problema es que con las nuevas leyes, los trabajadores de los astilleros y de otros sectores ligados a las bases están siendo despedidos.  Hubo más de setenta despidos y usted comprenderá que continuarán.

-Se recolocarán en casinos y prostíbulos. Emigrarán. La industria militar americana no requiere mano de obra española en este momento. Debe entenderlo.

-Es lo que haremos, descuide.

Un edecán entró al despacho e indicó que lo siguieran. El almuerzo estaba servido.  Cuatro o cinco hombres esperaban alrededor de la mesa.  Eran empresarios de la industria armamentística y saludaron al hombre barbado dándole la mano en riguroso orden.  Se sentaron  en los lugares que les correspondían en la mesa.

-Ampliaremos nuestras bases militares en Rota y Morón; duplicaremos el contingente y los lazos de cooperación- dijo el hombre negro que presidía la mesa y todos aplaudieron.- La relación bilateral con España no puede ser mejor y celebro este encuentro. En España tenemos a un gran aliado, han dado prueba de  ello desde el traslado de los primeros 23 presos a Guantánamo y también con su participación en la invasión a Libia y en la lucha contra Siria.  Es hora de afianzar nuestras relaciones iniciadas con este sentido durante el gobierno del señor Aznar, en aquellos días de la guerra contra Irak y Afganistán. Abriremos nuestro mercado al jamón, los embutidos y el aceite español. Ellos nos cederán el territorio que necesitamos para nuestras bases – dijo, y todos volvieron a aplaudir.

Recuadro:  Algunos artículos de El país -(año 2004- 2007 y este último del 2104)- que juntos permiten relacionar algunos datos de este proceso colonial y colonialista:

 Compensaciones y servidumbre militar

ANTONIO YÉLAMO 17 MAY 2004

El Gobierno de la nación tiene una oportunidad de oro para cambiar la percepción realmente negativa que se tiene en Andalucía de la servidumbre militar que soporta. Su privilegiada situación geoestratégica le obliga acoger todo tipo de instalaciones castrenses, desde el único campo de maniobras anfibias existentes en nuestro país, como es el del Retín, en el término municipal de Barbate (Cádiz) hasta una de las principales bases navales como es la de Rota, enclave fundamental de Estados Unidos para proyectar su fuerza en la cuenca mediterránea. Esta realidad, lejos de suponer beneficios conlleva, sobre todo, graves limitaciones en el desarrollo de los municipios afectados ,al tiempo que genera, de forma continua, grandes incertidumbres, tal y como ahora ocurre con el personal civil empleado tanto en el recinto roteño como en la Base de Morón (Sevilla).

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25 noviembre 2007

Los primeros 23 presos que llegaron a Guantánamo salieron de Morón

Los datos del Pentágono y de Portugal revelan el vuelo de un C-141 en enero de 2002 – Aznar relajó el control de las bases en la última reforma del convenio con EE UU

• Convenio 1989
• Convenio 2002

ANA CARBAJOSA / MIGUEL GONZÁLEZ Bruselas / Madrid 25 NOV 2007

A las 13.50 (hora local) del 11 de enero de 2002, un avión C-141 Starlifter de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó en la base de Guantánamo, un pedazo de Cuba bajo control del Gobierno de Washington pero ajeno a la jurisdicción de cualquier tribunal. De su interior descendieron 23 supuestos terroristas; esposados, encadenados por la cintura y los tobillos, cubiertos por una capucha y enfundados en el mono naranja que iba a convertirse en símbolo de oprobio y desprecio hacia los derechos humanos. Eran los primeros inquilinos de un campo de prisioneros sin parangón en las sociedades democráticas, cuya puesta en marcha habría sido inconcebible sin el shock del 11-S, sólo cuatro meses antes.

El acontecimiento fue anunciado en Virginia por el secretario del Pentágono, Donald Rumsfeld. Según se dijo entonces, los prisioneros habían salido más de 20 horas antes, a las 20.30 hora local, de la ciudad afgana de Kandahar, antiguo feudo de los talibanes. La situación era tan inestable que se produjo un tiroteo en plena pista mientras despegaba el C-17 Globemaster del Ejército del Aire estadounidense en el que hicieron la primera parte del viaje.

El Pentágono había anunciado que el C-17 haría una escala intermedia. Associated Press precisó que los prisioneros fueron transferidos desde el C-17 al C-141 en “un país europeo”. No dijo cuál.

Reprieve, el despacho londinense que representa a medio centenar de detenidos en la base de Guantánamo, sostiene que ese país es España, y el aeropuerto de escala, la base de Morón de la Frontera (Sevilla).

No se trata de una mera sospecha, sino de la conclusión que se impone tras cotejar los datos que ha ido suministrando el Departamento de Defensa de Estados Unidos, siempre con cuentagotas y a requerimiento de abogados y organizaciones pro derechos humanos de su país, con los registros que también con notable retraso han ido desvelando los organismos europeos de control del tráfico aéreo. (…)

“A pesar de las declaraciones que hicieron entonces los Gobiernos europeos de que nunca enviarían presos a Estados Unidos sin garantías legales, ahora descubrimos que eso fue falso”, sostiene Clive Stafford, representante de Reprieve. “Algunos Gobiernos europeos, incluido el español, apoyaron sistemáticamente los vuelos clandestinos y los traslados ilegales a Guantánamo en el convencimiento de que nunca se conocerían”, agrega.

Lo que sí se conoce ya es la identidad de los 23 presos que pasaron por Morón. A principios de este mes, una página web difundió el manual hasta entonces confidencial del general Geoffrey Miller, el mismo que luego fue enviado a la prisión iraquí de Abu Graib para aplicar allí los métodos ensayados en Guantánamo. El manual, cuya retirada de la Red ha solicitado el Pentágono, indica que dos miembros del personal administrativo del campo pesaban y medían a los prisioneros a su llega a la base militar.

“Otros países”. Se refería a que el avión de la CIA que en enero de 2004 hizo escala en Palma de Mallorca camino de Macedonia, donde fue secuestrado el ciudadano alemán Jaled El Masri, aún no había cometido un delito cuando pisó suelo español. No puede decirse lo mismo del C-141 que salió de Morón.

En 2002, inmediatamente después del 11-S y la guerra de Afganistán, el Gobierno de José María Aznar y la Administración de Bush acordaron la reforma del convenio bilateral de defensa vigente desde 1989. Las normas que regulan las escalas de aviones estadounidenses en las bases de Rota y Morón fueron notablemente flexibilizadas, hasta el punto de que la notificación previa con una antelación mínima de siete días se sustituyó por una autorización genérica de carácter trimestral y prorrogable de forma casi automática, que ha amparado las operaciones de Irak o Afganistán.

Sin embargo, el convenio excluye expresamente de esta autorización el transporte de “pasajeros o carga que pudieran ser controvertidos para España”. Y nada más controvertido que el traslado de una persona que, según la legislación española, se encuentra secuestrada.

Convenio 1989– Artículo 25.2.Otras aeronaves operadas por o para las Fuerzas de los Estados Unidos de América podrán sobrevolar, entrar y salir del espacio aéreo español y utilizar las bases […] para el cumplimiento de misiones programadas, previa notificación efectuada al Comité Permanente con una antelación mínima de siete días hábiles al comienzo del programa.

Convenio 2002- – Artículo 25.2.Las aeronaves operadas por o para la Fuerzas de los Estados Unidos […] que no transporten personalidades, mercancías peligrosas, ni pasajeros o carga que pudieran ser controvertidas para España, pueden sobrevolar, entrar y salir del espacio aéreo español y utilizar las bases de acuerdo con una autorización general de carácter trimestral.

                                                                      ***

19 de enero 2014 

EE UU pide prorrogar y ampliar su fuerza para África en Morón

El Pentágono quiere aumentar en al menos el 50% la unidad de 500 marines

La extensión plantea dudas sobre si debe ser aprobada por el Congreso

• Rota recibe al ‘escudo antimisiles’

MIGUEL GONZÁLEZ Madrid 19 ENE 2014 – 21:30 CET

Estados Unidos ha pedido a España prolongar un año más y ampliar en al menos un 50% la Fuerza de Respuesta para Crisis en África formada por 500 marines y estacionada desde abril del año pasado en la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), según fuentes gubernamentales. La petición estuvo sobre la mesa de la delegación española que la semana pasada visitó la Casa Blanca encabezada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La prórroga y ampliación de esta fuerza plantea un problema de fondo: hasta qué punto se puede considerar temporal una presencia militar que se prolongará por un mínimo de dos años. Es precisamente este carácter temporal el que permite al Gobierno aprobarla sin modificar el Convenio bilateral de Cooperación para la Defensa de 1988 y, por tanto, sin pedir la aprobación del Parlamento.

El propio presidente norteamericano, Barack Obama, en su comparecencia con Mariano Rajoy en el Despacho Oval, el pasado lunes, se refirió genéricamente al asunto. “La cooperación en materia de seguridad entre EE UU y España nunca ha sido tan fuerte”, dijo. “He agradecido al primer ministro y a su Gobierno, así como a la oposición en España, por el apoyo que han dado a nuestro trabajo conjunto, incluso albergando algunas de nuestras operaciones e instalaciones militares, lo que nos ha permitido proteger nuestras embajadas y afrontar asuntos de contraterrorismo. Esperamos seguir mejorando y profundizando lo que es ya una relación muy fuerte”.

La prórroga de un año se solicitó en la visita de Rajoy a la Casa Blanca

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 19 de abril un acuerdo por el que autorizaba el despliegue “de una fuerza compuesta por 500 infantes de Marina y ocho aeronaves” (dos aviones de reabastecimiento en vuelo KC-130 y seis aviones V-22 Osprey, que pueden operar como aeronaves de ala fija o helicópteros) “en el marco de operaciones de respuesta a situaciones de crisis en África para proteger ciudadanos, instalaciones y personal designado de este país”.

MÁS INFORMACIÓN

La decisión de desplegar esta fuerza en Morón se produjo a raíz del ataque al consulado estadounidense en Bengasi (Libia), en septiembre de 2012, ante la necesidad de dotar al Mando de Estados Unidos para África (Africom), con base en Stuttgart (Alemania), de una fuerza de reacción rápida. Desde su llegada a Morón, los marines se han desplegado varias veces en la base italiana de Sigonella, preparados para intervenir en Libia, y en diciembre pasado fueron enviados a Yibuti, en el Cuerno de África, después de que un avión militar estadounidense resultase atacado cuando realizaba una misión de rescate en Sudán del Sur.

Ante la inestabilidad que domina buena parte del continente Africano —de Malí a Somalia, de Libia a Egipto—, Washington quiere prorrogar un año más la presencia de esta fuerza en Morón e incrementar su volumen. Aunque aún no hay petición formal, la cifra final podría estar entre 750 y 900 militares.

La autorización vigente se dio al amparo del artículo 22 del convenio, que permite a EE UU destacar temporalmente en España hasta un máximo de 900 marines. Fuentes diplomáticas admiten, no obstante, que este artículo estaba previsto para situaciones puntuales que se prolongasen unos meses —como fue el conflicto de Libia, en 2011, esgrimido por el Gobierno como antecedente—, no para alargar su aplicación durante años.

Además, esta autorización extraordinaria no conlleva un control real de las misiones que hacen los marines desde Morón. “¿Qué operaciones [realizan]? No se lo puedo decir porque no han venido para determinadas operaciones, han venido para contingencias que puedan ocurrir”, admitía el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, el 19 de junio en el Congreso. “De manera que no va a haber un control de las operaciones, porque no corresponde, […] pero va a haber la comunicación fluida que hay a diario […] y se va a conocer que las operaciones se sujetarán como es lógico a la petición que se formuló”.

Lo más incómodo para el Gobierno español es que la llegada de los 500 marines no ha supuesto más empleo para Morón. Al contrario. La empresa que presta servicio a las tropas de EE UU anunció en septiembre del año pasado el despido de 66 trabajadores.

Rota recibe al ‘escudo antimisiles’

El USS Donald Cook, el primero de los cuatro destructores de la clase Arleigh Burke que integrarán el componente naval del escudo antimisiles, llegará a la base naval de Rota (Cádiz) el próximo 11 de febrero.

El USS Donald Cook, con 154 metros de eslora y 20,4 de manga, navega ya con sus 338 tripulantes procedente de la que hasta ahora era su base: Norfolk (Virginia). El segundo buque (el USS Ross) llegará en junio y los dos restantes (USS Porter y USS Carney) en 2015. En total serán unos 1.100 marineros, con sus familias, quienes se instalarán en la base gaditana.

Los cuatro buques, dotados con el sistema de combate Aegis y con misiles SM-3, dependerán del mando naval de Estados Unidos para el Mediterráneo, con base en Nápoles (Italia). Su misión principal, aunque no la única, será patrullar el Mediterráneo oriental e interceptar, con ayuda de los radares ubicados en Turquía y Polonia, un hipotético ataque de países como Irán.

La Armada asegura que Rota está preparada para albergar a sus nuevos huéspedes (en los últimos años han sido renovados sus tres antiguos muelles y se ha construido un cuarto, por 160 millones de euros) y espera obtener beneficios del adiestramiento conjunto y del uso compartido de las instalaciones.

El mantenimiento de los destructores ha sido adjudicado a la empresa Navantia por 190 millones, pero parte del mismo se hará en la propia base. Las fragatas F-100 de la Marina española están dotadas también del sistema Aegis, pero la Armada considera “prohibitivo económicamente” dotarlas de la capacidad contra misiles balísticos.

El despliegue en España del componente naval del escudo antimisiles de la OTAN fue acordado en 2011 por el anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, y ratificado por Mariano Rajoy.

Al contrario de lo sucedido en Morón, la llegada de los cuatro buques a Rota obligó a aprobar una modificación del convenio que entró en vigor en mayo. Con ambos refuerzos, España se convierte en punta de lanza de la presencia militar estadounidense en Europa.

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Carlos Fernández Liria

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.

Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (² ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.

Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.

Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (⁵ ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.

Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.

Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.

Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.

Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.

Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.

La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.

La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.

El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.

Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.

Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.

1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.

*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla

Carlos Fernández Liria

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.

Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (² ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.

Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.

Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (⁵ ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.

Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.

Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.

Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.

Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.

Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.

La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.

La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.

El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.

Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.

Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.

1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.

*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla

Ángel Guerra Cabrera

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inauguró la 68. ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

América Latina resplandeció en la primera jornada de la 68 Asamblea General de la ONU. Frente a un Obama de retórica más altanera y belicosa mientras más cuenta se da de la irreparable decadencia del imperio estadunidense, varios líderes latinoamericanos subrayaron con sus palabras que la segunda independencia de América Latina y el Caribe ha llegado para quedarse.

Obama insistió en que su país debe continuar involucrándose en los conflictos internacionales, “por nuestra propia seguridad y porque creo que al mundo le irá mejor (…) Estados Unidos es excepcional, en parte porque hemos demostrado nuestra voluntad sacrificando sangre, no solo por nuestros intereses sino… por los intereses de todos”.

Mayor cinismo imposible. Así lo vio Evo Morales: “Obama, viene a mentir a la ONU, habla de libertad, justicia y paz cuando… tiene bases militares por todo el planeta e interviene en países para apoderarse de sus recursos… ¿Cuántos tratados sobre derechos humanos ha ratificado Estados Unidos?”, comentó en vista de la negativa de la curiosa negativa de la potencia a suscribirlos. “¿Se respetan las resoluciones(de la Asamblea General de la ONU) sobre el bloqueo económico a Cuba?”.

El inquilino de la Casa Blanca continuó el intento de justificar las sangrientas intervenciones yanquis: “la soberanía no puede ser la excusa para que los tiranos asesinen, o que la comunidad internacional se haga de la vista gorda”.

Pero no pudo responder a las durísimas imputaciones que minutos antes y desde la misma tribuna le hizo Dilma Rouseff, que acusó a Washington de violar la soberanía de Brasil y el derecho internacional mediante acciones de espionaje contra su gobierno, empresas brasileñas y contra ella misma. Por ese motivo ya había cancelado la semana pasada en términos igual de enérgicos su visita de Estado a Estados Unidos.

Dilma planteó la necesidad de impedir que Internet se convierta en un nuevo campo de batalla, de sabotajes y ataques a otros países y propuso crear un nuevo sistema legal global que gobierne a la red bajo la supervisión del organismo internacional. Deberá garantizar –dijo- la “libertad de expresión, la privacidad de los individuos y el respeto a los derechos humanos y la neutralidad de la red, basada únicamente en criterios técnicos y éticos”. La propuesta arrebataría a Washington y sus transnacionales el control autoritario que hoy tienen de Internet, aunque Brasil trabaja hace meses en la creación de una telaraña regional gobernada por Unasur que evitaría la transferencia de datos a través de la potencia del norte.

Cristina Fernández había apoyado el día antes la actitud de su par brasileña ante el espionaje informático al visitarla en su hotel de Nueva York y lo relacionó con “otros hechos condenables”, como los recientes problemas que tuvieron el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, para sobrevolar con sus aviones algunos países. Las mandatarias prefirieron trabajar juntas a asistir a la cena de gala ofrecida a esa misma hora por Obama a los jefes de Estado y gobierno asistentes a la reunión.

En su turno en la ONU, Cristina arremetió contra el orden financiero internacional que permite la existencia de fondos buitres, los que apoyados por sentencias espurias de jueces estadunidenses pretenden cobrar a Argentina mil setecientos millones de dólares de créditos sobre bonos de deuda comprados en su momento por 40 millones. A menos –dijo- que se quiera escarmentar a Argentina porque pudo salir del pozo… sin atenerse a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Tras condenar cualquier intento de intervención militar o bombardeo como el que se pretendía contra Siria y apoyar el acuerdo ruso-estadunidense sobre las armas químicas en ese país criticó al Consejo de Seguridad de la ONU en su forma actual que se ha demostrado “absolutamente obsoleto”, no solo en la cuestión siria sino en otros incidentes contra la paz en el mundo.

Poético y en sintonía con Evo, Dilma y Cristina, el presidente uruguayo Pepe Mujica afirmó: “Soy del Sur… Cargo con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, páramos, selvas, pampas y socavones de la América Latina, patria común que está haciéndose… Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica que no hace otra cosa que generar desconfianza”.

Twitter: @aguerraguerra

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Ángel Guerra Cabrera

Foto: Santiago Armas/Presidencia de la República de Ecuador

El 17 de febrero hay elecciones generales en Ecuador y todo indica que el presidente Rafael Correa conseguirá una reelección aplastante sin tener que ir a segunda vuelta. Será su sexta victoria consecutiva en consultas populares desde que ganó por primera vez la presidencia en 2006, revalidada en 2008 con posterioridad a la Asamblea Constituyente.

Correa ha cumplido sus principales promesas de campaña en su primer mandato al iniciar el desmantelamiento de las políticas neoliberales y mejorar las condiciones de vida de la población, programa que ofrece profundizar. Mientras el resto de los candidatos, sean de derecha o se proclamen de izquierda, no han podido formular propuestas capaces de convencer.

Economista y académico, atrajo la atención nacional como ministro de economía al mostrar su reticencia a la firma de un TLC con Estados Unidos, chocar con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional e intentar establecer una importante cooperación con Venezuela. La desaprobación de esta conducta por el presidente Alfredo Palacios lo llevó a romper con su gobierno y a fundar el movimiento Alianza PAIS con el que obtuvo la presidencia y ha gobernado desde entonces.

Su llegada al Palacio de Corondelet fue fruto de un intenso ciclo de luchas populares contra las políticas neoliberales, destacadamente los pueblos indios(30 por ciento de la población), que derrocó a tres presidentes neoliberales. Se inscribe entre los decisivos procesos de cambios políticos y sociales operados en América Latina y el Caribe, conducentes a una promisoria corriente de unidad e integración expresada en la creación de la Alba, Unasur y la Celac. Nuestra región ha sido en las dos últimas décadas el escenario más trascendente a escala internacional de las luchas antineoliberales y es hoy políticamente la más independiente del planeta.  Correa ha sido uno de los puntales principales de este proceso y ha defendido con singular valentía la soberanía ecuatoriana frente al imperialismo. Profundamente solidario, no acudió a la Cumbre de las Américas de Cartagena debido a la ausencia de Cuba y a que no apoyaría el derecho argentino a las Malvinas.

En cumplimiento de sus promesas de campaña convocó a la Asamblea Constituyente, ruptura con el ordenamiento oligárquico que hizo de Ecuador un Estado plurinacional y recogió las demandas fundamentales del movimiento indígena y popular, entre ellas la valiosísima filosofía del Vivir bien. Puso fin a la presencia militar de Estados Unidos en la base de Manta,  estableció la cooperación con Venezuela en materia de hidrocarburos, que ha significado un ahorro importante. No sólo no firmó el TLC con Washington sino ingresó a la Alba e impulsó la integración regional, realizó una auditoria de la deuda externa que permitió ahorrar miles de millones de dólares y dedicarlos a la inversión pública y al gasto social.

Según datos de la Cepal, Ecuador ha abatido la pobreza sostenidamente durante el gobierno actual y sólo en 2012 la redujo del 37.1 al 32.4 por ciento. El presupuesto educacional se ha incrementado de 2.5 por ciento del PIB en 2006 hasta alcanzar 6 por ciento en 2013, uno de los más altos de la región. Kishore Singh, relator de la ONU para la educación calificó de “momento histórico” el que vive Ecuador en este campo y añadió que de no tener una política en educación hasta 2006 la nación andina “ahora tiene una misión nacional de educación que se ha convertido en la prioridad más alta del gobierno”.

La inversión en salud ha escalado de 561 millones de dólares en 2006 a 1774 millones en 2012, equivalente a 6.8 por ciento del PIB. En colaboración con Cuba se producen medicamentos genéricos distribuidos gratuitamente. La actual administración ha creado un programa integral de atención a la población con capacidades diferentes que es un referente internacional.  En Ecuador los ricos pagan impuestos y la recaudación se duplicó entre 2006 y 2010.  Los créditos a la vivienda suman cientos de millones de dólares y el bono de desarrollo humano se ha más que duplicado en cantidad y ampliado considerablemente su alcance.

La economía ha crecido como pocas en la región con una política anticíclica, fuerte aumento de la inversión pública, intervención estatal y una considerable elevación de su participación en la renta petrolera. Son logros tangibles, concretos, innegables, que han ganado el apoyo popular y elevado el prestigio de Ecuador y de su presidente en nuestra región y en el mundo.

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Eduardo Mora Basart

Víktor Yuschenko y Yulia Timochenko, los favoritos de Occidente en Ucrania durante la "Revolución naranja"

En la actualidad, los ucranianos se desentienden de grupos políticos que nunca han respondido a sus expectativas. Como sentenció Zbigniew Brezezinski en la obra El gran tablero de ajedrez: “Sin Ucrania, Rusia deja de ser un imperio en Eurasia”. Los hilos de las llamadas revoluciones de color  fueron movidos por  Estados Unidos, maniobras vertebradas según la obra del politólogo estadounidense Gene Sharp -bautizado como el “Maquiavelo de la no violencia” – De la Dictadura a la Democracia. 

La arremetida de alrededor de dos mil manifestantes contra el parlamento ucraniano -soportada a duras penas por las fuerzas antimotines allí emplazadas – es la respuesta a las políticas de ajuste exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar el déficit fiscal de un país  donde el Producto Interno Bruto (PIB) sufrió estrepitosas caídas desde un 30 hasta un 15,1 % en el período 2008 – 2009.  El pasado mes de julio miles de personas también se lanzaron a las calles, exigiendo el cese de una reforma fiscal que afectó las pensiones de los veteranos de Afganistán y  de los voluntarios de Chernóbil, además de elevar  la edad de jubilación –de 55 a 60 años en las mujeres -, en medio de un descenso de la esperanza de vida -68 años en la actualidad -, y un decrecimiento promedio anual de su población de 400 mil personas. Según datos de la coordinadora de Naciones Unidas en la ex república soviética, Ruken Tekes Calikusu, más del 40% de los ucranianos son indigentes –una de cada tres familias – y un 14,7% de ellos vive en una situación de extrema pobreza. Las pensiones y los salarios son los más bajos de Europa, mientras  los precios experimentan un constante aumento.

En Europa, después de un evidente agotamiento, el paradigma neoliberal pretende ser revivido, como garante para la salida de una crisis que se expande de forma epidémica. Durante la recién finalizada Cumbre del G – 20 en Cannes, la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner aseguró: “Vivimos en medio de un anarco capitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie”, y donde el FMI es propugnado por los centros de poder como la gran esperanza a corto plazo. El viejo continente constituye el nuevo escenario para sus incursiones depredadoras,  arremetiendo contra Hungría, Letonia, Rumania, Moldavia, Italia, Grecia, Islandia o la propia Ucrania, carcomidas por las mismas recetas neoliberales impuestas a los países del sur después de la crisis de 1982 y que llevaron al abismo a la economía mundial.

Las llamadas “revoluciones de colores” fueron diseñadas y apoyadas por Estados Unidos para desencadenar un viraje hacia la Unión Europa y debilitar la influencia rusa en la región. La obra “De la Dictadura a la Democracia” del politólogo estadounidense Gene Sharp – el “Maquiavelo de la no violencia” – les sirvió de plataforma.  La “Revolución Naranja” – Ucrania 2004 – depuso al Gobierno constitucional de Víctor Yanukóvich, golpe rechazado cinco años después por el pueblo ucraniano.  Viktor Yushchenko se convirtió en el hombre de occidente (1). Si analizamos sus fondos de campaña, el 60 % – 16 millones -, provenían del Banco Mundial, La Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), El Departamento de Estado, The National Endowment for Democracy y La Fundación Vidrodzhenia (Renacimiento), patrocinada por el multimillonario Georges Soros. El show electoral llegó a extremos de acusar a la oposición de intentar envenenar a Yúschenko, algo cuya falsedad fue demostrada. El diario ruso Izvestya apuntó: “La imagen de mártir de Yúschenko se impone a la sociedad con fines  exclusivamente electorales […] Lo indicativo es que la investigación terminó  vísperas de la promulgación de un programa electoral de su autoría” (2)

Durante su mandato Yuschenko  se trazó dos objetivos claves: el ingreso a la OTAN –aunque sólo contaba con el apoyo del 20 % de los ucranianos – y desarrollar una furibunda escalada contra Rusia. Para contribuir a ello ofreció a Ucrania para crear un escudo antimisiles, suministró – a instancias del Pentágono – armamento a Georgia para su enfrentamiento a Rusia en agosto de 2008, provocó interminables “guerras del gas” interrumpiendo su paso desde Ucrania hasta Europa, intentó expulsar a la flota rusa ubicada en la base de Sebastopol – Crimea – del Mar Negro, aún cuando ambos países tenían rubricado un contrato hasta el 2017. Una de las estrategias de occidente fue la conformación de un bloque entre Georgia – Revolución de las rosas 2003-, Ucrania –Revolución naranja 2004 -, Azerbaiyán y Moldova – Revolución Twitter 2009 (fracasó) – que posibilitara articular un corredor para la transportación del gas, desde el Mar Caspio hasta Europa excluyendo a Rusia. Durante el gobierno de Víctor Yuschenko y Yulia Timoshenko –catalizadores en la implantación de las recetas neoliberales – se acentuó la corrupción, el  descontento, la lucha por el poder entre los grupos oligárquicos y la apatía política. Las opiniones positivas sobre la transición del unipartidismo al multipartidismo – según Pew Research International – han disminuido desde un 72% en 1991 hasta un 30 % en la actualidad.

La llegada del actual presidente Víctor Yanukóvich al poder significó para muchos analistas el colapso de la geopolítica de la postguerra fría en la región, al derrotar al “cerebro de la revolución naranja” –– Yushchenko – y a su entonces aliada – en este momento enemiga – la primera ministra Yulia Tymoshenko.  En pleno mandato de Yushchenko las presiones de Estados Unidos sobre la Unión Europea habían sido insatisfactorias. La UE se opuso en la reunión Cumbre de Budapest -3 de abril del 2008 – a la entrada de Ucrania y Georgia en la OTAN. La propuesta fue rechazada por Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica, Los Países Bajos y Luxemburgo. La relación bilateral UE-Ucrania y la conclusión del acuerdo de asociación – a aprobarse en diciembre – fueron cuestionadas, objetando la sentencia impuesta a la primera ministra Yulia Tymoshenko – juzgada y condenada a siete años de prisión por los contratos gasíferos con Rusia – quien es la principal carta de occidente en el escenario ucraniano actual.

El Fondo Monetario Internacional aprobó una ayuda  para Ucrania en el 2008  de 16400 millones de dólares. La organización financiera internacional suspendió las entregas en 2009, siendo la última en julio de ese año. El entonces Director General del Fondo Monetario Internacional Dominique Strauss – Kahn vetó la entrega de la “ayuda” al aprobarse  un aumento salarial del 20 % por el entonces presidente Viktor Yushchenko. Para Strauss – Kahn, fueron violados los objetivos fijados por el FMI, que exigían presupuestos austeros y la privatización de los servicios públicos, medidas que constituyeron catalizadores de la debacle financiera en los países del este.

La situación económica de Ucrania se torna grave, con un  déficit del fondo de pensiones de 65.000 millones de grivnas – alrededor de 8105 millones de dólares. Las bajas tarifas de los servicios comunales – orgullo para las autoridades del país – llevaron al colapso, y en la actualidad, el gobierno enfrenta  la necesidad de un aumento significativo de ellas. El precio de la electricidad en los hogares ucranianos subió un 139% – un 100% en enero y un 39% adicional en agosto de 2011-, mientras el FMI presiona para que se eleve el precio del gas –ya fue aumentado en un 20 % el 1 de septiembre del 2009 – hasta un 50 %. Realiza además grandes presiones sobre el gobierno para  que la fábrica química de fertilizantes de Odessa sea privatizada, aún cuando tiene una importancia estratégica para ese país, al igual que el sector bancario.

En medio de la actual crisis económica, las promesas de la vieja Europa siguen siendo incumplidas y las recetas del FMI sólo acentúan la dependencia a esa organización financiera internacional. El primer ministro de Ucrania Serguei Tiguipko, en entrevista concedida el pasado 18 de octubre al diario Día señaló, que si Ucrania sigue recibiendo de la Unión Europea señales inequívocas y negativas, aumentaría la posibilidad de que se reoriente junto con Rusia, Kazajstán y Bielorrusia hacia la Unión Aduanera, base de una futura Unión Euroasiática. Muchos se preguntan: ¿Se unirá Kiev a Moscú, o Bruselas le abrirá las puertas a la Unión Europea?

Los actuales modelos económicos – de evidente tendencia asimétrica – vuelven a centrarse en las políticas neoliberales que transitan desde posiciones reformistas a un contrarreformismo sustentado en las mismas recetas de endeudamiento, recortes sociales, privatizaciones – ahora con mayor énfasis en el sector bancario – diseñadas por el 1% pero que descansarán sobre los hombros del 99 %. Como legó Thomas Hobbes, la libertad sólo es admisible en el capitalismo mientras no se oponga a la consecución de los intereses del capital cuyos hilos manejan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, las tristemente célebres  instituciones de Bretton Woods, cuyas políticas de “armonización monetaria y cambiaria” mantienen entre la espada y la pared a naciones como Ucrania.

Notas:
1. Su esposa Khaterine Chumachenko – estadouniense de origen ucraniana – trabajó en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca.
2. Ver artículo completo en “Yushchenko no fue envenenado”  http://actualidad.rt.com

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Juan Gelman

Las víctimas de Strauss-Kahn y la institución que presidía -el Fondo Monetario Internacional- suman miles de millones de personas, mucho más allá de la trabajadora que lo acusa de delitos sexuales.

Sin embargo el escándalo mediático no se ocupa de las mayorías a la que la institución de cuello blanco le ha convertido la vida en una pesadilla, muchos menos se ocuparán los tribunales del Primer Mundo. Así lo expone este video de los colegas de Cubainformación, basado en un  texto de Eric Toussaint que publicamos en La pupila insomne.

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