Iroel Sánchez
Militares en aeropuerto, "El Nuevo Herald" quisiera fuera en La Habana pero es en Madrid Foto: EFE
El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano ha dicho que ”contra Cuba se aplica una lupa inmensa que magnifica todo lo que allí ocurre cada vez que conviene a los intereses enemigos, llamando la atención sobre lo que pasa en la revolución, mientras la lupa se distrae y no alcanza ver otras cosas importantes y que los medios de comunicación no hacen por informar”.
Sin embargo, no todas las lupas son iguales y recientemente hemos tenido la oportunidad de comprobarlo. Mientras todos los grandes medios de comunicación, desde The New York Times a Al Jazzera, reflejaban la parálisis del espacio aéreo español que obligó a decretar el estado de alarma en ese país, El Nuevo Herald de Miami no sólo no se daba por enterado sino que se entretenía con supuestas “manifestaciones”de transportistas y admiradores del fútbol en ciudades cubanas de provincia.
Pero veamos cómo trata el reclamo laboral que ha caotizado el transporte aéreo en España el diario El País, periódico que hace pocos años distinguió a El Nuevo Herald con el premio Ortega y Gasset y con el que se seguramente comparte información:
Fuentes del Ejecutivo han afirmado que los controladores que no obedeciesen podrían incurrir en delito de sedición aérea, recogido en la Ley Penal Procesal de la Navegación Aérea. Las penas contempladas para este delito están entre los seis meses y un día y los seis años.
Mandos del Ejército del Aire se han desplazado a los centros de control aéreo de Sevilla, Barcelona, Madrid y Canarias para supervisar la gestión de los centros de control de vuelo. Además asumen el control de nueve aeropuertos civiles y de los aeródromos compartidos de Salamanca, Valladolid, San Javier, Talavera, León, Zaragoza, Cuatro Vientos y Torrejón de Ardoz (estos dos últimos sitos en Madrid).
La Fiscalía de Madrid ha precisado que ha abierto diligencias por si existiera delito contra el tráfico aéreo, que castiga con penas de hasta ocho años a los “empleados de aeropuertos que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones (…) en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia”. Otras fiscalías superiores, como la de Andalucía, también han abierto diligencias de investigación y han pedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que recaben toda la información disponible en los distintos aeropuertos para estudiar si se ha cometido algún delito.
¿Qué pasa si los controladores no obedecen?
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes, según la ley orgánica. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, las autoridades podrán suspenderlos de inmediato en el ejercicio de sus cargos, pasando, en su caso, a disposición judicial, y se notificará al superior jerárquico a los efectos oportunos del consiguiente expediente disciplinario. Este supuesto se aplica al caso de los controladores, en su condición de empleados públicos.
Los controladores están ya movilizados y son considerados desde la aprobación del decreto como personal militar. Ahora comenzarán a ser localizados uno a uno. Si no se dirigen a trabajar acatando las órdenes que se les den incurrirán en un delito de desobediencia del Código Penal Militar, que en su artículo 102, señala:
“El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio que le corresponde será castigado con la pena de tres meses y un día a dos años de prisión. Si se tratare de órdenes relativas al servicio de armas, se impondrá la pena de seis meses a seis años de prisión.
Estos hechos, cometidos en tiempo de guerra, estado de sitio, frente a rebeldes o sediciosos o en situación peligrosa para la situación del buque o aeronave, serán castigados con la pena de diez a veinticinco años de prisión.
Si la desobediencia consistiera en rehusar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones militares, se impondrá la pena de dos años y cuatro meses a seis años de prisión y la pérdida de empleo”.
Este delito está castigado con hasta seis años de cárcel.
Sin dudas, es noticia ver a la “democracia” funcionando con tanta decisión. Pero el diario de Miami prefiere convertir una puja de precios de cocheros o el disgusto por una estafa – ambos sin violencia, intervención militar, ni amenazas de cárcel- en “protestas” que muestran el “descontento popular”.
Obviamente, El Herald tiene un problema con sus fuentes. Es que mientras los demás miran a Cuba con lupa, en Miami lo hacen con microscopio y sólo atienden a ver lo que le cuentan los microbios de la Isla –“corresponsales” pagados por la USAID y desperados por hacer méritos aunque sea a costa de la verdad. Ya una vez hubo escándalos y despidos ocasionados por el “descubrimiento” de que articulistas del periódico cobraban del gobierno norteamericano, ¿qué falta para percatarse de que los corresponsales también?
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