Los políticos floridanos y la democracia cubana. Por Iroel Sánchez

La decisión de armar maestros en las escuelas, propuesta por el Presidente estadounidense Donald Trump y ya aprobada por los Comités de Asignaciones de la Cámara de Representantes y el Senado del Estado de la Florida, ha sido calificada de inmediato como estúpida por millones de usuarios y foristas en redes sociales de internet y páginas web de medios de comunicación.

Sin embargo, una vez más, analizando con mayor atención, pareciera que mientras la prensa recoge la ira contra quienes gobiernan en EE.UU. a partir de sus palabras negando la necesidad del control de armas en medio del debate suscitado por el reciente incidentes que costó la vida a 17 adolescentes en una escuela del estado sureño, los intereses de estos últimos y de quienes los financian vuelven a salir beneficiados. Al establecer que cada escuela floridana debe contar con una decena de maestros capacitados para utilizar un arma de fuego, la decisión abre una demanda cautiva de 67 000 nuevas personas que necesitarían obligatoriamente ser armadas en el sector educativo, además de asignar 67 millones de dólares para enseñarlos a manejar las armas, lo que también beneficiaría indirectamente a las empresas del giro. 

Lo anterior es un ejemplo muy ilustrativo de cómo funciona el sistema basado en la organización de las élites a través de partidos políticos que son financiados por los aportes de corporaciones o individuos pudientes para que estos representen y defiendan sus intereses. Un sistema que EE.UU. ha sabido exportar al mundo desde la hegemonía cultural norteamericana y los aportes de sus fundaciones y las de sus aliados, sin temer acudir a la violencia económica y/o militar cuando les ha sido necesario. Las élites locales en América Latina, dueñas de esos factores de poder esenciales en que se han convertido los medios de comunicación y los bancos, saben la conveniencia de incluirse en esa alianza. 

Así ocurrió en Cuba hasta 1959, cuando la oligarquía que garantizaba a EEUU. el control de la Isla fue despojada de su poder y abducida por Estados Unidos,  que le hizo la promesa de regresarla al país a bordo de sus acorazados aunque finalmente terminó asentada en el Sur del estado de la Florida. Esa oligarquía y sus sucesores -a partir de los recursos que robó del erario público cubano, de los miles de millones de dólares invertidos por Washington en la industria del anticastrismo y reciclados en negocios inmobiliarios, la droga y el tráfico de influencias- se han apoderado de buena parte de la representación política de los ciudadanos estadounidenses que residen allí, incluyendo el más de un millón de cubanos emigrados o hijos de emigrados que no siempre coinciden con su odio hacia la Revolución cubana.

A raíz de la masacre en la escuela floridana, la web de la televisora hispana Univisión publicaba una investigación con el título “(Marco) Rubio, (Mario) Díaz- Balart (Ileana) Ros-Lehtinen y (Carlos) Curbelo entre los políticos de distritos latinos que más dinero reciben de la Asociación del rifle”. Todos los mencionados por Univisión son congresistas federales que representan a la oligarquía cubanoamericana asentada en el Sur de la Florida, y particularmente Rubio, a quien la información señala haber recibido directamente 3,3 millones del “lobby de las armas”, ha sido el principal impulsor de la agresiva política de Donald Trump contra Cuba. 

Más al Sur, cruzando el mar, con correcciones sucesivas basadas en el consenso popular, que seguramente continuarán en un futuro cercano, los cubanos  han forjado un sistema electoral en el que son los ciudadanos los que pueden hacer lo que en las llamadas democracias occidentales solo está al alcance de las élites partidarias que sirven a sus financistas: nominar candidatos y elegir representantes de base que pueden decidir las listas para las Asambleas Provinciales y la Asamblea Nacional por las que votarán los electores en las elecciones generales, en un proceso en el que no intervienen el dinero ni las promesas de campaña, mucho menos los intereses de las corporaciones norteamericanas. 

Cuando, desde Miami, personas como Rubio, Curbelo, Ros-Lehtinen y Díaz Balart piden democracia para Cuba y, como Trump, descalifican las elecciones que tendrán lugar en la Isla el próximo 11 de marzo, lo que pretenden es que en La Habana no gobiernen los cubanos sino el dinero, el dinero de los mismos que les pagan a ellos sus campañas políticas. O peor, tener peleles en Cuba que hagan para ellos lo que ya hacen en Miami estos “demócratas” para sus financistas: dar la espalda al interés popular y respaldar a quien les llena el bolsillo.  

(Al Mayadeen)