“Cumbre por la democracia” y las nuevas armas del imperio. Por William Serafino

Los días 9 y 10 de diciembre tuvo lugar la denominada “Cumbre por la Democracia” (Summit for Democracy), un evento en línea patrocinado por la administración Biden enmarcado en un nuevo intento de reflotar la hegemonía global del imperio, debilitada desde hace varios años por una arquitectura policéntrica de actores internacionales de distinto tamaño, influencia y alcance geopolítico, con China y Rusia a la cabeza, que ha provocado el colapso definitivo de la era de dominio unipolar estadounidense.

Más allá del producto retórico de la cumbre en sí misma, y de las consecuencias no menores de su cruzada ideológica al estilo de la Guerra Fría, los movimientos laterales e indirectos de la maquinaria burocrática del imperio  describen una nueva fase de planificación y ejecución de los dispositivos de cambio de régimen y guerra asimétrica desplegados a escala global, donde ahora se incorporan otras tecnologías de coerción y presión envolvente con un elevado grado de sofisticación, extensión e impacto sobre los diversos planos de las comunidad mundial, entendida como la interacción compleja entre Estados, sociedades y universos culturales y normativos.

La Cumbre: ¿Qué es y qué no es?

El encuentro, según se desprende de la página oficial ^[1] del Departamento de Estado, tiene como objetivo reunir a “líderes de gobierno, la sociedad civil y el sector privado para establecer una agenda afirmativa para la renovación democrática y hacer frente a las mayores amenazas que enfrentan hoy las democracias a través de la acción colectiva”.

Pese a la difusión que se le ha dado desde la órbita informativa occidental, se trata de una reunión de carácter informal, no vinculante en sus conclusiones finales y con un reducido, por no decir inexistente, impacto práctico a la hora de establecer obligaciones para los Estados que han decidido participar. En definitiva, del encuentro no se desprenderán acuerdos de obligatoriedad en términos formales, por lo que el nombre de Cumbre ya es, en sí mismo, un juego publicitario.

De una forma bastante abstracta, los principales temas planteados en la agenda fueron la corrupción, la defensa de los derechos humanos y el autoritarismo, tres tópicos amoldados a los recursos narrativos de poder blando del Partido Demócrata y a su esquema de injerencia indirecta basado en “valores universales” y de “sentido común”, tan ampliamente utilizados en las revoluciones de colores y movimientos insurreccionales desde la década de los 90 en adelante.

El presidente Joe Biden, anfitrión de la Cumbre, entiende la reunión como su primer gran evento de impacto internacional luego de su irrelevante participación^[2] en la última Asamblea General de Naciones Unidas y en la más reciente cumbre del G7 en Reino Unido, opacada por el conflicto entre las potencias europeas y las dificultades para llegar a consensos sólidos^[3].

La imagen del mandatario se ha ido a pique a medida que los deslices verbales y sus ya bien conocidos momentos de desorientación en eventos públicos han generado dudas razonables sobre sus facultades para ejercer el cargo. Frente a esto, la reunión podría ofrecerle una válvula de oxígeno temporal para cerrar el año con una proyección pública menos debilitada, mostrando cierta musculatura geopolítica al congregar a más de la mitad de la comunidad de Estados vigente, con el peso de la derrota en Afganistán sobre los hombros.

En términos de política internacional, la Cumbre le proporciona a Biden una oportunidad para marcar una ruptura con el aislacionismo del periodo Trump y promocionar, al mismo tiempo, su supuesto regreso a la dinámica multilateral enmarcado en el “America is back”^[4], intentando con ello reparar el deterioro del sistema de alianzas tradicional del imperio que produjo su antecesor.

La idea de vincular al sector privado, ONG, “activistas” y otras figuras no estatales, aunque si bien expresan de forma nítida la ideología imperialista liberal del Partido Demócrata, en esta oportunidad cobra el significado específico de apostar por mecanismos de interferencia destructiva contra los países que han sido excluidos del evento y donde los brazos de la CIA, a saber la NED y USAID, intentan implantarse sistemáticamente empleando la cobertura de los derechos humanos y el activismo ciudadano.

Mediante la incorporación de actores privados, dependientes del metabolismo de injerencia, adulación y prebendas del Departamento de Estado, EE.UU. busca expandir la órbita de influencia de la reunión, ofreciendo un momentum de envalentonamiento, promocionado por los medios, y con sus respectivas líneas de financiamiento en lo sucesivo a lo largo y ancho de toda la cadena de agitadores y plataformas creadas para el cambio de régimen.

Dado que el encuentro tiene una característica no vinculante, Washington busca aprovechar las posibilidades que ofrece como plataforma de resonancia para desplegar su retórica de Guerra Fría y proyectar fuerza de cara al conflicto estratégico con China y Rusia. A medida que el riesgo de una colisión de poder en el Mar del Sur de China crece peligrosamente con la recién creada alianza AUKUS^[5] (Australia, Reino Unido y EE.UU.), y mientras en paralelo la OTAN eleva sus actos de provocación contra Rusia desde su frontera occidental, el evento debe ser visto como una plataforma destinada a recrudecer la lógica de conflicto antagónico, pero en el plano de la simulación diplomática.

Cerca de 110 países fueron convocados^[6], bajo un mecanismo de selección visiblemente arbitrario y que, en el caso específico de la invitación ilegal a Taiwán, implica otro acto de provocación contra la República Popular China y un ataque a sus credenciales como nación soberana reconocida internacionalmente. La gravedad de esta maniobra es aún mayor si se observa en paralelo a la cadena de violaciones al derecho internacional en tiempo reciente por parte del imperio, como la presencia de militares estadounidenses en la isla, un hecho reconocido^[7] por la propia Tsai Ing-wen en su momento, o el reciente anuncio de boicot^[8] contra los Juegos Olímpicos de Invierno, que se llevarán a cabo el año que viene en Beijing, acción que ha sumado a EE.UU., Canadá y Reino Unido.

El cálculo de convertir la isla de Taiwán en un polvorín de consecuencias insospechadas, con el telón de fondo de una crisis global de microprocesadores donde EE.UU. resiente sus desventajas frente a China, es evidente y puede significar el evento geopolítico más importante de la década si llega a ocurrir un desenlace catastrófico.

En cualquier escenario, la Cumbre contribuye al deterioro de la seguridad estratégica en Asia oriental, ya que promueve la desactivación de las opciones de diálogo y reconocimiento en el campo multilateral. Manteniendo sus características esenciales, este tratamiento agresivo se traslada hacia América Latina, reforzando el lugar de Venezuela, Cuba y Nicaragua como epicentros de las maquinaciones por la reconquista del continente, donde Juan Guaidó bien podría representar, con sus propias particularidades, el homólogo hemisférico del separatismo taiwanés.

Contradicciones, invitados y cálculos

EE.UU. diseñó su lista de invitados bajo la premisa de un concepto restringido de democracia, acorde a sus intereses, en el cual buena parte de los países africanos y asiáticos, y varios latinoamericanos, donde en suman converge buena parte de la población mundial, quedaron excluidos, lo que supone una paradoja por lo antidemocrático de la convocatoria.

El investigador Nury Vittachi^[9] ve en esta forma de seleccionar una extensión de la mentalidad racista y neocolonial de EE.UU., donde el Sur global no fue tomado en cuenta:

Como muchos han notado, la reunión pretende representar la inclusión, pero se presenta como un ejemplo desafortunado de privilegio blanco, con Estados Unidos solo decidiendo qué comunidades pueden asistir. […] las puertas de la cumbre están abiertas de par en par para las naciones angloparlantes blancas y sus aliados políticos, mientras que la mayoría de los países africanos, la mayoría de la ASEAN y la mayoría de los países del Medio Oriente no pueden asistir.

Según la propia promoción del evento, la selección se realizó con base a los principios básicos de la democracia liberal (elecciones, separación de poderes, etc.); sin embargo, Steven Feldstein, miembro de la Fundación Carnegie, advierte^[10] que en realidad Washington tomó en cuenta las “dinámicas regionales y los intereses estratégicos de EE.UU., entre ellos usar la cumbre para alentar a un movimiento en un país hacia la democracia”, para decidir quiénes participaban y quiénes no.

En resumen, la administración Biden tomó en cuenta qué tan leal es un determinado país a los intereses estratégicos del imperio como un mecanismo de aprobación o exclusión. Por esa razón Brasil, gobernado por Jair Bolsonaro, quien ha socavado los fundamentos institucionales de la democracia brasileña, fue invitado, mientras que ocurrió lo contrario con Rusia, China, Irán, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Cuba, países que avanzan hacia sus propias alternativas de desarrollo y democracia con independencia de Washington.

Por otro lado, los estándares apoyados por EE.UU. para evaluar de forma arbitraria el funcionamiento democrático en el extranjero también fueron manipulados. Por ejemplo, países como Polonia o Ucrania, que según el World Justice Project, una entidad conectada con el Departamento de Estado, se ubican en la parte inferior de su índice de calidad del Estado de Derecho, fueron convocados^[11]. El último informe de la organización Civicus Monitor, citado^[12] por The Guardian, recalca que en Bélgica y República Checa se ha reducido la calidad de sus democracias en el último tiempo, situación que tampoco fue tomada en cuenta por Washington a la hora de invitarlos.

No obstante, el mosaico contradictorio de la convocatoria generó revuelos diplomáticos. La invitación a Serbia y Kosovo^[13], y la exclusión de Bosnia y Herzegovina al mismo tiempo, generó un reclamo de Sarajevo contra Washington. Por otro lado, Pakistán, inicialmente convocado, decidió no participar, lo cual fue reconocido^[14] por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lijian Zhao, a través de su cuenta Twitter, quien calificó al país como un hermano de hierro.

En el continente latinoamericano, quedaron por fuera Guatemala, El Salvador y Honduras, que integran lo que Estados Unidos denomina Triángulo del Norte. Esto probablemente se deba a las relaciones tirantes con Nayib Bukele y, en menor medida, con Alejandro Gianmattei, a lo que debe sumarse el reciente cambio de gobierno en Honduras, tras la victoria de la izquierda encabezada por Xiomara Castro del Partido Libre.

Muy seguramente con el objetivo de sostener un mínimo de credibilidad dado la denominación de la Cumbre, Arabia Saudí y Marruecos, dos regímenes monárquicos estrechamente vinculados con Washington, tampoco fueron convocados. Turquía recibió mismo trato, en vista de cómo han evolucionado positivamente sus relaciones con Moscú, al igual que Hungría, país que ha optado por vincularse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta promovida por Beijing, generando la angustia en la élite de Bruselas.

Resalta que Singapur, considerado un aliado leal a Washington en Asia, fue excluido de la lista de invitados. Mientras tanto Filipinas, gobernada por Rodrigo Duterte, que ha recibido acusaciones de dictador y violador de derechos humanos desde Occidente, fue invitado. La razón de esto es que Washington busca utilizar el archipiélago como un puesto de avanza contra China debido su crítico posicionamiento geográfico que se proyecta sobre Mar del Sur de China, origen escaramuzas entre ambos países asiáticos.

En consecuencia, la administración Biden privilegió su esquema de alianzas y lealtades geopolíticas para diseñar la convocatoria de la Cumbre, independientemente de la calidad democrática de los participantes, lo que evidencia su mirada parcializada, instrumental y contradictoria.

Concepto (neo)colonial de democracia y cruzada ideológica

Con esta cumbre, EE.UU. ha intentado erigirse como el país modélico de la democracia a nivel mundial, decidiendo mediante estándares arbitrarios qué países son democráticos, siempre y cuando sean leales y repliquen los parámetros institucionales, políticos y hasta económicos del imperio.

Sin embargo, EE.UU. es una democracia restringida y socavada sistemáticamente por los poderes plutocráticos y corporativos, por lo que su autoridad moral para convocar esta Cumbre ciertamente no es tal. A esta conclusión llegó el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, con sede en Suiza, que determinó en su último informe que EE.UU. es una “democracia en retroceso” y “reincidente”, ya que:

… hay una disminución en el parlamento efectivo y una disminución en la libertad de expresión y la libertad de asociación y reunión en los EE.UU. La disminución de las libertades civiles y los controles al gobierno indican que existen serios problemas con los fundamentos de la democracia estadounidense.

Asimismo, el último informe Fernand de Varennes, relator especial de la ONU en cuestiones de minorías, determinó la exclusión de grupos sociales y las restricciones a su participación política y electoral, el principal fundamento de la democracia liberal según la entiende Occidente. “Desafortunadamente, se está volviendo evidente que es casi una tiranía de la mayoría donde se niega el derecho al voto de las minorías en muchas áreas”, indicó Varennes en una conferencia de prensa a raíz de la presentación de su informe.

Según una reseña del medio de análisis The Asean Post^[15]:

Varennes informó sobre la discriminación sistémica contra los grupos minoritarios en muchas áreas, incluidos los derechos electorales, la educación, la religión, la justicia penal y los delitos motivados por el odio. Señaló que el antisemitismo, el discurso anti-asiático, la islamofobia, los insultos despectivos contra la comunidad latina y la xenofobia contra la inmigración están en alza, a veces a niveles récord, en el país.

La Cumbre también puede ser vista como una actualización de la narrativa belicista empleada por la administración Bush (hijo) cuando inició la denominada “Guerra contra el terror”, tras los atentados del 11 de septiembre de 2011: “O estás con nosotros o con los terroristas”. En este caso, el antagonismo se ha modificado, bajo un retorno a la mentalidad de la Guerra Fría, posicionando al “autoritarismo” como el enemigo existencial de la democracia.

El analista Phill Hynes^[16] ve un mensaje profundamente peligroso en este esquema, pues obliga a los países a elegir un bando (entre el mundo multipolar encabezado por China y Rusia, y EE.UU.) y crea, en paralelo, nuevas líneas divisorias de conflicto y enfrentamiento, debilitando el multilateralismo y la convivencia pacífica de la comunidad internacional. El evento intenta dividir al mundo en esferas restringidas de ideología e influencia, donde el bloque “democrático” y el “antidemocrático” estarían destinados a un conflicto apocalíptico.

En este sentido, Hynes indica que el objetivo estratégico de la cumbre consiste básicamente en:

…aislar aún más a China, Rusia y otros estados que se consideran demasiado cercanos entre sí y no lo suficientemente cerca de Occidente. La creciente esfera de influencia de China es un objetivo principal. Los países involucrados en la Iniciativa de la Franja y la Ruta y considerados demasiado amigos de China, como Tailandia, Camboya, Sri Lanka y Hungría, están todos excluidos.

La intención de contener la expansión geopolítica y comercial de China por medios agresivos, en línea con la tesis de Hynes, se ve alimentada por el paradigma neocolonial que EE.UU. tiene sobre la democracia^[17]. Para el imperio quedan excluidas otras versiones de democracia que no se ajusten a sus principios, y que tienen arraigo en la propia diversidad social y cultural de los países. Se trata de una visión que excluye factores como la inclusión y la diversidad, bases esenciales de la democracia en sentido amplio, lo que convierte a la Cumbre en un evento antidemocrático ya desde su concepción inicial.

En opinión del investigador ruso, Andrey Kortunov^[18], este paradigma restringido y, en última instancia, autoritario, tiene efectos peligrosos en un contexto de crisis internacional e inestabilidad sistémica como el que atravesamos en la actualidad:

Esta visión reduce la paleta multicolor del mundo moderno a unos gráficos minimalistas en blanco y negro de una lucha global entre “democracias” y “autocracias”. Divide el sistema internacional en “nosotros” y “ellos”, en “buenos” y “malos”, en “legítimos” e “ilegítimos”. Un sistema reduccionista de este tipo, si se construye, no puede ser estable y resistente a los golpes por definición: cualquier crisis internacional importante o un conflicto regional podría generar altos riesgos de implosión.

La Cumbre convocada por EE.UU. implica un retroceso en la dinámica civilizatoria que vive la comunidad global^[19], donde la diversidad de sistemas políticos, económicos y culturales se hace más amplia y ello impone nuevos desafíos al funcionamiento del universo internacional de las relaciones internacional, que requiere de mecanismos renovados de interlocución, diálogo y aceptación mutua para ajustarse a las nuevas tendencias de complejidad. Sin embargo, EE.UU. insiste en una reedición de la Guerra Fría al crear situaciones de antagonismo y divergencia en términos de lealtades geopolíticas, condenando a su vez los modelos democráticos alternativos al estadounidense.

Esta mentalidad anacrónica se ajusta lo que el pensador Kishore Mahbubani ha indicado sobre la intención actualizar el conflicto catastrófico entre EE.UU. y la Unión Soviética: “al tratar el nuevo desafío de China como similar a la vieja estrategia soviética, Estados Unidos está cometiendo el clásico error estratégico de pelear la guerra de mañana con las estrategias de ayer”^[20].

Nueva fase del cambio de régimen global

La Cumbre ha sido presentada por la administración Biden como el mascarón de proa de una nueva fase del cambio de régimen global, donde se incorporan nuevas tecnologías de coerción, presión y chantaje geopolítico. Más que un evento abstracto donde se discutirán los valores supuestamente universales que encarna el imperio, es una plataforma para desplegar nuevos instrumentos de guerra híbrida, con la vista puesta en el objetivo estratégico de frenar el desarrollo del mundo multipolar en ascenso.

Así lo dejaron ver Samantha Power, ícono del ala neocon del Partido Demócrata y actualmente administradora de la USAID, y Janet L. Yellen, secretaria del Tesoro, a través de un artículo de opinión^[21] publicado en el The Washington Post, a modo de abreboca de la Cumbre. En el texto, se proyecta la corrupción como la principal arma (y justificación) para combatir a gobiernos independientes, para lo cual la USAID y el Departamento del Tesoro avanzan en nuevas restricciones del sistema financiero estadounidense. Esto implica otro apriete de tuercas dirigido a otorgarle un carácter generalizado a la guerra económica desarrollada contra Venezuela, Irán, Cuba y otros países del Sur global, mediante nuevas reglas de inversión inmobiliaria y restringiendo la movilidad de fondos extranjeros en el sistema bancario.

La estrategia pasa por reforzar controles y limitar la libertad de comercio e inversión de las propias empresas estadounidenses^[22]. El verbo reclutar utilizado para involucrar a terceros países en este diseño es significativo:

Requerirá que muchas empresas estadounidenses y extranjeras informen a sus verdaderos propietarios al Tesoro y que nos actualicen cuando cambien de manos. También estamos trabajando hacia nuevos requisitos de informes para las transacciones inmobiliarias y reclutaremos a otras naciones para abordar estos problemas.

Para Power y Yellen, portavoces del Estado profundo, la instrumentalización de la lucha “anticorrupción” es la vía seleccionada para catapultar sus intereses estratégicos, apoyando movimientos, dirigentes políticos y organizaciones “ciudadanas” previamente cooptadas, que pueden alcanzar posiciones de poder y reforzar la órbita de influencia estadounidense. Sobre esto, indican lo siguiente:

Por supuesto, combatir la corrupción también requiere esfuerzos significativos en el exterior, por lo que Estados Unidos profundizará y expandirá el apoyo a quienes luchan contra los cleptócratas y los malos actores a través de un nuevo fondo de respuesta anticorrupción. En República Dominicana, Moldavia y Zambia, hemos visto a políticos obtener victorias abrumadoras actuando en plataformas anticorrupción. Queremos apoyar sus reformas.

La apuesta se combina con el uso de una ofensiva de propaganda canalizada por medios y periodistas “activistas” afiliados a la nómina de la USAID. El control narrativo tiene un valor estratégico para esta tecnología de cambio de régimen basada en la “anticorrupción”, ya que crea las condiciones de hegemonía cultural para viabilizar acciones de persecución y judicialización contra gobierno y Estados soberanos. 

La huella del caso Alex Saab, en este sentido, representa un antecedente con una resonancia clave, pues el financiamiento y apoyo a plataformas mediáticas (Armando.info, principalmente) fue la condición básica para avanzar en el asesinato moral del diplomático y, posteriormente, ya con esa ventaja ganada en el terreno psicológico, justificar su secuestro como un hecho “natural”. Aprovechando la Cumbre, se anunciaron nuevas líneas de financiamiento y programas con el propósito de sostener el corretaje de propagandistas y medios aliados a la estrategia estadounidense:

También buscaremos proteger a los periodistas internacionales de las demandas, las últimas tácticas de los oligarcas y autócratas que buscan reprimir las historias que exponen la corrupción. USAID está lanzando un Fondo de Defensa de la Difamación global para ofrecer a los periodistas cobertura para sobrevivir a los reclamos de difamación y disuadir las demandas en primer lugar.

En el mismo marco del evento, la Casa Blanca anunció una actualización de su estrategia combate a la corrupción^[23], en la cual se agregan nuevos componentes de represión y vigilancia sobre los movimientos financieros público-privados en el extranjero, a través de un esquema coordinado con el G7 y el G20, pero que también prioriza el apoyo a movimientos cooptados de la “sociedad civil”, desde donde apuntalar la contención de políticas gubernamentales asentadas en lo público y con proyección hacia el eje geopolítico euroasiático. Con esta actualización, Washington busca instrumentalizar la corrupción como un recurso asimétrico para socavar la cooperación económica y financiera del mundo con China, acusando de “cleptócratas” y “corruptos” a quienes diversifiquen sus flujos comerciales y establezcan asociaciones integrales con el mundo multipolar.

En este ámbito, la Cumbre encuentra su principal propósito estratégico, más allá de la deliberación abstracta que se desarrolló. Con estas nuevas herramientas y tecnologías de presión financiera y bloqueo económico, la administración Biden busca integrar a la mayor cantidad de países participantes a su planteamiento estratégico. Es importante destacar que el uso político de la corrupción, y su manipulación dentro de los estándares estadounidenses, conlleva una simulación de calidad democrática y un conjunto de rígidos compromisos.

Hay una represión subyacente en la maquinación burocrática del imperio para quienes se incorporen a su horizonte estratégico, basado en la obligación de restringir la cooperación con China y la arquitectura multipolar a cambio de concesiones, líneas de financiamiento y verse asimilados al denominado “mundo libre”. De esta forma, Washington busca otorgarle un carácter moral a la ofensiva de contención contra el eje euroasiático, y es ahí donde la estrategia “anticorrupción” recientemente actualizada, con el objetivo de que coincida con la Cumbre, representa una tecnología de guerra económica diseñada para tutelar las orientaciones geopolítica de los países soberanos y mantener bajo control a los aliados tradicionales, casi todos invitados al evento. La premisa fundamental es frenar y complicar la adscripción de nuevas naciones a la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Este nuevo esfuerzo está comprendido dentro la “Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática”^[24], presentada en el marco de la Cumbre, y que proyecta transferir:

… hasta 424,4 millones de dólares […], que se centrará en apoyar a los medios de comunicación libres e independientes, luchar contra la corrupción, impulsar a los reformadores democráticos, promover la tecnología para la democracia y defender procesos políticos y elecciones libres y justas.

Otra clave de las nuevas reglas^[25]del Departamento del Tesoro que han entrado en funcionamiento, es el empoderamiento de Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), una entidad de persecución de tipo policial cuyo alcance abarca los vectores decisivos del sistema financiero estadounidense. Lo importante acá es que los temas relacionados con la corrupción ahora tienen el atributo de “seguridad nacional”, por lo que el excepcionalismo estadounidense y la lógica persecutoria de actuar contra las finanzas nacionales y patrimonios de terceros países se torna mucho más evidente y peligrosa. La reseña del New York Post indica lo siguiente:

“La regla ayudará a cerrar las lagunas que socavan la seguridad nacional de Estados Unidos, reforzará la equidad económica y protegerá la integridad de nuestro sistema financiero”, dijo [Yellen]. FinCEN dijo que la regla propuesta reflejaba el impulso de la administración Biden para tomar medidas enérgicas contra las empresas fantasma utilizadas para lavar las ganancias de la corrupción, el tráfico de drogas y armas o el financiamiento del terrorismo.

En esta nueva maniobra de autoritarismo económico puede percibirse las nuevas posibilidades estratégicas que se abrieron con la apuesta por Juan Guaidó y su “gobierno paralelo” en Venezuela. Pese a la ausencia de asidero del proyecto de intervención extranjera, su prolongación en el tiempo y el infatigable apoyo estadounidense ha dado pie al secuestro de activos venezolanos en el extranjero (Citgo, Monómeros, oro en el Banco de Inglaterra, fondos líquidos de reserva, etc.), donde la premisa de la corrupción, instrumentalizada políticamente, ha tenido un peso específico en crear el marco de justificación.

La cadena de eventos y de reformas regulatorias indica que EE.UU. está dando forma a una horma institucional que le permita actuar extralegalmente contra empresas privadas o públicas, estadounidense o extranjeras que, directa o indirectamente, tengan vínculos de importancia con los rivales estratégicos del imperio y que tengan comunicación orgánica con el sistema financiero estadounidense. La narrativa de la “cleptocracia” y de la “corrupción gubernamental” es presentada como una coartada con la cual legitimar, de cara al público interno y en el extranjero, medidas de coerción y castigo, justo cuando las economías nacionales avanzan en configurar condiciones de estabilidad y recuperación después de los daños ocasionados por la emergencia sanitaria global de la covid-19. En síntesis, el radio de chantaje geopolítico del imperio ha aumentado considerablemente, toda vez que continúa conservando las ventajas previas de dominar la principal moneda de serva mundial.

La Cumbre envía un peligroso mensaje en este sentido, ya que las líneas divisorias en bandos jerarquizados que propone es un anuncio de cómo el imperio avanza en una tendencia destructiva frente al derecho internacional y la cooperación multilateral básica.

El marco intelectual de esta nueva fase del cambio de régimen global, que vincula la judicialización (Lawfare repotenciado) con la lógica persecutoria en el campo económico y financiero mediante la lucha anticorrupción, viene tomando forma desde hace tiempo.

En septiembre de este año, Samantha Power, en un evento^[26] con “activistas” anticorrupción promovido por la USAID, manejó una tesis que entronca con el interés de globalizar la tecnología de poder anticorrupción, lo que daría al imperio la falsa autoridad de arbitrar, castigar y aprobar las gestiones económicas de los países acorde a su esquema de dominación. La disolución de la soberanía en términos prácticos es el eje trasversal de la visión de Power:

Conflictos regionales y crisis humanitarias; cruzan fronteras. Pero durante demasiado tiempo, la corrupción no se ha visto en estos términos globales. Se ha visto como un problema interno. Cuestión de asuntos internos. Ocurre principalmente entre élites bien conectadas, y se presume que los impactos están confinados dentro de las fronteras. Pero ese no es realmente el caso. Si alguna vez lo fue, ciertamente ya no es el caso. Incluso si la corrupción a menudo tiene sus raíces en la mala gobernanza y el abuso de poder, a nivel nacional, hoy en día es facilitada por naciones desarrolladas e instituciones globales obsoletas.

La Cumbre ha sido también un espacio donde los objetivos estratégicos del imperio, canalizados a través de la USAID cuando se trata de la falaz “defensa y promoción de la democracia”, pueden exhibir sus orientaciones y presionar por un respaldo masivo de los participantes. El nuevo rumbo impreso por Power a la Agencia quedó plasmado pocos días antes de la Cumbre, en medio de un evento^[27] donde presentó las nuevas prioridades de la entidad y la forma en que modificará los términos de la gestión de los recursos. Power se ha decidido por restringir el financiamiento a los gobiernos para privilegiar a ONG, fundaciones y “activistas”, apostando a mantener aceitada la maquinaria del cambio de régimen (vía revolución de colores) cuando sea necesario, sobre todo en un contexto de elecciones en cadena que puede alterar correlación de fuerzas en una dirección contraria a la deseada por el imperio.

Power, en el evento señalado, indicó lo que puede entenderse como una apuesta renovada por la fragmentación social en identidades y la penetración híbrida, no convencional, en la vida interna de los Estados y su uso posterior dentro de las actividades de cambio de régimen:

“En USAID, además de un objetivo del 25 por ciento de nuestra asistencia que va a socios locales, hoy estoy anunciando que para fines de la década, el 50 por ciento de nuestra programación, al menos la mitad de cada dólar que gastemos, deberá colocarse comunidades locales a la cabeza para codiseñar un proyecto, establecer prioridades, impulsar la implementación o evaluar el impacto de nuestros programas. También estamos tomando medidas para fortalecer la oficina de Desarrollo Inclusivo que abrimos el año pasado. Además de nuestro objetivo del 50 por ciento de voces locales, que acabo de mencionar, seguiremos impulsando cambios que permitirán a nuestro personal enfocar mejor nuestros programas para que lleguen a mujeres y niñas, y grupos marginados, incluidas las comunidades indígenas; Personas LGBTQI; Personas con discapacidades; y minorías raciales, étnicas y religiosas.”

Con estos elementos previos y laterales, puede dimensionarse de una forma más precisa los objetivos que persigue la Cumbre y cómo, desde ahí, se busca amoldar los propósitos geopolíticos del imperio en el corto y mediano plazo, en una clara dirección de reeditar la Guerra Fría, contener al eje euroasiático y utilizar la tecnología de la “anticorrupción” para debilitar los Estados y soberanías nacionales.

(Instituto Robinson)

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Este informe especial fue elaborado en caliente durante el desarrollo de la Cumbre, y contó con el apoyo de recopilación de fuentes de Diego Sequera.