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"El ciudadano no tiene por qué cuidar de las propiedades de las transnacionales multimillonarias"

iroelsanchez — Sun, 11 Sep 2011 17:57:31 +0000

Arsenal de ideas

El sitio Arsenal de ideas realizó una entrevista a la jurista cubana Lillian Álvarez, activista y autora de numerosos artículos relacionados con los temas de acceso al conocimiento y la cultura y la propiedad intelectual y ganadora del Premio de la Crítica en Ciencias Sociales 2006 con su libro titulado Derecho de ¿autor? El debate de hoy, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2006, disponible también en la red.

Arsenal de Ideas: gracias Lillian por la entrevista. La propiedad intelectual es un tema que está presente en la agenda de los países centrales, y sobre el que hay poca información entre los ciudadanos de los países del Sur. Sabemos que desde hace algunos años hay una corriente de pensamiento que cuestiona a los derechos de autor como un medio para promover la cultura, la educación y el conocimiento: ¿de qué se trata realmente la propiedad intelectual?, ¿a qué se debe este cuestionamiento?

Lillian Álvarez: La propiedad intelectual es un término que en sí mismo contiene una contradicción. Hoy el cuestionamiento parte de si pueden ser objeto de apropiación las ideas, el fruto del intelecto humano. Desde los propios orígenes del desarrollo humano, cada invento, cada obra supuestamente original, tiene su base en los descubrimientos y avances de la ciencia, y las expresiones culturales que le precedieron, desde el alfabeto, los sistemas numéricos o los primeros cantos de trabajo. De haber existido leyes de apropiación desde los orígenes de la humanidad, no hubiera sido posible llegar hasta hoy. Todos bebemos de las fuentes de ese patrimonio de la humanidad que es el conocimiento y la cultura universal, un mosaico diverso, enriquecido por miles de millones de seres humanos, generación tras generación.

La propiedad intelectual como la conocemos hoy, regula dos grandes esferas: la llamada propiedad industrial (patentes, marcas, lemas comerciales, etc.); y el derecho de autor, que tiene como objeto de apropiación las obras literarias, musicales, las de las artes visuales, audiovisuales y otras. Al hablar de los orígenes del derecho de autor, siempre nos remontamos a la revolución que se produce cuando la imprenta de Gutenberg rompe las formas de “producción y distribución” de los libros existentes. Si antes eran copiados a mano, aquellos que habían invertido en imprimirlos con sus rústicas imprentas y con materiales costosos, necesitan ahora cierta exclusividad que les permita defenderse de la competencia. No es errado decir que el origen de los monopolios exclusivos se encuentra en la protección de las inversiones. Solo muchos años después se sustituye el llamado “privilegio” del impresor por el derecho exclusivo del autor. En la actualidad, cada avance tecnológico que repercute de una u otra forma en la creación o en la distribución de “contenidos” culturales, trae consigo reclamos del reforzamiento en las legislaciones para proteger a los afectados, o sea, aquellos dueños del copyright cuyos ingresos se ponen en juego. No es nada nuevo. Cada cierto tiempo se reviven los temores de “amenazas” que acabarán con la cultura. Sucedió con el fonógrafo y con las victrolas, que supuestamente liquidarían la música en vivo; con la radio, que haría lo mismo con la industria del disco; luego con los equipos de grabación y video domésticos, llamados a enterrar al disco y al cine; y en la actualidad con las posibilidades de intercambios y descarga de archivos a través de Internet. La vida ha demostrado que cambian los equipos, soportes y “hábitos de consumo” pero no muere por ello la creación. Cada una de estas innovaciones incrementó la participación del público general en la música, en las artes. No se puede confundir el criterio de quienes han invertido en la industria y pueden ver peligrar sus negocios con las necesidades y posibilidades de expresión artística, intercambio y disfrute de la cultura.

Arsenal de Ideas: Históricamente las normativas que intentan globalizarse, son impuestas desde el Norte a los países del Sur. ¿Qué sucedió en este caso con la propiedad intelectual?

Lillian Álvarez: Las normas relacionadas con los derechos de autor, no nacen en los países del Sur de sus necesidades. Les llegan a través de sus metrópolis. Heredan legislaciones que nada tenían que ver con sus realidades culturales o sociales. El sistema de derecho de autor euro centrista se estructura sobre la base de la obra-mercancía que crea monopolios exclusivos sobre la explotación económica de la obra. Esta “exclusividad” es la que garantiza el lucro al que posee los derechos. Las culturas oriundas de la mayoría de los países del Sur, desconocían el concepto de “obra”, ni reconocían la “originalidad” como requisito para que algún resultado artístico pudiera ser aceptado como valioso. La aportación colectiva y la trasmisión de los saberes y expresiones de una generación a otra, tenían un valor superior, sin reconocer al “autor” como individuo y mucho menos la propiedad sobre las creaciones. La imposición de normas ajenas a estas realidades, no tuvo ni tiene otro sentido que permitir la apropiación de lo que para nuestros ancestros resultaba inapropiable y ha sido la base para la expoliación y el saqueo más indiscriminado tanto de expresiones culturales, como de elementos de la biodiversidad y conocimientos tradicionales.

En el siglo XX, la “exportación” de legislaciones del Norte al Sur no se detuvo. El lugar de las antiguas metrópolis fue sustituido -en otra forma de colonialismo- por las grandes empresas. Hoy, como sabemos, la homogeneización de las leyes de propiedad intelectual, forma parte de las prioridades incluidas en los tratados de la OMC y de la OMPI, y, en escala ascendente, en propuestas como el ALCA –felizmente enterrada- las distintas variantes de TLC y en la llamada ACTA. Estos acercamientos han desdibujado las diferencias entre el sistema del “copyright”, mucho más ceñido al derecho de copia y el “derecho de autor”, aparentemente más atento a los derechos personales del creador. Después de la adopción de los acuerdos de los “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC) en el marco de la OMC – vigentes para sus 153 miembros- ha trascendido como resultante un sistema pragmático, garante por sobre todo de las transacciones comerciales en torno a la obra-mercancía.

Arsenal de Ideas: el discurso hegemónico de la propiedad intelectual, ¿como funciona? ¿Qué reacción hay frente a él?

Lillian Álvarez: No podemos olvidar que el derecho de autor, como todo conjunto de normas jurídicas o rama del derecho, es también una construcción clasista, que norma las relaciones entre los ciudadanos en torno a la creación en función de intereses concretos. No debemos dejarnos engañar por los matices “técnicos” y “apolíticos” con los que se tiñe el discurso hegemónico sobre este tema. Hay un fraude al presentarnos normas de “avanzada” o soluciones legislativas “superiores” que habría que seguir a la hora de intentar armonizar las legislaciones de los diferentes países. En los años 90, bajo el influjo neoliberal, se promovió en nuestro continente la adopción de normas y la formación de un pensamiento que defendía y legitimaba los intereses corporativos, trataba el conocimiento y la cultura como una vulgar mercancía, y afirmaba la criminalización de toda conducta colaborativa contraria a ello. Esto se hizo con el apoyo consciente y premeditado de la “formación” y “asistencia técnica” de la OMPI y otras organizaciones.

Aunque estos intereses permanecen, el escenario ha cambiado. En nuestro continente ha ganado terreno la defensa del dominio público, las iniciativas en torno al conocimiento y la cultura libre, el reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos originarios. Se fortalecen las comunidades de software libre y se ha avanzado en cuanto al uso del mismo en las instituciones y educación públicas, apoyados por la voluntad de gobiernos soberanos con una vocación emancipatoria. Vemos también, por ejemplo, cómo ha existido un rechazo al llamado canon digital y a la abolición del préstamo gratuito en bibliotecas y cómo hoy en Chile se está defendiendo la educación en tanto derecho inalienable.

Arsenal de Ideas: ¿que “poder de fuego” tiene el lobby de la propiedad intelectual?

Lillian Álvarez: La propiedad intelectual en el mundo está atravesando hoy por una aguda crisis. La tecnología ha avanzado y sigue avanzando aceleradamente y una gran parte de la industria cultural y del entretenimiento, dominada por unas pocas empresas, quiere seguir aplicando modelos comerciales obsoletos, que garantizan unos exorbitantes ingresos para unos pocos y gravámenes, altos precios y dificultades de acceso para la mayoría. Aunque lo que proponen las corporaciones provoca retrocesos en cuanto a las posibilidades que se abren para la creación y el disfrute de la cultura, se trata de un lobby demasiado fuerte, y han logrado avanzar con proyectos muy agresivos hacia la ciudadanía, como la Ley Sinde en España, la Ley Hadopi en Francia, entre otras. En nuestro continente también ha habido intentos restrictivos como el de la implantación del canon digital en Argentina y Paraguay; pero pienso que se está ganando mucho en conciencia sobre estos temas y el intercambio y la participación popular a través de las redes sociales e Internet ha logrado que se escuchen los puntos de vista contrarios a estas propuestas y movilizar a muchos ciudadanos que hasta el momento se mantenían al margen de estos tópicos.

Arsenal de Ideas: a propósito de los intereses comerciales, ¿Cómo funcionan en realidad los factores de presión en la propiedad intelectual? ¿Qué rol juegan las corporaciones de las industrias del copyright y el gobierno de Estados Unidos?

Lillian Álvarez: Alrededor del tema de la propiedad intelectual, y más específicamente del derecho de autor, podemos definir dos grandes grupos de intereses: el lobby de la industria, liderado por las grandes corporaciones de la industria cultural, del entretenimiento y el software, fundamentalmente norteamericanas, y sus organizaciones, como, por ejemplo, la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), la Asociación de la Industria de Grabación de Estados Unidos (RIAA), la Motion Picture Association of America (MPAA) y la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA). Este grupo tiene un inmenso poder, y la defensa de sus intereses ha sido colocada en un lugar prioritario por el propio gobierno de los EEUU. Anualmente el Representante de Comercio de los EE.UU. redacta el denominado “Informe Especial 301” en el que se evalúa y clasifica a los países (a la vez que se advierte y presiona) en función de la protección que brinda a la propiedad intelectual y por ende a los intereses norteamericanos en sus territorios. Estos informes se han convertido en instrumento de burdo chantaje e injerencismo respecto a los países deudores y dependientes del Sur. Este poderoso lobby es capaz de promover cambios legislativos en los EEUU y en numerosos países del mundo, incluso europeos, como ha sido revelado recientemente por Wikileaks. También influye y presiona dentro de los organismos internacionales. Del otro lado están los usuarios, el público, la inmensa mayoría de los creadores, posibles beneficiarios de las nuevas tecnologías, pero criminalizados por prácticas que escapan de los esquemas de rentabilidad de los titulares de derechos. Ahora bien, este escenario tampoco es en blanco y negro. Dentro del concepto “usuario” encajan otros entes con intereses económicos que intentan sacar ventajas del momento actual y asociaciones de profesionales muy vinculadas a los entes beneficiados. Está además el papel de las sociedades de gestión, aparentemente defensoras de los creadores, pero, en gran parte de los casos, con intereses particulares muy fuertes vinculados al mantenimiento del sistema. Es de destacar que algunos autores beneficiados por el orden actual apoyan las legislaciones más restrictivas, aún cuando, a la larga, sus posiciones los alejen de sus seguidores y dificulten la difusión de sus obras.

Arsenal de Ideas: este sistema de “protección” parece bastante perverso, ¿En lo cotidiano, qué consecuencias tiene la legislación de los derechos de autor sobre los ciudadanos?

Lillian Álvarez: El sistema de derechos de autor global, justifica hoy injusticias muy graves: el hecho de que la realización de una copia de una obra -para regalar o intercambiar- sea perseguida como un crimen; que los usuarios de las bibliotecas sufran limitaciones para el acceso a publicaciones vitales para la investigación y el estudio; que los maestros de los países del Sur no dispongan de los textos necesarios para enseñar, e incluso, se impida su fotocopia; que los discapacitados no dispongan de excepciones a la ley que les permitan acceder a las obras “protegidas” necesarias para su instrucción, o que, admitiéndolo la ley, se coloquen dispositivos de seguridad que lo impidan (algo muy frecuente en el ámbito digital); que las grandes compañías de software concentren todo el poder y sus dueños la fortuna de países enteros a base de cobrar a cuanto usuario necesite usar sus software en cualquier rincón del mundo; que cada vez se extiendan más los plazos de los monopolios exclusivos sobre las obras –una vez fallecidos los autores – en detrimento del dominio público. No podemos hablar de un sistema de derechos de autor que promueve la cultura, la educación y el conocimiento, ni siquiera que incentive la creación.

Como ya dijimos, para los países pobres, la situación es peor. En el 2006 el Grupo de Investigación Copysouth, formado por académicos y estudiosos de muy diversos países publicó un interesante trabajo (Dossier Copysouth, disponible en la red) que analiza y evalúa críticamente una amplia gama de asuntos relativos al derecho de autor (copyright) y su repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos de países del Sur. Esta investigación tiene hoy completa vigencia, y la situación incluso ha empeorado.

Arsenal de Ideas: de acuerdo a la actual ola progresista de los gobiernos de la región, pareciera que la propiedad intelectual quedó a contracorriente de las políticas de igualitarismo e inclusión social. ¿Cómo avanzar contra el capitalismo global sin neutralizar estos mecanismos de concentración de ganancias de las corporaciones transnacionales? ¿Qué estrategia deberían adoptar los gobiernos de la región?

Lillian Álvarez: Durante años, a través de la OMC, la OMPI, e incluso de esfuerzos –mejor intencionados o no- de otros organismos y organizaciones internacionales y ONGs, se benefició la difusión de una doctrina de propiedad intelectual hecha a la medida de los intereses corporativos. Se invirtieron muchos recursos. En América Latina se realizaron –y aún se realizan- cursos y otras acciones a fin de capacitar a jueces, fiscales, empleados y funcionarios de aduana, policía, abogados, profesores universitarios, en el conocimiento de los tratados internacionales (de la OMC y la OMPI) y más allá de esto, en sembrar ideas y conceptos afines a esta doctrina. Revertir ese trabajo de años no es cosa fácil. A veces, gobiernos progresistas que se afanan en dar pasos concretos a favor de una política revolucionaria e inclusiva, chocan en la práctica con un pensamiento reaccionario instalado en las mentes de quienes deben llevarlo a la práctica. Un abogado especializado en propiedad intelectual, es muy bien cotizado en el mundo actual. De ello resulta que no abundan aquellos que, una vez pagados sus estudios, se dediquen a defender los intereses ciudadanos. No hay allí grandes ganancias, ni eventos en buenos hoteles, ni cargos bien remunerados. Por eso pienso que hay que dedicar tiempo, esfuerzos y recursos a la formación de profesionales con una nueva visión comprometida con las causas más justas. Es imprescindible estudiar el sistema actual para denunciar sus mecanismos y desenmascarar sus argumentos, y a la vez construir un nuevo pensamiento antihegemónico capaz de sustituirlo. En esto no hay recetas, tiene que nacer de la discusión, del trabajo colectivo. Solo la iniciativa y la creatividad revolucionarias pueden lograrlo. Como parte de la integración latinoamericana, sería posible impulsar muchas iniciativas encaminadas a favorecer el dominio público, a estimular la creación y circulación de obras basadas en el copyleft (de manera que puedan ser reutilizadas, copiadas , redistribuidas y disfrutadas por el más amplio número de usuarios), a apoyar la digitalización de obras libres de derechos, a construir repositorios de publicaciones científicas, culturales, educativas, y a enlazarlos, de manera que gane el patrimonio común. Los gobiernos deben analizar en qué medida sus legislaciones de propiedad intelectual están favoreciendo realmente sus políticas educacionales, culturales y de inclusión social, y en qué medida es necesario introducir cambios de acuerdo a sus realidades concretas.

Algo estratégico para la soberanía e incluso la seguridad de cualquier país, ya sea del Norte o del Sur, es el uso del software libre en instituciones públicas y el sistema de educación, lo cual, por un lado, libera de la carga económica que supone el pago de licencias y por otra, impulsa el desarrollo local y los independiza de las corporaciones.

Arsenal de Ideas: ¿qué deberíamos hacer los ciudadanos, las organizaciones sociales y todos aquellos que no están de acuerdo con este mecanismo de apropiación del conocimiento, la cultura y las ideas?

Lillian Álvarez: Estamos día a día bombardeados de mentiras y medias verdades. Nunca antes existieron tantas vías y medios de comunicación y nunca antes se ha manipulado tanto, y se ha tenido a la gente tan engañada. La lucha contra el ALCA fue exitosa porque se llevó hasta los sectores desposeídos, se formó una conciencia de lo que eso significaba para nuestros países. A diario, cada vez que uno intenta ver una película de cualquier nacionalidad, salen advertencias en muchos idiomas de que es un delito copiarla. Los spots te repiten que descargar una película o una canción es un robo, y que hay que defender la cultura. Nadie dice quién ha favorecido esas leyes y por qué se castiga tales conductas. Esas ideas se intentan sembrar en la mente de los ciudadanos a fuerza de reiteraciones y amenazas.

La cultura se defiende compartiéndola, participando, enriqueciéndola, no dejándola a merced del mercado para que solo trascienda lo rentable y se ignore lo que no sea capaz de generar beneficios, tenga el valor que tenga. Compartir no es un delito. La falsa escasez que genera el sistema de derechos de autor, basado en los monopolios exclusivos, estanca la creación, limita la circulación de las obras y hace depender su disfrute de las capacidades de pago de la gente.

Si hoy el costo de una copia es ínfimo, ¿por qué no aprovechar esto para distribuir el conocimiento y la cultura de forma más justa y reducir la brecha cultural? Lo contrario perpetúa la exclusión, las diferencias. Los autores, en su inmensa mayoría, no se benefician de la legislación actual; sólo algunas figuras muy prominentes o de éxito de ventas; los demás disfrutan más bien de un derecho hipotético.

Las comunidades de software libre, en oposición al software propietario, son un ejemplo de colaboración con una filosofía opuesta a la de la privatización del conocimiento. La iniciativa Open Access es una alternativa a la dramática situación de la privatización del conocimiento en el mundo académico. Pero no podemos mantenernos solo en el campo del intercambio de contenidos digitalizados a través de Internet, que sigue siendo accesible exclusivamente para una minoría en nuestro continente. Las ideas del derecho a la cultura y al conocimiento, pueden ser desarrolladas en escuelas y comunidades, y generar espacios de intercambio común. El ciudadano no tiene por qué cuidar de las propiedades de las transnacionales multimillonarias, y tiene derechos culturales que pocos gobiernos se han encargado de garantizarlos. La red de redes “En defensa de la Humanidad”, en el congreso de Caracas de 2004, incluyó entre sus ejes temáticos “la defensa de la cultura y del conocimiento”. Se trata de una de las claves de todo proyecto emancipatorio. No resulta concebible una transformación real del ser humano y de la sociedad, ni podemos aspirar a que los países del Sur se desarrollen, sin un nuevo pensamiento jurídico sobre estos temas y sin una práctica que lo acompañe.

“El ciudadano no tiene por qué cuidar de las propiedades de las transnacionales multimillonarias”

admin — Sun, 11 Sep 2011 17:57:31 +0000

Arsenal de ideas

Arsenal de Ideas: Históricamente las normativas que intentan globalizarse, son impuestas desde el Norte a los países del Sur. ¿Qué sucedió en este caso con la propiedad intelectual?

Arsenal de Ideas: el discurso hegemónico de la propiedad intelectual, ¿como funciona? ¿Qué reacción hay frente a él?

Arsenal de Ideas: ¿que “poder de fuego” tiene el lobby de la propiedad intelectual?

Arsenal de Ideas: este sistema de “protección” parece bastante perverso, ¿En lo cotidiano, qué consecuencias tiene la legislación de los derechos de autor sobre los ciudadanos?

¿Una batalla entre creadores y usuarios?

iroelsanchez — Sat, 05 Feb 2011 20:21:55 +0000

Lilian Álvarez

Mucho se oye hablar por estos días de propiedad intelectual, de la española Ley Sinde, la francesa Ley Hadopi, del llamado Acuerdo Comercial Anti-falsificación (conocido por ACTA), de las declaraciones de funcionarios, artistas y empresarios, de las protestas de los usuarios acerca de estas disposiciones, sin dudas más restrictivas que las vigentes, en contra del intercambio de “contenidos”, léase música, películas, software, libros, u otras obras “protegidas” por el copyright. Pudiera parecer una batalla entre creadores y usuarios en los que unos trabajan y crean y otros quieren disponer de esos resultados de forma gratuita. El dilema no es tan sencillo.

En su libro “Cultura libre: Cómo los grandes medios usan la tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad” el norteamericano Lawrence Leassig aporta algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender qué sucede en la actualidad. Según Leassig, en 1933, después de valiosas investigaciones, a Edwin Howard Armstrong se le otorgaron cuatro patentes por su invención más significativa: la radio FM. Hasta entonces, la radio comercial había sido de amplitud modulada (AM), y Armstrong descubre que podía lograrse una transmisión del sonido muy superior con mucho menos consumo del transmisor y menos estática. Por aquel tiempo Armstrong trabajaba para la RCA, que dominaba el mercado de la radio AM y estaba interesada en descubrir un medio para mejorarla. Pero el invento no mejoraba la radio AM, sino que hacía nacer algo distinto que la superaba y amenazaba su poder, la FM. Sin dudarlo, la compañía lanzó una campaña para ahogar los resultados de la invención para lo que se valió del uso de sus influencias en el gobierno. En 1936, las patentes de Armstrong fueron declaradas sin valor, la RCA se negó a pagarle sus derechos, y se interpusieron una serie de litigios. Armstrong fue llevado a la quiebra y posteriormente al suicidio.

Otro ejemplo utilizado por Leassig, tiene que ver con el nacimiento de la industria del cine de Hollywood. A principios del siglo XX, Thomas Edison ostentaba en los Estados Unidos el monopolio como inventor del cine y contaba con la Compañía de Patentes de Películas (MPPC, por sus siglas en inglés), que era sumamente estricta en cuanto a los controles que exigía. La MPPC fijó el mes de enero de 1909 como fecha límite para el cumplimiento de las licencias. Un mes más tarde, todos aquellos que se autotitulaban “independientes” protestaron contra el monopolio y siguieron con su negocio sin someterse a las exigencias de Edison. En el verano de ese mismo año, este movimiento se encontraba en su punto álgido y el país experimentaba una tremenda expansión en el número de cines. Fue entonces cuando la MPPC creó una subsidiaria conocida como Compañía General del Cine, que aplicó tácticas de coacción, confiscó equipos ilegales, suspendió el suministro de productos a los cines que mostraban películas sin licencia y monopolizó de hecho la distribución estadounidense de películas. Hubo una excepción: William Fox, que desafió al monopolio incluso después de que su licencia fuera revocada.

“Se interrumpieron las filmaciones con el robo de la maquinaria, y con frecuencia ocurrían ‘accidentes’ que resultaban en la pérdida de negativos, equipo, edificios y a veces vidas”, según narra Leassig. Esto condujo a que los independientes huyeran de la costa este hacia California, lejos del alcance de Edison. Allí los cineastas podrían “piratear” sus inventos sin miedo a la ley.

“Por supuesto, California creció rápidamente, y el cumplimiento efectivo de las leyes finalmente se expandió hasta el oeste. Pero como las patentes les concedían a sus dueños un monopolio verdaderamente ‘limitado’ (solo diecisiete años en aquella época), para cuando aparecieron suficientes policías federales las patentes ya habían expirado. Una nueva industria había nacido, en parte a partir de la piratería de la propiedad creativa de Edison.”

Hoy no se trata del surgimiento de la FM, ni de la invención del cine. Estamos en la era de Internet donde los cambios son mayores y más profundos. Los medios tecnológicos nos permiten copias clónicas, intercambios instantáneos, capacidades de almacenamiento nunca soñadas, interconexión en tiempo real. El ser humano tiene en sus manos la herramienta más poderosa que ha existido en la historia para crear y difundir la cultura. Se ha dicho que es la hora del creador.

Rotos los esquemas tradicionales basados en un emisor único y millones de receptores pasivos, autor-espectador, autor-lector se confunden, se mezclan, interactúan. Surgen un número cada vez mayor de creadores que cuelgan sus videos, su música, sus textos, intercambian experiencias creativas, trabajan colectivamente, se comunican con sus seguidores a través de las nuevas tecnologías, como instrumento de inigualable valor para crear y difundir su obra. La cultura, como ha sido a lo largo de la historia de la humanidad se copia, se recicla, se actualiza.

Pero sucede que al brindar este cúmulo infinito de posibilidades estas herramientas tecnológicas ponen en crisis, como en los casos narrados por Leassig, el estado de cosas, o sea, los modelos de distribución y negociación controlados por unas pocas empresas muy poderosas. Estas empresas poseen hoy en sus catálogos la mayor parte de las obras producidas desde inicios del siglo XX y se dedican a explotarlas comercialmente a partir de un modelo basado en el ejercicio de derechos exclusivos sobre las mismas. Al prohibirse la copia, el sistema crea una falsa “escasez” que le garantiza la obtención de las ganancias deseadas.

¿Cómo puede reaccionar la gran industria ante la pérdida de poder en la esfera de la distribución global de creaciones? Al igual que la RCA asfixió la invención de Armstrong y la Compañía General de Cine persiguió implacablemente a los “independientes” , las grandes corporaciones de la industria cultural y del entretenimiento arremete contra los usuarios y trata de penalizar el uso de todas las potencialidades de Internet (el invento mismo), creando barreras legales y tecnológicas cada vez mayores que traten de impedir lo que es un hecho ya incuestionable: el surgimiento de una nueva era en que creadores y “consumidores” tienen ante sí innumerables opciones y pueden plantearse prescindir de sus servicios.

¿Son los creadores los afectados por esta crisis del sistema?

Es necesario, primero, hacer una distinción básica: aunque sus voces sean las que alcanzan mayor resonancia mediática, los creadores no son solamente las pocas estrellas bien pagadas, publicitadas, contratadas y representadas por las multinacionales y sociedades de gestión. Ni siquiera lo son exclusivamente los que pueden vivir hoy de sus ingresos. Hay un inmenso número de creadores, la mayoría, de los más diversos géneros, que encuentran en el sistema actual su mayor traba y que viven a la espera de una oportunidad que nunca llega y sólo reciben migajas de los opresivos contratos que les propone la industria como única alternativa.

En las campañas de los medios se nos hacen ver las contradicciones actuales como consecuencia de una masa irresponsable de usuarios usurpadores que quieren despojar a los creadores de lo que es suyo y hacerlos vivir en la miseria. Cuando de la venta de un disco el autor gana sólo un 7 u 8% y el intérprete algo similar y lo demás es distribuido entre empresas, editoras y sociedades de gestión, ¿quiénes son los usurpadores y quienes los usurpados?, ¿quiénes, cuando los contratos de infinitas páginas apenas dejan derecho al artista para tomarse una foto sin permiso de su disquera, o cuando un autor no llega nunca a saber a ciencia cierta cuántos ejemplares de su libro fueron vendidos? ¿Por qué cinco o seis empresas deciden qué se oye o se ve en todo el mundo y condena a los demás creadores a no ser nunca conocidos?

Estamos en presencia de una reconocida desigualdad en la relación de fuerzas entre las grandes empresas de la industria del entretenimiento y el poder de negociación de los artistas. Y una cosa son los músicos famosos y otra el artista joven en busca de trabajo, donde las condiciones contractuales con la industria se comportan de una manera aún mas desequilibrada. Sin dudas, como se ha dicho, el creador se pone del lado equivocado cuando se sitúa al lado de las corporaciones.

Diversos análisis realizado por investigadores y por diferentes universidades del mundo aportan nuevos elementos a la discusión. Se sostiene que durante los primeros cinco años del siglo XXI las ventas de discos han disminuido para el 25% de los artistas que más vendían pero han aumentado para el 75% restante.

¿Están en esta historia entonces, tal y como se nos quieren presentar, de un lado los usuarios usurpadores y del otro los creadores usurpados? Yo respondería: son los cineastas los mayores cinéfilos, son los verdaderos músicos quienes acumulan las mayores y mejores colecciones de música, los escritores los más voraces lectores, ya sean las obras compradas, intercambiadas, regaladas, prestadas. Quien se considere creador y no haya “quemado” una obra de otro autor que tire la primera piedra. El creador es el primer y más ávido “usuario” de la cultura. No son entonces dos partes tan distantes y de intereses tan diferentes.

Los conflictos de hoy que llenan páginas y páginas de prensa plana e Internet (Ley Sinde, Hadopi, ACTA, etc.) aunque parezcan nuevos, son el resultado de la misma contradicción expresada en los ejemplos inicialmente citados : la que se presenta entre el desarrollo tecnológico (que en este caso acerca y democratiza los vínculos entre creadores y consumidores de la cultura) y las relaciones de propiedad basadas en monopolios de explotación comercial y concentradas en manos de las grandes corporaciones.

El lobby del copyright

Los únicos dos países que poseen un superávit en sus relaciones comerciales en cuanto a bienes protegidos con copyright son los EEUU y el Reino Unido. Esto quiere decir que exportan mucho más producciones culturales que las que importan. La participación de las industrias del copyright en el PIB de estos países son superiores a muchos otros renglones. Si a esto unimos el conocido papel de la cultura como multiplicador de formas y estilos de vida, colonización de mentes, difusor de los patrones de valores (entre ellos campañas patrioteras, justificación de guerras injustas, etc.) no es extraño poder entender dónde nace y cómo se entreteje el lobby del copyright.

Los hilos nacen de la International Intellectual Property Alliance (IIPA), asociación que agrupa a la industria estadounidense basada en la propiedad intelectual, que representa nada menos que a 1 900 compañías que producen y distribuyen materiales protegidos por las leyes del derechos de autor a lo largo del mundo, incluidos todos los tipos de software (como los CD de videogame, CD-ROMs y los productos multimedias) películas , programas de televisión y video-home, música, archivos, CD, audiocassettes, libros de texto, publicaciones profesionales y periódicos (electrónicos e impresos), entre otros materiales. Su objetivo es claro: lograr que los intereses estadounidenses “estén protegidos” en todas partes del mundo. Y sabemos cuántos y cuán variados métodos acostumbran los EEUU a utilizar cuando consideran afectados sus intereses.

La IIPA, tiene en su haber algunos logros: simplemente son los responsables de la mayor parte de legislación en propiedad intelectual del mundo. En EEUU son los padres de la Digital Millennium Copyright Act, así como del cumplimiento, año tras año, de la denominada Ley Omnibus de Comercio y Competitividad de 1988. Mediante esta ley el Representante Comercial de EEUU se obliga a hacer un informe anual, el Special 301 Report, o Informe 301, que analiza los países que niegan protección “adecuada y eficaz” a los derechos de propiedad intelectual o acceso “justo y equitativo” al mercado a personas que dependen de la protección a la propiedad intelectual.

A través de estas llamadas Priority Watch List y Watch List el Representante Comercial advierte y orienta a los distintos países qué deben hacer para “mejorar”, la protección de los intereses económicos estadounidenses. A cada país se le define su actuar y se le exige desde programas educativos hasta la aprobación de nuevas y más severas leyes, con independencia de sus propias necesidades educativas, culturales e incluso económicas. De no cumplirse tales indicaciones, estos países pueden ser objeto de sanciones económicas. Para decirlo de forma más sencilla, mediante este procedimiento la industria basada en la propiedad intelectual define en qué países necesita que se modifiquen las leyes en esta materia y el Gobierno de Estados Unidos se encarga de que esto se cumpla.

Basta con echar un vistazo a los cables de Wikileaks dados a conocer recientemente, donde se informa desde la Embajada de Madrid, todos los pasos articulados por el gobierno de los EEUU para presionar al gobierno español y lograr la aprobación de la llamada Ley Sinde, impopular al disponer el cierre de sitios web con enlaces a contenidos protegidos por copyright sin decisión judicial previa. Están circulando informaciones que revelan las presiones ejercidas por EEUU sobre otros países tales como Francia, Suecia y otros para el logro de legislaciones similares. Sin hablar de las realizadas a naciones del Tercer Mundo.

En el plano internacional, IIPA está involucrada también en la aplicación de los Acuerdos TRIPS o ADPIC (Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), en la imposición de acápites de propiedad intelectual en los Acuerdos de Libre Comercio, en la fracasada ALCA y es el motor impulsor del Acuerdo Anti-falsificación (ACTA), negociado de forma fraudulenta, a espaldas de todos los interesados y que los EEUU están intentando imponer a escala global por encima de intereses nacionales.

En todas estas normas el enorme potencial de Internet se ve limitado por restricciones legales impuestas por los denominados derechos de propiedad intelectual en beneficio de los denominados titulares de derechos (ya en muy pocas ocasiones, los autores) y los Estados adquieren obligaciones precisas en la protección de estos, aun en detrimento de las posibilidades de acceso de sus ciudadanos a la cultura.

Se imponen nuevos modelos

Pero lo peor de todo es que este sistema de restricción de derechos, tal y como está establecido en la mayoría de los sistemas normativos de los diferentes países (supuestamente para beneficio de los creadores), está diseñado de manera que actúa de forma automática, o sea, que cada vez que un creador termina su obra la somete invariablemente a limitaciones en su circulación.

En la era de la Información en la que la atracción de la mirada de un usuario es lo más deseado y perseguido dado el inmenso torrente de todo tipo de contenidos que circulan en el ciberespacio ¿Es sensato restringir la realización de copias? ¿Acaso no alcanzará un mayor impacto aquel contenido que se encuentre visible y disponible en mayor cantidad de sitios web? ¿Restringir no será el objetivo de quienes lucran con la falsa escasés y quieren perpetuarla?

Es cada vez más conocido en nuestros días la proliferación de las llamadas licencias Copyleft (en oposición al termino copyright) y las licencias Creative Commons, cuya idea principal consiste en posibilitar un modelo legal (ayudado por herramientas informáticas) para facilitar la distribución y el uso de contenidos.

Existen diferentes tipos de licencias Creative Commons, por las cuales el autor otorga diferentes libertades tales como la de citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, ofrecerla públicamente y la posibilidad de mantener también, según desee, diferentes restricciones, como no permitir el uso comercial o no permitir su transformación. Mediante el uso de estas licencias los creadores (músicos, escritores, diseñadores, programadores, entre otros) autorizan la utilización de sus obras en términos más permisivos de lo que la ley presupone, algo más a tono con las nuevas realidades.

Que la obra creativa se aleje del concepto obra-mercancía, valorado solo por sus repercusiones económicas implica un salto hacia adelante. Compartir ficheros no desanima a los creadores, por el contrario, la circulación libre de muchas obras ha supuesto una mayor difusión y un aumento de beneficios a los creadores procedentes de otras actividades, como las actuaciones en directo. Es absolutamente falso que cada descarga de un archivo musical equivalga a una venta física no realizada.

Los autores, como todos, tienen el derecho de vivir de su trabajo y en Internet tienen mil fórmulas para ello, existentes y aún por explorar. En la música, cada día aparecen nuevas iniciativas y se multiplica el número de artistas, incluso ya de éxito, que abandonan su compañía discográfica para controlar directamente la producción de sus obras. También se exploran fórmulas de autoedición y otras vías de difusión. Distribuir gratuitamente una obra no significa que los autores no cobren por su trabajo. Al contrario, está probado que al aumentar el número de seguidores, los ingresos por otras actividades asociadas a sus creaciones también aumentan. Tampoco quiere decir que estas prácticas no puedan coexistir con modelos de pago construidos sobre bases más justas que beneficien a creadores y usuarios. Lo que a nuestro juicio debemos tener claro es de qué lado están los intereses de los creadores y de la cultura y donde los de una industria (a veces presentada con maquillaje de desarrollo tecnológico) que quiere perpetuar modelos que solo a ella le benefician, y que cierra las puertas a lo que ya es una irrealidad indetenible.

Desde Cuba estas realidades aún constituyen en muchos casos referencias ajenas en tanto sabemos que nuestro acceso a Internet es muy limitado. Producto del bloqueo nuestra conexión es lenta, de muy poca capacidad y es un sueño por cumplir aún el que nuestros creadores puedan participar de estas formas colaborativas o de intercambio. Por otra parte, en nuestro país inciden, como siempre, múltiples factores que lo hacen diferente del resto de los países. No obstante es útil reflexionar sobre estos elementos a nuestro juicio necesarios a la hora de entender las controversias actuales en torno a la cultura. Nuestras políticas culturales actuales y futuras no pueden estar ajenas a estas transformaciones.

(Tomado de La Jiribilla)