El que tuviera alguna duda de la participación del “contratista” estadounidense Alan Gross en operaciones subversivas contra el gobierno cubano, espero que se haya convencido después de que se publicara por el sitio web norteamericano Along the Malecon, del periodista Tracey Eaton, un resumen de la reunión celebrada el 25 de agosto de 2008 entre la empresa Development Alternatives Inc.(DAI), de Bethesda, Maryland, con representantes del gobierno estadounidense, donde se precisa que Gross fue contratado por la DAI para introducir equipamiento en la isla y establecer conexiones a Internet por satélite a grupos afines al gobierno de EE.UU.
Anteriormente, en febrero de 2012, un informe de la agencia de prensa AP incluía los reportes oficiales de los viajes de Alan Gross a Cuba en el 2009, con el objetivo de introducir computadoras, teléfonos celulares, discos duros y equipos de telecomunicaciones, con el supuesto fin de “darle a la pequeña comunidad judía de la isla, acceso irrestricto a la Internet”.
Este fracasado plan, como bien se deja claro en el informe presentado por la DAI el pasado 15 de enero en una corte federal como respuesta a la demanda por 60 millones de dólares interpuesta por la familia de Alan Gross, forma parte de un programa diseñado por el gobierno de EE.UU. y sus Servicios Especiales con el objetivo de destruir a la Revolución Cubana.
En este programa se destacan los planes donde juegan un rol de primer orden las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Como antecedente, el 13 de octubre de 1995, se emite la regulación del “Carril 2” de la Ley Torricelli, una especie de implementación, que dicta precisiones adicionales tales como, “las licencias pueden autorizar ayuda técnica, entrenamiento, ayuda financiera y mercancías”.
En 1996, la Rand Corporation – tanque pensante del Pentágono – realizó una investigación que tenía como fin mejorar el conocimiento sobre la situación de las telecomunicaciones de Cuba, especialmente las perspectivas para ampliar la red de computadoras a través de Internet, y serviría como documento base para un proyecto sobre “Actores, resultados y política estadounidense para una Cuba en proceso de cambio”.
En el 2004 se publica el documento de la llamada “Comisión para asistir a una Cuba libre”, que tenía el encargo del presidente George W. Bush de identificar medios adicionales para poner fin rápidamente al régimen cubano. En el 2006 expuso esa administración un nuevo documento donde amplían las medidas. En el capítulo 1: Acelerar el fin de la dictadura de Castro: Transición, no sucesión, se crea el “Fondo Cuba para un Futuro Democrático”, que asigna 24 millones de dólares para la propaganda contra nuestro pueblo, incluida la que se realiza a través de Internet.
En el 2011, a solicitud del senador republicano, Richard Lugar, el miembro más prominente de ese partido en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Carl Meacham, encargado de América Latina en el equipo del político, se reunió con el personal del Departamento de Estado de EE.UU., altos diplomáticos extranjeros y funcionarios de la industria en el transcurso de varios meses para llevar a cabo una investigación sobre cómo los medios sociales y la tecnología podían utilizarse para promover y fortalecer lo que ellos entienden como la democracia en América Latina. En el informe de Meacham se reconocen descaradamente las acciones y planes subversivos que acomete el gobierno del vecino del norte contra la Revolución Cubana. En una de sus partes se manifiesta:
“El Departamento de Estado ha entrenado a los periodistas en varios países para que aumenten su capacidad de diseminar rápidamente la información precisa sobre acontecimientos y asuntos importantes. Se han invertido grandes esfuerzos en Cuba, el único país que en estos momentos censura activamente el contenido de la política de EE.UU. En Cuba, la Sección de Intereses de EE.UU. ha ofrecido miles de sesiones sobre Internet, cursos sobre la tecnología de los blogs, clases sobre entrenamiento básico de computación, clases de inglés semanales y apoyo de bibliotecas para el público cubano.[1] Estos programas tienen como objetivo reforzar la capacidad de los ciudadanos de utilizar los recursos existentes y también crear recursos sociales propios que aumenten la transparencia del gobierno y fortalezcan las instituciones civiles. Aunque Cuba es ciertamente un caso singular en el gran proyecto de la política exterior norteamericana, el staff reparó en el creciente interés que tienen los funcionarios del Departamento de Estado en incrementar las capacidades básicas de computación y alfabetización del pueblo cubano como medio de facultar a los cubanos para llevar a cabo cambios positivos en su propia sociedad.”
En lo que a infraestructura tecnológica se refiere, según el informe, Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado interina para los Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró:
“Aunque se ha anunciado claramente que “en estos momentos el Departamento de Estado no asigna dinero para ningún proyecto de infraestructura”, otra consideración de la política del Departamento hacia el uso de los medios sociales en Latinoamérica se ha centrado en el mejoramiento de la infraestructura existente que con frecuencia es inadecuada para la comunicación básica, la búsqueda efectiva online o la utilización de los recursos de los medios sociales.
“Una gran variedad de programas aprobados o iniciados por el gobierno se han puesto en ejecución recientemente con el objetivo de estimular los cambios en el statu quo de varios países latinoamericanos.”
A esa “variedad de programas” se refirieron los funcionarios de la USAID en la reunión del 25 de agosto de 2008 con ejecutivos de la DAI al hablar de ”de cinco a siete planes diferentes de transición” para Cuba, en los cuales se inserta la misión encargada a Alan Gross, uno más en la larga lista de fracasos que acumula Washington en su guerra sucia contra la Isla.
Notas:
[1] Preguntas a Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado interina para los Asuntos del Hemisferio Occidental, presentadas por Richard G. Lugar, miembro de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores para audiencia titulada “El estado de la democracia en las Américas”, el 30 de junio de 2011.
