Néstor García Iturbe

En la noche del 15 de diciembre las dos fracciones del Congreso de Estados Unidos acordaron aprobar el presupuesto. La aprobación se llevó a cabo después de algunos “ajustes” en las cifras propuestas, que como es natural no afectan los intereses del uno por ciento de la población estadounidense.

Las dos fracciones del mismo partido, el Partido de la Clase Dominante, que para dar la impresión de que existe una “democracia” y que en esta hay un “bipartidismo”, para lo cual una fracción se denomina “Demócrata” y la otra “Republicana”, llegaron al acuerdo con el fin de poner a la firma del actual máximo defensor de los intereses del Partido de la Clase Dominante, el Premio Nobel de la Paz y también Premio Bush de Exterminador de Inocentes, Barack Obama, que seguramente firmara la ley sin mayores objeciones.

De lo primero que se asegurará Mr. President es que el presupuesto de defensa se encuentre casi intacto, pues eso asegura que las contribuciones a la campaña de reelección de las Empresas del Complejo Militar Industrial continúen llegando como hasta ahora.

Seguramente no se interesará, ni modificará antes de firmar el documento, por algunas “rebajitas” que se le han efectuado y que en definitiva afectarán a las clases de menos ingresos, esos que se llaman el 99 por ciento, con cuyas demandas el artífice del CAMBIO no se encuentra identificado ni obligado a resolver.

El presupuesto para el 2012 excluye los fondos destinados a las reformas del sistema financiero, que estaban encaminadas a limitar la capacidad de los bancos de arrebatarle las casas a los que no podían pagar las hipotecas. El dinero destinado al sistema de salud también sufrió disminuciones, prohibiendo entre otros aspectos el realizar gastos en función de la planificación familiar. Una de las pocas partidas del presupuesto de defensa que fue eliminada se refiere a lo destinado para los gastos que originaran los capellanes militares al oficiar o legalizar matrimonios entre personas del mismo sexo.

El Distrito de Columbia, la capital del país, no podrá utilizar el dinero que recauda para sufragar abortos de mujeres pobres. El dinero destinado a garantizar que las perforaciones del Ártico no afecten el medio ambiente fue totalmente cancelado. No se aprobó dinero para el programa de ayuda a los drogadictos.

Los programas de asistencia financiera a familias de bajos ingresos destinados al gasto de calefacción se redujeron en un 25 por ciento. Se mantuvo el importe de 5,500 dólares, como máximo, para el otorgamiento por el estado de las becas Pell, pero se cambiaron los requisitos para recibir estas, lo cual afectará cerca de 100,000 estudiantes.

Realmente tendría que revisar la larga lista de CAMBIOS que Obama prometió durante su campaña electoral para conocer si estos cambios estaban incluidos, pero no costaría mucho conocer cuál es el criterio del 99 por ciento sobre estos. Seguramente lo dirán en la próxima ocupación.

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Omar Pérez Salomón

En 1989 la revista Extra, publicada en Nueva York, calificó la instalación de la mal llamada Radio Martí y su homóloga de televisión, como “parte de una larga historia de aventurerismo de los medios masivos de difusión norteamericanos en la región dirigidos a socavar la soberanía cubana, alentando el descontento y la contrarrevolución”.

El gobierno de Barack Obama se ha sumado con creces a esa aventura, y en el primer semestre del año en curso se transmitieron contra Cuba un promedio de 2 243 horas semanales de propaganda radial, 65 horas más que el promedio del año 2010. Todo ello, pese a que el conocido Council on Hemispheric Affairs (COHA) reclamó eliminar  del presupuesto federal los 30 millones de dólares que recibe anualmente de los contribuyentes norteamericanos la OCB, que opera Radio y TV Martí.

Un estudio realizado hace dos años por la Oficina de Fiscalización del Gobierno (GAO), brazo investigador del Congreso del vecino del Norte, -y les aseguro que el resultado no ha cambiado nada- indica que todavía no está claro si hay cubanos que escuchen o vean las transmisiones de Radio y Televisión Martí, planteando que menos del 1 por ciento de los encuestados dijo que había escuchado Radio Martí la semana anterior. La investigación señala además que la programación con frecuencia es prejuiciada y no satisface las normas periodísticas.

Agencias de prensa como la AP y el periódico The New York Times, que en nada simpatizan con la Revolución Cubana, se han hecho eco de declaraciones de congresistas y especialistas en la materia que reclaman la desconexión de las emisoras.

El representante William Delahunt, demócrata por Massachussets, declaró en el 2009: “Los reto a encontrar a alguien que haya visto TV Martí. Es una estación de televisión sin audiencia”. También, la oficina del senador  demócrata por Wisconsin,  Russ Feingold, reconoció que “El presupuesto federal para las transmisiones de TV y Radio Martí es un despilfarro”

Por su parte, Cuba -con el derecho que le asiste de defender su soberanía en el espacio radioeléctrico- ha continuado denunciando en la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) las transmisiones de televisión que las aeronaves realizan contra la isla. En los primeros seis meses del año, la Isla ha realizado 27 reportes de interferencias perjudiciales a la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, por los 115 días que realizaron transmisiones hacia Cuba desde las aeronaves norteamericanas.

Aunque la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones decidió, desde el 2004, que la Administración norteamericana está produciendo interferencias perjudiciales a los servicios de televisión cubanos, internacionalmente reconocidos, el gobierno de Estados Unidos ha hecho caso omiso de tales decisiones.

En un momento de debates en el Capitolio de Washington sobre el presupuesto, se debería recordar que en EE.UU. se han derrochado más de 600 millones de dólares del contribuyente norteamericano; porque a pesar de sus escaladas y soberbia,  en Cuba no se reciben Radio y TV Martí.

Estudios de Radio Martí

Como dijimos hace muy poco, el dinero anda escaso en Washington y cada vez más gente allí se da cuenta de que destinarlo a la propaganda contra Cuba es tirarlo al mar.

Al reciente cuestionamiento sobre los fondos para la subversión anticubana, realizado por el Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, ha venido a sumarse el reclamo, por el influyente Council on Hemispheric Affairs (COHA), de la eliminación de 30 millones de dólares anuales para las emisiones de radio y televisión contra Cuba.

Según el COHA, las llamadas Radio y Televisión Martí deberían ser los principales objetivos de quienes proponen reducir el presupuesto de gastos del gobierno.

Reporta la agencia Prensa Latina que la citada organización contrasta el hecho de que  los republicanos no vieran inconvenientes en cortar los fondos federales a la National Public Radio (NPR) a mediados de marzo, pese a que llega a más de 27 millones de estadounidenses cada semana y, sin embargo pasen por alto proyectos favoritos de sectores conservadores como las transmisiones de Radio y TV Martí, ambas financiadas por el gobierno contra Cuba y que son vestigios, asegura, de planes costosos e infructuosos de la Guerra Fría.

En las últimas semanas algunos legisladores introdujeron iniciativas para evitar la pérdida de dinero de los contribuyentes con la Ley de Transmisiones hacia Cuba pero, según John Nichols, un ex profesor de la Universidad de Penn State y experto en comunicaciones sobre Cuba, no hay certeza de que exista la voluntad política necesaria para aprobar estos proyectos.

La aprobación es “muy poco probable”, las emisiones son una muestra “simbólica de una irracional política de Estados Unidos hacia Cuba, puntualiza Nichols.

Estos programas son administrados por el gobierno federal a través de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba (OCB) con sede en Miami, Florida, lo cual es supervisado por la Junta de Gobernadores de Radiodifusión (BBG), una agencia gubernamental que ejecuta la política subversiva en el sector hacia el exterior.

Desde el inicio de la OCB gastó más de 500 millones de dólares pese a la escasa audiencia de sus programas.

Si los republicanos y demócratas en el Congreso realmente quieren reducir los gastos innecesarios, las emisiones de la OCB deberían ser las primeras víctimas de la guerra del presupuesto que en la actualidad son protagonistas en Washington, subraya el COHA.

(Con información de PL)

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