El informe de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela contiene todos los requisitos para ocupar un lugar señero en una enciclopedia universal de la infamia. Mucho más porque la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se debe a un conjunto de mandatos emanados de la Carta de esa organización, de los acuerdos de su Consejo de Derechos Humanos y de otras de sus instancias que resultan pisoteados en este documento.

El informe no menciona apenas la guerra económica de Washington contra Venezuela y sus terribles efectos en la población y mucho menos exige que se ponga fin a esa brutal agresión. Omite innumerables hechos de primerísima importancia. Entre ellos, la violencia feroz de la oposición dirigida por Estados Unidos, tanto en marchas como en guarimbas y en sus reiterados intentos golpistas, enmarcados en un contexto de guerra híbrida cuyo fin desde 2002 es derrocar al gobierno bolivariano, eliminar físicamente al chavismo y apoderarse de las enormes riquezas naturales del país suramericano.

¿Golpismo? ¿Guerra híbrida?  ¿Guerra económica? Qué va. Para Bachelet lo único que existe en Venezuela son violaciones del gobierno a los derechos humanos. Tampoco existe una grave crisis humanitaria ni de derechos humanos en Haití, Honduras, Guatemala, Colombia, Yemen, Somalia, Libia, Afganistán, Palestina ocupada por Israel. Ni las políticas neoliberales que hunden hoy en la miseria a millones de argentinxs y brasileñxs antes elevados a niveles dignos de vida por los gobiernos de Lula y Cristina Fernández, acciones que constituyen violaciones masivas de los derechos económicos, políticos y sociales de esas poblaciones. Ni la campaña de terrorismo de Estado del gobierno de Trump contra millones de migrantes, su exacerbación del supremacismo blanco, la xenofobia, el racismo y la misoginia.  

¿De qué país habla Bachelet? El que refiere en su informe no es el que he visitado muchas veces durante el periodo revolucionario. No es el de millones de personas marchando en apoyo a su gobierno, no es el de la alta matrícula en todos los niveles de educación, no es el del programa Barrio Adentro ni los Centros de Diagnóstico Integral, que con médicos venezolanos y cubanos han hecho de la salud un derecho universal, no es el de la igualdad entre hombres y mujeres ni el del reconocimiento de la diversidad sexual, no es el de la menor desigualdad en nuestro continente de acuerdo con datos de la respetada Comisión Económica para América Latina de la ONU, no es el de democracia participativa y protagónica ejemplar,  no es el de lxs jóvenes y el pueblo alegres y cultos. Tampoco el de los casi tres millones de nuevas viviendas dignas.

No está en mi ánimo edulcorar la realidad, tampoco oculto mi compromiso militante con la Revolución Bolivariana. Pero si de investigar y calificar una realidad se trata lo menos que debe exigirse es que predomine la observación y comprobación escrupulosa de los hechos y no el desequilibrio ni un ejercicio totalmente discriminatorio, unilateral, selectivo y sesgado. En Venezuela, como en todos los procesos revolucionarios, se han cometido errores. Hay burocratismo y corrupción, que cualquier chavista reconoce y denuncia. El Estado burgués dificulta el avance revolucionario y los cuerpos de seguridad pueden cometer excesos que se investigan y con frecuencia se sancionan. Pero nada de esto podría analizarse si no se considera la subordinación por mucho tiempo del país al sistema de dominación de Estados Unidos, expresado en el modelo petrolero rentista y el subdesarrollo. Mucho menos si se obvia la guerra en curso contra la Revolución Bolivariana precisamente por los éxitos que ha obtenido en la trasformación de aquella realidad en materia de soberanía, justicia social, solidaridad humana, amplias libertades democráticas y verdadero ejercicio de los derechos humanos, e incluso éxitos económicos, ahora velados por el bloqueo.

¿Cómo puede justificar Bachelet que de las 588 entrevistas que nutren su informe ninguna haya sido realizada en Venezuela? ¿A qué fueron entonces allí la señora y su equipo, que permaneció semanas en el país? ¿Cómo explicar que el secretariado redactor del informe sea el mismo que hacía esta labor al Alto Comisionado anterior, el príncipe jordano Zeid Ra’ad Al  Hussein, de estrechos vínculos con el repugnante secretario de la OEA Luis Almagro y con Leopoldo López?

María Eugenia Russian, presidenta de Fundalatin, ONG con Estatus Consultivo Especial dentro del Consejo Económico y Social de la ONU, denunció la exclusión de informes y testimonios de 12 ONG en el Informe Bachelet.

La Alta Comisionada no tomó como fuentes de su reporte los documentos confeccionados por dos expertos independientes de la ONU, Alfred de Zayas e Idriss Jazairy, quienes censuraron en términos muy duros las sanciones económicas contra Venezuela y las consideraron causantes de las privaciones que sufre la población.

El informe de Bachelet, en fin, parece redactado por Almagro. Tal para cual.

Twitter:@aguerraguerra

Salim Lamrani (Opera Mundi)

Estados Unidos se encuentra aislado en el continente americano sobre la cuestión venezolana debido al apoyo que brinda al sector golpista de la oposición, cuyas violencias causaron la muerte de cerca de 30 personas.

Desde el inicio del mes de febrero de 2014, los sectores de la extrema derecha multiplican los actos criminales en Venezuela con el objetivo de romper el orden constitucional y derrocar al presidente democráticamente electo Nicolás Maduro. Las violencias causaron la muerte de al menos 28 personas, entre ellas varios miembros de las fuerzas del orden. Tres líderes de la oposición elaboraron el plan de acción en enero de 2014: Leopoldo López, presidente del partido de extrema derecha Voluntad Popular; María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. Los tres llamaron públicamente a un golpe de fuerza contra el Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.[1]

Estados Unidos se ha opuesto desde el inicio a Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana a pesar de su carácter democrático y pacífico. Desde 1999, Washington brinda apoyo político, diplomático, financiero y mediático a la oposición venezolana. En 2002, George W. Bush había orquestado un golpe de Estado contra el Presidente Chávez con la complicidad de la oligarquía venezolana, de una parte del ejército y de los medios informativos privados del país. Hoy, la administración Obama apoya abiertamente los intentos de desestabilización de la democracia venezolana respaldando las actividades de la extrema derecha.

El Departamento de Estado defendió las manifestaciones violentas en nombre de “la libertad de expresión”. Exigió a las autoridades venezolanas que liberaran a los responsables de esos actos, “injustamente detenidos”, a pesar de que varios fueron arrestados con armas en las manos. John Kerry, secretario de Estado, incluso amenazó a Venezuela con sanciones.[2]

No obstante, Washington se encuentra aislado en el continente americano. La inmensa mayoría de los países de la región condenaron las violencias que orquestó la oposición y brindaron su apoyo al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro. El 7 de marzo de 2014, la Organización de Estados Americanos (OEA), tradicionalmente conservadora y alineada con Washington, que agrupa todas las naciones del continente menos Cuba, infligió una derrota a la administración Obama. Una resolución, que adoptaron todos los países con la excepción de Estados Unidos, Canadá y Panamá, expresó la “solidaridad” y el “apoyo [de la OEA] a las instituciones democráticas, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela”. En una alusión a la posición de Washington, la OEA llamó al “respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados” y expresó su “su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho”. También condenó la actitud de la oposición expresando su “su más enérgico rechazo a toda forma de violencia e intolerancia”. Finalmente la Organización declaró su “pleno respaldo y aliento a las iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente electo de Venezuela y de todos los sectores políticos, económicos y sociales para que continúen avanzando en el proceso de diálogo nacional”.[3]

Por su parte, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que agrupa los 12 países de la región, condenó “los recientes actos de violencia”. “Cualquier demanda debe ser canalizada de forma pacífica, por la vía democrática, y respetando el Estado de Derecho y sus instituciones”, enfatizó. También expresó su “solidaridad” con “el pueblo y el Gobierno democráticamente electo de esa nación” y decidió “respaldar los esfuerzos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo” con todos los sectores de la sociedad. En una clara alusión a Estados Unidos, la UNASUR expresó su “preocupación ante cualquier amenaza a la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”.[4]

Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, quien acogió en Santiago la reunión de la UNASUR, brindó su apoyo total a Nicolás Maduro y condenó los intentos de la oposición de romper el orden constitucional. “No aceptaremos jamás que nadie, ni persona ni país, incite a través de mecanismos violentos, a derrocar a un Presidente legítimamente electo” afirmó, en una nueva alusión a Estados Unidos. Según ella, los conflictos deben resolverse mediante “una vía de diálogo y de paz”, rechazando así las manifestaciones violentas de la oposición.[5]

Cristina Fernández, la Presidenta de Argentina, también expresó su rechazo a los intentos golpistas y ofreció su apoyo a “la democracia venezolana”, recordando que el actual poder sacaba su legitimidad de los 18 procesos electorales sobre 19 que ganó durante los últimos 15 años. Llamó a la oposición a no abandonar la vía democrática enfatizando la posibilidad de organizar un referéndum revocatorio en 2016, de medio-mandato, que permitiría convocar elecciones presidenciales anticipadas en caso de triunfo. “Venezuela es el único país del mundo que tiene revocatorio, o por lo menos de la región, donde al presidente le ponen el derecho de revocatorio”, subrayó. Del mismo modo, no dejó de denunciar los intentos de desestabilización que orquesta Estados Unidos y advirtió contra las “intervenciones foráneas y extranjeras, por lo que sería lamentable permitir que vientos ajenos derrumben a un país hermano como Venezuela”.[6]Cristina Fernández también denunció el “intento de golpe suave que se quiere dar contra la República Bolivariana de Venezuela”.[7]

Como durante la presidencia de Hugo Chávez entre 1999 y 2013, Estados Unidos no ha renunciado a acabar con la Revolución Bolivariana democrática, pacífica y social. Se opone al Presidente Maduro y apoya a la oposición golpista. Por su parte, los medios informativos occidentales, principales apoyos de este intento de desestabilización, han tomado partido a favor de los partidos de la ruptura del orden constitucional y contra la democracia venezolana.

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano. http://www.amazon.fr/Cuba-m%C3%A9dias-face-d%C3%A9fi-limpartialit%C3%A9/dp/2953128433/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1376731937&sr=1-1

Contacto: lamranisalim@yahoo.fr

Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

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[1]Salim Lamrani, « 25 verdades sobre las manifestaciones en Venezuela », Opera Mundi, 23 de febrero de 2014.

[2]EFE, « EEUU no responde a oferta de diálogo de Maduro e insiste en pedir mediación », 17 de marzo de 2014.

[3]Organisation des Etats américains, « Consejo permanente aprobó declaración sobre la situación en Venezuela », 7 de marzo de 2014.

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/14 (sitio consultado el 18 de marzo de 2014).

[4]Union des nations sud-américaines, « Resolución », 12 mars 2014.

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/03/RESOLUCI%C3%93N-UNASUR-MARZO-2014.pdf (sitio consultado el 18 de marzo de 2014).

[5]The Associated Press, « Bachelet reitera apoyo a Maduro », 16 mars 2014.

[6]Agencia Venezolana de Noticias, « Presidenta Fernández: Defendemos la democracia de Venezuela », 1de marzo de 2014.

[7]Telesur, « Fernández: Derrocamiento del Gobierno de Venezuela sería fatal para Latinoamérica », 1 de marzo de 2014.

Atilio Boron

Si hay algo que puede vaciar de contenido un proyecto democrático es la combinación entre abstencionismo electoral y el rechazo de los partidos políticos. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en Chile a partir del triunfo de Michelle Bachelet en un comicio en el cual quien verdaderamente arrasó fue el abstencionismo, que arañó el 59 por ciento del padrón electoral, mientras que Bachelet apenas obtuvo el apoyo de un 25 por ciento del mismo. No hace falta ser un Premio Nobel de Ciencia Política (plaga por ahora inexistente) para  concluir que la democracia chilena enfrenta una grave crisis de legitimidad: la “antipolítica”, o sea, la indiferencia ciudadana ante el predominio indiscutido de los grandes intereses privados expresa, de manera categórica, el triunfo ideológico del neoliberalismo en un país en donde no sólo la economía tiene ese signo ideológico sino que también lo asume como su divisa una sociedad que lleva más de cuarenta años de indoctrinamiento en los valores más exacerbados del individualismo burgués.

La apatía ciudadana no es un capricho. Se explica por un hecho bien sencillo: una democracia que durante más de veinte años se desinteresó por la suerte de la ciudadanía (al paso que se desvivía por asegurar las ganancias de los capitalistas) al cabo de un cierto tiempo sólo podía cosechar apatía, desinterés y, en algunos casos, el abierto repudio de amplios sectores de la sociedad.  No sorprende que la última encuesta de Latinobarómetro haya certificado que, interrogada sobre cuál es la forma preferible de gobierno, casi un tercio de la muestra entrevistada en Chile, exactamente el 31 por ciento, declarase preferir un gobierno autoritario o que “le da lo mismo” cualquier clase de régimen político.  En Venezuela, en cambio, para tomar el caso de un gobierno ferozmente atacado por la prensa hegemónica en la región a causa de sus supuestos “déficits democráticos”, quienes contestan de la misma manera constituyen apenas el 11 por ciento de los entrevistados. Y como asegura la teoría política, la calidad de una democracia se mide, entre otras cosas, por las creencias políticas de sus ciudadanos. No es este el único indicador en el cual la Venezuela bolivariana supera a casi todos los países de la región, comenzando por Chile.

El triunfo del neoliberalismo y la exaltación de los valores mercantiles se traducen naturalmente en la derrota de la política a manos del mercado; del espacio público subyugado por la esfera de lo privado, dominada por las grandes empresas. A lo anterior súmesele la preocupante declaración que hiciera Bachelet al día siguiente de su victoria cuando dijera (tal como lo reprodujera Página/12 en su edición del 17 de Diciembre) que “las decisiones las voy a tomar yo, no sólo del gabinete. La coalición que me apoya es una cosa, la constitución del gobierno yo la voy a decidir.”  En otras palabras el peor de los mundos: apatía ciudadana combinada con la desmovilización, o marginación de los partidos políticos y, por añadidura, de movimientos sociales u otras formas de organización, que son la expresión de las aspiraciones, expectativas e intereses de las clases y capas sociales que componen la sociedad chilena. ¿Creerá acaso la futura presidenta que de ese modo podrá avanzar en la reforma de la antidemocrática constitución pinochetista, el regresivo régimen tributario y la educación convertida en un negocio que ofrece pingües ganancias a los empresarios que lucran con ella, para ni hablar de derogar la decimonónica y reaccionaria  legislación laboral que todavía subsiste en Chile? Sin una población re-politizada (como supo ser la del Chile de Salvador Allende) y sin partidos políticos y movimientos sociales que canalicen y potencien las aspiraciones populares la democracia chilena continuará siendo fácil presa de las clases dominantes, de los grandes empresarios que desde dentro y fuera de Chile han venido controlando el estado y los sucesivos gobiernos desde el golpe del 11 de Septiembre de 1973.

Convendría que, habida cuenta de lo anterior, Bachelet reflexionara sobre lo que más de una vez sentenciara George Soros: “los ciudadanos votan cada dos años, los mercados votan todos los días.”  Controlar ese nefasto influjo cotidiano de los mercados –eufemismo para no designar por su nombre al gran capital- será una misión imposible sin sortear la trampa de la “antipolítica” y sin garantizar que los partidos, sobre todos los de izquierda, jueguen un papel protagónico en su gobierno. De lo contrario, el tránsito desde esa frágil democracia sin ciudadanos hacia una plutocracia desenfrenada será tan acelerado como inevitable.

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