Wikileaks: La memoria del vocero

 
Iroel Sánchez
Manifestantes a favor de Bradley Manning

Manifestantes a favor de Bradley Manning

El pasado octubre, a raíz de las revelaciones de Wikileaks, llamamos la atención sobre el extraño silencio de los voceros del gobierno norteamericano, cuya función consiste precisamente en hablar. Varios meses después, cuando el dossier de barbaridades made in USA, divulgadas por el sitio de filtraciones, casi ha dejado de sorprendernos, tenemos noticias de uno de los voceros en relación con el tema.

No fueron las masacres de periodistas, de niños, o de civiles inocentes, las que han hecho abrir la boca para que asome la verdad en las oficinas de prensa en Washington, sino el trato a quien se sospecha que filtró los materiales a Wikileaks: el soldado Bradley Manning. El vocero del Departamento de Estado, Philip J. Crowley dijo, durante conferencia en una universidad: “Lo que le está sucediendo a Manning es ridículo, contraproducente y estúpido y no sé por qué lo está haciendo el Departamento de Defensa. Aun así, Manning se halla en el lugar adecuado”.

Crowley se refería a la denuncia, realizada por el abogado de Manning, sobre el trato a su defendido, que es obligado, entre otras cosas, a dormir y comparecer desnudo ante sus carceleros; algo que el presidente Barack Obama ha calificado como “dentro de los estándares”.

Poco después de sus opiniones sobre Manning, Crowley emitió una declaración en la que afirmó: “Dado el impacto de mis comentarios, por los que asumo toda responsabilidad, he presentado mi renuncia al cargo de subsecretario de Relaciones Públicas y portavoz del Departamento de Estado”.

El señor Crowley no dijo que el trato a Manning era “injusto, cruel, e inhumano”, sólo se refirió a lo “contraproducente” de tales métodos para su propio gobierno. Quizá sea el momento de recordar al ahora renunciante vocero y a sus jefes  lo que declaró Philip J. Crowley hace apenas un año – en medio de una campaña mediática plagada de mentiras y atizada desde Washington- con respecto al gobierno cubano: “tiene responsabilidades fundamentales bajo la ley internacional de cuidar a sus ciudadanos, incluyendo a aquellos que se encuentren bajo custodia, y deben cumplir con sus obligaciones”.

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