Jorge Ángel Hernández Pérez
El terrorista Carlos Alberto Montaner entrevistado sobre la muerte de Wilman Villar
La reciente campaña desatada alrededor de la muerte del ciudadano cubano Wilmar Villar Mendoza pone sobre el tapete político un punto que parece camuflarse en el violento rigor de los debates y los enfrentamientos mediáticos. Me refiero a su, virtualmente concedida, impunidad para cometer delitos por el simple hecho de considerarse un prisionero político. Las propias fuentes de desenfreno propagandístico de la mercenaria oposición, obvian la contradicción entre la fecha del Certificado Médico que da constancia de su agresión a su esposa, en Julio de 2011, y su presunto ingreso en la Organización que lo sedujo, agosto de 2011. Es una estrategia usada antes con el también embaucado Orlando Zapata Tamayo, quien fue captado para la disidencia por activistas menos dispuestos a arriesgar su vida por la causa que dicen defender. Esta demagogia proselitista fue la verdadera piedra de toque que dio al traste con la vida del recluso.
La necesidad de hallar elementos de ataque a la conducta cubana con los presos, que liberó a aquellos siempre nombrados de la lista y concedió indultos a otros por causas comunes, hizo que, en un desenfreno digno del más enconado macartismo, organizaciones y políticos se pronunciaran por el hecho sin respetar las más esenciales normas del derecho y las relaciones internacionales. Son estas violaciones que, sin embargo, se pasean impunemente por las agencias de noticias gracias al abuso de la información que se les permite hacer. En los códigos a los cuales responden por sus cargos, actitudes de este tipo pueden ser objeto de criminalización. Hay pues un contubernio con la Guerra Fría que aún a Cuba se le impone.
Pero la norma de la disidencia busca a toda costa seducir al delincuente con la impunidad. Puede usted cometer un delito grave en Cuba y declararse, una vez en prisión, opositor, para que su historial sea considerado una manipulación de las fuentes oficialistas cubanas por parte de la bien financiada disidencia, en el interior y, sobre todo, fuera del país. Y, por demás, para que sus delitos sean desestimados y reconvertidos en una especie de patrimonio intangible de la disidencia. Los monopolios de la información y sus replicadores no confirmarán los datos y, tampoco, considerarán fiable nada que provenga de quien no secunde su acendrado terrorismo mediático, sus patrones de evaluación y descalificación. Baste comprobar que apenas tomaron en cuenta informaciones documentales acerca de la situación en el poblado oriental de Contramestre durante el entierro de Villar, ni consideraron válidos —creíbles— tanto el editorial del Diario Granma como las Declaraciones del Ministerio de Relaciones Internacionales de Cuba. Tampoco considerarán fiables los diagnósticos médicos, por supuesto.
Lo que necesitan, en esencia, es seducir al delincuente, o sea, pervertir cada vez más al lumpen-proletario, para que actúe en los ámbitos de la propaganda negra como ejemplo de una crueldad que, a fin de cuentas, no logran demostrar. Sin embargo, el delincuente común necesita un largo proceso de concientización para convertirse en disidente político, algo que también queda obviado, a pesar de que surge a la vista de inmediato, en los sumarios de aquellos que, poniendo su vida a buen resguardo, instan a gente llana a suicidarse. (Tomado de Ogún guerrero)
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