Néstor García Iturbe
En Estados Unidos existen varias leyes que penalizan lo que ellos denominan “actos de espionaje” que son cometidos por lo que ellos llaman “insurgentes”, que cuando las agencias de espionaje estadounidense los organizan y financian en otros países, los denominan “disidentes”
Dentro de estas leyes pudiera citarse la Ley contra el Espionaje, vigente desde 1917, que acorde a los deseos del presidente Woodrow Wilson restringía las posibilidades de que amparado en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos cualquier ciudadano pudiera manifestarse contra la entrada del país en la Primera Guerra Mundial, una guerra que según dicho presidente era vital para los intereses de la nación, hoy en día dirían que para la Seguridad Nacional.
Muchos ciudadanos, entre ellos dirigentes sindicales, educadores, periodistas, artistas y académicos se manifestaron contra la entrada de Estados Unidos en la guerra, todos ellos fueron amenazados y algunos juzgados por violar la Ley de Espionaje, a pesar de que su delito era únicamente el ejercer el derecho que la otorgaba la Primera Enmienda de la Constitución. Algunos de los que fueron arrestados sufrieron penas hasta de diez años de cárcel, donde eran sometidos a condiciones infrahumanas y frecuentes golpizas propinadas por otros presos y en ocasiones por los carceleros. Todo esto se realizaba unido a la necesaria publicidad para que otros sintieran el terror necesario como para no verse involucrado en estas situaciones.
Durante la época de George W. Bush, con la creación del Departamento de Seguridad de la Patria y algunas funciones que se le asignaron al mismo, se trató de revivir la Ley contra el Espionaje, pero se tuvo un éxito limitado en estos propósitos. Ahora, bajo la administración Obama, Premio Nobel de la Paz, nuevamente se está apoyando en esa caduca e inconstitucional legislación para tratar de aplicarla al caso de Julián Assange (WikiLeaks) y además sembrar el terror en aquellos que en un futuro pudieran tratar de imitarlo.
En este caso la administración Obama está tratando de ignorar lo que la Constitución de Estados Unidos establece sobre la libertad de prensa, esa libertad la cual ellos han acusado a otros países de violar. Para realizar esta oscura maniobra el Departamento de Estado ha planteado que ellos no reconocen a Julián Assange como un periodista, sino como un “actor político”. (Lo que plantea el Departamento de Estado es peligroso para sus propios asalariados que actúan como “blogueros” o los autodenominados “periodistas independientes”, que también pudieran ser considerados “actores políticos”).
La denominación de Assage como “actor político” la realizó el Secretario de Estado Asistente P.J. Crowley, al plantear que dicha persona tenía “un propósito político” detrás de sus actividades, lo cual el gobierno estadounidense consideraba incompatible con la actividad de un periodista. (Una definición interesante que deja totalmente sin argumentos a los “blogueros” y “periodistas independientes” que han sido creados por Estados Unidos y reciben periódicamente instrucciones y el financiamiento necesario para realizar su labor de tipo “política”, no periodística)
La Constitución de Estados Unidos no establece límite alguno al concepto “libertad de prensa”, ni condiciones a los que ejercen la misma en su carácter de periodistas, tampoco tiene establecido quienes pudieran calificarse como tales. El término “actor político” es una fabricación de la administración Obama para tratar de limitar los derechos de sus ciudadanos para ejercer lo establecido en las enmiendas de la Constitución.
En la medida que avanza el régimen policiaco existente en Estados Unidos, las libertades retroceden.
