Martín Granovsky

En la Cámara de Representantes (diputados) de los Estados Unidos, 214 miembros pasarán a la historia por haberse negado a desclasificar documentos de inteligencia que ayuden a identificar nietos secuestrados en la dictadura argentina. A la cabeza estuvo el republicano Mike Rogers, diputado por Michigan y presidente de la Comisión de Inteligencia. Su argumento: “Tenemos que dedicarnos de lleno a Al Qaida. El tema de la Argentina puede esperar. Ya esperó 25 años. Unos años más no harán la diferencia”.

Maurice Hinchey, veterano de la Marina, opositor de la guerra de Irak del 2003 y diputado por Nueva York, fue el autor del proyecto de desclasificación y encabezó la minoría de 194 miembros que perdió la votación. Ni Rogers ni su staff contestaron las preguntas enviadas por este diario.

Consultado por Página/12, un vocero de Hinchey dijo ayer por la tarde: “No hay ninguna razón para sospechar que la iniciativa de Hinchey podría significar un problema para los esfuerzos en la lucha actual contra el terrorismo. Pensar eso sería ridículo”. Hinchey había piloteado una iniciativa similar para Chile en 1999. Tuvo éxito: los organismos de Inteligencia desclasificaron entonces 24 mil documentos que fueron útiles a la Justicia chilena.

En la Cámara baja la mayoría demócrata es de 240 contra 192 republicanos. El voto sobre la Argentina, de 214 contra 190, revela que además de los ausentes no todos los demócratas votaron por el proyecto de Hinchey. En el caso argentino, el Departamento de Estado (Cancillería) ya desclasificó un pelotón de documentos. Hinchey buscaba que hicieran lo mismo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina de Investigaciones Federales (FBI).

También los argumentos de Hinchey quedaron registrados para la historia de los derechos humanos. Esta fue la secuencia de su argumentación en la Cámara de Representantes:

- La Argentina y otros regímenes militares del Cono Sur realizaron la Operación Cóndor, que consistió en la captura y el asesinato de disidentes a través de las fronteras.

- La mayoría de los 30 mil desaparecidos fueron torturados y arrojados al agua.

- “Durante la dictadura, cientos de chicos nacieron en cautiverio y fueron entregados a miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que sus madres presuntamente eran asesinadas.”

- “Se descubrió la identidad de muchos de estos chicos, pero la mayoría no se conoce.”

- “Dada la relación estrecha (de los Estados Unidos) con sus contrapartes argentinas de las comunidades de inteligencia, seguridad y militar, es probable que la documentación de la comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos contenga información de gran valor útil para apoyar las nuevas investigaciones sobre la búsqueda de los hijos de los ‘desaparecidos’.”

- “Recomiendo que la Cámara se dirija al director nacional de Inteligencia para que suministre a los paneles de inteligencia de la Cámara y del Senado información relacionada con las violaciones a los derechos humanos del gobierno militar en la Argentina y que también sirva para echar algo de luz sobre los niños nacidos en cautiverio.”

- “Miles de familias esperaron más de 30 años para conocer el destino de sus seres queridos y hoy tenemos la oportunidad de hacer una contribución significativa a la verdad y a la justicia y ayudar el cierre de un capítulo problemático de la historia argentina.”

En su refutación de Hinchey, Rogers admitió que se trataba de un “asunto particularmente difícil en la Argentina” y que tal vez un pedido como el de su colega por Nueva York “pudiera aportar cierta información que terminara atenuando las heridas”. El problema, para el republicano por Michigan, es que aceptar el criterio de Hinchey “dañaría el esfuerzo actual de lucha contra el terror”. ¿De qué modo? Así: “Podría desviar a la comunidad de inteligencia de su misión de proteger a los Estados Unidos y nuestros intereses respecto de las amenazas actuales”. Y así: “Cuando uno piensa sobre qué difícil es obtener algo de información e identificar un alias en árabe, se da cuenta de que el aparato entero de inteligencia estuvo años tratando de desarrollar la pista que nos permitió traer a Osama bin Laden a la Justicia”. En su negativa a ayudar a las Abuelas, Rogers argumentó que la comunidad de Inteligencia reclama “más analistas y más recursos humanos”. Para él la iniciativa de Hinchey, “a pesar de su buena intención”, sería un perjuicio porque absorbería “recursos para un problema que tiene 20 o 30 años de antigüedad”.

“Lo lamento, pero hoy no podemos darnos ese lujo”, dijo Rogers. “La comunidad de inteligencia está preocupada porque los próximos seis meses serán cruciales y Al Qaida buscará retomar posiciones luego de haber perdido a su líder inspirador y sus puestos operacionales para lanzar un nuevo ataque. Tenemos que dedicar cada minuto de nuestro día a identificar a los que quieren matar norteamericanos o a ciudadanos de nuestros aliados.”

Agregó Rogers que “no es momento de interrumpir a nuestros analistas en contraterrorismo, a nuestros oficiales, a la CIA o a cualquiera de nuestras agencias de inteligencia ocupados en combatir a Al Qaida y ponerlos en actividades que sucedieron en la Argentina 25 años atrás”. Hinchey no se dio por vencido. Dijo que no era verdad que su proyecto tuviera algún costo significativo. “La operación (Cóndor) ocurrió en el pasado. La información que queremos obtener está disponible ya mismo. No insumirá recursos importantes y puede conseguirse muy muy rápido. Lo que pasó en la Argentina debe corregirse. Fueron hechos violentos que afectaron profundamente a la sociedad y se dieron en el contexto de muchas, muchísimas familias, muchas de ellas completamente inocentes. Los perjuicios fueron desastrosos. Lo que proponemos se puede realizar con facilidad y rapidez y la última vez que lo planteamos fue una iniciativa apoyada por todos de manera unánime.”

El diputado por Nueva York pidió a la oposición republicana que reconsiderase su postura. “Piensen bien en esto, en cuán importante es para la Argentina y para los Estados Unidos y con qué facilidad puede llevarse a la práctica. Nadie lo objetaría. Necesitamos hacerlo. Es algo honesto y será positivo, además de efectivo.”

Cuando consiguió por última vez el uso de la palabra, Rogers aludió a su propia experiencia. Con todo respeto por la pasión demostrada por Hinchey, contó que él mismo fue agente del FBI y sabe lo que significa un minuto para un oficial. “Es un minuto que se quita de un caso, de la búsqueda de información, de una investigación, del tiempo de alguien que trabaja como analista u opera en el terreno para conseguir datos y procesarlos.”

Fue en ese punto de su respuesta que Rogers dio su opinión en el sentido de que la restitución de chicos hijos de padres secuestrados y asesinados podía esperar, porque ya había pasado mucho tiempo. “Es probable que los próximos años no marquen una diferencia para este tema, pero sí serán importantes para la vida o la muerte de ciudadanos norteamericanos a manos de Al Qaida”, dijo. El presidente de la Comisión de Inteligencia dijo tener la esperanza de que el caballero, es decir Hinchey, no piense que él condena su esfuerzo. Simplemente, se trata de una cuestión de “prioridades de seguridad nacional”.

El proyecto original del diputado por Nueva York pedía información y documentos sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado, el batallón de Inteligencia 141 de Córdoba, el 601 del Estado Mayor, el 121 de Rosario, y también detalles sobre operaciones de colaboración con fuerzas de Brasil, Paraguay, Uruguay. Sobre los chicos nacidos en cautiverio, solicitaba información disponible que diera cuenta de los campos de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotores Orletti, La Perla, Campo de Mayo e Institutos Militares. Si la comunidad de Inteligencia se rehusara a desclasificar un documento, Hinchey quería saber de qué manera ese documento podía herir la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero Rogers y 213 diputados más opinaron que las Abuelas tienen tiempo y pueden esperar. (Tomado de Página 12)

Omar Pérez Salomón

Marc Anthony en concierto en Honduras en medio de desapariciones y asesinatos

El pasado sábado 30 de octubre se desarrolló en la ciudad hondureña de San Pedro Sula el llamado Tigo Music Fest, con la participación de artistas nacionales y de dos destacados intérpretes internacionales, Marc Anthony y Olga Tañón. Al respecto, en el Sitio Oficial del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, FNRP, se publicó la siguiente noticia: “La versión latinoamericana de MSN publicó hoy en su página web una nota para anunciar un concierto que tendrá lugar el día 30 de octubre con la participación de Marc Anthony y Olga Tañon. Los artistas vienen a Honduras con notables intenciones políticas en medio de una crisis de derechos humanos con asesinatos de carácter político ocurriendo casi cada semana y al menos 10 periodistas han muerto durante los últimos 6 meses.”

Mediante la publicación del anuncio en línea a una audiencia internacional el mensaje es claro: ‘no pasa nada en Honduras, más aún, la gente está cantando y bailando con artistas internacionales y locales’. Además de ello, el anuncio publica la palabra ‘gratis’ dando a entender que es un concierto para el pueblo y de reconciliación. Sin embargo, no hace ni un mes, durante el Día de la Independencia, el régimen envió sus fuerzas militares y  policiales  para reprimir  un concierto pacífico de bandas musicales simpatizantes del FNRP en San Pedro Sula,  la misma ciudad donde Marc Anthony va a cantar,  en un lugar que está solo un par de cuadras arriba donde instrumentos musicales fueron destruidos, una persona  murió debido a los gases lacrimógenos, una estación de radio fue atacada y los periodistas que trabajan en ella fueron  golpeados y arrojados a la calle”.

Si usted revisa las informaciones que publican los periódicos hondureños El Heraldo, La Tribuna y La Prensa, observará que todos los asesinatos que se producen en el país centroamericano a diario son “obra y gracia de enfrentamientos entre pandillas o entre delincuentes”; nada se dice de la represión de la policía o de fuerzas paramilitares que campean libremente por todos los Departamentos.

Un ejemplo de ello es la desaparición del niño Héctor Mauricio Altamirano de 17 años de edad, después que fuera detenido por la policía, según denunció el Comité Para la Defensa de Los Derechos Humanos en Honduras CODEH.

La organización de derechos humanos, denunció la detención ilegal y posterior desaparición del joven: “una patrulla motorizada de la policía hizo señal de parada a Altamirano, seguidamente llegó un carro patrulla de la policía, lo obligaron a subir a la motocicleta, en la paila del vehículo que conducía Mauricio y desde entonces está desaparecido”.

El hecho ocurrió en la colonia Torocagua de la ciudad de Tegucigalpa, desde donde lo trasladaron hasta el sector conocido como El Poso, donde lo subieron al  carro patrulla ante la mirada de varios testigos que observaron mientras la policía realizaba el acto en evidente violación a los derechos humanos, según denuncia el CODEH.

Desde el momento del secuestro seguido de la desaparición, miembros del CODEH y familiares de la víctima lo han buscado en estaciones de la policía, sin resultados positivos.

Los medios de comunicación al servicio del capital internacional y de la oligarquía hondureña tratan de mutilar la verdad, negando el golpe de Estado del 2009 y la persecución y asesinatos selectivos de miembros del Frente de Resistencia Popular. Por eso, el Festival patrocinado por el operador de telefonía móvil, Tigo, en San Pedro Sula, la ciudad donde se registra la mayor cantidad de hechos de violencia en ese país, recuerda el concierto ofrecido por la cantante italiana Raffaella Carrá en Argentina a finales de la década de 1970, a instancias de la Junta militar que imperaba en ese país, al mismo tiempo que los cuerpos de personas secuestradas por escuadrones de la muerte eran lanzados desde el aire en medio del océano Atlántico.

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