El capitalismo todo lo que toca lo convierte en mercancía, hasta el riesgo de muerte. Así ha sucedido con las huelgas de hambre.

Los nacionalistas irlandeses hicieron del ayuno voluntario un arma de lucha contra la dominación británica, ejemplo al que acudiera el líder comunista cubano Julio Antonio Mella en su enfrentamiento a la dictadura pronorteamericana de Gerardo Machado. Mella, de madre irlandesa, había asumido como decidido ejemplo al alcalde de la ciudad surirlandesa de Cork, Terence MacSwiney, fallecido en un ayuno voluntario en 1920, tras ser condenado a cárcel por conspirar a favor de la independencia. Pero el que fuera método anticolonialista y de las luchas populares y antimperialistas ha devenido, gracias  al control imperial sobre los medios de comunicación, en instrumento propagandístico fraudulento para, como coartada humanitaria, dañar la imagen de gobiernos que no son del agrado de los dominadores de este mundo.

Así, leemos a ese luchador anticolonialista y por los humildes que es el señor Luis Almagro declarar apoyo a su colega, como él empleado del gobierno estadounidense, que dice estar en huelga de hambre mientras la televisión cubana lo exhibe recibiendo clandestinamente abundantes cargas de comida. Almagro, que sabe que sus empleadores son los padres del Terrorismo de Estado en todo el planeta, habla, a propósito de su colega del “Terrorismo de estado” del gobierno cubano, casualmente en vísperas de que el State Department publicara un informe acusando sin prueba alguna a Cuba de torturas y ejecuciones extrajudiciales, mientras respalda a los que disparan a los ojos de los jóvenes chilenos y asesinan con frecuencia escalofriante a luchadores sociales en Colombia. Que lo haga el gobierno cuyo Presidente fue segundo al mando de un ejecutivo que mantuvo abierto un penal sin ley en Guantánamo, inauguró los asesinatos por control remoto mediante drones, ejerciendo simultáneamente como tribunal y verdugo, y cuya Secretaria de Estado expresó entre risas “fui, vi y murió” al conocer el descuartizamiento del líder libio Muamar el Gadafi, es un detalle menor, digno de aparecer como nota al pie en la Enciclopedia Universal de la Infamia.

Semanas antes, otra “huelga de hambre” a la que sirvió como chofer y titiritero el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, exigía la libertad de alguien que proclama con orgullo pertenecer a los “Lobos solitarios”, una organización que desde Miami ha financiado actos terroristas en Cuba contra escuelas y otras instalaciones sociales. Ahora sabemos que aquellos “huelguistas”, lejos de poner en peligro sus vidas, sólo aumentaban el grosor de sus bolsillos. Un contrato de mil dólares mensuales para su líder, desde el Instituto Nacional Demócrata, que dirige con dinero federal estadounidense la halcona Madeleine Albrigt, ha salido a la luz pública también en la televisión cubana, pero la prensa que se dice libre e independiente no puede abordar el tema. Tampoco pueden referirse los dos asuntos que cohesionan a los cubanos por estos días: el reclamo de que la nueva administración norteamericana elimine el bloqueo económico junto a las más de doscientas cuarenta medidas con que el gobierno de Donald Trump lo recrudeció, y el orgullo por el desarrollo de cinco candidatos vacunales propios contra la Covid-19.

La construcción de una coartada humanitaria para justificar una intervención militar, reclamada a voz en cuello por otro de los falsos huelguistas del pasado noviembre en La Habana, tiene en la gestión de la Señora Albrigth una amarga memoria. Fue ella, desde el gobierno Demócrata de Bill Clinton, la Secretaria de Estado que justificó con manipulaciones y mentiras el extenso bombardeo de la OTAN contra Yugoslavia que costó miles de vidas civiles y se ensañó con objetivos tan criminales como hospitales, plantas de televisión y embajadas. Al mando de la santa aliaza atlántica estaba entonces otro militante demóctrata, más exactamente socialdemócrata, el español Javier Solana, que en su rol de canciller ibérico fuera partero de una operación de guerra cultural contra Cuba al crear y financiar, junto a la Open Society Foundation, la National Endownment for Democracy y la Ford Foundation, la fenecida revista Encuentro de la cultura cubana.

Ahora, en Cuba, en nombre de la cultura y a las puertas del Ministerio homónimo se ha pretendido defender a contratistas de Albrigth y los “Lobos solitarios”, y la “prensa libre” le oculta a sus lectores los hilos sobre el tablado. Nada casual que en la tarea se hayan destacado los herederos de Solana y Encuentro de la cultura cubana, que con auspicio de Open Society y del gobierno noruego del socialdemócrata Jens Stoltenberg, actual Secretario General de la OTAN, integraran el también fenecido “laboratorio de ideas” Cuba Posible. Con una fugaz Articulación plebeya buscaron convertir la farsa de San Isidro en revolución de terciopelo y parir un remake extemporáneo de Carta de los 77, en el mejor estilo de la checoslovaca, tierra natal de la Señora Albrigth. Sin embargo, en este país, lo humanitario no es coartada. A pesar de deficiencias, bloqueos y desafíos, lo atestigua una palpable realidad: está en los miles de cubanos salvados de la Covid-19 por una tasa de letalidad que es varias veces menor que la del país que financia falsos huelguistas de hambre, en los miles de médicos que han viajado a otras tierras para ofrecer su trabajo solidario, en el científico que roba horas y horas al descanso para derrotar la pandemia y la guerra económica. Esa guerra que los falsos huelguistas de hambre dicen no existe, pero -en nombre de los derechos humanos- piden se recrudezca aún más.

(Granma)

El 19 de marzo del año en curso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció a través de una videoconferencia un acuerdo al que llegó el organismo regional con Facebook, una de las compañías más grandes del mundo por capitalización.

Acompañado de Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales del gigante de Silicon Valley, Almagro informó que la alianza estaba dirigida a desarrollar “proyectos de investigación, programas de entrenamiento y divulgación de estudios en áreas de interés mutuo”.

¿Cuáles “intereses mutuos” pueden tener la OEA y Facebook? Nick Clegg dijo a la audiencia que, principalmente, iban a trabajar para superar “desafíos” en materia de integridad electoral, libertad de expresión y protección de la privacidad de defensores de derechos humanos. Almagro, por su parte, agregó que Facebook compartía los mismos objetivos de la OEA para el hemisferio y que esperaba que la alianza se expandiera “a muchas otras áreas”.

Siendo el propietario de tres de las principales aplicaciones más consultadas en Internet (2 mil 700 millones de personas usan mensualmente Facebook, WhatsApp e Instagram), Mark Zuckerberg supo aprovechar la pandemia para que su compañía reaccionara fortaleciendo medidas diseñadas anteriormente y que habían sido opacadas por el escándalo de Cambridge Analytica, que presentan a Facebook como una especie de verificadora global de “información confiable”, evitando “viralizar el pánico” con respecto a las noticias que hablan del coronavirus.

Clegg no olvidó mencionar esa carta en la introducción del pacto con la OEA, además de relatar que la red social ha acompañado las campañas de vacunación de gobiernos facilitando anuncios gratuitos o tecnologías que les muestran a los usuarios dónde pueden vacunarse.

“La red social está conectando a millones de personas con información confiable para ayudarlas a protegerse de la pandemia y equipado a pequeños negocios con las herramientas digitales para navegar la crisis”, expuso Nick Clegg.

Sobre el papel que la OEA podría desempeñar, Almagro dio algunas luces enfatizando la “amplia experiencia en promoción de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la seguridad multidimensional” del organismo en la región, con intervención en más de 280 procesos electorales en los últimos 50 años.

También refirió que, en el campo de derechos humanos, uno de los tres temas acordados con Facebook, la OEA ha “llevado justicia a miles de víctimas”, encausando investigaciones a través del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) y “otorgado protección urgente a personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.

La organización que promueve golpes de Estado

Ante la detención de Áñez, la OEA emitió un comunicado alegando un supuesto abuso de mecanismos judiciales, aplicando la cotidiana acusación sin pruebas para luego exponer una serie de consideraciones injerencistas sobre el Poder Judicial en Bolivia, entre esas, reformar el sistema de justicia (…) la OEA agrega la propuesta de establecer una comisión internacional encargada de investigar los hechos de corrupción en Bolivia en la gestión de Evo Morales.

Recordemos que en 2019, los informes que Luis Almagro emitió negándose a reconocer la victoria legítima del entonces presidente Evo Morales dieron carta aval a los grupos armados paramilitares de derecha y a facciones insidiosas de las fuerzas de seguridad bolivianas para forzar la renuncia del líder boliviano e imponer autoridades complacientes a los designios de actores extranjeros interesados en los recursos bolivianos.

Si nos vamos al papel preponderante de la OEA en la región para atacar a Venezuela con bloqueos y conspiraciones golpistas, mientras que sistemáticamente ignora estallidos sociales y violencia estatal en otros países latinoamericanos, lo de su experiencia en derechos humanos y libertad de expresión se torna cinismo puro.

La empresa que entrega datos de privacidad para fines políticos

En 2018, The New York Times y The Guardian informaron que la extinta firma de análisis de datos Cambridge Analytica había recopilado datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook para desarrollar un algoritmo que analizase las preferencias políticas de los votantes. El algoritmo permitió a los usuarios enviar anuncios políticos con el objetivo de influir potencialmente en sus votos en las elecciones.

Facebook sostuvo que, en 2015, el profesor de psicología de la Universidad de Cambridge, Alexander Kogan, obtuvo datos personales de usuarios mediante una aplicación y los transfirió a Cambridge Analytica. Ese año, Facebook bloqueó la aplicación y ordenó a la empresa que borrara los datos, pero después “se enteró” de que la información no había sido borrada por completo, así que respondió con la suspensión de la cuenta de Cambridge Analytica.

Sin desestimar las implicaciones éticas de las acciones de Cambridge, llama la atención que los medios se afincaron más en demostrar que la intervención de la consultora británica había determinado el éxito de la campaña presidencial de Trump en 2016, y casi no tanto en resaltar que uno de los tantos vicios de Facebook es dejar que su plataforma sirva a intereses políticos de los que paguen.

Por otro lado, la campaña de Barack Obama de 2012 utilizó antes la ciencia social y la analítica de datos para reunir una gran cantidad de información sobre posibles partidarios, pero no hubo el mismo revuelo.

La red social demostró el año pasado que si quiere interferir en los resultados de una elección presidencial, lo puede hacer por toda la calle del medio y a plena luz del día. Al igual que lo hicieron otros factores de la industria de la tecnología, Zuckerberg no escatimó en acciones determinantes que revelaron su predilección por Joe Biden: suprimió la capacidad de compartir a través de sus redes las investigaciones periodísticas sobre el caso que involucraba al hijo del actual presidente con una trama corruptiva en Ucrania, proclamó la victoria del actual presidente cuando todavía el conteo electoral no había culminado y censuró la cuenta de Donald Trump en los días de la transición presidencial.

¿Quién es Nick Clegg?

Nick Clegg se describe a sí mismo como “un no tecnólogo, extrovertido, de 52 años que trabaja para un tecno-genio introvertido de 35 años”. Desde 2019, cada mañana -hasta que la pandemia impuso el trabajo a distancia- recorría en bicicleta el trayecto de su mansión de 9 millones de dólares a su oficina en la sede de Facebook.

El británico le concedió tres entrevistas a la periodista Nancy Scola en un lapso de seis meses, que luego fueron publicadas en un artículo titulado “Cómo Nick Clegg está tratando de arreglar la imagen global de Facebook“.

Se mudó a California a trabajar con Zuckeberg en 2018, después del caso de Cambridge Analytica. Una de sus misiones inmediatas fue cambiar la imagen pública que quedó del gigante tecnológico al conocerse que permitía el uso político de los datos personales de millones de usuarios.

Clegg entró a Facebook con experiencia en el mundo de la política: pasó de ser, durante cinco años, viceprimer ministro del Reino Unido en el primer gobierno de coalición conservador de David Cameron a jefe de los Demócratas liberales, el tercer partido más importante de Gran Bretaña, antes de convertirse en el agente insignia de relaciones públicas de la red social.

Cuando Facebook reclutó a Clegg para el cargo de vicepresidente de asuntos globales y comunicaciones, Danny Rogers, periodista británico especialista en marketing, escribió en un artículo de opinión que el anuncio era una prueba de la desesperación del gigante tecnológico para rehacer puentes de confianza con algunos actores interesados importantes:

“Clegg es un pez político grande, particularmente en Europa, donde Facebook ha logrado perder muchos amigos durante el año pasado. Uno espera que Clegg se concentre en los asuntos globales, es decir, cabildeo y asuntos públicos, en lugar de las relaciones públicas y las comunicaciones clásicas, en las que tiene poca experiencia”.

La ofensiva de Facebook por el poder global

Los residentes de Silicon Valley están asumiendo sin rodeos el poder que les confiere tener acceso a la información de millones de personas en todo el mundo. La tarea de Clegg es representar a Facebook en reuniones internacionales con instancias y gobiernos que estén dispuestos a dejar que la red social pase a un nivel más entretejido con las estructuras del poder político y económico de los gobiernos en el mundo. En eso andaba antes de que la pandemia paralizara los aeropuertos, y en eso continúa telemáticamente, como vemos con la reunión sostenida con Almagro.

En opinión de Clegg, la pandemia del covid ha puesto en manifiesto que la red social “puede ser una fuerza poderosa para el bien”. No vio necesario aclarar que se refiere al bienestar de la corporación.

Facebook ha ido abriéndose paso en la escena internacional. Lo que vemos ahora, con las iniciativas frente a la pandemia que impulsa Clegg reuniéndose con docenas de gobiernos, simulando interés en temas de emergencia sanitaria, probablemente sea un ensayo de lo que maquina el gigante tecnológico en el futuro próximo: una especie de gobernanza global que proteja el interés corporativo, por encima de cualquier frontera, sin la necesidad de asumir responsabilidades con los ciudadanos.

La Junta de Supervisión

Fue idea de Clegg, según Scola, que las cavilaciones de Zuckerberg sobre crear una especie de “Corte Suprema” para enfrentar las críticas por problemas de moderación en el contenido de Facebook (donde abundan apologías al terrorismo, por ejemplo), se concretaran en la fundación de una junta de supervisión, “verdaderamente independiente y fuera del control directo de la compañía”, es decir, que no le rinde cuentas a nadie, encargada de evaluar qué contenido está permitido publicar, basándose “en el respeto a la libertad de expresión y los derechos humanos“.

Zuckerberg autorizó la propuesta y dispuso 130 millones de dólares en un fideicomiso para financiar sus operaciones.

El 6 de mayo de 2020, la red social anunció a los primeros 20 miembros de la Junta de Supervisión, todos ajustados a la visión de Clegg, afirma Scola. Solo cinco son estadounidenses, el resto son figuras internacionales alineadas a las ideas occidentales de libertad de expresión y derechos humanos. De la lista, y por sus implicaciones con el hemisferio y Venezuela, sobresalen los nombres de:

• John Samples, vicepresidente del Instituto Cato, tanque de pensamiento fundado por la oligarquía Koch, dueña de corporaciones petroleras y financieras que ha invertido en campañas contra gobiernos de países latinoamericanos, como Venezuela, Brasil y Bolivia.
• Catalina Botero Marino, abogada colombiana que fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, de 2008 a 2014. En los últimos años ha tenido una postura abiertamente complaciente con los intentos fallidos de golpe de Estado en Venezuela, conducidos por el antichavismo venezolano bajo órdenes del gobierno estadounidense.

Que un exfuncionario de una organización regional intergubernamental acepte un empleo en Silicon Valley pasaría como un hecho rutinario en la Casa Blanca. En la administración de Joe Biden, las líneas que dividen al gobierno de las industrias de tecnologías son tan difusas que ya casi no se distingue quién tributa a quién.

Jessica Hertz, exabogada de Facebook, fue nombrada por Biden para ser su secretaria de personal, pero antes había trabajado como abogada adjunta de Biden cuando él era vicepresidente de la Administración Obama. Ocurre lo mismo con Jeff Zients, ex miembro del consejo de administración de Facebook que, asegura el gobierno de Biden, “vendió todas sus acciones” de la empresa antes de tomar el puesto en la Coordinación de Respuesta al Coronavirus de la Casa Blanca. Para no ir más lejos, Biden tiene una relación amistosa con Nick Clegg.

Los funcionarios salientes aceptan trabajos bien remunerados en la industria tecnológica y vuelven a ser reenganchados cuando el partido de turno está en el poder. La política y el dinero cada vez se vuelven más dependientes entre sí.

¿Por qué la OEA?

Los datos aquí expuestos son concluyentes: Facebook vende nuestra información privada a empresas de minería de datos que crean mensajes específicos para comercializar productos o ideas políticas, método que promueve la división y la polarización. Además, escudándose en la moderación del contenido, crea reglas y jueces que trascienden naciones para vigilar que ningún relato amenace al sistema corporativo.

También queda claro que el gigante tecnológico reconoce que se convirtió en un actor internacional de grandes proporciones, ahora reclama un asiento en la mesa de los asuntos globales. La disputa con el gobierno australiano sobre cómo compensar a los editores de periodismo por mostrar su contenido de noticias, que llevó a Facebook a bloquear las fuentes de noticias en toda Australia, muestra hasta dónde es capaz de ir para probrar que su influencia es igualable a la de cualquier Estado.

En el caso de la región de América Latina y el Caribe, la OEA es el interlocutor que requiere para avanzar en los planes de Facebook. No hubo detalles de los proyectos que emprenderán a partir de la celebración de la alianza, pero basándonos en los tres ejes nombrados (integridad electoral, libertad de expresión y protección de la privacidad de defensores de DDHH), podríamos especular que Facebook, con la colaboración de la OEA, será más activo en:

• Censurar a políticos que respondan a intereses nacionales.
• Avalar o condenar resultados electorales según convenga.
• Respaldar persecuciones judiciales de instancias externas.
• Ampliar la visibilidad de voceros y movimientos alineados a sus fines.
• Encubrir operaciones irregulares de “activistas” o de ONG.

La página en Facebook del presidente Nicolás Maduro solo podrá ser consultada en modo lectura los próximos 30 días, por una decisión unilateral del gigante tecnológico (Foto: Captura de pantalla)

 El sábado 27 de marzo, medios de comunicación internacionales reseñaron la noticia de que Facebook bloqueó el perfil del presidente Nicolás Maduro “por desinformar sobre el covid-19″.

La red social eliminó un video donde el mandatario venezolano afirma que el Carvativir, medicamento antiviral desarrollado en el país, es efectivo en el tratamiento de pacientes contagiados con el virus, y que además no produce efectos secundarios. Según un vocero de Facebook, citado por Reuters, la decisión estuvo guiada por parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “que dice que actualmente no hay medicamentos para curar el virus”.

La cuenta estará solo en modo lectura durante los próximos 30 días.

Una operación que a simple vista parece limpia, retirar información que consideran falsa regidos por las líneas de organismos internacionales, en realidad es un veto al Estado venezolano que no tiene por qué pedirle permiso a una aplicación en Internet para informar al país que sus autoridades sanitarias aprobaron el uso de un medicamento contra el covid-19, y tampoco necesita de la intermediación de la red social para tratar con instancias multilaterales, puede comunicarse directamente con la OMS y la OPS si desean presentar los estudios científicos del Carvativir, como de hecho ha manifestado que lo hará. ¿Acaso el problema es que el fármaco partió de una iniciativa gubernamental y no depende de la Big Pharma para ser distribuido a la población venezolana?

En este caso también es evidente la impronta de Facebook por arrebatarle espacios al Estado venezolano, censurando a su primer mandatario así como lo hicieron con Donald Trump cuando aún no había entregado el mando de la Casa Blanca a Joe Biden.

Los obstáculos para los Estados de Latinoamérica y el Caribe que defienden su soberanía aumentan drásticamente con la alianza Facebook-OEA, por lo tanto la respuesta debe estar al mismo nivel, para no correr con el riesgo de quedar divididos y gobernados por la empresa de Zuckerberg en alianza con el llamado Ministerio de Colonias de Estados Unidos.

(Misión Verdad)

El informe de Michelle Bachelet sobre los derechos humanos en Venezuela contiene todos los requisitos para ocupar un lugar señero en una enciclopedia universal de la infamia. Mucho más porque la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos se debe a un conjunto de mandatos emanados de la Carta de esa organización, de los acuerdos de su Consejo de Derechos Humanos y de otras de sus instancias que resultan pisoteados en este documento.

El informe no menciona apenas la guerra económica de Washington contra Venezuela y sus terribles efectos en la población y mucho menos exige que se ponga fin a esa brutal agresión. Omite innumerables hechos de primerísima importancia. Entre ellos, la violencia feroz de la oposición dirigida por Estados Unidos, tanto en marchas como en guarimbas y en sus reiterados intentos golpistas, enmarcados en un contexto de guerra híbrida cuyo fin desde 2002 es derrocar al gobierno bolivariano, eliminar físicamente al chavismo y apoderarse de las enormes riquezas naturales del país suramericano.

¿Golpismo? ¿Guerra híbrida?  ¿Guerra económica? Qué va. Para Bachelet lo único que existe en Venezuela son violaciones del gobierno a los derechos humanos. Tampoco existe una grave crisis humanitaria ni de derechos humanos en Haití, Honduras, Guatemala, Colombia, Yemen, Somalia, Libia, Afganistán, Palestina ocupada por Israel. Ni las políticas neoliberales que hunden hoy en la miseria a millones de argentinxs y brasileñxs antes elevados a niveles dignos de vida por los gobiernos de Lula y Cristina Fernández, acciones que constituyen violaciones masivas de los derechos económicos, políticos y sociales de esas poblaciones. Ni la campaña de terrorismo de Estado del gobierno de Trump contra millones de migrantes, su exacerbación del supremacismo blanco, la xenofobia, el racismo y la misoginia.  

¿De qué país habla Bachelet? El que refiere en su informe no es el que he visitado muchas veces durante el periodo revolucionario. No es el de millones de personas marchando en apoyo a su gobierno, no es el de la alta matrícula en todos los niveles de educación, no es el del programa Barrio Adentro ni los Centros de Diagnóstico Integral, que con médicos venezolanos y cubanos han hecho de la salud un derecho universal, no es el de la igualdad entre hombres y mujeres ni el del reconocimiento de la diversidad sexual, no es el de la menor desigualdad en nuestro continente de acuerdo con datos de la respetada Comisión Económica para América Latina de la ONU, no es el de democracia participativa y protagónica ejemplar,  no es el de lxs jóvenes y el pueblo alegres y cultos. Tampoco el de los casi tres millones de nuevas viviendas dignas.

No está en mi ánimo edulcorar la realidad, tampoco oculto mi compromiso militante con la Revolución Bolivariana. Pero si de investigar y calificar una realidad se trata lo menos que debe exigirse es que predomine la observación y comprobación escrupulosa de los hechos y no el desequilibrio ni un ejercicio totalmente discriminatorio, unilateral, selectivo y sesgado. En Venezuela, como en todos los procesos revolucionarios, se han cometido errores. Hay burocratismo y corrupción, que cualquier chavista reconoce y denuncia. El Estado burgués dificulta el avance revolucionario y los cuerpos de seguridad pueden cometer excesos que se investigan y con frecuencia se sancionan. Pero nada de esto podría analizarse si no se considera la subordinación por mucho tiempo del país al sistema de dominación de Estados Unidos, expresado en el modelo petrolero rentista y el subdesarrollo. Mucho menos si se obvia la guerra en curso contra la Revolución Bolivariana precisamente por los éxitos que ha obtenido en la trasformación de aquella realidad en materia de soberanía, justicia social, solidaridad humana, amplias libertades democráticas y verdadero ejercicio de los derechos humanos, e incluso éxitos económicos, ahora velados por el bloqueo.

¿Cómo puede justificar Bachelet que de las 588 entrevistas que nutren su informe ninguna haya sido realizada en Venezuela? ¿A qué fueron entonces allí la señora y su equipo, que permaneció semanas en el país? ¿Cómo explicar que el secretariado redactor del informe sea el mismo que hacía esta labor al Alto Comisionado anterior, el príncipe jordano Zeid Ra’ad Al  Hussein, de estrechos vínculos con el repugnante secretario de la OEA Luis Almagro y con Leopoldo López?

María Eugenia Russian, presidenta de Fundalatin, ONG con Estatus Consultivo Especial dentro del Consejo Económico y Social de la ONU, denunció la exclusión de informes y testimonios de 12 ONG en el Informe Bachelet.

La Alta Comisionada no tomó como fuentes de su reporte los documentos confeccionados por dos expertos independientes de la ONU, Alfred de Zayas e Idriss Jazairy, quienes censuraron en términos muy duros las sanciones económicas contra Venezuela y las consideraron causantes de las privaciones que sufre la población.

El informe de Bachelet, en fin, parece redactado por Almagro. Tal para cual.

Twitter:@aguerraguerra

México se ha convertido crecientemente en centro de operaciones de la contrarrevolución (anti)cubana. Unas veces clandestinas, en balnearios y parajes alejados de la capital, con la asistencia de activistas de la derecha regional, y otras públicas o semi-públicas. Por el Senado han desfilado los más connotados mercenarios de Estados Unidos en la isla y también integrantes de la contrarrevolución venezolana.

Un caso paradigmático, por ser producto de los laboratorios imperiales de guerra sicológica es el de Lillian Tintori, esposa del golpista y fascista venezolano Leopoldo López, encarcelado por su responsabilidad en la muerte de 43 compatriotas, sin contar otras fechorías desde que fuera uno los cabecillas del golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez.

López, junto a otros de su calaña, fue amnistiado por la infinita generosidad de Chávez. De haber actuado contra el orden establecido en una de las maravillosas democracias imperialistas se habría podrido en la cárcel.

Esta semana, las diligentes gestiones de la cancillería mexicana en apoyo a la embestida de Estados Unidos y otros gobiernos derechistas contra Venezuela en la putrefacta OEA, han coincidido con otra visita de contrarrevolucionarios al Anáhuac. Tal vez por miedo al ridículo, sus habituales y cálidos anfitriones del Partido Acción Nacional no los habían recibido hasta el momento en que escribo. Ni siquiera la senadora Mariana Gómez del Campo.

Los visitantes de la isla participaron el miércoles en una mesa redonda titulada Construcción de Ciudadanía, una Perspectiva para Cuba. Organizada por el Consejo Mexicano de Asuntos Exteriores(COMEXI) y FLACSO-México, como parte del programa Voces Cubanas(VC), financiado con 120 818 dólares anuales por  la National Endowment for Democracy(NED), una organización fachada de la CIA. COMEXI es dirigido por el vocero neoliberal Luis Rubio, miembro nada menos que de la imperialista Comisión Trilateral, creada por el finado banquero David Rockfeller -promotor de la genocida globalización neoliberal-, uno de cuyos integrantes más prominentes es el criminal de guerra Henry Kissinger. En el sitio web de la Ned se afirma que VC tiene el objetivo de propiciar a los “demócratas” cubanos la comprensión de la transición mexicana, en un enfoque que pone en pie de igualdad las reformas neoliberales en México y la actualización del modelo económico socialista en Cuba, dos asuntos totalmente incompatibles. En un lenguaje paternalista, como si los cubanos fueran los seres más ignorantes de la cultura política contemporánea.

Surge la pregunta de en qué asamblea fueron escogidos siete contrarrevolucionarios como representantes de los demócratas de la isla, entre millones de jóvenes, muchos de los cuales exclaman Yo soy Fidel. La respuesta la da la NED cuando afirma que el fideicomisario del dinero, o sea COMEXI, promoverá “un programa de entrenamiento e intercambio entre jóvenes líderes cubanos y la sociedad civil mexicana”(http://www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2016/). Si la NED es un instrumento de la CIA, ya sabemos quién y cómo se escoge a los participantes cubanos del intercambio. En todo caso, le auguro a este programa su desmoronamiento, como todos los que fomenta Washington en Cuba.

Pero todavía falta el show de hoy en el Tecnológico de Monterrey, campus Santa Fe, para continuar desde México la ofensiva imperial y derechista contra Venezuela. Ya lo adivinó lector: su estrella rutilante será Luis Almagro, el malhechor y vividor secretario general de la OEA. El mismo que viola la carta de la organización un día sí y otro también por orden de sus amos imperialistas contra la heroica y democrática Venezuela. ¿Hará algo este personajillo para defender a los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos? Ni modo, apuñalar a Venezuela absorbe toda su agenda.  Justo el país que más lo promovió para ese cargo cuando fingía ser de izquierda. Completarán el coro antivenezolano en el Tec. impresentables como Óscar Arias, aliado de la Clinton en el golpe contra el presidente de Honduras Mel Zelaya, y Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia, beneficiario de las privatizaciones y represor de protestas populares. Este espectáculo auspiciado por la Fundación Foro 2000, con sede en Praga, y financiamiento también de la NED y las fundaciones más reaccionarias de los partidos políticos alemanes. Entre sus socios, la embajada de Estados Unidos en el país centroeuropeo(http://www.forum2000.cz/en/homepage).

Almagro no consiguió más que el ridículo en la reunión del Consejo Permanente de la OEA el martes pasado. Ninguna de sus propuestas antivenezolanas fue aprobada mientras el chavismo mostraba su decisión antimperialista en una gigantesca movilización en Caracas. ¿Cómo es posible que el gobierno de México, después de la solidaridad recibida de la AEC en La Habana, dirija sus baterías contra Caracas y no contra Washington? Adiós a sus tradiciones juaristas y cardenistas. Qué pena.

Twitter: @aguerraguerra

Un editorial de la revista uruguaya Caras y caretas plantea que el Frente Amplio, la organización política de cuyo gobierno fue canciller el actual Secretario General de la OEA, debe pedir su renuncia y disculparse con Venezuela. 

El Frente Amplio tendría que pedir la renuncia de Luis Almagro a la secretaría general de la OEA. Debería bastar una declaración sencilla de la Mesa Política o, mejor aún, del Plenario Nacional. No es necesario ingresar el asunto al Parlamento ni intentar propiciar una solicitud formal del Estado uruguayo que, como miembro pleno de ese desprestigiado organismo puede, naturalmente, elevar sus quejas y reclamos de dimisión cuando lo considere oportuno. Pero no tendría mucho sentido embarcar a nuestro país en una campaña de ese tenor para enmendar un error que es pura y exclusivamente del Frente Amplio. Acá no le cabe responsabilidad a más nadie. Ni a la oposición ni a los medios de comunicación ni a ningún otro actor importante de la política nacional. Almagro como secretario general de la OEA es un horror íntimo del Frente Amplio, un mamarracho de nuestra prosapia. Y por eso, y por la vergüenza que debería producirnos la gestión de nuestro ex ministro al frente de la OEA, sería apropiado un acto reparatorio, un honesto mensaje con intención de desagravio a toda América Latina, pero especialmente a la República Bolivariana de Venezuela, con la que está ensañado.

Es bien conocido que Luis Almagro no representa al Frente Amplio ni al MPP ni a Uruguay ni al presidente ni a José Mujica, su descubridor y principal promotor hasta que le cayó la ficha de que Almagro era otra cosa distinta a la que él creía, y le propinó públicamente un decepcionado adiós por mail. Pero es tan cierto que no nos representa en la OEA como que no habría alcanzado su cumbre sin un empujoncito frenteamplista. Hemos cometido una grosera estafa al resto de nuestros hermanos del continente y sólo no exculpa la certeza unánime de que no teníamos idea del bicho que estábamos traficando. Algo debimos haber sospechado cuando el Departamento de Estado se pronunció calurosamente a favor de su candidatura, y algo más cuando nuestro canciller se alzaba con 33 de los 34 votos, en una abrumadora votación que lo ungía como secretario general de la organización moribunda.

Y hasta ahí llegó el señor Almagro, a caballo del prestigio de José Mujica, y muchos creíamos que íbamos a tener por primera vez una OEA en sintonía con los cambios, con un aroma o por lo menos un dejo a antimperialismo, y sin embargo nos encontramos con un feroz representante de la posición política de Estados Unidos hacia el gobierno de Venezuela. Todas las cartas de Almagro sobre Venezuela son entrometidas e irrespetuosas con el gobierno y con el pueblo venezolano. Son irresponsables, extralimitadas, absurdas. Algunos tramos de sus larguísimas misivas son escandalosos y, además, soberbios: se atreve a analizar los procesos judiciales, penales, electorales, y hasta los procedimientos de asignación de bancas en ese país, con un grado de osadía asombroso. Pero el último de los pronunciamientos de Almagro, referido al fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en el que se anulan las resoluciones de la Asamblea Nacional hasta tanto no se dé marcha atrás con la juramentación en desacato de tres legisladores opositores, cuya elección había quedado en suspenso por decisión del propio TSJ, tras ser impugnados a fines del año pasado, ha resultado un papelón monumental. Porque hasta la propia oposición venezolana aceptó el fallo y dio marcha atrás con las juras irregulares. Almagro quedó estaqueado en una ubicación más extrema que los propios interesados. Más realista que el rey. Ridículo en su papel de peón del Departamento de Estado. Una vergüenza para la OEA -que, de todos modos, ha sido muy afecta a las actitudes vergonzosas- y, lamentablemente, una vergüenza para Uruguay y para el Frente Amplio.

Yo me pregunto qué pasaría si nos sucediera algo similar. Si el PSUV hubiera hecho lobby para que acompañáramos la postulación de uno de sus dirigentes y exjerarcas de sus gobiernos, y hoy ese sujeto hipotético fuera secretario de la OEA con nuestro voto. ¿Qué nos produciría a nosotros si ese supuesto secretario chavista cuestionara nuestros procesos electorales, nuestros proyectos de reforma constitucional, nuestros procesos judiciales penales? ¿Qué nos habría producido si un secretario bolivariano de la OEA nos atacaba como país por la prisión del ex intendente Zimmer -prisión absurda y cuestionable- o por el decreto de esencialidad en la Educación o por la existencia en nuestro marco jurídico del delito de abuso innominado de funciones? Hagamos uso de nuestra imaginación e intentemos recrear los sentimientos y pensamientos que nos provocaría que un secretario de la OEA nos cuestionara por causas incluso respetables y compartibles para muchos, como la existencia de la ley de caducidad, o por otros motivos polémicos, como la legalización de la marihuana. Hagamos de cuenta que eso se produce. Que un día alcanza la secretaría general de la OEA un supuesto chavista, y comienza a hacer campaña por carta a favor de blancos y colorados, en nombre de la alternancia y del respeto de los derechos humanos.

Está claro lo que pasaría. Nos produciría furia, rechazo, indignación. Por cierto, lo denunciaríamos nacional e internacionalmente e iniciaríamos las gestiones pertinentes para que tal personaje no continuara al frente del organismo internacional y, por supuesto, pediríamos explicaciones al Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque se supone que son amigos, que son compañeros en la brega histórica por una sociedad más justa, y aunque puedan ser bien distintos y tengamos diferencias más o menos importantes, son aliados. No les perdonaríamos fácilmente que nos hubieran vendido un candidato a secretario general de la OEA que luego de asumir se dedicara a felicitar a #POTUS (acrónimo de President of The United States) por Twitter y denostarnos a nosotros en extensas epístolas que revelaran un desprecio visceral por lo que representamos para América Latina y el mundo.

Pues bien, creo que el Frente Amplio debería designar una misión oficial que se dirigiera a Venezuela, se reuniera con la directiva del PSUV y le expresara que las últimas actitudes de Almagro no sólo no nos representan -aunque él se diga frenteamplista- sino que además cuentan con nuestra profunda reprobación, y como muestra de buena fe y tributo a la vieja amistad entre el FA y el PSUV, y en homenaje a la memoria del comandante Chávez, la delegación debería llegar con un ramo de rosas rojas al Cuartel de la Montaña a pedir perdón ante la tumba de Hugo por este bochorno, y en conferencia pública exigir la renuncia de Luis Almagro, por sus tremendos actos de injerencia y de violación del principio de autodeterminación de los pueblos. Tal vez algunos piensen que eso sería alcahuete, pero yo creo, por el contrario, que sólo algo así sería digno de la mejor historia del Frente. Digno de la trayectoria de una fuerza política unitaria, que fue construida por obreros y estudiantes, cimentada con la sangre democrática y revolucionaria de mártires y desaparecidos, crecida en la solidaridad irrenunciable con los pueblos del mundo. Y una fuerza política que aun cuando ha cometido, en muchas ocasiones, errores, nunca ha visto empañado su prestigio con la abyección, por dejar sola a una revolución en marcha o por el terrible pecado de la traición.

(Caras y  caretas)

El Consejo Permanente(CP) de la OEA desautorizó tácitamente al secretario general de la organización Luis Almagro al adoptar una resolución sobre Venezuela que, al parecer, recoge parte importante de la posición de Caracas sobre la situación política en el país. Almagro pretende, en un acto insólito, sentar en el banquillo de los acusados al gobierno de Venezuela aplicándole la llamada Carta Democrática Interamericana(CDI) arguyendo las mentiras y falsedades de la oposición contrarrevolucionaria local, vertidas en un documento de 132 páginas. Para ello ha convocado a una sesión extraordinaria del CP entre el 10 y el 20 de junio. La resolución aprobada  el miércoles no dice nada de la CDI, aunque habría que ver cómo evolucionan los acontecimientos de aquí a que se reúna de nuevo el CP.

El intento de este inincoloro sujeto de aplicar a Caracas la CDI se produce justo cuando Venezuela es acosada desde todos los flancos por Estados Unidos y la derecha internacional, aprovechando la desaparición del presidente Hugo Chávez y la caída drástica de los precios del petróleo. Mientras, el presidente Nicolás Maduro, con el apoyo en la calle del chavismo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene firme en defensa de la Constitución y ha declarado una rebelión contra la CDI.

La iniciativa de Almagro fue lanzada el día antes del miércoles 1 de abril, cuando estaba convocada una reunión extraordinaria del CP para, a pedido de Argentina, presidente pro témpore de la instancia, discutir la situación en Venezuela. Curiosamente, Buenos Aires impulsó, a espaldas de Caracas un proyecto de resolución, endosado también por Barbados, Brasil, Canadá, Costa Rica, EE.UU., Honduras, México, Panamá, Perú, Guatemala, República Dominicana y Uruguay, que aunque llamaba a mantener el diálogo entre el gobierno y la oposición en el país suramericano, iniciado ya en Santo Domingo con la intermediación de los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero(España), Leonel Fernández(República Dominicana)  y Omar Torrijos(Panamá), no especificaba -como proponía el proyecto presentado por el  embajador Bernardo Álvarez, representante venezolano- que toda solución en Venezuela debe basarse en el respeto a su soberanía y reconocer al gobierno constitucional y legítimo que preside Maduro así como que el diálogo actual cuenta con el patrocinio de UNASUR. Ambas cuestiones de fundamental importancia, pues si se dejaran fuera del texto quedaría la puerta abierta al golpe de Estado y a la intervención, y si se obvia a UNASUR, se le da implícitamente a la OEA una beligerancia en cuanto a la situación en Venezuela que no se ha ganado y que Caracas y otras capitales de la región no desean.

De allí que la presidencia argentina pasara de la extraña postura de someter su proyecto de resolución a la votación por consenso, sin haberlo siquiera conversado con Venezuela, a la más razonable y democrática de conceder un receso para, de acuerdo con la amable y amistosa solicitud de Álvarez, dar tiempo suficiente para que pudiera ser conocido el proyecto venezolano por los Estados miembros.

Conviene recordar la guerra multidimensional desencadenada contra Caracas por el imperialismo y sus aliados y acólitos, en particular Álvaro Uribe y sus seguidores en Colombia y el impresentable gobierno de Mariano Rajoy, apoyado a dúo por los corruptos ex presidentes José María Aznar y Felipe González.

Parte central en esta aventura es el hostigamiento a que Washington ha sometido a Caracas desde el frustrado golpe de Estado de abril de 2002, que incluye la dirección y organización de la oposición apátrida en el país suramericano, la planificación de sus actividades por el Comando Sur de Estados Unidos y las inmisericordes campaña mediática y guerra económica. Súmesele el cínico decreto de Obama que declara a Venezuela un grave peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, renovado recientemente por la Casa Blanca por segundo año consecutivo.

Todo indica que Almagro tiene una prisa enorme por congraciarse con Washington y con la extrema derecha antivenezolana. En cuanto llegó a la desprestigiada OEA arremetió contra Venezuela, como no lo ha hecho en relación con ninguno de los gobiernos neoliberales que cometen graves violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho y ensangrientan y empobrecen a los pueblos de nuestra América.

De Almagro dos fundadores del Frente Amplio(FA) de Uruguay me informron que viene de la extrema derecha del Partido Blanco y que en su opinión, luego de una gris carrera diplomática ingresó a esa colectividad con propósito de  ascender a embajador y luego a canciller, fingiendo compartir la política de unidad e integración latino-caribeña de los gobiernos del FA para finalmente posicionarse en la secretaría general de  OEA con el apoyo de los gobiernos de izquierda de la región y luego ponerse al servicio de las posiciones más derechistas al servicio del imperialismo. Esta semana ha sido señalado por Kintto Lucas, ex vicecanciller de Ecuador y ex embajador itinerante de Uruguay, como quién siendo jefe de la diplomacia de Montevideo titubeó ante el deber de condenar el golpe parlamentario contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay.  Senadores del FA han manifestado esta semana vergüenza por la traicionera conducta del ex canciller del gobierno de José Mujica.

De una u otra forma, la OEA es un ente anacrónico, de clara trayectoria servil al imperialismo y un obstáculo a la unidad de los pueblos de América Latina y el Caribe, cuyo desprestigio alcanzará las más altas cotas con un reptil de alquiler como Almagro de encargado, un don nadie con ínfulas de grandeza.

Twitter: @aguerraguerra

“En el plano interno Washington busca  fragmentar a Venezuela y en el externo aislarla” acaba de denunciar en conferencia de prensa el embajador de Caracas en La Habana Alí Rodríguez Araque.

Al comentar  la decisión del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de invocar la llamada “Carta Democrática” sin esperar a un debate y mucho menos una votación de los países miembros, en una postura sin precedentes, Rodríguez Araque dijo que Almagro -que ha preferido la actuación a dedo a un procedimiento democrático- “quiere ser más General que Secretario” y que jamás tendrá los dos tercios necesarios entre los países miembros para aplicar la susodicha Carta a Venezuela. 

Otra funcionaria venezolana en La Habana reveló que Almagro se adelantó al conocer una solicitud de Venezuela para un debate sobre la situación de guerra económica y mediática que viene sufriendo la nación bolivariana y desde  su condición de Secretario General conspiró con el gobierno argentino para que al solicitarlo este último sea el representante  de Buenos Aires quien inicie las intervenciones y conduzca el debate en la OEA. 

Pero intentando cumplir con el objetivo norteamericano de aislar a Venezuela, Almagro  se está aislando a sí mismo; hasta un medio tan crítico con el liderazgo venezolano como el periódico español El País ha reconocido que el “enfrentamiento personal (de Luis Almagro) con el Gobierno de Maduro”… “inquieta a muchos países de la región”.