Jesús Arboleya Cervera
David Rivera
Ahora resulta que el congresista David Rivera propone cambiar la Ley de Ajuste Cubano, considerada, hasta ahora, una piedra en la corona de la extrema derecha cubanoamericana, porque enfatiza la excepcionalidad de los inmigrantes cubanos y legitima los privilegios recibidos.
Hasta pudiera parecer que el cuestionado político miamense ha cambiado de bando y ahora se afilia a la posición del gobierno cubano, que la considera una ley criminal, en tanto no establece distinción entre inmigrantes legales e ilegales y ello ha costado la vida a muchas personas. Pero la causa es que la realidad le está pasando la cuenta y, como un boomerang, la Ley de Ajuste Cubano retorna para cortarles la cabeza.
Esta ley fue promulgada en 1966, con el propósito de legalizar el estatus de cientos de miles de inmigrantes que habían arribado indiscriminadamente a ese país, en virtud de la displicencia de política migratoria norteamericana hacia Cuba. También debía servir para alentar la nacionalización de estas personas y, de esta manera, reducir los gastos millonarios del Programa de Refugiados Cubanos, de por sí criticado por los propios conservadores norteamericanos, lo que obligó a Richard Nixon a cancelarlo en 1975.
La nacionalización en masa de los inmigrantes cubanos a partir de esa fecha, vino de perilla a la extrema derecha cubanoamericana, porque el llamado “exilio histórico” se convirtió en la base electoral del lobby cubanoamericano y muchos políticos han hecho carrera a su costa. Lo que ocurre es que están muriendo estos electores y nuevos vientos soplan en Miami.
A diferencia de otras leyes de ajuste promulgadas con posterioridad para resolver el problema de inmigrantes que arribaron ilegalmente a Estados Unidos, la Ley de Ajuste Cubano no establece límites en la fecha de aplicación, por lo que cualquier inmigrante cubano que pisa el territorio de ese país puede aún acogerse a ella y obtener la residencia permanente al año y un día de estancia en el mismo. Como ello les permite hacerse ciudadanos cinco años más tarde, se reduce a la mitad el ciclo normal que sigue cualquier inmigrante legal para alcanzar esta categoría, lo que ha contribuido a agilizar el proceso de integración de los cubanoamericanos en la vida política norteamericana. Pero lo que ayer fue un beneficio, hoy se torna un problema para los políticos miamenses, que pretenden perpetuar su poder sobre el resto de la comunidad.
Debido a esto, Rivera propone eximir de estos privilegios a los nuevos inmigrantes que viajen a Cuba y argumenta, con cierta razón, que no debe ser considerado refugiado una persona que puede visitar libremente su país. No obstante, la “inteligente” solución de Rivera no es reconocer esta realidad, sino inventar otra, mediante la cual el emigrado que no viaja por miedo a que lo sancionen, mantiene la apariencia de una condición de refugiado que no tiene sustento en los hechos.
En verdad, no se trata de algo nuevo, sino un mito que ha acompañado la historia de la emigración cubana, toda vez que, dado no abandonaron el país por ser perseguidos políticos, nunca fueron ni refugiados ni exiliados. Tan es así, que ni siquiera la ley norteamericana se atrevió a sustentar tal entelequia, sino que siempre han sido recibidos como simples “entrantes”, sujetos a un estatus de residencia temporal “bajo palabra”, denominado parole en inglés.
El concepto de refugiado, para calificar a los inmigrantes cubanos, ha sido, por tanto, un término engañoso, utilizado por el discurso oficial y la propaganda, para justificar, entre otras cosas, el trato preferencial otorgado a estas personas, respecto al resto de los inmigrantes que arriban a Estados Unidos.
La propuesta de Rivera, sin quererlo, pone en evidencia este mito y se mete en camisa de once varas, ya que no solo en términos prácticos la Ley de Ajuste Cubano ha significado una ventaja para los inmigrantes cubanos, algo que de por sí no merece la crítica de nadie, sino porque al refrendar la idea que se trata de “fugitivos” del régimen cubano, esta ley ha tenido una connotación política, que aún sirve a la extrema derecha cubanoamericana, para justificar la agresividad de su agenda.
Al cuestionarla, Rivera pone a temblar uno de los cimientos ideológicos de “la causa” contrarrevolucionaria y, si lo hace, es porque los presupuestos que le sirvieron de fundamento resultan cada día más insostenibles, debido a las transformaciones sufridas por la propia comunidad cubanoamericana, resaltando el desfase de la extrema derecha respecto a los procesos en marcha.
Ahora, la famosa ley sirve al asentamiento de los nuevos inmigrantes, aquellos que no dicen haber “huido” de ninguna parte, desean mantener los vínculos con su patria y nunca votarían por un David Rivera para representarlos. Para esta gente no fue que se inventó la Ley de Ajuste Cubano, deben pensar los que tanto han mamado de ella, y de nuevo tienen razón, ya que su adopción está en correspondencia con la función contrarrevolucionaria que debía cumplir la emigración en la política norteamericana contra Cuba, lo cual cada día tiene menos asidero en la propia comunidad.
Es por ello que algunos entendidos en el asunto, consideran que detrás de esta propuesta se esconde una patraña electorera, interesada en retrasar todo el tiempo que sea posible el acceso de estas personas a la vida política norteamericana, sin acabar de comprender que, ya sea antes o después, son el futuro de la comunidad cubanoamericana y lo que no podrán es detener la máquina del tiempo.
Quitar la escalera y quedarse sostenida de la brocha, es el dilema que enfrenta la extrema derecha cubanoamericana con la Ley de Ajuste Cubano, por eso, como un perro confundido, que trata por todos los medios de defender su territorio, de las sombras de los árboles que ellos mismos sembraron, Rivera está presto a morder hasta su propio rabo. Y no es el único animal de la manada. (Publicado en Progreso semanal)
