¿Quién debería impartir lecciones en materia de derechos humanos y democracia?

Ismael García Gómez

La única lectura posible que cabe extraer de la preocupación de la UE en relación con los derechos humanos en Cuba es la actitud discordante de la mayor de las Antillas en este tenebroso asunto (en Cuba la educación, la sanidad o la infancia siguen siendo derechos universales y otros, como la vivienda o el trabajo, firmes aspiraciones no subordinadas a la tasa de acumulación de la clase dominante), así como su resistencia a la homologación del sistema político y económico. ¿Qué mayor violación de los derechos humanos que el orden neocolonial existente, basado en relaciones desiguales e impuesto por la fuerza, donde la UE juega un papel de liderazgo, conjuntamente con Estados Unidos? ¿Cuál es la democracia que la UE quiere para Cuba, la de la desestabilización y el golpismo, como está ocurriendo actualmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, o la del saqueo de recursos, la dependencia financiera, la vil explotación de los trabajadores, la exclusión social y los gobiernos vendepatrias?

Si algo está fuera de toda duda es que los grandes patrocinadores del nuevo orden mundial y de sus instituciones no van a renunciar a que Cuba vuelva a formar parte del patio trasero del imperio, utilizando para ello toda clase de armas de destrucción masiva, desde la propaganda a la guerra de baja intensidad o la intervención militar, sin que hayan logrado doblegar al bravo pueblo caribeño durante más de 50 años de hostilidades. Al contrario, la revolución ha venido manteniendo un claro discurso antiimperialista, pacifista y solidario con los pueblos despojados de los derechos humanos. Por mucho menos, otros pueblos han pagado su osadía con el “castigo ejemplar” de los escuadrones de la muerte de la OTAN y del Pentágono, en clara demostración de lo que significan los derechos humanos y la democracia para los gobernantes de las grandes potencias más allá de sus fronteras.

Sin embargo, el panorama no es muy distinto cuando se trata de sus propios conciudadanos. ¿O estamos equivocados? Si tuviéramos que guiarnos por la corriente de opinión dominante en los países miembros de la UE, los derechos humanos estarían garantizados, al igual que la democracia, el estado de derecho y la libertad de expresión. Este es el mantra que el coro de grillos mediáticos reproduce las 24 horas del día, 365 días al año, y no hay nada que moleste más a los ciudadanos sometidos a tal nivel de sugestión que la disonancia cognitiva. Cuando en la Alemania nazi se reproducía hasta la saciedad que el pueblo judío era el problema, cambiar el sujeto de la frase tenía a menudo graves consecuencias. Ahora sabemos que la grandeza de aquel diabólico régimen fue el resultado de una prueba de laboratorio dirigida por el ministro de propaganda (Joseph Goebbels), consistente en transmutar las mentiras en verdades a través de su repetición. ¿No estaremos ante un caso similar de control y manipulación de la opinión pública?

Si reparamos en que el 1% privilegiado es dueño de los grandes medios de comunicación y que la libertad de expresión para una amplia mayoría consiste en evitar en todo momento incurrir en disonancia cognitiva con lo que difunden aquellos sin ningún tipo de autocensura (por mucho que se atente contra el derecho a una información veraz), no parece que el escenario diste mucho del que había en Alemania durante los años 30, aunque ya no sean los judíos los chivos expiatorios ni existan campos de exterminio (al menos, de momento). El hecho de que se haya logrado identificar en el imaginario colectivo la libertad de expresión del pueblo soberano con la libertad de expresión de un oligopolio mediático, que tiene como objetivo fundamental el control y manipulación de la opinión pública, ha puesto en manos de la clase dominante la más demoledora arma de destrucción masiva contra los intereses de las mayorías humildes, incapaces de reaccionar dialécticamente y de organizarse en movimientos alternativos, y responsable de que las dictaduras clásicas, basadas sobre todo en técnicas de represión, hayan sido sustituidas por dictaduras inspiradas en técnicas de persuasión.

No parece muy correcto tampoco afirmar que exista democracia en sociedades donde se alternan en el poder partidos compromisarios de una insignificante minoría, cuyos privilegios crecen a costa de los intereses de las mayorías, al igual que hablar de estado de derecho donde gran parte de leyes son papel mojado y los programas electorales son un reclamo publicitario dirigido a arrebatar el derecho de sufragio a los ciudadanos. ¿Por qué el sufragio universal, secreto y voluntario es sinónimo de dictadura en el caso cubano y ese mismo sufragio es sinónimo de democracia en sociedades donde la opinión pública y los partidos con opción de gobernar están bajo el control del 1% privilegiado? El hecho de que no se permita el pluripartidismo o la inversión privada en medios de comunicación en la mayor de las antillas está plenamente justificado como estrategia para impedir que el imperialismo y emergentes poderes fácticos en una sociedad cada día más desigual se hagan con el control de las instituciones políticas de la revolución, que siguen siendo instituciones de la clase trabajadora, a diferencia de los hegemónicos sistemas plutocráticos, en manos de la minoritaria clase burguesa. Por otra parte, ¿de qué derechos humanos estamos hablando cuando elegimos como modelo a naciones inmersas en un proceso de liquidación de la sociedad del bienestar y las convertimos en el contrapunto del ejemplo cubano?

Por mucha retórica y repetición que se utilice en este análisis comparativo, convirtiendo las mentiras en verdades, lo que está fuera de toda duda es que los derechos humanos, la democracia y las libertades son aspiraciones inherentes al socialismo cubano, mientras que son obstáculos (hábilmente sorteados) en el proceso de acumulación capitalista. Una cosa es reconocer que el modelo cubano es manifiestamente mejorable (como se hace en los lineamientos económicos aprobados por el pueblo) y otra muy distinta convertirlo en chivo expiatorio de todos los males, cuando es evidente que supera al modelo plutocrático en multitud de aspectos (también en los relacionados con la huella ecológica y el desarrollo humano) y que se ha visto condicionado extraordinariamente por las agresiones y amenazas de las grandes potencias imperialistas.

Si en algo deberíamos ser críticos es en el hecho de que naciones como Cuba, Venezuela o Bolivia no adopten claras iniciativas en sustitución del mandato representativo, que desvincula a los representantes políticos de los electores y los declara irresponsables en su actuación política, convirtiendo a las democracias burguesas en sistemas autoritarios, algo que ya denunciara Juan Jacobo Rousseau y que cayó en saco roto por la sencilla razón de que era la única tabla de salvación de la minoritaria clase burguesa a la hora de imponer sus intereses a las mayorías a través de una corrupta clase política a su servicio. Del mismo modo que los contratos privados son vinculantes y generan responsabilidades, debería existir un contrato de mandato entre electores y representantes políticos, que tendría por objeto un programa electoral convenientemente redactado. En el ámbito de las ciencias jurídicas, el grado de vinculación y responsabilidad en cualquier negocio jurídico (la relación entre electores y representantes sería con diferencia el más importante) debería ser proporcional al grado de capacidad jurídica, y no cabe la menor duda de que los cargos políticos disponen de poderes especiales (legislativo, ejecutivo y presupuestario) que deberían traducirse en un mayor grado de responsabilidad y compromiso que el existente en el derecho privado. La revocabilidad de los cargos es una iniciativa en esta dirección pero, no nos engañemos, sustituir a un político sin compromiso concreto con los electores ni responsabilidades por otro en similares circunstancias no es una solución satisfactoria, sobre todo si la comparamos con el mandato imperativo, aquí propuesto. Sería este el mejor modo de blindar la democracia como gobierno del pueblo y, sobre todo, para el pueblo, pero, justo es reconocerlo, las patadas al avispero (burgués e imperial) acarrean graves consecuencias, algo que a menudo no se tiene en cuenta a la hora de analizar los tímidos avances en los procesos de emancipación.

La verdadera preocupación de quienes gobiernan el mundo es que, tras más de 50 años de acoso y derribo, Cuba continúe siendo una república de trabajadores unidos y libres de esclavitud capitalista, como acreditan las multitudinarias manifestaciones del primero de Mayo, en que el derecho a la autodeterminación en base a los principios del socialismo humanista se convierte siempre en la reivindicación principal. Sería un error que ahora, con motivo de la apertura económica, los progresistas no cubanos nos sintiéramos traicionados. Hemos sido nosotros (especialmente quienes vivimos en el seno de las naciones que marcan la agenda de todos los gobiernos del mundo) los que hemos traicionado al pueblo cubano al carecer de valor suficiente para afrontar un proceso de cambios en nuestras sociedades como el de 1959 y condenar con ello al pueblo caribeño a una travesía del desierto heroica. Confiemos en que ese culto y crítico pueblo sea plenamente consciente en esta nueva etapa de que el objetivo de los empresarios capitalistas no es la creación de empleo ni los derechos humanos o la democracia sino la creación de plusvalías y que, con estas alforjas, el futuro de la Humanidad no puede ser más pesimista. Y confiemos también en que las autoridades cubanas tengan en alta consideración este razonamiento para rechazar cualquier inversión que no genere utilidad social o que pueda afectar a los derechos humanos del pueblo cubano.

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