Los debates de hoy sobre nuestra economía giran en torno a una enorme variedad de temas particulares y de decisiones reales o posibles, y todos se pueden ver desde una perspectiva de corto plazo (las consecuencias inmediatas y locales de cada decisión) o desde una perspectiva a mediano plazo (hacia donde nos lleva la acumulación de decisiones de uno u otro tipo).
No deberíamos caer en la trampa de que decisiones aparentemente racionales para un problema concreto y en un lugar concreto, nos desvíen de la ruta hacia el tipo de sociedad humana que queremos construir en Cuba. Nuestros adversarios, y sus seguidores (por perversidad o por ingenuidad) nos empujan precisamente hacia esa trampa.
En la base de todo lo que discutimos están, más visibles o menos, dos cuestiones esenciales: la propiedad y la distribución de la riqueza. Ahí está la brújula para orientarnos en cada polémica.
La Constitución de la República de Cuba, que aprobamos los cubanos en el año 2019 con más del 86% de votos positivos, dice en su Artículo 18: “En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad”. E insiste en su Artículo 30 en que: “ La concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además, una cada vez más justa redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social”.
No estamos diciendo nada extraño. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que emergió en 1789 de la Revolución Francesa decía esto en su Artículo 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.” Así, una estratificación social que no responda al interés común es ilegítima desde hace más de 200 años.
Pero el capitalismo, algunos de cuyos personajes esgrimen fuera de contexto los derechos humanos, ha incumplido colosalmente esa promesa. El siglo XIX presenció un aumento sostenido de las desigualdades, incluyendo las guerras coloniales y la esclavitud, y luego en el siglo XX, después de un breve intento socialdemócrata de marchar en dirección de la justicia social, las doctrinas neoliberales justificaron a partir de 1980, una nueva expansión de las desigualdades.
En las principales economías capitalistas, mientras que la fracción de los ingresos que captura el 10% más rico de la población crece continuamente, el ingreso del 50% más pobre ha bajado, desde un 25% del ingreso en 1980 a un 15% en el momento actual, y cerca de un 10% en la sociedad hiper-capitalista de los Estados Unidos. El 10% más rico recibe 19 veces más ingreso que el 50% “de abajo”, y la tendencia sigue. La parte de los ingresos que recibe el 10% más rico de la población es 48% en los Estados Unidos, 56% en Brasil, 64% en el Medio Oriente (datos de T. Piketty: Capital e Ideología. Ediciones Seuil, Paris, 2019)
Más socialmente peligroso aun es que la desigualdad económica se traslada hacia desigualdad educativa. La probabilidad de ingreso de un joven norteamericano a la educación superior crece linealmente con la riqueza económica de los padres.
La conclusión es muy evidente: el capitalismo automáticamente genera desigualdades sociales, arbitrarias e insostenibles.
Es la propiedad social sobre los medios de producción, y el protagonismo del Estado en la economía, la única garantía posible de la redistribución justa y permanente de la riqueza, y de las capacidades de inversión social. Necesitamos un sector estatal fuerte, y con esas capacidades.
¿Cómo lo creamos y desarrollamos? En los años 60 el sector estatal de la economía creció rápidamente mediante las nacionalizaciones revolucionarias de las empresas capitalistas. El sector estatal de la economía no surge espontáneamente de la operación de las fuerzas del mercado, ni de la racionalidad empresarial de corto plazo. Hay que crearlo “revolucionariamente”. Así lo hicimos en Cuba en los años 60s. También Méjico (1938) y Venezuela (1975) en su momento nacionalizaron el petróleo, y Chile (1969), el cobre. También en Europa hubo una importante ola de nacionalizaciones en la etapa 1950-1970, que creó un amplio sector público en las economías. Luego la ideología neoliberal a partir de la década de los 80s levantó las banderas de la privatización de todo.
En Cuba resistimos. Pero ahora tenemos que plantearnos con energía y sabiduría de qué manera continuamos desarrollando nuestras empresas estatales.
Ya no tenemos nada más que nacionalizar. Nuestro parque empresarial propiedad de todo el pueblo tiene ahora que seguirse desarrollando mediante la creación de nuevas empresas estatales, y entre ellas, especialmente las empresas de base tecnológica, es decir, aquellas que se dedican al desarrollo y explotación comercial de innovaciones tecnológicas, innovaciones que obviamente contienen incertidumbres.
Si aspirásemos a una tasa de natalidad de nuevas empresas de un 10% (lo cual no es extraordinario en países de economías técnicamente avanzadas) entonces, y dado que tenemos algo más de 1700 empresas estatales, deberíamos estar creando algo más de 170 empresas estatales nuevas cada año. No es una “meta”, y sería superficial asumirla como tal, pero es un punto de referencia en la dinámica empresarial.
Muchas de esas empresas, especialmente aquellas de base tecnológica, serán empresas pequeñas, pero también deben ser estatales, y muchas de ellas deberán emerger de colectivos científicos y tecnológicos que hoy están en el sector presupuestado, por ejemplo, en universidades y centros científicos.
Fue así precisamente que surgieron en los 80s las que hoy son las empresas de la Biotecnología, y también fueron pequeñas y medianas al inicio.
Pero es un proceso que no surge de las lógicas económicas de corto plazo. Requiere voluntad política, compromiso revolucionario y diseño estratégico. Y también el coraje para asumir riesgos.
Hacer nacer un sector empresarial de alta tecnología, dinámico por la creación de empresas nuevas, y propiedad socialista de todo el pueblo, es una tarea hermosa y retadora para los jóvenes científicos y tecnólogos de hoy, y para los jóvenes empresarios del socialismo cubano. Como las nacionalizaciones de los 60s, es algo que hay que hacer “revolucionariamente”.
Habrá obstáculos, seguro que los habrá. De obstáculos en el camino habló Martí en su ensayo “A la raíz” (1893) y dijo esto: “Y a lo que estorbe, se le ase del cuello como a un gato culpable, y se le pone a un lado”.
Agustín Lage Dávila
Centro de Inmunología Molecular
Muy importante reflexión de Agustín pues la decisión de que puedan haber pequeñas y medianas empresas privadas no puede hacernos perder el rumbo socialista.
La manera en que se creó el Frente Biológico que perrmitó llegar a la pujante industria de alta twcnología que tenemos hoy debe servir de ejemplo para los nuevos desarrollos.
Hay que hacer ajustes en la estructura estatal para ello.
El Presidente ha dado una gran prioridad a la innovación tecnológica y corresponde crear la estructura para impulsar eso.
Es hora de crear el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Desarrollo Tecnologico que tenga como misión poner toda la inteligencia del país en función de lo planteado por Agustín.
Me siento muy satisfecho al leer lo que plantea Agustin, ojala en la practica veamos lo dicho…pero, “…Requiere voluntad política, compromiso revolucionario y diseño estratégico. Y también el coraje para asumir riesgos.”, ya lo dijo un viejito en el siglo 19, somos el resultado de las relaciones que establecemos para producir algo (bienes, servicios y conocimientos), estas relaciones pueden frenar o impulsar el desarrollo y solo tenemos que permitir (controlando) lo que se le permite al privado y lo estatal será eficiente.
Gracias, Saludos