Nuestro colaborador Juan Fernández Alfonso, quien participó recientemente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en la reunión final del 5to Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional, nos ha hecho llegar esta importante información sobre un tema trascendental que abordaremos apliamente en la emisión de nuestro programa de televisión La pupila asombrada del jueves 5 de julio.
Del 19 al 23 de Junio se celebró en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York la reunión final del 5to Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional (GEG).
El mandato de dicho grupo, dado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estipulaba la elaboración de un informe, que entre otros temas, debía realizar recomendaciones sobre la manera en que se aplica el derecho internacional al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por los Estados.
Después de arduas negociaciones, aunque se pudo llegar a acuerdos en muchos temas discutidos, no se logró alcanzar el consenso sobre el proyecto de informe final.
Para explicar las razones por la cual no se sumó al consenso, Miguel Gutiérrez Rodriguez, Director de la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas (OSRI), el experto designado por Cuba, emitió la siguiente declaración:
Declaración de Miguel Rodríguez, representante de Cuba, en la sesion final del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre los Avances en la Información y las Telecomunicaciones en el Contexto de la Seguridad Internacional. Nueva York, 23 de junio de 2017:
La representación de Cuba en este Grupo de Expertos Gubernamentales ha trabajado activamente con el objetivo de cumplir el importante mandato que nos fue encomendado por la Asamblea General de la ONU en virtud de la resolución 70/237.
Nuestra participación y las propuestas que hemos presentado como contribución al trabajo del Grupo, han estado guiadas por la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, formalmente suscrita por las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe, reunidos en La Habana, Cuba, en ocasión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en enero de 2014.
La información y las telecomunicaciones deben ser herramientas para fomentar el bienestar, el conocimiento y el desarrollo humano, sobre la base del estricto respeto a la Carta de la ONU y el Derecho Internacional. Deben ser instrumentos para promover la paz y no para promover la guerra, el empleo de la fuerza, el intervencionismo, la desestabilización, el unilateralismo o las acciones terroristas.
Se requieren acciones urgentes, acordadas en el marco de las Naciones Unidas, para impedir el empleo encubierto e ilegal, por individuos, organizaciones y Estados, de los sistemas informáticos de otras naciones para agredir a terceros países, por sus potencialidades para provocar conflictos internacionales.
Lamentamos que no haya sido posible alcanzar un consenso en este Grupo para presentar recomendaciones sustantivas a la Asamblea General de la ONU.
Debo dejar registrada nuestra seria preocupación por la pretensión de algunos, reflejada en el párrafo 34 del proyecto de informe final, de convertir el ciberespacio en un teatro de operaciones militares y legitimar, en ese contexto, acciones unilaterales punitivas de fuerza, incluyendo la aplicación de sanciones e incluso acciones militares, por parte de Estados que aleguen ser víctimas de usos ilícitos de las TICs.
Consideramos inaceptable que se pretenda establecer una equivalencia entre el uso malicioso de las TICs y el concepto de “ataque armado”, previsto en el Artículo 51 de la Carta, con lo cual se intenta justificar la supuesta aplicabilidad en ese contexto del derecho a la legítima defensa.
Establecer como precedente esa peligrosa reinterpretación de las normas del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas, constituiría un golpe mortal a la arquitectura colectiva de seguridad y mantenimiento de la paz establecida en la Carta de las Naciones Unidas. No se puede imponer la Ley de la Selva, en la que siempre prevalecerían los intereses de los Estados más poderosos en detrimento de los más vulnerables.
El proyecto final de informe también incluía una referencia a la supuesta aplicabilidad en el contexto de las TICs de los principios del Derecho Internacional Humanitario. Tal afirmación no es aceptable para Cuba, pues ello implicaría legitimar en ese contexto acciones militares y la guerra.
De manera consistente, hemos enfatizado en este Grupo la prioridad de iniciar, sin más demora, un proceso negociador en el marco de las Naciones Unidas, para adoptar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que permita dar respuesta efectiva a los significativos vacíos legales que hoy se aprecian en el contexto de la ciberseguridad y atender de manera efectiva y sobre la base de la cooperación, los crecientes retos y amenazas que enfrentamos en esta materia. Este importante elemento se mantuvo ausente en la versión final del proyecto de informe.
Las limitaciones de tiempo impidieron que el Grupo pudiera considerar a fondo la cuestión de las acciones futuras y el mecanismo de seguimiento. Reiteramos nuestra posición de que, por su alta relevancia para todos los Estados Miembros, la cuestión de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional debe ser examinada en un Grupo de Trabajo de la Asamblea General abierto a todos los Estados, para garantizar la plena transparencia e inclusividad y la participación en igualdad de derechos en las discusiones y la toma de decisiones. Esperamos que este año la Primera Comisión de la ONU tome la decisión de convocar ese Grupo de Trabajo Abierto.
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