Arsenal de ideas
El sitio Arsenal de ideas realizó una entrevista a la jurista cubana Lillian Álvarez, activista y autora de numerosos artículos relacionados con los temas de acceso al conocimiento y la cultura y la propiedad intelectual y ganadora del Premio de la Crítica en Ciencias Sociales 2006 con su libro titulado Derecho de ¿autor? El debate de hoy, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2006, disponible también en la red.
Arsenal de Ideas: gracias Lillian por la entrevista. La propiedad intelectual es un tema que está presente en la agenda de los países centrales, y sobre el que hay poca información entre los ciudadanos de los países del Sur. Sabemos que desde hace algunos años hay una corriente de pensamiento que cuestiona a los derechos de autor como un medio para promover la cultura, la educación y el conocimiento: ¿de qué se trata realmente la propiedad intelectual?, ¿a qué se debe este cuestionamiento?
Lillian Álvarez: La propiedad intelectual es un término que en sí mismo contiene una contradicción. Hoy el cuestionamiento parte de si pueden ser objeto de apropiación las ideas, el fruto del intelecto humano. Desde los propios orígenes del desarrollo humano, cada invento, cada obra supuestamente original, tiene su base en los descubrimientos y avances de la ciencia, y las expresiones culturales que le precedieron, desde el alfabeto, los sistemas numéricos o los primeros cantos de trabajo. De haber existido leyes de apropiación desde los orígenes de la humanidad, no hubiera sido posible llegar hasta hoy. Todos bebemos de las fuentes de ese patrimonio de la humanidad que es el conocimiento y la cultura universal, un mosaico diverso, enriquecido por miles de millones de seres humanos, generación tras generación.
La propiedad intelectual como la conocemos hoy, regula dos grandes esferas: la llamada propiedad industrial (patentes, marcas, lemas comerciales, etc.); y el derecho de autor, que tiene como objeto de apropiación las obras literarias, musicales, las de las artes visuales, audiovisuales y otras. Al hablar de los orígenes del derecho de autor, siempre nos remontamos a la revolución que se produce cuando la imprenta de Gutenberg rompe las formas de “producción y distribución” de los libros existentes. Si antes eran copiados a mano, aquellos que habían invertido en imprimirlos con sus rústicas imprentas y con materiales costosos, necesitan ahora cierta exclusividad que les permita defenderse de la competencia. No es errado decir que el origen de los monopolios exclusivos se encuentra en la protección de las inversiones. Solo muchos años después se sustituye el llamado “privilegio” del impresor por el derecho exclusivo del autor. En la actualidad, cada avance tecnológico que repercute de una u otra forma en la creación o en la distribución de “contenidos” culturales, trae consigo reclamos del reforzamiento en las legislaciones para proteger a los afectados, o sea, aquellos dueños del copyright cuyos ingresos se ponen en juego. No es nada nuevo. Cada cierto tiempo se reviven los temores de “amenazas” que acabarán con la cultura. Sucedió con el fonógrafo y con las victrolas, que supuestamente liquidarían la música en vivo; con la radio, que haría lo mismo con la industria del disco; luego con los equipos de grabación y video domésticos, llamados a enterrar al disco y al cine; y en la actualidad con las posibilidades de intercambios y descarga de archivos a través de Internet. La vida ha demostrado que cambian los equipos, soportes y “hábitos de consumo” pero no muere por ello la creación. Cada una de estas innovaciones incrementó la participación del público general en la música, en las artes. No se puede confundir el criterio de quienes han invertido en la industria y pueden ver peligrar sus negocios con las necesidades y posibilidades de expresión artística, intercambio y disfrute de la cultura.
Arsenal de Ideas: Históricamente las normativas que intentan globalizarse, son impuestas desde el Norte a los países del Sur. ¿Qué sucedió en este caso con la propiedad intelectual?
Lillian Álvarez: Las normas relacionadas con los derechos de autor, no nacen en los países del Sur de sus necesidades. Les llegan a través de sus metrópolis. Heredan legislaciones que nada tenían que ver con sus realidades culturales o sociales. El sistema de derecho de autor euro centrista se estructura sobre la base de la obra-mercancía que crea monopolios exclusivos sobre la explotación económica de la obra. Esta “exclusividad” es la que garantiza el lucro al que posee los derechos. Las culturas oriundas de la mayoría de los países del Sur, desconocían el concepto de “obra”, ni reconocían la “originalidad” como requisito para que algún resultado artístico pudiera ser aceptado como valioso. La aportación colectiva y la trasmisión de los saberes y expresiones de una generación a otra, tenían un valor superior, sin reconocer al “autor” como individuo y mucho menos la propiedad sobre las creaciones. La imposición de normas ajenas a estas realidades, no tuvo ni tiene otro sentido que permitir la apropiación de lo que para nuestros ancestros resultaba inapropiable y ha sido la base para la expoliación y el saqueo más indiscriminado tanto de expresiones culturales, como de elementos de la biodiversidad y conocimientos tradicionales.
En el siglo XX, la “exportación” de legislaciones del Norte al Sur no se detuvo. El lugar de las antiguas metrópolis fue sustituido -en otra forma de colonialismo- por las grandes empresas. Hoy, como sabemos, la homogeneización de las leyes de propiedad intelectual, forma parte de las prioridades incluidas en los tratados de la OMC y de la OMPI, y, en escala ascendente, en propuestas como el ALCA –felizmente enterrada- las distintas variantes de TLC y en la llamada ACTA. Estos acercamientos han desdibujado las diferencias entre el sistema del “copyright”, mucho más ceñido al derecho de copia y el “derecho de autor”, aparentemente más atento a los derechos personales del creador. Después de la adopción de los acuerdos de los “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC) en el marco de la OMC – vigentes para sus 153 miembros- ha trascendido como resultante un sistema pragmático, garante por sobre todo de las transacciones comerciales en torno a la obra-mercancía.
Arsenal de Ideas: el discurso hegemónico de la propiedad intelectual, ¿como funciona? ¿Qué reacción hay frente a él?
Lillian Álvarez: No podemos olvidar que el derecho de autor, como todo conjunto de normas jurídicas o rama del derecho, es también una construcción clasista, que norma las relaciones entre los ciudadanos en torno a la creación en función de intereses concretos. No debemos dejarnos engañar por los matices “técnicos” y “apolíticos” con los que se tiñe el discurso hegemónico sobre este tema. Hay un fraude al presentarnos normas de “avanzada” o soluciones legislativas “superiores” que habría que seguir a la hora de intentar armonizar las legislaciones de los diferentes países. En los años 90, bajo el influjo neoliberal, se promovió en nuestro continente la adopción de normas y la formación de un pensamiento que defendía y legitimaba los intereses corporativos, trataba el conocimiento y la cultura como una vulgar mercancía, y afirmaba la criminalización de toda conducta colaborativa contraria a ello. Esto se hizo con el apoyo consciente y premeditado de la “formación” y “asistencia técnica” de la OMPI y otras organizaciones.
Aunque estos intereses permanecen, el escenario ha cambiado. En nuestro continente ha ganado terreno la defensa del dominio público, las iniciativas en torno al conocimiento y la cultura libre, el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos originarios. Se fortalecen las comunidades de software libre y se ha avanzado en cuanto al uso del mismo en las instituciones y educación públicas, apoyados por la voluntad de gobiernos soberanos con una vocación emancipatoria. Vemos también, por ejemplo, cómo ha existido un rechazo al llamado canon digital y a la abolición del préstamo gratuito en bibliotecas y cómo hoy en Chile se está defendiendo la educación en tanto derecho inalienable.
Arsenal de Ideas: ¿que “poder de fuego” tiene el lobby de la propiedad intelectual?
Lillian Álvarez: La propiedad intelectual en el mundo está atravesando hoy por una aguda crisis. La tecnología ha avanzado y sigue avanzando aceleradamente y una gran parte de la industria cultural y del entretenimiento, dominada por unas pocas empresas, quiere seguir aplicando modelos comerciales obsoletos, que garantizan unos exorbitantes ingresos para unos pocos y gravámenes, altos precios y dificultades de acceso para la mayoría. Aunque lo que proponen las corporaciones provoca retrocesos en cuanto a las posibilidades que se abren para la creación y el disfrute de la cultura, se trata de un lobby demasiado fuerte, y han logrado avanzar con proyectos muy agresivos hacia la ciudadanía, como la Ley Sinde en España, la Ley Hadopi en Francia, entre otras. En nuestro continente también ha habido intentos restrictivos como el de la implantación del canon digital en Argentina y Paraguay; pero pienso que se está ganando mucho en conciencia sobre estos temas y el intercambio y la participación popular a través de las redes sociales e Internet ha logrado que se escuchen los puntos de vista contrarios a estas propuestas y movilizar a muchos ciudadanos que hasta el momento se mantenían al margen de estos tópicos.
Arsenal de Ideas: a propósito de los intereses comerciales, ¿Cómo funcionan en realidad los factores de presión en la propiedad intelectual? ¿Qué rol juegan las corporaciones de las industrias del copyright y el gobierno de Estados Unidos?
Lillian Álvarez: Alrededor del tema de la propiedad intelectual, y más específicamente del derecho de autor, podemos definir dos grandes grupos de intereses: el lobby de la industria, liderado por las grandes corporaciones de la industria cultural, del entretenimiento y el software, fundamentalmente norteamericanas, y sus organizaciones, como, por ejemplo, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), la Asociación de la Industria de Grabación de Estados Unidos (RIAA), la Motion Picture Association of America (MPAA) y la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA). Este grupo tiene un inmenso poder, y la defensa de sus intereses ha sido colocada en un lugar prioritario por el propio gobierno de los EEUU. Anualmente el Representante de Comercio de los EE.UU. redacta el denominado “Informe Especial 301” en el que se evalúa y clasifica a los países (a la vez que se advierte y presiona) en función de la protección que brinda a la propiedad intelectual y por ende a los intereses norteamericanos en sus territorios. Estos informes se han convertido en instrumento de burdo chantaje e injerencismo respecto a los países deudores y dependientes del Sur. Este poderoso lobby es capaz de promover cambios legislativos en los EEUU y en numerosos países del mundo, incluso europeos, como ha sido revelado recientemente por Wikileaks. También influye y presiona dentro de los organismos internacionales. Del otro lado están los usuarios, el público, la inmensa mayoría de los creadores, posibles beneficiarios de las nuevas tecnologías, pero criminalizados por prácticas que escapan de los esquemas de rentabilidad de los titulares de derechos. Ahora bien, este escenario tampoco es en blanco y negro. Dentro del concepto “usuario” encajan otros entes con intereses económicos que intentan sacar ventajas del momento actual y asociaciones de profesionales muy vinculadas a los entes beneficiados. Está además el papel de las sociedades de gestión, aparentemente defensoras de los creadores, pero, en gran parte de los casos, con intereses particulares muy fuertes vinculados al mantenimiento del sistema. Es de destacar que algunos autores beneficiados por el orden actual apoyan las legislaciones más restrictivas, aún cuando, a la larga, sus posiciones los alejen de sus seguidores y dificulten la difusión de sus obras.
Arsenal de Ideas: este sistema de “protección” parece bastante perverso, ¿En lo cotidiano, qué consecuencias tiene la legislación de los derechos de autor sobre los ciudadanos?
Lillian Álvarez: El sistema de derechos de autor global, justifica hoy injusticias muy graves: el hecho de que la realización de una copia de una obra -para regalar o intercambiar- sea perseguida como un crimen; que los usuarios de las bibliotecas sufran limitaciones para el acceso a publicaciones vitales para la investigación y el estudio; que los maestros de los países del Sur no dispongan de los textos necesarios para enseñar, e incluso, se impida su fotocopia; que los discapacitados no dispongan de excepciones a la ley que les permitan acceder a las obras “protegidas” necesarias para su instrucción, o que, admitiéndolo la ley, se coloquen dispositivos de seguridad que lo impidan (algo muy frecuente en el ámbito digital); que las grandes compañías de software concentren todo el poder y sus dueños la fortuna de países enteros a base de cobrar a cuanto usuario necesite usar sus software en cualquier rincón del mundo; que cada vez se extiendan más los plazos de los monopolios exclusivos sobre las obras –una vez fallecidos los autores – en detrimento del dominio público. No podemos hablar de un sistema de derechos de autor que promueve la cultura, la educación y el conocimiento, ni siquiera que incentive la creación.
Como ya dijimos, para los países pobres, la situación es peor. En el 2006 el Grupo de Investigación Copysouth, formado por académicos y estudiosos de muy diversos países publicó un interesante trabajo (Dossier Copysouth, disponible en la red) que analiza y evalúa críticamente una amplia gama de asuntos relativos al derecho de autor (copyright) y su repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos de países del Sur. Esta investigación tiene hoy completa vigencia, y la situación incluso ha empeorado.
Arsenal de Ideas: de acuerdo a la actual ola progresista de los gobiernos de la región, pareciera que la propiedad intelectual quedó a contracorriente de las políticas de igualitarismo e inclusión social. ¿Cómo avanzar contra el capitalismo global sin neutralizar estos mecanismos de concentración de ganancias de las corporaciones transnacionales? ¿Qué estrategia deberían adoptar los gobiernos de la región?
Lillian Álvarez: Durante años, a través de la OMC, la OMPI, e incluso de esfuerzos –mejor intencionados o no- de otros organismos y organizaciones internacionales y ONGs, se benefició la difusión de una doctrina de propiedad intelectual hecha a la medida de los intereses corporativos. Se invirtieron muchos recursos. En América Latina se realizaron –y aún se realizan- cursos y otras acciones a fin de capacitar a jueces, fiscales, empleados y funcionarios de aduana, policía, abogados, profesores universitarios, en el conocimiento de los tratados internacionales (de la OMC y la OMPI) y más allá de esto, en sembrar ideas y conceptos afines a esta doctrina. Revertir ese trabajo de años no es cosa fácil. A veces, gobiernos progresistas que se afanan en dar pasos concretos a favor de una política revolucionaria e inclusiva, chocan en la práctica con un pensamiento reaccionario instalado en las mentes de quienes deben llevarlo a la práctica. Un abogado especializado en propiedad intelectual, es muy bien cotizado en el mundo actual. De ello resulta que no abundan aquellos que, una vez pagados sus estudios, se dediquen a defender los intereses ciudadanos. No hay allí grandes ganancias, ni eventos en buenos hoteles, ni cargos bien remunerados. Por eso pienso que hay que dedicar tiempo, esfuerzos y recursos a la formación de profesionales con una nueva visión comprometida con las causas más justas. Es imprescindible estudiar el sistema actual para denunciar sus mecanismos y desenmascarar sus argumentos, y a la vez construir un nuevo pensamiento antihegemónico capaz de sustituirlo. En esto no hay recetas, tiene que nacer de la discusión, del trabajo colectivo. Solo la iniciativa y la creatividad revolucionarias pueden lograrlo. Como parte de la integración latinoamericana, sería posible impulsar muchas iniciativas encaminadas a favorecer el dominio público, a estimular la creación y circulación de obras basadas en el copyleft (de manera que puedan ser reutilizadas, copiadas , redistribuidas y disfrutadas por el más amplio número de usuarios), a apoyar la digitalización de obras libres de derechos, a construir repositorios de publicaciones científicas, culturales, educativas, y a enlazarlos, de manera que gane el patrimonio común. Los gobiernos deben analizar en qué medida sus legislaciones de propiedad intelectual están favoreciendo realmente sus políticas educacionales, culturales y de inclusión social, y en qué medida es necesario introducir cambios de acuerdo a sus realidades concretas.
Algo estratégico para la soberanía e incluso la seguridad de cualquier país, ya sea del Norte o del Sur, es el uso del software libre en instituciones públicas y el sistema de educación, lo cual, por un lado, libera de la carga económica que supone el pago de licencias y por otra, impulsa el desarrollo local y los independiza de las corporaciones.
Arsenal de Ideas: ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos, las organizaciones sociales y todos aquellos que no están de acuerdo con este mecanismo de apropiación del conocimiento, la cultura y las ideas?
Lillian Álvarez: Estamos día a día bombardeados de mentiras y medias verdades. Nunca antes existieron tantas vías y medios de comunicación y nunca antes se ha manipulado tanto, y se ha tenido a la gente tan engañada. La lucha contra el ALCA fue exitosa porque se llevó hasta los sectores desposeídos, se formó una conciencia de lo que eso significaba para nuestros países. A diario, cada vez que uno intenta ver una película de cualquier nacionalidad, salen advertencias en muchos idiomas de que es un delito copiarla. Los spots te repiten que descargar una película o una canción es un robo, y que hay que defender la cultura. Nadie dice quién ha favorecido esas leyes y por qué se castiga tales conductas. Esas ideas se intentan sembrar en la mente de los ciudadanos a fuerza de reiteraciones y amenazas.
La cultura se defiende compartiéndola, participando, enriqueciéndola, no dejándola a merced del mercado para que solo trascienda lo rentable y se ignore lo que no sea capaz de generar beneficios, tenga el valor que tenga. Compartir no es un delito. La falsa escasez que genera el sistema de derechos de autor, basado en los monopolios exclusivos, estanca la creación, limita la circulación de las obras y hace depender su disfrute de las capacidades de pago de la gente.
Si hoy el costo de una copia es ínfimo, ¿por qué no aprovechar esto para distribuir el conocimiento y la cultura de forma más justa y reducir la brecha cultural? Lo contrario perpetúa la exclusión, las diferencias. Los autores, en su inmensa mayoría, no se benefician de la legislación actual; sólo algunas figuras muy prominentes o de éxito de ventas; los demás disfrutan más bien de un derecho hipotético.
Las comunidades de software libre, en oposición al software propietario, son un ejemplo de colaboración con una filosofía opuesta a la de la privatización del conocimiento. La iniciativa Open Access es una alternativa a la dramática situación de la privatización del conocimiento en el mundo académico. Pero no podemos mantenernos solo en el campo del intercambio de contenidos digitalizados a través de Internet, que sigue siendo accesible exclusivamente para una minoría en nuestro continente. Las ideas del derecho a la cultura y al conocimiento, pueden ser desarrolladas en escuelas y comunidades, y generar espacios de intercambio común. El ciudadano no tiene por qué cuidar de las propiedades de las transnacionales multimillonarias, y tiene derechos culturales que pocos gobiernos se han encargado de garantizarlos. La red de redes “En defensa de la Humanidad”, en el congreso de Caracas de 2004, incluyó entre sus ejes temáticos “la defensa de la cultura y del conocimiento”. Se trata de una de las claves de todo proyecto emancipatorio. No resulta concebible una transformación real del ser humano y de la sociedad, ni podemos aspirar a que los países del Sur se desarrollen, sin un nuevo pensamiento jurídico sobre estos temas y sin una práctica que lo acompañe.
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