Piero Gleijeses

El historiador ítalo-estadounidense Piero Gleijeses.

La CIA guarda sus archivos con ferocidad. Sabemos mucho acerca de algunas operaciones encubiertas durante la Guerra Fría. De las demás, sabemos sólo los contornos difusos. Y seguramente hay operaciones sobre las que somos totalmente inconscientes.

Hay diferentes tipos de operaciones encubiertas – propaganda, acción política, influencia económica, paramilitares. Este ensayo se centra en las operaciones paramilitares, las que incluyen el “uso no reconocido de la fuerza, o la asistencia a quienes perpetúan o resisten el uso de la fuerza.” (Godson, 158) No examina las operaciones lanzadas en Indochina porque eran ansilares a un esfuerzo mayor de la guerra en Vietnam. Algunas operaciones paramilitares buscaban el derrocamiento de un gobierno extranjero; otras trataron de aplastar las revueltas que amenazaban regímenes amigos o de hostigar a gobiernos extranjeros hostiles sin esperar derrocarlos.

Con la excepción de Gerald Ford y Jimmy Carter, durante la Guerra Fría todos los presidentes de Estados Unidos lanzaron al menos una operación encubierta para derrocar a un gobierno extranjero. Con la excepción de Harry Truman, ninguno puso en marcha una operación paramilitar encubierta en Europa. “La Guerra Fría fue una contienda que consistió en hacer boxeo sombra en áreas de importancia marginal,” escribe la historiadora Nancy Mitchell: “porque la guerra real en lugares que realmente contaban – Berlín, Washington y Moscú – era imposible de ganar” (Mitchell, 67).  Como el Presidente Dwight Eisenhower entendió cuando los altos funcionarios de la CIA le instaron a ayudar a los rebeldes húngaros que luchaban contra el régimen comunista a finales de 1956, el riesgo de desencadenar una guerra con la Unión Soviética era demasiado grande. Europa estaba fuera de los límites. Las operaciones paramilitares estadounidenses durante la Guerra Fría se pusieron en marcha en el Tercer Mundo.

Existe un cliché sobre Truman: él se opuso a operaciones paramilitares. “Mientras Truman permaneció como presidente”, ha escrito el historiador H.W. Brands, “los agentes encubiertos tuvieron que contentarse con actividades modestamente intrusivas como la canalización de fondos secretos a partidos políticos anti-comunistas de Europa occidental.” (Brandss, 60).

Esto es profundamente erróneo. Como el ex Director de Inteligencia Central (DCI) Richard Helms señaló, “Truman dio el visto bueno en un buen número de decisiones para las operaciones encubiertas de las que en años después dijo que no sabía nada.” (Helms, 1989) Estas decisiones incluyeron muchas operaciones paramilitares detrás de la Cortina de Hierro con el objetivo fortalecer las fuerzas de resistencia y hostigar a la Unión Soviética, así como las operaciones para acosar a China durante la Guerra de Corea. Una tenía una meta más grandiosa: derrocar al gobierno de Albania.

La ruptura de Stalin con Tito en 1948 parecía presentar a Occidente una gran oportunidad; el régimen albanés se mantuvo leal a la Unión Soviética y lanzó una purga sangrienta contra numerosos partidarios de Tito en el Partido Comunista de Albania y en las fuerzas armadas. Albania se convirtió en un alislado puesto avanzado soviético en el Mediterráneo: sus únicas fronteras terrestres eran con Yugoslavia, repentinamente hostil, y Grecia, un cliente de Estados Unidos. Al otro lado del mar Adriático estaba otro cliente de Estados Unidos, Italia.

Los británicos inventaron el plan, y convencieron a los estadounidenses de unirse: juntos entrenarían exiliados de Albania y los infiltrarían dentro de ese país, donde podrían impulsar el fuerte movimiento anticomunista e inspirar a una población con ganas de rebelarse. La operación, que se inició en 1949, se basó en una inteligencia defectuosa e ilusiones: las fuerzas de resistencia eran débiles y la población pasiva. El desastre era inevitable. Uno tras otro los equipos enviados por los estadounidenses y los británicos fueron eliminados, pero más fueron enviados. Cientos de albaneses murieron. “Pocas veces una operación de inteligencia ha ido tan resueltamente de un desastre a otro”, señaló un estudioso. (Winks, 399) En 1953 el gobierno de Eisenhower puso fin al empeño temerario.

Los años de Eisenhower fueron una edad de oro para la CIA. Eisenhower compartía la afición de Truman por las operaciones paramilitares, vertió recursos en la agencia, y nombró a Allen Dulles como DCI. Allen era el hermano menor de John Foster Dulles, Secretario de Estado de Eisenhower y asesor de política exterior de la mayor confianza. Los dos hermanos estaban en constante y fácil comunicación; a menudo, después de un día de trabajo, Allen pasaba por casa de Foster para repasar asuntos pendientes. Nunca un Secretario de Estado y un Director de la CIA disfrutaron una relación tan cerrada. Esto molestó a algunas personas: “Es una relación que sería mejor no tuviera que existir”, comentó el presidente de un comité nombrado por Eisenhower para investigar la agencia. Eisenhower no estuvo de acuerdo: “Parte del trabajo de la CIA es extensión del trabajo del Departamento de Estado.” (Doolittle, 1954)

Mientras bajo Truman las operaciones paramilitares encubiertas fallaron persistentemente, bajo Eisenhower dos de las tres operaciones para derrocar gobiernos tuvieron éxito: en Irán en 1953 y Guatemala en 1954. Estos dos éxitos realzaron el prestigio de la CIA entre los que los conocieron. El fracaso de la agencia para derrocar al gobierno de Indonesia en 1957-1958 no  atenuó su brillo.

El derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala es una de las pocas operaciones paramilitares encubiertas sobre la que el gobierno de EEUU ha desclasificado un rico tesoro de documentos. Estos documentos demuestran que la inteligencia estadounidense en Guatemala durante los años de Eisenhower era muy buena. La CIA informó de que Arbenz era o un comunista o un compañero de viaje; que sus asesores más cercanos eran los comunistas, y que eran el motor detrás del programa de reforma agraria exitosa de Arbenz. (100.000 familias – un sexto de la población de Guatemala – recibieron la tierra que necesitaban desesperadamente.) La Inteligencia de Estados Unidos también informó que no había infiltración comunista en las fuerzas armadas de Guatemala. Esto, también estaba en lo cierto.

La CIA no afirmó que existía el peligro de un golpe comunista en Guatemala – y no hay ninguna indicación de que los políticos estadounidenses incluso plantearan la pregunta. Dado el desequilibrio de poder entre los Estados Unidos y Guatemala, el costo de destruir el gobierno de Arbenz era tan bajo que no se molestaron en contemplar cualquier alternativa – como aprender a convivir con un gobierno pro-comunista que respetaba las libertades políticas en un grado inusual en América Latina.

Una fuerza de unos 250 exiliados patrocinados por la CIA invadió Guatemala en junio de 1954. El ejército de Guatemala podría haberlos aplastado con facilidad, pero no se atrevió: los exiliados eran los apoderados de los Estados Unidos, y si el ejército de Guatemala los derrotaba, ¿qué haría Eisenhower a continuación? Él enviaría tropas estadounidenses – esto es lo que la estación de la CIA en Guatemala, la embajada de Estados Unidos y la misión militar estadounidense dijo a los guatemaltecos. El mismo mensaje fue pregonado día tras día por los medios de la oposición guatemalteca. “¿Cómo podrían los líderes de Guatemala imaginar que Estados Unidos toleraría un nido de enemigos en su propia puerta?”, preguntó un destacado periodista guatemalteco que trabajó en estrecha colaboración con la CIA. “Alemania … sigue ocupada, y también lo está Japón – y nosotros lo estaremos también, pobres tontos que ni siquiera producimos  fuegos artificiales, mucho menos la munición para una resistencia simbólica.” (Marroquín Rojas, 1954) En los Estados Unidos ningún órgano de la gran prensa y ningún miembro del Congreso – Demócrata o Republicano-  abogagó por tratar de convivir con la Guatemala de Arbenz.

Cuando comenzó la invasión de exiliados, el ejército guatemalteco se negó a luchar; en lugar de ello se volvió contra Arbenz y lo obligó a renunciar. El líder de los invasores, que habían sido elegidos a dedo por la CIA, se convirtió en el nuevo presidente de Guatemala.

El derrocamiento de Arbenz aseguró a la administración de Eisenhower que el hemisferio era seguro – hasta 1959, cuando Fidel Castro tomó el poder en Cuba. Los Estados Unidos respondieron al desafío de Castro en la forma en que siempre trató con molestias en su patio trasero: con violencia. Por órdenes de Eisenhower, la CIA comenzó a tramar el derrocamiento de Castro. En abril de 1961, tres meses después de la inauguración de John Kennedy, 1.300 insurgentes entrenados por la CIA irrumpieron en una playa de Cuba, en Bahía de Cochinos. Sólo para rendirse en masa.

La derrota en Bahía de Cochinos añadió un elemento de veneno personal a la cruzada de Kennedy contra Cuba. Al rechazar la oferta de Castro de conversar acerca de un modus vivendi entre los dos países, “regañó” al Subdirector de Planes de la CIA Bissell por estar “sentado en su culo y no hacer nada acerca de deshacerse de Castro y el régimen de Castro.” (Estados Unidos, Senado, 141). Las peraciones paramilitares de la CIA contra Cuba no disminuyeron hasta 1965.

Atormentados por el temor a una segunda Cuba, los gobiernos de Kennedy y Johnson participaron en operaciones encubiertas en varios otros países de América Latina para socavar grupos o gobiernos que consideraban suevemente comunistas. Para el final de la administración de Johnson, el espectro de una segunda Cuba en el hemisferio se había desvanecido, pero luego, en 1970, Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales de Chile. Allende fue un demócrata sincero, pero él era un socialista, encabezó una coalición que incluyó al Partido Comunista, y era amigo de Fidel Castro. Para el presidente Richard Nixon y para Henry Kissinger su ascenso a la presidencia fue una bofetada a los Estados Unidos y un terrible ejemplo para América Latina. Se comprometieron a acabar con él. Técnicamente, los militares chilenos actuaron por su cuenta cuando se derrocó a Allende el 11 de septiembre de  1973, pero, como dijo Kissinger, mediante la realización de una campaña de desestabilización y la ayuda a los grupos antigubernamentales, la CIA había “creado las condiciones tan grandes como fuera posible [para un golpe de estado ].” (Kissinger, 1973).

Desde finales de 1950 hasta principios de 1970, el foco de las operaciones paramilitares de la CIA estaba en Indochina contra los vietnamitas del Norte y en el hemisferio occidental en contra de Castro. Pero cuando dieciséis países africanos obtuvieron su independencia en 1960, un nuevo frente se abrió. África se convirtió, en palabras de la Secretaria de Estado, Christian Herter, en “un campo de batalla de primer orden.” (Gleijeses, 2002, 6)

Durante las próximas dos décadas, Estados Unidos participó en dos importantes operaciones paramilitares en África. En 1964-65 el presidente Lyndon Johnson trató de derrotar una revuelta en el antiguo Congo Belga contra el régimen corrupto y represivo que Eisenhower y Kennedy habían impuesto al país. La CIA reclutó un ejército de 1.000 mercenarios blancos, los armó, les proporcionó el apoyo logístico indispensable e incluso organizó una fuerza aérea mercenaria para bombardear y ametrallar a los rebeldes. Los mercenarios perpetraron atrocidades masivas y aplastaron la revuelta.

La otra operación paramilitar importante fue en 1975 en Angola, donde Pretoria y Washington trabajaron juntos para aplastar un movimiento de izquierda. Con la connivencia de Washington, las tropas sudafricanas invadieron el país y casi tuvieron éxito en la instalación de los líderes amistosos en Luanda – pero luego 36.000 soldados cubanos inundaron Angola y empujaron a las tropas sudafricanas fuera.

Jimmy Carter no lanzó grandes operaciones paramilitares hasta la invasión soviética de Afganistán en diciembre de 1979. A continuación, él expandió el programa de ayuda no letal a la muyahidines afganos, que había aprobado en julio de 1979, a un gran total de 60 millones de dólares que incluía “todo tipo de armas y apoyo militar. “(Gates, 251)

Para la CIA la presidencia de Reagan fue otra edad de oro, una vuelta a los años de Eisenhower. El dinero y la mano de obra fluyeron a la agencia. Además, por primera vez desde Eisenhower, el ICD, William Casey, fue miembro del círculo íntimo del presidente. Hubo, sin embargo, dos diferencias significativas entre las épocas de Eisenhower y Reagan. El Congreso, cuya supervisión de la agencia había sido laxa, ahora quería estar en el bucle; y la prensa de Estados Unidos ya no estaba en silencio.

No hay leyes que hayan impedido a la prensa estadounidense informar sobre las operaciones encubiertas, pero su silencio en las tres primeras décadas de existencia de la CIA es sorprendente. Tomemos, por ejemplo, el derrocamiento de Arbenz en Guatemala. La mano de los Estados Unidos era evidente. La propia CIA informó que la prensa europea occidental era prácticamente unánime en la conclusión de que la agencia había diseñado la caída de Arbenz. En las palabras del Inspector General de la CIA, “La hoja de parra era muy transparente, raída.” (Kirkpatrick, 1989) insuficientemente raída, sin embargo, para la prensa estadounidense. Cuando se trataba de explorar el papel de Estados Unidos en el otoño de Arbenz, los periódicos de Estados Unidos, o ignoraron el asunto o rechazaron de plano cualquier insinuación de que el gobierno de Estados Unidos había ayudado a los rebeldes.

Ese fue el patrón, la misma “disciplina” fue evidente en 1957-1958 durante la operación contra Indonesia, en las semanas previas a la Bahía de Cochinos, en 1964-1965, durante la operación en el antiguo Congo Belga, y en 1975 en Angola.

Aún más sorprendente que el silencio de la prensa de Estados Unidos es el fracaso de los historiadores al tomar nota de ello. Con la excepción de los análisis de Bahía de Cochinos y de un libro acerca de la operación de Indonesia, ningún historiador jamás menciona la complicidad de la prensa. Por lo tanto, no hay una explicación de esta autocensura.

Para la década de 1980 la prensa había cambiado. Había tres grandes operaciones paramilitares en los años de Reagan – en Afganistán, Angola y Nicaragua – y la prensa informó de las tres.

La más polémica fue contra Nicaragua. La guerra de los contras contra el gobierno sandinista nunca fue popular entre la opinión pública estadounidense o el Congreso, pero Reagan la persiguió, sin inmutarse. Él creía que los sandinistas eran marxistas-leninistas y que Estados Unidos no podía tolerar un régimen marxista-leninista en Centroamérica. Mientras la administración emprendió una guerra económica en Nicaragua, la CIA nutrió un ejército anti-sandinista – los Contras. Los armó, les pagó y les proporcionó santuarios en la vecina Honduras. Miles acudieron a unirse a los Contras creyendo que la victoria era inevitable porque Ronald Reagan estaba detrás de ellos y, si era necesario, enviaría tropas estadounidenses. Esta confianza – en que Estados Unidos iba a ganar la guerra para ellos – hinchó las filas de la contra pero evisceró su voluntad de luchar.

Muy pronto, en 1982, la prensa estadounidense comenzó a informar sobre el papel de Estados Unidos en la guerra de los contras. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos hubo un debate -un vigoroso debate – sobre una operación paramilitar mientras se desarrollaba (no después de que había fracasado, como había sido el caso de Bahía de Cochinos). El debate tuvo lugar en los medios de comunicación, entre amplios sectores de la opinión pública, y en el Congreso de Estados Unidos. Había amargos enfrentamientos entre los Comités de Inteligencia del Congreso y la CIA. El DCI Casey y sus colaboradores más cercanos disimularon y se ofuscaron cuando informaron al Congreso de lo que la CIA estaba haciendo por los Contras.

Después de la aplastante reelección de Reagan en noviembre de 1984, muchos estadounidenses temían que podría aprobar una invasión de Nicaragua, y tal vez lo habría hecho, tuvo el escándalo Irán-Contras que no lo debilitó. Cuando Reagan dejó la Casa Blanca, los sandinistas estaban todavía en el poder.

Las operaciones paramilitares de la CIA durante la Guerra Fría no tensaron a la tesorería de Estados Unidos; Afganistán, con mucho, la más cara, costó alrededor de dos mil millones de dólares repartidos en más de una década – una pequeña suma para un país tan rico como los Estados Unidos. Tampoco fueron costosas en vidas estadounidenses. La CIA mantuvo el personal estadounidense lejos de las zonas de combate. No más de una docena de estadounidenses murieron en las operaciones examinadas en este ensayo.

Varias de estas operaciones fracasaron, pero el fracaso implicó un bajo costo para los Estados Unidos, incluso en términos diplomáticos. Las relaciones con Albania, por ejemplo, habrían sido execrables incluso sin la operación paramilitar de Truman. El ser una superpotencia ayudó a amortiguar el precio de la derrota. El asalto de la CIA sobre Cuba en la década de 1960 envenenó las relaciones entre los dos países, pero Cuba siguió reclamando un modus vivendi con los gobiernos de Kennedy y Johnson – sólo para ser rechazada. Desde la perspectiva del gobierno de Estados Unidos el fracaso más costoso puede haber sido la operación de 1975 en Angola, ya que atrajo 36.000 soldados cubanos a ese país. Y, sin embargo, en retrospectiva, las tropas cubanas, que permanecieron quince años, no hirieron significamente el interés importante de los Estados Unidos; protegieron a Angola de la Sudáfrica del apartheid y forzaron a Pretoria a conceder la independencia a Namibia.

El éxito – la consecución de los objetivos fijados por los políticos estadounidenses – fue a menudo más caro que el fracaso. El hecho de que la CIA podría resolver un problema a bajo costo hace que sea fácil para los políticos estadounidenses evitar la reflexión. Muchos estadounidenses fechan el comienzo de la enemistad entre EE.UU. e Irán por el triunfo de la revolución iraní de 1979 y la captura de los rehenes. Sería más exacto, sin embargo, citar 1953 – el derrocamiento de Mohammad Mossadegh. Él no representaba una amenaza para los Estados Unidos. Un modus vivendi con él podría haber servido mejor a los intereses a largo plazo de Washington. Pero ¿por qué molestarse cuando era tan fácil acabar con él?

Las operaciones paramilitares encubiertas de la CIA eran rara vez un secreto fuera de los Estados Unidos. En el Tercer Mundo, reforzaron la imagen de Estados Unidos como un matón machista. Pero ellas hicieron más. Al hacer el pedido a la agencia para lanzar operaciones paramilitares, las autoridades estadounidenses no tenían la intención de hacer daño a la gente de los países a los que se dirigían – creían que estaban actuando en el interés nacional de Estados Unidos, y cualquier daño colateral era desafortunado. Con demasiada frecuencia, sin embargo, estas operaciones no sirvieron al interés nacional de los Estados Unidos e infligieron un efecto devastador en la población de los países que fueron blanco. Esta es la más grave responsabilidad de las operaciones paramilitares que la CIA lanzó durante la Guerra Fría, y es una mancha en el expediente de los Estados Unidos, aunque la mayoría de los estadounidenses sean felizmente inconscientes de ello. (Traducción La pupila insomne)

Fuentes:

^[1] Roy Godson, Dirty Tricks or Trump Cards: U.S. Covert Action and Counterintelligence, New Brunswick, 2008, p. 158.

^[2] Nancy Mitchell,  “The Cold War and Jimmy Carter,” in Melvyn Leffler and Odd Arne Westad, eds., Cambridge History of the Cold War, New York, 2010, 3:67.

^[3] H.W. Brands, The Devil We Knew: Americans and the Cold War, New York, 1993, p.60.

^[4] Interview with Richard Helms, Washington DC, Sept. 7, 1989.

^[5] See Michael Dravis, “Storming Fortress Albania: American Covert Operations in Microcosm, 1949-54,” Intelligence and National Security, 7: 4 (1992), pp. 425-42; Stephen Dorril, MI6: Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service, New York, 2000, pp. 355-403; Michael Burke, Outrageous Good Fortune: A Memoir, Boston, 1984.

^[6] Robin Winks, Cloak and Gown: Scholars in the Secret War, 1939-1961, New York, 1987, p. 399.

^[7] Memcon (Gen. Doolittle and President Eisenhower), Oct. 19, 1954, Whitman File, Adm. Series, Box 13, Dwight D. Eisenhower Library, Abilene, KS (hereafter DDEL).

^[8] See Nick Cullather, Secret History: The CIA’s Classified Account of Its Operations in Guatemala 1952-1954, Stanford, 1999; US Department of State. Foreign Relations of the United States, 1952-1954: Guatemala, Washington DC, 2003.

^[9] The analysis that follows is based on my book, Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United States, 1944-1954, Princeton, 1991.

^[10]  Clemente Marroquín Rojas, “Y usted: ?Qué deduce, señor ministro?” La Hora (Guatemala City), Jan. 14, 1954, p. 1.

^[11] Assistant to the head of the CIA unit working on Cuban operations quoted in US Senate, Select Committee, Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders, Washington DC, 1975, p. 141.

^[12] Memo TelCon, Nixon and Kissinger, Sept. 16, 1973, The Declassified Record, National Security Archive, Washington DC.

^[13] Herter quoted in National Security Council meeting, Mar. 24, 1960, p. 9, WF, NSC Ser., box 12, DDEL

^[14] See Piero Gleijeses, Conflicting Missions: Havana, Washington, and Africa, 1959-1976. Chapel Hill, NC, 2002, pp. 57-184

^[15] Ibid., pp. 230-396.

^[16] Robert Gates, From the Shadows: The Ultimate Insider’s Story of Five Presidents and How They Won the Cold War, New York, 1996. p. 251.

^[17] Interview with Lyman Kirkpatrick, who in 1954 was the Inspector General of the CIA, Middleburg, VA, June 2, 1989.

^[18] See Gleijeses, Shattered Hope, pp. 258-62, 367-70; Gleijeses, Conflicting Missions, pp. 128-32, 362-65; interview with Sam Halpern, a CIA officer who participated in the 1957-58 operation against Indonesia (St. Simons Island, GA, June 1, 1996).

^[19] The best book on Reagan and Nicaragua is William Leogrande, Our Own Backyard: The United States in Central America, 1977-1992, Chapel Hill, 1998.

^[20] See Piero Gleijeses, Visions of Freedom: Havana, Washington and Pretoria and the Struggle for Southern Africa, 1976-1991, Chapel Hill, NC, 2013.

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Dra. Gloria M. León Rojas*

Hace quince años, un  21 de noviembre de 1998 quedó en la memoria histórica de los agradecidos. El discurso del Comandante Fidel Castro en la Clausura de XII Fórum de  Ciencia y Técnica debe ser releído porque el exhaustivo análisis de la realidad mundial y en particular de nuestra región conserva toda su vigencia. Los efectos del cambio climático incrementan los desastres naturales  y son más destructivos; los pobres son más pobres y desprotegidos; los ricos más ricos y  las guerras imperialistas y el gasto militar galopan desenfrenadamente.  El contexto de este discurso se ubica en los acontecimientos de octubre del 98 cuando los huracanes George y Mitch  dejaban arrasados territorios completos en Centro América y el Caribe. El Mitch se considera el más grande ocurrido en 200 años en la región centroamericana. Estos  huracanes dejaron más  de 35 mil víctimas y una destrucción material incalculable.

Fidel había seguido paso a paso en el  mapa la trayectoria de los huracanes.  El mundo se estremecía ante las calamidades de estos pueblos. Los países afectados  pedían ayuda a la comunidad internacional.  El gobierno cubano declaró el 18 de noviembre en Tegucigalpa, Honduras el envío de brigadas médicas,  2 000 médicos para socorrer a los damnificados  centroamericanos  y 200 a  Haití. Nacía un Programa Integral de Salud (PIS) para la reconstrucción de Centroamérica y el Caribe.

El 19 y 20 de noviembre las radios centroamericanas daban la noticia de que Cuba ofrecía 500 becas para estudiar gratuitamente medicina en Cuba. Existían relaciones diplomáticas solo con Nicaragua, Guatemala y una oficina de Intereses en Honduras a donde llamaban los jóvenes aspirantes.

Esa noche en el Fórum Fidel explicaba al pueblo la situación creada en Centroamérica y el Caribe y ratificaba la disposición oficial de ayudar a la región con  recursos y Brigadas Médicas quienes permanecerían en los lugares afectados el tiempo que fuera necesario.

Y anunció la creación de una escuela de medicina que formaría  como médicos,  gratuitamente,  a jóvenes de la región, de procedencia humilde para que retornaran a sus lugares de orígenes a ejercer el sacerdocio de la medicina. Surgía la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM) para seguir el derrotero del internacionalismo médico cubano cuyas raíces habían sido sembradas tempranamente en Chile y Argelia.

Fidel subrayaba en el Discurso:

“La solidaridad es un deber con la humanidad y lo cumplimos sin tener en cuenta las cuestiones ideológicas ni las diferencias.

“Es una tradición honrosa y gloriosa de nuestro país, que nunca, sea quien sea, en su espíritu solidario, ha hecho excepción con ningún país. No es un invento de ahora, que nadie se pueda imaginar que nosotros queremos utilizar la tragedia de los países centroamericanos para ganar imagen u obtener ventajas de tipo político.

“No estamos pensando en frutos para nosotros. Vamos a seguir luchando por nosotros, y por el máximo de bienestar de nuestro pueblo; pero tenemos un recurso con lo cual podemos ayudar al mundo: somos un ejemplo que puede ayudar al mundo; tenemos ideas que pueden ayudar al mundo a ese mundo que va a sumar dentro de 50 años 10 000 millones de habitantes y que necesita sobrevivir, necesita soluciones, que no sobrevivirá sin ejemplo, sin ideas y sin verdades.

“La solidaridad es una tradición que está acorde  con los planteamientos que Cuba está haciendo con relación a la situación actual del mundo con  lo que estamos predicando. ¿Cuánto vale una vida humana? ¿Qué sentido tiene que el mundo gaste 800 000 millones de dólares en presupuestos militares cada año? ¿Qué no podría lograrse en salud, educación, agua potable, viviendas, sistemas de regadío, producción de alimentos, investigaciones científicas y protección del medio ambiente con la mitad de esas sumas? ¿Qué racionalidad contiene y qué promete a la humanidad el orden mundial que se nos ha impuesto?”

Fidel precisa la conducta a seguir por los médicos internacionalistas cubanos.

“Estos médicos no se mezclan ni se mezclarán absolutamente nada en cuestiones políticas, trabajarán con todos y colaborarán con todos, en primer lugar con las autoridades locales, las instituciones locales de distintos tipos, también con las instituciones religiosas. La cooperación con todos es clave para el éxito del programa médico. Lo estoy diciendo aquí, porque quiero desde ya recalcar bien esto: nuestros médicos no se mezclarán lo más mínimo en asuntos de política interna. Serán absolutamente respetuosos de las leyes, tradiciones y costumbres de los países donde laboren. No tienen por misión propagar ideologías. Respetarán escrupulosamente las de los ciudadanos y pacientes, así como sus creencias religiosas, haciéndose con ello acreedores al respeto a sus sentimientos patrióticos, sus ideas políticas, filosóficas o de orden religioso, que no predicarán, ni tratarán de propagar a otros, porque van a Centroamérica como médicos, como abnegados portadores de salud humana, a trabajar en los lugares y en las condiciones más difíciles, para salvar vidas, preservar o devolver el bienestar de la salud, y enaltecer y prestigiar la noble profesión del médico; nada más.”

Fidel señala el impacto que tendría un programa integral de salud:

“De modo que en un programa integral de salud se suele utilizar un índice que es muy gráfico, y son las vidas que se salvan. Es más gráfico todavía si las vidas que se salvan se asocian con aquellos que murieron en una catástrofe natural y conmovieron al mundo.

“Ahora, los miles que mueren silenciosa y calladamente, cuyos nombres no aparecen en ningún periódico, ni sus cadáveres en ninguna imagen, en ninguna televisión y lo saben solo los padres que los llevan a enterrar —estoy hablando de los niños en este caso—, como los que llenaron de cruces la costa sur de la Sierra Maestra, porque no alcanzaron a ver siquiera una embarcación casual que los condujese a un médico en Santiago de Cuba, no deben seguir siendo olvidados.

“Estas metas que estamos planteando de salud para Centroamérica pueden alcanzarse sin cambio de sistema social. Plantear que esto se puede lograr únicamente haciendo primero una revolución política y social, es decir, haciendo una revolución como en Cuba, no tendría ningún sentido proponerlo; no sería necesario ni tendría nadie derecho a esperar tales cambios para salvar cientos de miles de vidas que con un poco de racionalidad y sentido común pueden salvarse; con el mismo sistema social, con el mismo sistema de propiedad existente es posible hacerlo, hasta con un modesto apoyo de la comunidad internacional. Es que la tarea, digo, es relativamente fácil, es posible y es fácil.

“Este programa no pretende sustituir a un solo médico en ningún país de Centroamérica; al contrario, podemos cooperar modestamente con ellos en las cuestiones de salud donde alguna experiencia nuestra pueda ser útil.

“El programa integral de salud que estamos proponiendo, que proponemos como un modelo de programa de cooperación con los países del Tercer Mundo, con los países más pobres, lo está proponiendo un país como Cuba, que no es un país rico, ni mucho menos; que es un país que está bloqueado, que está atravesando un período especial, y si nosotros podemos, cómo no va a poder ese mundo que ya alcanza un producto bruto de no menos de 30 millones de millones de dólares.

“Lo que Cuba quiere demostrar es que si un país de tan limitados recursos materiales y económicos puede hacer algo en ese sentido en nuestra área, el mundo industrializado puede infinitamente más. Ya no digo que seamos un país pobre en recursos humanos, porque en eso sí somos ricos; si se quiere, incluso, campeones olímpicos, sin vanagloria, sin vanidad de ninguna clase.”

Fidel ofrece formar gratuitamente médicos caribeños y centroamericanos.

“No debemos limitarnos a enviar 2 000 ó 2 500 ó 3 000 médicos; hay una cosa más importante y es que junto a la oferta de enviar médicos hemos ofrecido un programa de formación de médicos centroamericanos en Cuba.”

Fidel explica las posibilidades reales para formar médicos de los países afectados.

“Ya nuestros médicos tienen gran prestigio en todas partes, porque no en balde estudian seis años y después otros tres en la comunidad, las últimas generaciones de médicos, y después para otra especialidad otros dos, tres o cuatro años, según los requerimientos de cada una de ellas. Están bien, bien, bien preparados nuestros médicos. Podemos tener plena confianza en nuestros médicos, y sabemos que se crecen cuando les dan una misión importante y difícil, es característica de nuestra gente.

“Nosotros nos esmeraremos en la formación de esos futuros médicos centroamericanos.

“Cuba ha ofrecido 500 becas anuales por un período de 10 años. (…) la idea nuestra es conceder por un período de 10 años 500 becas anuales a jóvenes centroamericanos, ya bachilleres, para estudiar medicina. Es decir, realmente Cuba ha ofrecido 5 000 becas en total.”

Fidel se refiere al proceso de selección y la necesidad de cursos de nivelación:

“Ahora hay que discutir con cada país, más o menos, los criterios de selección. El Presidente de Guatemala planteó especial interés en que no menos de la mitad fuesen de origen indio. En nuestro criterio es precisamente tratar de formar profesionales con la mente puesta en la idea de que presten servicios en los lugares más apartados, más difíciles; si el potencial es grande, es perfectamente posible hacer buenas selecciones. Hay que analizar con los ministros de salud y con las autoridades de cada país los criterios y métodos de selección.”

Fidel amplía el plan de becas.

“Ahora, es tal la demanda en estos momentos que estamos, incluso, pensando que dentro del programa de 10 años, el primer año  ingresen  1000, en vez de 500, al comprobar en los dos países visitados el enorme interés de las autoridades y los jóvenes por esas becas. Estamos analizando todo, y tendremos las condiciones para recibir 1 000 el primer año, y después pueden ser 500, 500 y 500 cada año sucesivamente.

“Mientras ellos se formen, podrán contar con nuestros médicos.

“Entonces, en 10 años al final serían 5 500 becas. Vamos a esperar, pero ya les hemos comunicado a algunos gobiernos del área la idea de ampliar en este primer año el número de becas, pues en este primer año va a ser tremenda la presión.

“Tenemos capacidades y estamos formando médicos del Caribe, todos los que los caribeños quieran formar; estamos formando igualmente médicos sudafricanos y de otros países. Vean que realmente nosotros no hacemos publicidad ni propaganda con la cooperación que brindamos a numerosos países del Tercer Mundo.

“Pero para nuestros vecinos del Caribe todas estas becas que ofrecemos son gratuitas.  (…). No se sabe lo que cobran en algunas universidades, en Estados Unidos  pueden ser 15 000, 20 000, 30 000 por año.

“Los países caribeños de habla inglesa, que son nuestros amigos más estrechos, que fueron vanguardias en la lucha contra el aislamiento en este hemisferio, que han brindado valiente apoyo a Cuba en las Naciones Unidas, en Lomé y en todos los foros internacionales, que son pequeños países, tienen una cuota en conjunto de no menos de 1 000 becas gratuitas para distintas carreras. Si necesitan más tendrán todas las que necesiten.

“Nosotros llegamos a tener 22 000 becarios extranjeros estudiando en nuestro país. Ningún otro país del mundo tuvo nunca tantos becarios per cápita como Cuba, y esos están en todas partes del mundo, en África y en otras regiones del mundo. Eso ayuda también a explicar la solidaridad del Tercer Mundo con Cuba; eso ayuda a explicar los 157 votos contra 2, aunque no lo hicimos por eso, lo hicimos por nuestros ideales y por nuestros sentimientos de solidaridad y de internacionalismo.

“Habíamos concebido en nuestro programa elaborado a principios de la década del 80 la idea de disponer de 10 000 médicos para ayudar al Tercer Mundo. En esa época se crearon todas esas facultades de que hoy disponemos, mucho antes del período especial; vino después el período especial, las limitaciones de recursos y otras dificultades, que en cierta medida alteraron los programas. Parte de las capacidades como estaba concebido se utilizaron para formar licenciados en enfermería y otros técnicos de la salud. Pero disponemos de capacidades de reserva.”

Fidel acotaba:

“De dos huracanes, se juntaron dos programas factibles: El Programa Integral de Salud y la creación de una Escuela Latinoamericana de Medicina. Tenemos  21 facultades de medicina y las tiene en todas las provincias. De modo que dos ideas, nacidas de dos huracanes, están en marcha pero se pueden sacar las cuentas matemáticamente, ¿en 10 años cuántas vidas podrían salvarse? Y si quieren calcular en 20 años, con ambos programas… Alguien dijo —en un tango creo— que 20 años no eran nada; pues en 20 años les aseguro que serían bastante más de un millón de personas.”

Evidentemente durante estos dramáticos días Fidel y Raúl con la dirección del Partido y el gobierno habían decidido el curso de la política hacia la región.  No tengo los detalles de la conversación de Fidel y Raúl, pero lo cierto es que el General de División Raúl Castro,  Ministro de las FAR entonces, cedió la excelente instalación de la Escuela Naval de formación de oficiales de la Marina de Guerra y Mercante para su conversión en una escuela de medicina. Cómo se implementó esa idea, es una historia pendiente de escribir.  El Dr. Juan D. Carrizo Estévez, entonces Rector del Instituto de Ciencias Médicas de La Habana  quien  anteriormente se había desempeñado como Rector del Instituto de Ciencias Médicas  de Villa Clara, estaba como delegado en el Fórum  y recibió  de su secretaria, un mensaje que lo conminaba  a trasladarse a su oficina en el Instituto. Allí lo estaba esperando Valentín, quien “me dijo que Chomy – José R. Miyar Barruecos,  entonces Secretario del Consejo de Estado-   me esperaba en la Academia Naval Granma, muy cerca del pueblo de Baracoa. Por supuesto que yo estaba muy preocupado e intrigado, me preguntaba qué habría hecho mal, pero no tenía lógica que me citara para regañarme tan lejos. Yo estaba seguro que algo tenía que ver con Fidel. ”

José Miyar (Chomy) Secretario del Consejo de Estado  y protagonista de la creación del Servicio Médico Rural en Cuba, Pedro Pérez Betancourt, vice Almirante de la Marina (atendía la marina de guerra, la mercante, pesca, guarda fronteras) y Carrizo se encontraron en la Academia Naval, cerca de las 4pm, sin previo aviso. El Director Carlos Duque, Capitán de Navío mandó a llamar a Eladio Valcárcel, capitán de Fragata y jefe de Logística.  Recuerda Valcárcel que les informaron que los compañeros habían sido designados por la jefatura del MINFAR para hacer un recorrido por la Academia  porque esta posiblemente pasara a otro status. “Hicimos un recorrido y por las caras de Chomy y Carrizo sabíamos que había aceptación por las buenas  condiciones de la instalación. Hacía unos meses se había comentado el interés de unos empresarios españoles que querían comprar la instalación y el área para poner un complejo turístico con campos de golf y todo, invertirían decenas de millones de USD. Le voy a confesar la verdad eso nos entristecía, porque la misión de la Academia había sido la defensa de la Revolución y el Socialismo y ahora de lo que  se  trataba era que los ricos capitalistas disfrutaran de nuestro pedazo de tierra y mar. Pero era un hecho de que tendríamos que irnos, era como una vela apagándose. Por eso cuando nos informaron que el destino era una Escuela para formar como médicos a jóvenes humildes de los países devastados por los huracanes, una vez más Fidel y Raúl  decidían a favor de un interés de solidaridad por encima de los intereses económicos, aquella fue la mejor noticia que nos podían dar. Era una fiesta y  no teníamos idea de lo que nos esperaba. Me ordenaron quedarme al frente de 50 oficiales y suboficiales y 300 trabajadores civiles para apoyar la readecuación de la instalación en una escuela de medicina.” (Conversación con Gloria) Él conocía como nadie cada rincón y las posibilidades e inconvenientes que implicaba cada nueva idea.

Carrizo apunta. “Conversamos sobre las posibilidades de hacer una escuela de medicina para traer estudiantes de los países afectados por los huracanes.  Todos estuvimos de acuerdo. Hicimos un pequeño recorrido. De ahí salimos para el Palacio de las Convenciones, donde nos estaba esperando Fidel con otros compañeros.  Fidel nos planteó la posibilidad de hacer la Escuela. Dio algunas ideas precisas: quería un lugar como la  Academia para mantener la buena disciplina, que estudiaran mucho para vencer los retos de los desniveles educacionales. Valoró no tener que hacer laboratorio de anatomía y usar algunos de los que se usaban en Girón y me preguntó el costo de un laboratorio. La pregunta me tomó por sorpresa. Era difícil responder en ese momento, porque no teníamos experiencia en ese tipo de inversión, hacía muchos años que se habían hecho y no le iba a decir una mentira. Me  preguntó si consideraba que podríamos cumplir la tarea, mientras me miraba a los ojos y golpeaba el pecho con su dedo anular. Le respondí con firmeza que se haría, no cabía otra respuesta”. (Notas personales de Carrizo para el libro sobre la ELAM que pensaba escribir algún día.)

De esta breve reunión Fidel pasó a hacer la conclusiones a las 4.30pm y Carrizo salió para el rectorado donde convocó a un grupo reducido de profesores y especialistas, que a las 48 horas tenían una primera  propuesta para  un tipo de laboratorio que fuera razonablemente económico y ajustado a las necesidades del plan de estudio de acuerdo a la universidad que pretendían crear.

Desde ese instante  con gran orgullo se consagró a cumplir la noble tarea del Comandante, y con humildad decía era su “pequeño granito de arena”  aunque no volvió a tener días ni  noches sosegadas.

En apenas tres meses con mucho sacrificio, desvelo de Fidel quien estaba pendiente de todos los detalles y orientaba cada paso y el trabajo esmerado de todos los involucrados, se logró la readecuación de la instalación.

En febrero de 1999, los primeros en llegar fueron 323 nicaragüenses que enviaba el Frente Sandinista bajo la dirección de Daniel Ortega. Entre ellos llegaba María Esther Betanco, una joven pequeña de estatura de apenas 16 años a quien  Carrizo bautizó “la niña de la ELAM”. Recuerda que “Raúl Castro  y Tomás Borges nos recibieron. Tomás le preguntó  si había tortillas para los muchachos, Raúl le dijo que no, pero había maíz.”

En su niñez a las seis de la mañana salía  con su mamá a vender pan y después iba a la escuelita del barrio pobre donde su madre enseñaba.

En la ELAM  no podía creer lo que estaba viviendo: todos los días  tenía desayuno, almuerzo, comida, meriendas, sin tener que vender pan cada mañana. Pero entonces pensaba en sus hermanos que no tenían nada de eso y se ponía triste.

Al mes llegó Fidel a su aula, hasta entonces ella no lo había visto aunque él venía casi todos los días a la escuela. “Cuando lo vi tan grande y yo tan pequeña me impresionó mucho. Entonces le dije reciba la bendición de mi madre.  “

María Esther Betanco, hoy médico con dos especialidades, marchó a Haití, junto a cientos de egresados, tras el terremoto y dirigió el hospital de campaña de Monimbó donde los egresados haitianos la denominaron la Comandante por su acometida y decisiones acertadas en la estrategia para combatir el cólera. Ella desde  un hospital de Santa Clara donde finaliza su segunda especialidad, afirma que de niña y adolescente recuerda a Nicaragua, de joven a Cuba. “Así ha transcurrido mi vida: tengo el corazón compartido, pero he realizado el sueño de mi madre. Cuando mi padre murió yo sentí que tenía otro padre: el profe Carrizo”.

La Dra Betanco encontró en la ELAM una gran familia, pero reitera el  compromiso  que tiene con su pueblo de regresar,  no olvida que gracias a la Revolución Cubana y al  triunfo del Frente Sandinista realizó sus sueños de niña y con razón bendice a esos dos  Comandantes hermanos: Fidel Castro  y Daniel Ortega que son luz para  todos los pobres y en especial Fidel quien con la pupila insomne se empeña en que un mundo mejor es posible.

El río Santa Ana bordea la ELAM  y se besa con el mar. Aquella tarde del 21 de noviembre, Carrizo vio un presuntuoso manatí que desafiaba el peligro de los depredadores humanos, que  le dio la bienvenida y lo apresó  en su magia para que durante catorce años  muy temprano en la mañana mientras se acercaba a la Escuela, su mirada fuera al río y dicen que seguro vio a  Yemayá la hermana de Ochún zarandeando su vestido  azul y blanco y que  llevaba un gorro rojo con una estrella luminosa,   que indudablemente  hechizó a todos los que allí laboran y en especial a él, para quien desde entonces la ELAM se convirtió  en la novia  más  bonita a la que debía dedicar todo el tiempo de vida que le quedaba .

Carrizo vivirá en la memoria de sus egresados y  en ese pequeño pedazo de historia que representa la formación de médicos revolucionarios  en Cuba y en particular en la ELAM. Su granito de arena se hace montaña, los sueños se vuelven rocas…

El 26 de noviembre del 2012, el día que Carrizo cumplía 64 años, se fue para siempre, pero dicen que desde otra dimensión advierte a los agradecidos que no pierdan la memoria. Ese fue el mensaje del arcoíris en la mañana  de su partida. Por ello el discurso del Comandante en la Clausura del XII Fórum de Ciencia y Técnica del 21 de Noviembre de 1998 trasciende la conmemoración de una efeméride; es la exposición de una filosofía revolucionaria, es el lúcido análisis de la realidad mundial, profética,  y una exhortación a lo que pueden hacer los hombres buenos.  Para mi sorpresa cuando escribía estas líneas leí en Granma esta noticia, que corrobora la vigencia de las ideas de Fidel, quien como un oráculo se anticipa al futuro:

 “La Organización Mundial de la Salud (OPS) ha reconocido oficialmente, que Cuba es el país con mayor densidad de recursos humanos en la salud por cada 10 mil habitantes (134.6), en el documento “Una verdad universal: No hay salud sin agentes sanitarios”.  El texto asegura que uno de los principales problemas en el servicio de salud consiste en mejorar la dotación y retención de esos profesionales en los lugares más necesitados, y desarrollar la educación médica de acuerdo con las necesidades de cada lugar. “Uno de los retos para alcanzar la cobertura universal en salud es lograr que todos, en especial las poblaciones más vulnerables y las que viven en áreas remotas, tengan acceso al personal de salud calificado y culturalmente competente”, señaló Carissa F. Etienne, directora de la OPS. El estudio destaca que en la actualidad el mundo necesita incrementar la cifra de trabajadores de la salud en más de siete millones. También una mejor distribución geográfica, ya que en muchos países se concentran en grandes ciudades.” (Tomado de PL, en Granma 13/11/2013)

En lo que leí, pese al merecido reconocimiento, el informe no da cuenta de la contribución de Cuba a la formación de recursos humanos para la sostenibilidad de los sistemas de salud  de los países del Tercer Mundo, incluso para los barrios pobres de Estados Unidos. La Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), fue inaugurada el 15 de noviembre de 1999 por su mentor, el Comandante en Jefe Fidel Castro y  ha graduado hasta el 2013 más de 20 000 médicos de más de 70 países, es una reconocida escuela internacional siendo apenas una linda quinceañera que presume con orgullo vestir todos los colores humanos.

!COMANDANTE LOS FRUTOS YA MADURAN PARA EL MUNDO! !GRACIAS!

*Historiadora, miembro de la UNHIC, UNEAC  y ADHILAC

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Carlos Fernández Liria

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.

Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (² ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.

Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.

Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (⁵ ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.

Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.

Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.

Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.

Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.

Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.

La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.

La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.

El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.

Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.

Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.

1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.

*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla

Carlos Fernández Liria

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.

Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (² ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.

Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.

Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (⁵ ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.

Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.

Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.

Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.

Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.

Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.

La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.

La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.

El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.

Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.

Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.

1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.

*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla

Víctor Casaus

Facundo Cabral

El asesinato de Facundo Cabral ha producido una conmoción inmensa por la irracionalidad del hecho y por las características de la víctima: un autor de obra personalísima y sostenida a lo largo de décadas en la que conviven el amor y el humor, la crudeza y la ternura. Su vocación libertaria convirtió a Facundo Cabral en un compañero en el viaje interminado (interminable) hacia la utopía.

Por eso en el Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau, territorio donde han estado presentes durante estos años todas las generaciones y tendencias de la nueva trova cubana, hemos condenado la brutalidad y la irracionalidad de ese crimen de lesa cultura, de lesa humanidad, de lesa imaginación.

En lo personal, si eso existe, también he compartido la sorpresa, la angustia, la rabia y la conmoción que ha ocasionado el asesinato de este artista a tiempo completo. Disfruté y reflexioné a partir de sus canciones desde muy temprano. Llegaron entonces en casetes pasados de mano, en copias de copias que los poetas o los trovadores amigos habían obtenido de igual manera. Como en el caso de Les Luthiers, conocimos la importancia de la belleza y de la inteligencia de sus obras sin haber visto aún el rostro de su creador.

Rigoberta Menchú ha dicho que a Facundo Cabral lo ha matado el fascismo. En el país donde se cometió el crimen se investiga para aclarar los hechos. Se dice que el ataque criminal no estaba dirigido precisamente al cantautor. En todo caso, la bestialidad del procedimiento asesino, la impunidad con que fue perpetrado y el balance terrible de su cuerpo balaceado, le otorgan a este acontecimiento trágico la fuerza y la significación de una metáfora de nuestro tiempo.

En un mundo donde la vida ha perdido todo valor en muchas de sus regiones el asesinato de Facundo Cabral se nos muestra como una triste metáfora de nuestra época. La belleza y la inteligencia arrasadas por la violencia y la barbarie. Facundo Cabral cantó también, desde su pasión libertaria, contra esa forma de barbarie. Él y sus canciones representaban –y representan– la vida. Por eso, en realidad Facundo Cabral era y es de aquí y de allá, del territorio de la búsqueda de la justicia. Y por ello seguirá, incluso después de los fusiles de asalto que lo emboscaron, en el camino común hacia la utopía. Ahí seguimos, ahora entre tristezas y cabralidades, tarareando sus canciones memorables y admirando y compartiendo su pasión libertaria.

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Cabecera del blog de Silvio Rodríguez, "Segunda cita"

El trovador cubano Silvio Rodríguez expresó en su blog Segunda Cita su tributo al cantautor argentino Facundo Cabral, asesinado ayer en Guatemala.

Silvio publicó en Segunda Cita la canción del también argentino Alberto Cortez, “Está la puerta abierta”, incluida en el disco de Cortez y Cabral Lo Cortez no quita lo Cabral, y alteró la última estrofa.

“Facundo Cabral, Todas las cosas bellas, comenzaron cantando, no olvides que tu madre, cantando te acunó”, escribió el cubano.

Cabral fue muerto a balazos por desconocidos cuando se dirigía en la madrugada del sábado al aeropuerto de la capital guatemalteca, desde donde tenía previsto viajar a Nicaragua.

Su muerte desató una ola de rechazo en Latinoamérica, donde gobiernos y artistas recordaron al trovador pacifista de 76 años, célebre por temas como “No soy de aquí ni soy de allá”. (Con información de AFP)

Fidel Castro Ruz

Monumento en el Memorial de América Latina, de Óscar Niemeyer

Los latinoamericanos no son criminales natos ni inventaron las drogas.

Los aztecas, los mayas, y otros grupos humanos precolombinos de México y Centroamérica, por ejemplo, eran excelentes agricultores y ni siquiera conocían el cultivo de la coca.

Los quechuas y aymaras fueron capaces de producir nutritivos alimentos en perfectas terrazas que seguían las curvas de nivel de las montañas. En altiplanos que sobrepasaban a veces los tres y cuatro mil metros de altura, cultivaban la quinua, un cereal rico en proteínas, y la papa.

Conocían y cultivaban también la planta de coca, cuyas hojas masticaban desde tiempos inmemorables para mitigar el rigor de las alturas. Se trataba de una costumbre milenaria que los pueblos practican con productos como el café, el tabaco, el licor u otros.

La coca era originaria de las abruptas laderas de los Andes amazónicos. Sus pobladores la conocían desde mucho antes del Imperio Inca, cuyo territorio, en su máximo esplendor, se extendía en el espacio actual del Sur de Colombia, todo Ecuador, Perú, Bolivia, el Este de Chile, y el Noroeste de Argentina; que sumaba cerca de dos millones de kilómetros cuadrados.

El consumo de la hoja de coca se convirtió en privilegio de los emperadores Incas y de la nobleza en las ceremonias religiosas.

Al desaparecer el Imperio tras la invasión española, los nuevos amos estimularon el hábito tradicional de masticar la hoja para extender las horas de trabajo de la mano de obra indígena, un derecho que perduró hasta que la Convención Única sobre Estupefacientes de Naciones Unidas prohibió el uso de la hoja de coca, excepto con fines médicos o científicos.

Casi todos los países la firmaron. Apenas se discutía cualquier tema relacionado con la salud. El tráfico de cocaína no alcanzaba entonces su enorme magnitud actual. En los años transcurridos se han creado gravísimos problemas que exigen análisis profundos.

Sobre el espinoso tema de la relación entre la droga y el crimen organizado la propia ONU afirma delicadamente que “Latinoamérica es ineficiente en el combate al crimen.”

La información que publican distintas instituciones varía debido a que el asunto es sensible. Los datos a veces son tan complejos y variados que pueden inducir a confusión. De lo que no cabe la menor duda es que el problema se agrava aceleradamente.

Hace casi un mes y medio, el 11 de febrero de 2011 un informe publicado en la Ciudad de México por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia de ese país, ofrece interesantes datos sobre las 50 ciudades más violentas del mundo, por el número de homicidios ocurridos en el año 2010. En él se afirma que México reúne el 25% de ellas. Por tercer año consecutivo la número uno corresponde a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos.

A continuación expone que “…ese año la tasa de homicidios dolosos de Juárez fue 35% superior a la de Kandahar, Afganistán ―la número dos en el ranking― y 941% superior a la de Bagdad…”, es decir, casi diez veces superior a la capital de Irak, ciudad que ocupa el número 50 de la lista.

Casi de inmediato añade que la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, ocupa el tercer lugar con 125 homicidios por cada 100 000 habitantes; siendo solo superada por Ciudad Juárez, en México, con 229; y Kandahar, Afganistán, con 169.

Tegucigalpa, Honduras, ocupa el sexto con 109 homicidios, por cada 100 000 habitantes.

De este modo se puede apreciar que Honduras, la de la base aérea yanki de Palmerola, donde se produjo un Golpe de Estado ya bajo la presidencia de Obama, tiene dos ciudades entre las seis en que se producen más homicidios en el mundo. Ciudad de Guatemala alcanza 106.

De acuerdo a dicho informe, la ciudad colombiana de Medellín, con 87.42 figura también entre las más violentas de América y el mundo.

El discurso del Presidente norteamericano Barack Obama en El Salvador, y su posterior conferencia de prensa, me condujeron al deber de publicar estas líneas sobre el tema.

En la Reflexión de marzo 21 le critiqué su falta de ética al no mencionar en Chile siquiera el nombre de Salvador Allende, un símbolo de dignidad y valentía para el mundo, quien murió como consecuencia del golpe de Estado promovido por un Presidente de Estados Unidos.

Como conocía que al día siguiente visitaría El Salvador, un país centroamericano símbolo de las luchas de los pueblos de nuestra América que más ha sufrido como consecuencia de la política de Estados Unidos en nuestro hemisferio, dije: “Allí tendrá que inventar bastante, porque en esa hermana nación centroamericana, las armas y los entrenadores que recibió de los gobiernos de su país, derramaron mucha sangre.”

Le deseaba buen viaje y “un poco más de sensatez.” Debo admitir que en su largo periplo, fue un poco más cuidadoso en el último tramo.

Monseñor Oscar Arnulfo Romero era un hombre admirado por todos los latinoamericanos, creyentes o no creyentes, así como los sacerdotes jesuitas cobardemente asesinados por los esbirros que Estados Unidos entrenó, apoyó y armó hasta los dientes. En El Salvador, el FMLN, organización militante de izquierda, libró una de las luchas más heroicas de nuestro continente.

El pueblo salvadoreño le concedió la victoria al Partido que emergió del seno de esos gloriosos combatientes, cuya historia profunda no es hora de construir todavía.

Lo que urge es enfrentar el dramático dilema que vive El Salvador, del mismo modo que México, el resto de Centroamérica y Suramérica.

El propio Obama expresó que alrededor de 2 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, lo cual equivale al 30% de la población de ese país. La brutal represión desatada contra los patriotas, y el saqueo sistemático de El Salvador impuesto por Estados Unidos, obligó a cientos de miles de salvadoreños a emigrar a aquel territorio.

Lo nuevo es que, a la desesperada situación de los centroamericanos, se une el fabuloso poder de las bandas terroristas, las sofisticadas armas y la demanda de drogas, originadas por el mercado de Estados Unidos.

El Presidente de El Salvador en el breve discurso que precedió al del visitante, expresó textualmente: “Le insistí que el tema del crimen organizado, la narcoactividad, la inseguridad ciudadana no es un tema que ocupe sólo a El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua y ni siquiera México o a Colombia; es un tema que nos ocupa como región, y en ese sentido estamos trabajando en la construcción de una estrategia regional, a través de la Iniciativa CARFI.”

“…le insistí, en que este es un tema que no sólo debe ser abordado desde la perspectiva de la persecución del delito, a través del fortalecimiento de nuestras policías y nuestros ejércitos, sino que también enfatizando en las políticas de prevención del delito y por lo tanto, la mejor arma para combatir en sí la delincuencia, en la región, es invirtiendo en políticas sociales.”

En su respuesta el mandatario norteamericano dijo: “El Presidente Funes se ha comprometido a crear más oportunidades económicas aquí en El Salvador para que la gente no sienta que debe enrumbarse al norte para mantener a su familia.”

No necesito una palabra más para expresar la esencia de una situación dolorosamente triste.

La realidad es que muchos jóvenes centroamericanos han sido conducidos por el imperialismo a cruzar una rígida y cada vez más infranqueable frontera, o prestar servicios en las bandas millonarias de los narcotraficantes.

¿No sería más justo ―me pregunto― una Ley de Ajuste para todos los latinoamericanos, como la que se inventó para castigar a Cuba hace ya casi medio siglo? ¿Seguirá creciendo hasta el infinito el número de personas que mueren cruzando la frontera de Estados Unidos y las decenas de miles que ya están muriendo cada año en los pueblos a los que usted ofrece una “Alianza Igualitaria”?

Marzo 25 de 2011, 8 y 46 p.m.

Tomado de Cubadebate

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Amy Goodman

Amy Goodman

La semana pasada se reveló públicamente que el gobierno de Estados Unidos expuso a la sífilis a cientos de hombres en Guatemala en el marco de macabras experimentaciones desarrolladas durante la década de 1940. Apenas salió a la luz la noticia, el Presidente Barack Obama telefoneó al Presidente de Guatemala Álvaro Colom para disculparse. Colom calificó las experimentaciones de “una violación de los derechos humanos increíble”: “Es una violación de derechos humanos increíble pero ahí está y hay que afrontarla… y vamos a hacer todo lo necesario para que podamos aclarar lo más rápido posible qué profundidad tuvo y qué efectos humanos tuvo, que a nosotros nos interesan los afectados fundamentalmente y como estado pues obviamente… indignados… y si hubiese autoridades del pasado involucradas también se va a decir.” Colom afirmó además que su país evalúa la posibilidad de llevar el caso ante una corte internacional.

Las revelaciones surgieron a raíz de una investigación llevada a cabo por la historiadora médica Susan Reverby, del Wellesley College, acerca de los tristemente célebres estudios de Tuskegee sobre la sífilis. Los dos antiguos proyectos de investigación del gobierno estadounidense en Tuskegee, Alabama y Guatemala (nocivos por igual) son espejo el uno del otro. Ambos muestran a qué extremo se puede ignorar la ética a fin de obtener conocimientos médicos y ambos nos recuerdan que la investigación médica necesita constante supervisión y regulación.

Reverby es autora del libro recientemente publicado “Examining Tuskegee,” una exhaustiva historia de la investigación sobre la sífilis conocida como “Estudios de Tuskegee”.

Tuskegee, en el estado de Alabama, se encuentra en el corazón del Sur Profundo estadounidense. Desde 1932, y hasta ser revelado por la prensa en 1972, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo estudios de largo plazo sobre los efectos de la sífilis cuando no es tratada. El estudio consistió en decirle a cuatrocientos hombres con sífilis que recibirían un “tratamiento especial” para su “sangre mala.” Sin que estos hombres lo supieran, se les administraban placebos inútiles, pero no la cura prometida y su debilitamiento, causado por la sífilis no tratada, fue estudiado durante décadas. En sus fases avanzadas, la sífilis puede ocasionar desfiguración, demencia, ceguera y dolor agudo crónico. Es una manera horrible de morir. Durante los años en que se desarrollaban estas experimentaciones, se descubrió que la penicilina curaba la sífilis.

Sin embargo, no se informó a los hombres de la posible cura y se les negó tratamiento cada vez que alguno de ellos lo requería.

En Tuskegee, los hombres infectados no recibieron tratamiento. En Guatemala sucedió lo contrario.

Allí, los investigadores del gobierno de Estados Unidos infectaban con sífilis a los prisioneros y luego los trataban con penicilina para medir los efectos del antibiótico inmediatamente después de la exposición a la enfermedad. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y de esta manera es como el médico que encabezaba las operaciones, el Dr. John Cutler del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, intentaba infectar a los prisioneros. La historiadora médica Susan Reverby describió las experimentaciones de la siguiente manera: “Fueron a Guatemala porque la prostitución era legal en ese país y era legal además llevar prostitutas a las cárceles para servicios sexuales. Cuando no pudieron generar la infección al nivel esperado con el ingreso de prostitutas, comenzaron las inoculaciones y la manera en que funcionaron fue… En primer lugar la sífilis no es fácil… Hay una razón por la que es una enfermedad de transmisión sexual. No es posible simplemente sacar sangre a una persona con sífilis y pasársela a otra persona. De hecho, es necesario crear una vacuna. La bacteria que causa la enfermedad puede morir al tener contacto con el aire, es por eso que debe pasar a través de líquidos y fluidos corporales y es por eso que se transmite sexualmente. Crearon una vacuna utilizando las pruebas de campo con conejos que ya tenían la enfermedad. Raspaban o rasguñaban los brazos de personas en cárceles, asilos psiquiátricos y barracas del ejército. Utilizaron sus brazos, sus mejillas, además buscaron hombres, y francamente esta parte me resulta completamente increíble y hace que todo parezca parte de una película clase B, encontraron hombres con prepucios largos, tomaban sus penes, retiraban el prepucio hacia atrás, raspaban el glande y aplicaban la vacuna por medio de un pequeño trozo de algodón con gaza, un apósito. Hacían esto durante una hora y media o dos horas con la esperanza de que la infección se transmitiera de esa manera.”

Procedimientos similares fueron utilizados con pacientes psiquiátricos y soldados.

Irónicamente, el estudio en Guatemala comenzó a desarrollarse en 1946, el mismo año en que los tribunales de Nuremberg por primera vez juzgaron a médicos nazis, acusándolos de llevar a cabo experimentos atroces con prisioneros de campos de concentración. La mitad de los acusados fueron condenados a muerte. Durante el proceso se creó el Código Nuremberg, que establece estándares éticos para la experimentación médica con humanos y la obligatoriedad del consentimiento informado. Pero, al parecer, a los investigadores estadounidenses no les importó Nuremberg.

El Dr. Cutler, responsable del proyecto de Guatemala, participó luego de los estudios de Tuskegee. En un documental de PBS “NOVA” de 1993 llamado “Engaño mortal” afirmó: “Era importante que no se los tratara, y no habría sido deseable seguir adelante y administrarles grandes dosis de penicilina para tratar la enfermedad ya que esto hubiera interferido con el estudio.” El Dr. Cutler murió en el año 2003.

El gobierno de Estados Unidos con frecuencia ha llevado a cabo experimentos sin consentimiento informado de los sujetos. A mujeres de Puerto Rico se les administró estrógeno a niveles de riesgo mientras se probaban las pastillas anticonceptivas.

En otras investigaciones, se inyectó plutonio a pacientes hospitalizados que no se habían ofrecido como voluntarios para estudiar los efectos de ese elemento en el cuerpo humano. Dow Chemical, Johnson & Johnson y las autoridades de la cárcel de Pensilvania expusieron a los internos a químicos, entre ellos a dioxinas, para probar sus efectos. Muchas de las personas sometidas a este tipo de experimentación han muerto o han visto sus vidas dañadas de forma permanente. Todo esto en nombre del progreso o de las ganancias.

Los investigadores se apuran a señalar que este tipo de prácticas son cosa del pasado y que han dado paso a lineamientos estrictos que aseguren el consentimiento informado de los sujetos. Sin embargo, se hacen esfuerzos para suavizar las restricciones en casos de experimentación médica en cárceles. Es necesario preguntarse qué significa “consentimiento informado” dentro de una cárcel, o en una comunidad pobre donde se utiliza el dinero como incentivo para “ofrecerse” como voluntario para una investigación. La investigación médica debería llevarse a cabo únicamente si respeta estándares humanitarios y cuenta con consentimiento informado y supervisión independiente, si es que las lecciones de Nuremberg, Tuskegee y ahora Guatemala tienen algún significado.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Fernanda Gerpe y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.