Las ciencias físicas así como las sociales tuvieron un momento revelador en el postulado Ockhaniano que en su principio más elemental sostiene que no se deben multiplicar las causas sin necesidad. O dicho de otra forma, cuando para que ocurra un fenómeno se nos ofrecen 2 o más explicaciones, la que tiene más posibilidades de ser la correcta es la explicación más completa y simple.

Veamos dos ejemplos de cómo se viola el principio ockhaniano. No hace mucho –aunque con la crisis relanzada por la pandemia del coronavirus ya todo parece lejano- la derecha boliviana respaldada por el ejército lanzaba un ultimátum al presidente Evo Morales para que renunciara a su cargo, ocupaba el parlamento colocando la biblia en lugar de la whipala y emprendía la persecución de los líderes del MAS (Movimiento al Socialismo) y la represión de los pueblos originarios (que constituyen más del 60% de la población boliviana), supuestamente partidarios del presidente Evo. Se suspendían todas las garantías constitucionales, se colocaba a una presidenta –Jeanine Áñez- que se autoproclamaba presidenta con el beneplácito del ejército, la OEA (Organización de Estados Americanos) y los Estados Unidos1.

Foto: Un militar le coloca la banda presidencial a Añez,  autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen EFE (tomada de https://www.pagina12.com.ar/230719-sin-quorum-jeanine-anez-se-autoproclamo-presidenta-en-la-paz)

Para que todo esto ocurriera sin gran disgusto internacional, los medios de comunicación masivos –el poder mediático y sus paraperiodistas- arreciaron con una campaña sin precedentes presentando los acontecimientos como: crisis política en Bolivia, renuncia de Evo Morales, dimisiones del vicepresidente Álvaro García Linera y de los presidentes del Senado y de la cámara de diputados, intento de Evo Morales por imponerse, fraude electoral, etc.2 Pero, significativamente también las críticas de la izquierda progresista y feminista hacia el gobierno “patriarcal” del presidente Evo sirvieron de material ideológico para apuntalar un discurso justificador de un golpe de Estado. Así, aunque hubo voces que proclamaron la evidencia de un golpe de Estado clásico y difundieron las pruebas de cómo fue preparado por Estados Unidos, sus organizaciones internacionales (específicamente la OEA) y las élites bolivianas, el relato que acabó imponiéndose fue el de una salida natural y formalmente democrática a una crisis institucional.

Foto: Militares bolivianos realizan un control en el municipio de El Alto durante la cuarentena. Martín Alipaz /EFE (Tomada de: https://elpais.com/internacional/2020-04-08/el-gobierno-de-bolivia-recibe-criticas-por-amenazar-la-libertad-de-expresion-durante-la-cuarentena.html)

Todavía hoy, con la crisis del COVID-19 las corporaciones mediática siguen justificando el golpe de estado en Bolivia y hablan de “Gabinete interino de Bolivia” y de “Decreto de la cuarentena que promulgó la presidenta”; y desvían la atención de la evidencia de una dictadura hacia alguno de sus síntomas: las limitaciones a la libertad de expresión.

La explicación más retorcida y rebuscada, la más difícil de argumentar y sostener: que en Bolivia hay un gobierno interino, por arte de birlibirloque y en contra de toda evidencia y análisis científico, se asume como verdadera, en vez de la explicación más completa y simple: en Bolivia hubo un golpe de Estado y hoy existe un gobierno totalitario.

El segundo ejemplo paradigmático de cómo el mundo actual se nos presenta de una forma y se nos explica de otra, es el de las democracias occidentales. La crisis de la pandemia del coronavirus ha desvelado, es decir, ha quitado el velo que ocultaba la realidad de los sistemas representativos parlamentarios a los que llamamos democracias. Como ya nos contaba el filósofo Agamben al inicio del siglo XXI, éstas se aproximaban inevitablemente a sistemas totalitarios. Puesto que, como ocurrió, por ejemplo al inicio de la Primera Guerra Mundial en la que los países beligerantes ya estaban en un estado de excepción permanente, “la legislación excepcional por vía del decreto gubernamental (que hoy nos es perfectamente familiar) se vuelve una práctica corriente en las democracias europeas”3.

El 14 de marzo el gobierno del Estado español decretó el Estado de alarma. La Constitución española no distingue prácticamente entre estado de alarma y estado de excepción4, únicamente por el tiempo que duran sin necesidad de solicitar al parlamento una prórroga. En el primer caso 15 días y en el segundo 30. En ambos es el ejecutivo quien emite el decreto que los desarrolla y sólo tiene que consultar al parlamento para su prórroga.

En el 2011 con el movimiento 15M y anteriormente con la invasión y ocupación de Iraq se decía en las calles: “lo llaman democracia y no lo es”. Ahora, una parte de esos mismos que demandaban una “democracia real” insisten en convencernos de que esto es una democracia, la única posible, que el sistema es reformable y la necesidad (o la emergencia) es el fundamento y la legitimidad de un estado de alarma que suspende nuestros derechos y garantías más fundamentales (y no me refiero a salir de casa sino al derecho al trabajo, la alimentación, la salud, la educación etc.) y deja en manos de los cuerpos de seguridad la gestión de estos derechos.

Esta situación de desamparo respecto a nuestros derechos más fundamentales llevaba tiempo produciéndose. El informe del Relator Especial de NNUU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en España, Philip Alston, publicado a finales de enero de este año, antes de que se desatara la pandemia, ya nos decía que si un español mirara a su país en un espejo lo que vería sería:

“…una pobreza generalizada y un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza, un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico, un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres y una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes del gobierno que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas”. 5

Pero todavía entonces, a principios de año, estas palabras resultaban escandalosas igual que el Informe del Banco de España afirmando que 4,5 millones de hogares (el 25% del total) subsistían por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de la inseguridad laboral, el empleo inestable y los bajos salarios. Nadie en ese momento –excepto tal vez los neofranquistas de Vox- justificaba esa realidad, y pocos pensaban que medidas reformistas pudieran revertirla. Tampoco se justificaba, desde los sectores de izquierda, la famosa ley mordaza ni la posibilidad que ésta convirtiera de hecho a los policías en jueces al poder sancionar y multar a cualquier ciudadano que consideraran que había violado alguna norma real o imaginaria.

Así, aunque la situación actual se nos presenta como “Estado de alarma para la gestión de una crisis sanitaria”, y poder abordar la situación extrema de la población, dos son las evidencias que nos permiten decir que esto no parece un estado de alarma sino un Estado de excepción; y que este país ya venía caminando hacia él.

La primera evidencia es la actuación de los cuerpos de seguridad y la aceptación por parte de la mayoría de la población de esta actuación, es decir, la normalización de la actuación de la policía y el ejército. La segunda es la imposibilidad de cualquier tipo de crítica y/o resistencia ya que automáticamente provoca la condena, la represión y la acusación de alianza con el discurso fascista. Aparentemente porque, en España, un gobierno de coalición PSOE-UP, autoproclamado de izquierdas no puede ser cuestionado pues este gobierno se considera la encarnación en la tierra de la democracia misma. Pero como diría también Agamben en relación al fin de la República de Weimar que: “… una “democracia protegida” no es una democracia, y que el paradigma de la dictadura constitucional funciona sobre todo como una fase de transición que conduce fatalmente a la instauración de un régimen totalitario”6

En la ley orgánica que regula el Estado de alarma deja en manos del ejecutivo (a través del Decreto) el ámbito territorial y el alcance. En el decreto del 14 de marzo por el que se declaró el estado de alarma en España7 se declara como única autoridad competente al Gobierno, el ámbito territorial es todo el territorio nacional y las primeras autoridades competentes delegadas son la ministra de Defensa y el ministro del interior, después el Ministro de transportes, movilidad y Agenda urbana, y finalmente el de Sanidad. Uno de los aspectos más significativos del decreto es el que establece que las “autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas armadas”. En las ruedas de prensa del gobierno sobre el COVID-19 suele estar el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el General Miguel Villarroya.

El papel de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad del Estado está siendo tan relevante en estos momentos y los discursos aludiendo a la “guerra contra el Coronavirus” son tan frecuentes, no solo en España, que cuesta creer que se trate sólo de una medida temporal y de una metáfora para describir la emergencia sanitaria. En la revista infodefensa.com se señalaba en titulares que “La respuesta militar en España ante el COVID-19 despierta el interés de Europa” 8. Nótese que no despierta el interés nuestra respuesta sanitaria ni la solidaridad de la población ni siquiera la respuesta del gobierno sino la del ejército. Y es que, nuestra larga experiencia totalitaria, va desde la eficacia con la que se ha disciplinado a las clases trabajadoras mediante sus sindicatos de masas hasta el control y gestión de la emigración con vallas, Centros de Internamiento, devoluciones en caliente y disparos de pelotas de goma, o la actuación de la Guardia Civil.

Casualidad o no, el mismo periódico señalaba poco antes que Bolivia había desplegado 47.000 militares ante la emergencia sanitaria.

Foto: Agentes de la Policía Nacional realizan un control de tráfico con motivo del confinamiento decretado por el Estado de Alerta en la carretera de Valldemossa de Palma de Mallorca este lunes. En vídeo, declaraciones del general de brigada de la Guardia Civil, José Manuel Santiago. (FOTO: EFE | VÍDEO: EP Fuente: https://elpais.com/espana/2020-03-30/multas-penas-de-prision-y-encarcelamientos-preventivos-por-saltarse-la-cuarentena.html

Detención en Almería el pasado sábado de un ciclista por incumplir las medidas de confinamiento del estado de alarma. Carlos Barba / EFE Fuente: https://elpais.com/espana/2020-03-19/primeras-condenas-por-saltarse-el-confinamiento-del-estado-de-alarma.html?rel=mas

La revista El salto, una revista de izquierdas, en un artículo de análisis jurídico sobre las detenciones bajo el paraguas del Decreto, se hacía eco del “trato poco correcto por parte de algunos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”9, no sin antes alabar las medidas del gobierno para proteger la salud individual y colectiva de los ciudadanos.

El tratamiento benévolo hacia los cuerpos de seguridad del Estado, y subrayo “del Estado”, es generalizado entre los medios de comunicación masiva, y la campaña de propaganda ha sido tal que se ha conseguido extender los aplausos al personal sanitario de las 8 de la tarde, hacia los cuerpos de seguridad. Hecho al que se ha añadido un nuevo despliegue de banderas españolas en los balcones y el himno nacional, incluso pendones negros y crucifijos, todos ellos, exhibidos de esa forma, recrean la tradición franquista.

Foto: Propia, tomada el 4 de abril de 2020

Finalmente, pareciera que el objetivo de los estados de excepción que se despliegan hoy a lo largo y ancho del planeta tuvieran como único objetivo preservar la necesidad histórica de la economía y no de la salud, es decir, del capitalismo, de continuar con la apropiación de valor y por tanto aumentar el nivel de la explotación conjurando cualquier atisbo de rebelión y/o revuelta. Esto es así porque las medidas más claras y evidentes que están tomando todos los Estados y los organismos internacionales para “gestionar la crisis” se dirigen a salvar la economía no a la gente. Y las medidas que dicen ser para ayudar a la gente también son económicas, asistenciales y temporales (ingreso mínimo vital para la población vulnerable)10
Pero como ya planteó Marx en 1842 en su famoso artículo sobre el robo de la leña, denunciando una ley dela Dieta que prohibía a los trabajadores recolectar las ramas secas caídas de los árboles para calentarse, si la gente no ve delito donde no hay ninguno se conseguirá que el propio delito se transforme en un hecho justo: “si el pueblo ve la pena y no ve delito, y puesto que ve la pena donde no hay delito no verá ningún delito donde haya una pena”11. Las leyes de las democracias que devengan estados de excepción encubiertos no se percibirán como justas, una vez finalizado el tiempo del COVID-19, y por tanto las penas que se impongan tampoco serán vistas como justas.

Quédate en casa haciendo teletrabajo, quédate en casa educándote con la escuela y la universidad virtuales, quédate en casa para recibir las ayudas de emergencia, no te manifiestes, no te concentres, no te reúnas, mantén una distancia social… o de lo contrario serás sancionado o serás delatado por tus vecinos. El estado de excepción ya está funcionando como un dispositivo de control naturalizado en un país con escasa o nula tradición democrática. Pero también se da la circunstancia de que, de forma desigual según las zonas, hay gentes en esta francocracia que no se han acostumbrado a ver delito en lo que consideran justo.

La única garantía que tiene este gobierno, cualquier gobierno, tras el COVID-19 para mantener el orden y la distancia social, será la prolongación de lo que vengo llamando la francocracia española. Esto es, unas instituciones y una población, predispuestas al totalitarismo, que durante los últimos años han ido creciendo al calor del consentimiento tanto de la izquierda como de la derecha política ante el temor de la revuelta social, ya sea nacionalista, laboral, o simplemente humanitaria.

Ángeles Diez, Dra. CC. Políticas y Sociología.

Miembro del Frente Antiimperialista Internacionalista (FAI)

*Madrid 18 de abril de 2020

Notas:

1.En 15 de enero Mauricio Claver Carone, Director Senior del Consejo Nacional de Seguridad para Asuntos del Hemisferio Occidental de EEUU, visitó Bolivia para transmitir el respaldo de la administración Trump al gobierno de Añez.( https://cnnespanol.cnn.com/2020/01/15/alerta-bolivia-funcionario-de-trump-visito-bolivia-y-transmitio-respaldo-de-ee-uu-a-gobierno-interino-de-jeanine-anez/)

2. Son evidencias muy significativas la cantidad de entrevistas que se hicieron en los medios como la BBC a la autroplocamada presidenta (https://www.youtube.com/watch?v=aI0x5b8nOcc) y

3. G. Agamben, Estado de excepción. Homo sacer, I,II, pág. 41

4. Constitución Española, Título V, artículo 116 “De las relaciones entre el gobierno y las Cortes generales”. La Constitución deja el desarrollo de este artículo a la ley orgánica que entró en vigor el 6 de junio de 1981, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-12774

5. Declaración del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los Derechos Humanos,Philip Alston,sobre la conclusión de su visita oficial a España, 27 de enero-7 de febrero de 2020 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S

6. Ibídem, pág. 46

7. Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692

8. Foto: https://www.infodefensa.com/es/2020/03/20/noticia-respuesta-militar-espana-covid19-despierte-interes-entre-paises.html.

9. Se trata de una revista de izquierdas. El salto, Multas y detenciones en tiempos de coronavirus: una mirada jurídica” https://www.elsaltodiario.com/conquista-derecho/multas-detenciones-coronavirus

10. La Vanguardia, “El gobierno acelerará una renta mínima de emergencia ante la pandemia”, 16/4/2020, https://www.lavanguardia.com/economia/20200415/48545657354/gobierno-acelerara-renta-minima-emergencia-pandemia.html

 Leer Parte I:  La francocracia y la cuestión Catalana

Existe un cuento popular que describe los estadios por los que pasa la borrachera de la siguiente forma: el primero de ellos sería el de cantos regionales, cuando se han tomado varias copas pero aún no se está ebrio los comensales comienzan a cantar canciones de su lugar de origen del tipo Asturias patria querida o Que viva España, después, cuando aumenta el consumo de alcohol, surgen los abrazos y besos aunque el compañero de borrachera sea un desconocido, y finalmente se niega la evidencia ¿borracho yo?.

A finales de enero el gobierno del Estado español parece haber llegado al tercer estadio de la borrachera. Sostiene, contra viento y marea y contra toda evidencia que, gracias a la aplicación del artículo 155, se está a las puertas de la normalización de la situación de Cataluña, que el conflicto en Cataluña lo resuelven los tribunales y que todo se reduce a que los independentistas catalanes no quieren cumplir la ley. El resto de los partidos constitucionalistas, incluido Podemos, parecen haber llegado también a ese estadio o estar a punto de llegar. Ciudadanos, por ejemplo, sigue sosteniendo que ha ganado las elecciones catalanas del 21 de diciembre, aunque no pueda formar gobierno, el PSOE pide a los independentistas que nombren a un presidente no independentista -“viable”dicen-, y Podemos sostiene que no se han sabido explicar con la propuesta de un “referendun pactado”, es decir, que los catalanes no les entienden.

En esta segunda parte del análisis sobre la sustancia del Estado español – la francocracia española- y la cuestión catalana, quedan por analizar dos de los supuestos que más sarpullidos generan entre los sectores políticos y sociales que se sienten de izquierdas, o por lo menos que no se identifican con la derecha, y que se resisten a abordar la cuestión catalana fuera de la consigna “la ley es la ley”. También en ellos encontramos la negación de un hecho evidente, que el procés catalán es algo más que un arrebato circunstancial.

Recapitulemos los axiomas que quedan por rebatir: a) no hay dos Españas sino una sola que se ve tensionada y fracturada por algunos políticos sin escrúpulos, en este caso, catalanes; y b) Que el nacionalismo es incompatible con el internacionalismo. Es decir, que si una/o se siente de izquierdas no puede defender una reivindicación nacionalista dado que el nacionalismo, en tanto que ideología, siempre es de derechas.

Y junto con el último supuesto emerge una cuestión no menos relevante para la acción revolucionaria: el procés catalán está liderado por élites burguesas y por tanto no puede defenderse desde posiciones de izquierda.

Comencemos por la consigna de la legalidad que el Estado Español y los partidos políticos institucionalizados han convertido en un arma estratégica para aniquilar toda forma de resistencia especialmente las aspiraciones soberanistas.

La violencia policial el día del referéndum en Cataluña fue portada de la mayoría de los medios internacionales. Las redes sociales y la televisión catalana proporcionaron abundantes imágenes de la guardia civil y los antidisturbios arrastrando y golpeando a ciudadanos pacíficos, rompiendo puertas, escalando verjas de escuelas, disparando a quemarropa pelotas de goma, etc. Ciertamente la televisión española siguió a rajatabla las directrices del gobierno que podemos resumir en: “Esto no está pasando”, “no está habiendo referéndum”, “si a ustedes les llegan imágenes violentas, no se preocupen, forma parte de la contención y proporcionalidad del Estado de Derecho”. Hasta tal punto llegó la desinformación de RTVE que los periodistas de este medio público hicieron una sentada al día siguiente denunciando que no les habían dejado informar de lo que estaba pasando[1]. Muy diferente a lo que hicieron los medios del resto del mundo. Esas imágenes junto con las que circularon por las redes sociales vinieron a ilustrar lo que desde el rechazo (parcial) del Estatuto catalán por el Tribunal Constitucional (2010) se ha ido extendiendo como un sentimiento generalizado entre los catalanes: su soberanía subordinada.

1. Los cantos regionales ¡Que viva España!

Históricamente los sentimientos nacionalistas han devenido independentistas por razones muy diversas pero una de ellas está íntimamente conectada con el reconocimiento de que, las élites gobernantes (en este caso las del Estado Español) gobiernan en contra de los intereses del pueblo (en este caso el Catalán). Dicho de otra forma, el 1 de octubre una parte importante del pueblo catalán, de su parlamento y su gobierno constató los límites de su soberanía.

Esta subordinación al Estado español y a sus tribunales pasó de ser una evidencia a un hecho dramático con la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que de facto ha establecido un Estado de excepción en Cataluña.

Decía Carl Schmitt que soberano es aquel que tiene la potestad de declarar el Estado de Excepción, es decir, suspender todas las leyes y garantías de los ciudadanos. No cabe duda pues de que la aplicación del artículo 155 en Cataluña muestra con claridad la soberanía del gobierno de Mariano Rajoy sobre este territorio. Hasta ahora y, dado el pacto disciplinador de la Transición, no había sido necesario hacer visible al soberano que se ha presentado no desnudo sino muy vestido con el ropaje sagrado del Estado de derecho.

El uso de los artículos constitucionales como arma contra las aspiraciones populares, el recurso constante al Tribunal Constitucional y los dogmas económicos del ministro Montoro para someter a todas las administraciones (municipales y autonómicas) son clara muestra de la debilidad de la francocracia. De ahí que el exministro J. Manuel García-Margallo se lamentara de que no se aplicara a tiempo de forma temporal y por unas horas el artículo 155 para impedir la Consulta no vinculante que se celebró tres años antes (el 9 de noviembre de 2014) en la que votaron 2.344.828 catalanes. Una afirmación que vendría a reconocer la incapacidad del Estado español para mantener la unidad territorial sin usar el brazo armado del derecho.

La declaración encubierta del Estado de excepción que supone el artículo 155 hace visible al soberano, que evidentemente no es el parlamento ni el gobierno catalán. Y viene a decir que el soberano en el que se fundamenta la legitimidad del parlamento catalán no es el pueblo catalán sino el pueblo español, que el parlamento catalán ha de representar al soberano español y no al catalán que, paradójicamente, tiene que elegir a un soberano que coincida con la voluntad del gobierno y el pueblo español. Sólo la metafísica democrática con sus dogmas nacional católicos es capaz de sostener dicha aporía.

Pero la soberanía sometida de Cataluña –como la de muchas otras partes del territorio nacional español- no es un hecho reciente. Lo que ocurre es que no ha generado graves problemas entre las élites nacionalistas catalanas y las élites nacionalistas españolas hasta que, en el contexto de la crisis económica, la supervivencia de la posición de poder de las élites catalanas comenzó a resquebrajarse. El propio García-Margallo reconocía que de los múltiples alzamientos secesionistas que se han dado en Cataluña desde el siglo XVII hasta el momento actual han estado relacionados con lo que él llama momentos de “debilidad de España” pero no reconoce que esta “debilidad” se deba a la propia estructura y características del Estado de derecho español sino al contexto de una crisis mundial[2].

Lo cierto es que las élites catalanas (económicas y políticas) se han encontrado en un callejón sin salida cuando esa crisis económica ha reducido su capacidad de acumulación y la francocracia no ha permitido paliar los efectos del ajuste económico con concesiones identitarias y de gobernanza.  

Pongamos ejemplos,  el sistema de financiación de Cataluña la coloca como tercera comunidad en aportaciones tributarias al sistema de financiación autonómica pero en décimo lugar en recibir recursos,  el gobierno central lleva a los tribunales las propuestas catalanas para aumentar sus ingresos, incumple sentencias favorables a las competencias de Cataluña, cuestiona el modelo educativo y de inmersión lingüística e incumple sus compromisos en inversión en infraestructuras (el plan de trenes de Cercanías de Cataluña que corresponde al estado central sólo ha tenido una ejecución del 7% mientras que el de Madrid ha sido del 100%). En el ámbito de la política identitaria Cataluña aprobó el Estatuto catalán, las Cortes Generales también lo aprobaron y después de 4 años de aplicación el Tribunal Constitucional recortó 14 artículos declarados inconstitucionales, otros 27 fueron reinterpretados y el preámbulo considerado sin eficacia jurídica. Mientras, artículos del Estatuto de Andalucía idénticos a los que el Tribunal Constitucional consideró inconstitucionales para Cataluña fueron aceptados para Andalucía. Así pues, el doble rasero justo o injusto es una realidad incuestionable y el lema “España nos roba” tiene una base material objetiva sobre la que desplegar el listado de agravios.

La base electoral del PP en Cataluña se ha ido reduciendo año tras año y el ascenso de Ciudadanos le ha colocado en el camino de ser una fuerza testimonial. En la lógica electoral no hay nada que impulse al PP a buscar un camino de desbloqueo, todo lo contrario, perdida la plaza catalana queda expedita la vía para rentabilizar electoralmente la cuestión catalana fuera de Cataluña. Si es necesario mantener el Estado de excepción se mantendrá.

La única presión que podría haber aceptado la francocracia española habría sido la de la comunidad internacional dado el nivel de intervención de nuestra economía y nuestra política –la falta de soberanía real del Estado español-. De ahí los titubeos iniciales y la apuesta de las élites catalanas por la internacionalización del conflicto. Sin embargo, una vez despejado el camino, visto que Europa y la OTAN[3] tienen gran interés en conservar la unidad de España se puede imponer “el imperio de la ley” sin que a nadie le resulte chocante el lenguaje. Hasta el monarca que hace denodados intentos por hacer digerible la institución que regenta, y que nadie puede explicar qué hace representando a España en el Foro Económico Mundial de Davos  -en vez del presidente de gobierno-[4], acaba usando un lenguaje más propio de su abuelo putativo y asegura que en España se respeta la ley, y que «Somos personas abiertas, amistosas y acogedoras a las que les gusta compartir nuestra pasión por la vida. Pero, más importante aún, también somos personas amantes de la paz».[5]

El príncipe Felipe saluda a Franco en 1975 (http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/26/galicia/1301135748.html)

 2.-La Justicia preventiva: “Darth Vader” (el padre oscuro) y el imperio de la Ley

Si detrás de la ley hay violencia también se puede decir que en el caso de la francocracia española también hay violencia delante de la ley. Porque como afirmó el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, en el caso de Cataluña ya se había dado un “Golpe de Estado judicial” en el 2010 cuando el Estatut catalán, aprobado por el pueblo catalán y por las Cortes generales, fue desautorizado por el Tribunal constitucional y, de facto, se “eliminó el derecho del pueblo a decidir”[6] ya que la resolución de los tribunales anuló la voluntad popular. 

De modo que siete años antes de que se iniciara el procés catalán ya el Derecho actuaba violentamente contra la voluntad popular.

Posteriormente, el garrote de la justicia penal y el Gobierno Central, amparándose en la Constitución han utilizado el artículo 155 para disolver el Parlamento catalán, convocar elecciones autonómicas y al acabar con la inmunidad parlamentaria, que a su vez permitirá procesar al Presidente Puigdemont  y a los miembros del Govern catalán, es decir, amañar un proceso electoral para garantizar que votaran lo que votaran los catalanes no podrían tener un gobierno independentista porque los soberanistas electos estarían o en la cárcel o en el exilio.

A la luz de estas prácticas no es descabellado deducir que el voto en nuestro atípico Estado de Derecho sólo tiene validez en la medida en que ratifica la voluntad del propio Estado, o dicho de otra forma, la voluntad de poder del Leviatán. Presidente del Gobierno, Fiscal General, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo preservan el brazo incorrupto de Santa Teresa y garantizan la ley y el orden por la gracia de Dios. El coronel López de los Cobos lo expresó con claridad ante el Tribunal Supremo al justificar la represión del 1 de Octubre afirmando que: “el cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana”[7].

Cuando el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, el PSOE y Ciudadanos claman por la vuelta a la normalidad, en realidad están hablando de la normalidad que quedó “atada y bien atada” con la Ley de Reforma Política (1976), la Ley de Amnistía (1977) y los pactos de la Moncloa (1977): la monarquía, el bipartidismo, la unidad territorial, el olvido y las componendas económicas del patronalsindicalismo.

Tampoco es la primera vez que los tribunales españoles adoptan leyes de caso rompiendo los propios principios del derecho positivo que establece que la ley tiene que ser de aplicación universal y no se pueden hacer leyes para situaciones particulares. Esto se dio con la ley de partidos (Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio) cuestionada incluso por juristas conservadores. Una ley que aplicada para todo el territorio español permitiría ilegalizar al partido popular que con 850 cargos imputados algunos de ellos altos cargos y de responsabilidad en el partido cumpliría con los requisitos para ser ilegalizado bajo dicha norma.

En la cuestión catalana el Tribunal constitucional ha sentenciado para saltarse las leyes y los procedimientos, es decir, las garantías democráticas que protegen la concurrencia política electoral. El TC dice “autorizar la investidura de Puigdemont” pero siempre que sea presencial y no responde a la solicitud del gobierno de anular la sesión de investidura. Pero para personarse necesita una autorización judicial del mismo magistrado Pablo Llanera que retiró la euroorden de detención con el peregrino argumento de que Puigdemont buscaba su detención. Así, son los tribunales quienes autorizan o no autorizan lo que ocurre en los parlamentos. Nuevamente se pone de manifiesto la sustancia franquista del Estado español con la no separación de poderes.

Por otro lado, se produce una interpretación preventiva del reglamento del parlamento catalán:  Prisión preventiva, medidas cautelares, intencionalidad de los investigados, delito de naturaleza plurisubjetiva…[8] parece evidente que los tribunales españoles se muestran más interesados en el Pre-crimen que en la convivencia democrática.

Sin duda una práctica que rememora el famoso Tribunal de Orden público (1963-1977) creado tras el fusilamiento del dirigente comunista Julián Grimau y cuya misión era reprimir las conductas consideradas delitos políticos por el régimen franquista tales como hechos contrarios al jefe del Estado, a las Cortes, a la forma de gobierno, la sedición, la rebelión o propaganda ilegal[9] . Un Tribunal que desaparece en 1977 dando paso a la Audiencia Nacional que ocupará el mismo edificio (no sabemos si también los contenidos)

Madrid, 15-2-1977.- Fachada del edificio de la recién creada Audiencia Nacional, que suprime al Tribunal y Juzgados de Orden Público (TOP) creado en 1963. EFE

Durante todos estos meses la “legalidad” ha sido la palabra máscara, la palabra refugio y la palabra coartada. La sociedad del espectáculo democrático ha devenido sociedad del enmascaramiento. No se ha tratado de una ocultación intencionada de los trapos sucios de la estructura franquista sino de un intento deliberado de hacerla desaparecer, lograr por fin que la forma sea el todo. La ley, fruto del Derecho positivo que se fue instaurando tras las revoluciones burguesas, ha funcionado como funcionan los dogmas económicos (el equilibrio o la libre competencia), como dispositivo cuyo objetivo es mantener a las élites –y a las que aspiran a serlo- refugiadas y a salvo de las grandes confrontaciones sociales.

Pero en el caso del Estado español la máscara catarrosa de Darth Vader apenas alcanza a camuflar la paternidad del Derecho. De ahí que la cuestión catalana tenga la gran virtud de hacer aflorar una y otra vez la naturaleza totalitaria del Estado español.

3. Las tres Españas: la de los vencedores, la de los vencidos y la de los convencidos.

Durante años la academia, los medios de comunicación, las industrias culturales y las instituciones “post-franquistas” han elaborado y alimentado un discurso de reconciliación que no se ha fundamentado en la justicia y la reparación de las víctimas -no había lugar, dado que los vencedores no fueron depuestos-.  Se ha fundamentado en el miedo: Miedo al pasado, al caos, a la pérdida de lo conquistado, a la exclusión, al atraso…

El trauma de la guerra ha sido la medicina preventiva que ha dado pie a la multiplicidad de atropellos anti-democráticos y a la impunidad del franquismo. Así, un presidente de gobierno que dice no entender el cambio de denominación de una calle, un portavoz de gobierno que banaliza la demanda de los familiares de republicanos enterrados junto al dictador en el monumento a la dictadura franquista (el Valle de los caídos), o una ley de la memoria sin presupuesto; no son aspectos circunstanciales o puntuales sino la imagen de un territorio devastado por el miedo y los fantasmas de un pasado que sigue estando muy vivo.

Los defensores de la legalidad actual, dignos herederos del franquismo y su arrogancia, nunca consideraron ilegal al franquismo ni pretendieron recuperar la legalidad republicana.

Los vencidos de la guerra civil pueblan las cunetas, el exilio, los reductos reivindicativos de la memoria, las luchas de los jóvenes antifascistas… Pero también están en el imaginario de una izquierda progresista que sigue apostando por el diálogo, las instituciones franquistas salpimentadas por la Transición y el discurso de la tolerancia. Decía un militar franquista hablando de la guerra civil que ni ellos eran mayoría ni los rojos lo eran, que la mayoría no estaba ni con unos ni con otros. Y efectivamente, esa mayoría estaba con el miedo en las entrañas tratando de sobrevivir a las bombas de los aliados del fascismo e incapaz de defender por más tiempo la legalidad republicana.

 La distribución territorial de los dos bandos fue muy desigual, la represión posterior a la victoria franquista también. Las resistencias se fueron acantonando y perdiendo terreno. Y la Transición fue convirtiendo a esa mayoría superviviente que no estaba en ninguno de los dos bandos en el “centro sociológico” que acabaría por hacerse conservador, cantando el “soy español, español, español…” y sacando las banderas nacionales a sus balcones cuando compite la selección española de futbol o cuando los catalanes pretenden ejercer el derecho al voto.

La cuestión catalana ha hecho aflorar que las masas del territorio español se movilizan alrededor de tres relatos. Uno de ellos, el dominante, el que se produce y reproduce desde las instituciones y se disemina al rebufo del pasado victorioso afirma que “no hay que remover el pasado”. Porque en realidad no existe tal pasado sino un presente muy vivo en cada monumento a los caídos, en cada placa de calle y plaza que homenajea la “victoria nacional”, en cada cargo público ocupado por antiguos franquistas o por sus vástagos, en cada acto de judicialización de la política. Hay otro relato marginado y constantemente ahogado por la propaganda los medios masivos, el de los vencidos. Podemos decir que es el relato de la resistencia, no necesariamente comunista, ni anarquista, sino la resistencia de los que conservaron la memoria y la de los que recogieron el testigo. Son, somos, los marginados de la postmodernidad: raperos, jóvenes antifascistas, municipalistas, antiimperialistas y republicanos.

Fuente: arqueología de la guerra civil española. Pasquines de la Guerra Civil Española. http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/2012/02/cataluna-ya-es-espana.html

La tercera España es la más numerosa y fue moldeada sociológicamente para dotar de base social al proyecto de “modernización” del franquismo que lideró el PSOE. Fue tipificada con el concepto de Centro y aglutina a una masa conservadora que se resiste a creer que vivimos inmersos en un orden poco democrático. En ella han confluido tanto los dogmáticos a-políticos, como los socialdemócratas, como las izquierdas europeístas, los jóvenes sobradamente preparados y los trabajadores convenientemente disciplinados.

A partir de los años 80 la izquierda española, como la del resto de Europa, abandonó definitivamente el análisis materialista de la historia y también la crítica al Capitalismo (tanto en su práctica militante como en su elaboración teórica). Abandonó el tema central de la explotación (la contradicción irresoluble dentro del capitalismo) y en el caso del Estado español también aquellos temas que la francocracia vetó: el tema sucesorio (la monarquía) y la unidad territorial.

El independentismo en el territorio del Estado español puede tener distintas lecturas dependiendo del conjunto de agravios territoriales que la ciudadanía acumule, y de lo lejos que vayamos en la historia. Pero de lo que no cabe duda es que en el contexto de la francocracia y en el del desarrollo desigual y combinado de sus territorios hay una lectura que da cuenta mejor de la complejidad del conflicto y es la que se remonta al golpe franquista y la pervivencia del régimen en las componendas de la llamada Transición. Una lectura que hace estallar por los aires el mito cuidadosamente elaborado e internacionalmente exitoso- de la Transición pacífica española. No puede haber una sola España mientras los pueblos que habitan el territorio sigan marcados por un trauma social negado una y otra vez.

4.- Las paradojas del internacionalismo anti-independentista

El procés catalá ha sumido a la izquierda española en varias paradojas: continuar definiéndose como izquierda al tiempo que niega el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. Declararse republicana al tiempo que sostiene (por pasiva) la monarquía. Aceptar como válida la independencia del poder judicial al tiempo que denuncia el encarcelamiento de líderes políticos catalanes.

Sartre planteaba, para el caso de Argelia, que la izquierda francesa se equivocaba cuando centraba el problema en lo económico y en las mejoras económicas con prioridad a la lucha por la liberación política. Decía que el colonialismo es un sistema y que los argelinos hacían bien en combatir “en primer lugar políticamente ese sistema económico, social y político” porque la desigualdad económica eran consecuencia directa y necesaria del colonialismo. No digo que Cataluña sea una colonia como lo fueron las colonias francesas o como lo es actualmente el territorio de Melilla o la ciudad de Ceuta, o incluso Gibraltar. Lo que planteo es que en las crisis capitalistas las poblaciones más conscientes, con sentimiento nacionalista históricamente conformado, asocian intuitivamente sus condiciones de vida a la subordinación política a la élite extranjera.  Y en cierto sentido no les falta razón, lo cual no quiere decir que un estado independiente capitalista pudiera resolver la explotación de las clases subalternas. Tal vez se trate sólo de una precondición, es decir una condición necesaria, tal vez un primer paso que la mayoría de los catalanes, a diferencia de otros territorios están dispuestos a dar.

En cualquier caso, no sólo las imágenes de la violencia policial sino la detención de los presidentes de Omnium y Asamblea Nacional catalana, la de los Consellers, el exilio de Puigdemont y cuatro Consellers, también los casi 6000 policías desplazados[10] a Cataluña alojados en 3 ferris y en hoteles –con el consiguiente malestar y rechazo de la población-, no han hecho sino reforzar la imagen de territorio ocupado.

Cuando hasta programas televisivos, aparentemente progresistas, como El Intermedio se esfuerzan en demostrar, siguiendo las tesis de la francocracia española que la represión en Cataluña no es comparable a la franquista y que no hay presos políticos como los franquistas, tal vez estemos ante lo que señalaba el profesor Jesús Ibáñez del zumo de naranja: que su contenido de fruta natural era inversamente proporcional a las veces que repetían los anuncios estar hecho de naranja.

Los catalanes con y sin sus élites llevan tiempo cuestionando los poderes fundamentales en los que se cimienta el Estado nacional español: la legitimidad del soberano (monarquía), el territorio y el monopolio de la violencia.

Los que consideran incompatible el internacionalismo comunista con el nacionalismo utilizan la historia y sus datos como una demostración de la maldad del nacionalismo. Pero la historia no demuestra nada, la historia ayuda a entender el presente pero no necesariamente el futuro. Es más, el presente, sus potencialidades transformadoras, se entienden mejor desde el reconocimiento de las utopías y los proyectos futuros que crecen en las conciencias de la gente no desde el pasado.

Revolucionarios como Andreu Nin supieron ver la gran fuerza transformadora que estaba detrás de las aspiraciones nacionalistas llegando a decir que: Volver la espalda hacia esos movimientos [nacionalistas], adoptar una actitud de indiferencia ante los mismos, es hacer el juego al nacionalismo opresor y reaccionario, aunque se pretenda cubrir dicha actitud con la capa del internacionalismo”[11].  

También las revoluciones latinoamericanas como la cubana se gestaron con un fuerte componente nacionalista y resolvieron sin mayor problema el dilema internacionalista. Pero el postmodernismo de izquierdas, refugiado en la mística de un mundo globalizado en el que el contrapoder emerge mágicamente, asume las tesis de un Estado-nación irrelevante en donde no tiene sentido plantear ninguna batalla. Este es el planteamiento de Hardt y Negri en su obra Imperio, magistralmente refutada por Atilio Boron que demuestra cómo “Las funciones hobbesianas, represivas, del estado, gozan de todo su vigor tanto en la periferia como en el centro del sistema”[12] y que a pesar de las transformaciones de la forma de los Estados nacionales, fundamentalmente la pérdida de soberanía en el marco de la economía globalizada, a pesar de ello, el Estado Nación sigue siendo el agente principal para garantizar el desenvolvimiento del capitalismo y la explotación. Y por tanto, las estructuras de poder localmente arraigadas constituyen uno de los espacios reales donde tienen lugar las luchas sociales.

5.- El supremacismo español y la inviabilidad de España como estado independiente.

El mundo del paraperiodismo está teniendo un papel fundamental en la cuestión catalana al plegarse sin fisuras al discurso oficialista de la unidad territorial y el Estado de Derecho. Durante años, los medios de comunicación tanto públicos como privados, prácticamente sin excepción, han ido dando forma y alimentando el imaginario españolista. Han encauzando y reformulado el descontento social adaptándolo al simbolismo franquista: la patria, la bandera y el orgullo de ser español.

A falta de una identidad nacional común, expropiada e instrumentalizada por la dictadura, el trabajo terapéutico de la Transición ha consistido en vaciar en lo posible los símbolos identitarios para borrar las huellas franquistas. El mundial de fútbol (1982), las olimpiadas (1992), el V Centenario del descubrimiento de América (1992) y en los últimos años la selección española de fútbol (2006-2014) A tal punto ha llegado el descafeinamiento que el líder de Podemos no ha desaprovechado ocasión para reivindicar la patria y la bandera, asumiendo así el discurso hegemónico de la desmemoria.

Nuevamente este periodismo disciplinado y disciplinador no puede entenderse sin enmarcarlo dentro del modelo de reforma que diseñó el franquismo aperturista, con Manuel Fraga Iribarne a la cabeza, que no sólo planteó el bipartidismo que rotara en torno a un centro equilibrador sino que fue el promotor y accionista del periódico insignia de la Transición el diario El país que salió a la luz en 1976. Pero ya en 1973 se había creado el Grupo Tácito compuesto por periodistas y altos cargos de la administración que se había dotado de medios de expresión como el Diario Ya, la Vanguardia, ABC y Cambio 16.  

Los medios de comunicación, incluidos los que se dirigen a una audiencia supuestamente progresista, han hecho campaña contra la Cataluña independentista desarrollando una verdadera campaña de propaganda para justificar las medidas antidemocráticas del gobierno central. Desde el referéndum del 1 de octubre, no ha habido día en que los informativos de todos los medios -excepto la TV3 catalana naturalmente- que no reprodujeran constantemente, sin contrastar, los mensajes oficiales sobre la salida de empresas de Cataluña, la caída del turismo, el aumento del paro, las pérdidas económicas, el aislamiento internacional etc. Hasta la “sarna se ha cebado con Cataluña”[13]Todo ello para implantar la matriz de la inviabilidad de Cataluña independiente y los peligros de la desestabilización de España.

Para que funcionara dicha matriz mediática ha sido necesario minimizar la represión policial en Cataluña y hacer del movimiento independentista, que no ha dejado de ser pacífico, en un movimiento de radicales intransigentes, políticos desequilibrados y delincuentes.

Al mismo tiempo que se ha repetido hasta la saciedad las imágenes de los políticos catalanes encarcelados, de las concentraciones populares con banderas catalanas se han ocultado las imágenes que mejor contextualizan las reivindicaciones catalanas. Dos son estas imágenes desapercibidas y que constituyen la piedra de toque que permite comprender el puzle –que no laberinto- español. Es el Estadio del Real Madrid, que según su propia página: El Santiago Bernabéu responde al Referéndum: entona el ‘Que viva España’ con las banderas por todo el estadio[14] . Y la concentración en Madrid el sábado en la mañana antes del referéndum donde grupos de ultraderecha llamaron a concentrarse “Por la unidad de España”, concentración en la que cantaron el Cara al sol (himno franquista), hicieron saludos fascistas y portaban banderas franquistas[15]. Por supuesto, ninguna autoridad policial consideró dichas manifestaciones un ataque al Estado de Derecho o a la democracia.

Así, antes de la aplicación del artículo 155 ya se había desatado una guerra mediática sin precedentes en todo el Estado español y la tesis de que cualquier tiempo pasado fue peor está sirviendo para acallar cualquier solidaridad con Cataluña en el resto del Estado y consolidar el supremacismo españolista.

Por otro lado, si nos atenemos a los datos sobre desigualdad, pobreza, deuda externa, paro etc. lo que parece inviable desde el punto de vista del desarrollo y la garantía de los derechos democráticos es precisamente el Estado Español[16].

A modo de cierre

Finalmente podría decirle al alumno que motivó estas reflexiones que ciertamente no pienso que este Estado sea el mismo estado franquista de los años de la dictadura. Pero tampoco es un Estado de Derecho homologable a los estados nación europeos, ni siquiera es una democracia en el sentido clásico del término.

La cuestión catalana, el procés, ha hecho saltar por los aires las prenociones o la banal ilusión de que en este país habían cambiado las cosas o por lo menos lo suficiente como para poder hablar de un Estado de Derecho. El 15 M estuvo a punto de provocar un cambio de era pero no pudo trascender hacia el ámbito político. Fue interceptado por el postmodernismo de jóvenes atrapados en una ontología del yo identitario (que todavía permanece) y se condensa en el fenómeno Podemos.

Dice el profesor Luciano Cánfora que en realidad, si acudimos a la historia, la democracia no es exactamente el gobierno del pueblo sino la hegemonía política de las clases populares con el consentimiento de las élites. Así fue en la antigua Grecia y así es hoy día esto que solemos llamar democracia en Europa, pero en el territorio español, el sistema impuesto tras la derrota de la república española aún pervive y difícilmente puede decirse que son las clases populares las que ostentan la hegemonía política.

Si hubiera un Diccionario de la memoria, francocracia podría definirse como: el tipo de gobierno que surgió en España tras la muerte del dictador Francisco Franco. Un tipo de democracia que se gestó en el seno de las familias franquistas incorporando a la oposición domesticada, reprimiendo y eliminando todo proyecto restaurador de la segunda república. Vio la luz a la muerte del dictador, fue apadrinada por la socialdemocracia europea y bautizada con el nombre de Transición.

Sin duda, el independentismo liberal puede ser una hoja de parra que oculte las vergüenzas de las élites, pero negar que también hay un independentismo que construye pacientemente una alternativa liberadora es colocarse del lado equivocado, sin capacidad para analizar la coyuntura.

Cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría –una mujer de familia de rancio abolengo franquista- afirma que “Puigdemont está experimentando la fuerza del Estado de Derecho” o cuando ridiculiza el exilio de Puigdemont diciendo que es como si ella pretendiera gobernar desde el Caribe” no cabe duda de que o la traiciona su árbol genealógico o simplemente no puede evitar, ni siquiera formalmente, que aflore la prepotencia de un gobierno minado por la corrupción y la desidia.

Un Estado que se desmorona ha de buscar chivos expiatorios y qué mejor recurso que ese otro cercano en el que depositar tantos y tantos agravios comparativos. Si hasta la policía nacional y los guardias civiles han encontrado una vía para canalizar sus demandas salariales gracias al independentismo catalán.

Fuente: Sevilla info, diario independiente; https://www.sevillainfo.es/noticias-nacional/sevilla-acoge-este-sabado-una-gran-manifestacion-de-policias-y-guardias-civiles-por-la-equiparacion-salarial/

Si la izquierda realmente existente tuviera una visión menos metafísica y sentimental de la cuestión catalana, podría apostar por un planteamiento realmente dialéctico, en el que la complejidad y el dinamismo de lo social permitirían ver que todos los fenómenos están entrelazados e interconectados. Que como decía Marx la cantidad se puede convertir en calidad, que todo está siempre a punto de convertirse en su contrario, es decir, que la realidad camina sobre la unidad de poderes en pugna. Lo que puede haber empezado como un conflicto nacionalista puede llegar a transformarse en algo mucho más radical y revolucionario ya que el liderazgo de una élite catalana puede ser desbordado por unas masas que en la lucha pueden devenir clase social.  Afirmaba el gran dramaturgo Piscator que la clase no preexiste a la lucha porque está indisolublemente unida a la conciencia y ésta es el resultado de la vida y no al revés. La lucha independentista catalana puede –aunque no garantiza- el conocimiento de los sujetos implicados de la posición que tienen en la sociedad. Como dice César de Vicente en la introducción a los textos de Piscator “el paso del proletariado a lo político es el resultado, pues, de tratar de comprender los procesos históricos constituyentes y no describir solamente los procesos históricos constituidos”[17].

Así pues, la tarea de la izquierda es transformar todas las energías sociales en acciones conscientes, no negarlas.

5 de febrero de 2018, Ángeles Diez, Dra. CC. Políticas y Sociología, profesora de la UCM

[1] Publico.es: http://www.publico.es/tremending/2017/10/01/periodistas-de-tve-denuncian-en-twitter-la-verguenza-que-sienten-por-la-cobertura-de-la-1-en-el-1-0/

[2] Joana Ortega, José Manuel García Margallo, “Itinerario de errores innecesarios”, en Ciclo de diálogos, en España Plural Cataluña Plural, Fundación Diario Madrid, Asociación de Periodistas Europeos, Madrid 2017, pág. 19

[3] Luis Doncel, “La OTAN avisa de que una Cataluña independiente saldría de su paraguas”, en El País digital, https://politica.elpais.com/politica/2013/12/02/actualidad/1386006000_294565.html

[4] Javier Pérez Royo, El rey en Davos: una vergüenza nacional;  http://www.eldiario.es/zonacritica/rey-Davos-verguenza-nacional_6_733236670.html

[5] Eugenio Mallol, El ¿discurso? Del Rey en Davos; El mundo.es; http://www.elmundo.es/economia/2018/01/29/5a6ef62422601d43058b45d0.html

[6] Adolfo S. Ruíz, Entrevista a Javier Pérez Royo “no hay que reformar la Constitución hay que volarla” http://www.lavanguardia.com/politica/20151006/54437906562/javier-perez-royo-reformar-constitucion-volarla.html   La Vanguardia, 6/10/2015

[7] http://www.rtve.es/noticias/20180201/cataluna-coronel-perez-cobos-afirma-dispositivo-mossos-se-penso-para-facilitar-1/1671206.shtml

[8] Europapress España, El juez retira la euroorden para Puigdemont para evitar que Bélgica restrinja los delitos que le imputa el Supremo; http://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-llarena-retira-ordenes-internacionales-detencion-contra-puigdemont-exconsejeros-huidos-20171205110343.html

[9] Agencia EFE, Creación del Tribunal de Orden Público, http://75aniversario.efe.com/noticias/2-de-diciembre-de-1963-se-crea-el-tribunal-de-orden-publico-top/ (Consulta, 2/01/2018)

[10] Público, “Finaliza el despliegue policial del 1-O en Cataluña”, http://www.publico.es/politica/finaliza-despliegue-policial-1-catalunya.html

[11] Andrés Nin, El marxismo y los movimientos nacionalistas, En Leviatán, n.° 5. Septiembre de 1934, p. 39-47.

[12] Atilio Boron, Imperio e Imperialismo. Una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, El Viejo Topo, 2003, p. 98

[13] Diario El Español, La sarna se ceba con los hospitales de Cataluña”, https://www.elespanol.com/ciencia/salud/20180125/sarna-ceba-hospitales-cataluna/279972811_0.html; El País, Los brotes de sarna se quintuplican en ocho años, https://elpais.com/ccaa/2018/01/25/catalunya/1516870245_019713.html

[14] http://www.elbernabeu.com/articulo/futbol/bernabeu-responde-cataluna-entona-viva-espana-banderas-todo-estadio/20171001210431033545.html

[15] http://www.lasexta.com/noticias/nacional/manifestantes-cantan-cara-sol-hacen-saludo-fascista-concentracion-unidad-espana-madrid_2017093059cfb3610cf2136979905be2.html

[16] RTVE, “La recuperación económica en España ha favorecido cuatro veces más a los más ricos”, informe de OXFAM, http://www.rtve.es/noticias/20180122/recuperacion-economica-espana-favorecido-cuatro-veces-mas-mas-ricos-segun-oxfam-intermon/1665140.shtml

[17] Erwin Piscator: teatro, Política, Sociedad; edición de César de Vicente Hernando, Ed. Asociación de Directores de Escena de España (ADE) Madrid, 2013

Ángeles Diez Rodríguez*

Durante la guerra y ocupación de Irak del 2003, los Estados Unidos, al conocerse las torturas y violaciones de sus soldados en Abu Ghraib, emitieron un comunicado dirigido a la comunidad internacional en el que decían que no consentirían que ninguno de sus soldados fuera juzgado por crímenes de guerra. Ya en 2002 el gobierno estadounidense había conseguido una resolución del Consejo de Seguridad de NNUU por la que se eximía a las fuerzas estadounidenses de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, genocidio, o crímenes de lesa humanidad cometidos en relación con operaciones de NNUU establecidas o autorizadas. La impunidad no se garantizaba sólo a los soldados estadounidenses sino también a los mercenarios y empresas contratadas para la guerra, es decir, al sector privado. Dicha resolución se prolongó al 2004. En realidad se trataba de hacer explícito, por un lado, quién mandaba en el mundo y en los organismos internacionales, una vez terminada la bipolaridad, y por otro, evidenciar, una vez más, la prevalencia de la fuerza sobre el derecho.

Este tipo de actuaciones, cuando se hacen públicas, generan indignación entre las poblaciones y gobiernos que sufren las consecuencias de las acciones bélicas estadounidenses y también cierto rechazo, aunque con la boca pequeña, de los socios europeos. Sin embargo, las intervenciones militares directas son la cara más visible de la injerencia en países soberanos; los golpes de Estado, el derrocamiento de gobiernos y la guerra encubierta son las prácticas más habituales del ejercicio del dominio mundial.

Estas guerras encubiertas no han necesitado de resoluciones ni acuerdos para proteger a las fuerzas estadounidenses, porque los agentes que suelen llevarlas a cabo, en general, son ciudadanos, empresas o militares de los propios países a desestabilizar, financiados y alentados por las agencias estadounidenses creadas al efecto, como la Agencia Central de Espionaje (CIA). Se atribuye a Franklin Henry Kissinger la expresión “Pinochet es un hijo de puta. Pero es nuestro hijo de puta”.

En las guerras imperiales encubiertas, desde el inicio de la Guerra Fría, los oficiales y la tropa que llevan la voz cantante son las corporaciones mediáticas que gozan prácticamente de impunidad absoluta para operar, resguardadas por la consigna de la “libertad de información” considerada a su vez una extensión de la “libertad de expresión”. (1)

El espionaje, el terror y la guerra psicológica tienen en los medios de comunicación masivos y en los periodistas sus principales aliados, y en las corporaciones mediáticas su Estado Mayor. Desde la II Guerra Mundial se utilizan los métodos de guerra psicológica, que incluyen el uso de la propaganda a través de los medios de comunicación, aunque ha sido con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (NTIC) cuando este tipo de operaciones ha adquirido mayor importancia pues la potencialidad de este arma para destruir al gobierno que se considera enemigo se ha multiplicado exponencialmente. La definición técnica de la guerra psicológica es empleo planificado de la propaganda y de la acción psicológica orientadas a direccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar, sin recurrir al uso de la armas, o en forma complementaria a su uso; y su fin último es incidir en la población civil de los países “enemigos” para que, una fracción del pueblo, erigida en totalidad y con el consentimiento del resto, sea quien derroque al gobierno.

Se trata de un hecho histórico reconocido ya en 1977 por Carl Berstein, ex redactor del diario Washington Post y uno de los periodistas que denunció el escándalo Watergate, quien afirmó entonces que en veinticinco años las principales empresas de información habían colaborado de forma habitual con la CIA. En 2009, Maxime Vivas señalaba que la CIA estaba infiltrada en los medios de comunicación franceses y recogía las palabras de William Colby, ex director de la CIA, diciendo: “La CIA controla a todos los que son importantes en los principales medios de comunicación”, y las de un agente de la CIA, “Podemos encontrar periodistas más baratos que una buena prostituta, por doscientos dólares mensuales”.

Sin embargo, las distintas agencias norteamericanas no sólo operan poniendo a su servicio a periodistas, muchas veces basta con que empresas norteamericanas se hagan con participación en los grupos empresariales a los que pertenecen los medios. De esta forma se garantiza que las líneas editoriales y las noticias no vayan en contra de los llamados “intereses norteamericanos”. Otras, se colabora financiando y distribuyendo la información adecuada a los medios locales a través de las Agencias de Información. Es importante tener en cuenta que Estados Unidos y la Unión Europea controlan el 90% de la información del planeta y que de las 300 principales agencias de prensa, 144 tienen sede en Estados Unidos, 80 en Europa y 49 en Japón. Sin duda hay muy poco margen para una información veraz, contrastada y no subordinada a las directrices imperiales. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) es uno de los principales organismos regionales en donde se trazan las pautas a seguir por los medios privados en una estrategia conjunta de desestabilización de gobiernos poco afines a Estados Unidos.

Hay que añadir que en América Latina, las corporaciones mediáticas no sólo han sido grupos económicos con los que acumular beneficios y desde donde servir a los intereses neo-coloniales, sino que se convirtieron tempranamente en sujetos y espacios desde donde las élites criollas hacen política. Con el ascenso de los gobiernos progresistas, especialmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia, se convirtieron sin mayor esfuerzo en agentes golpistas y desestabilizadores. Podemos decir que las agencias norteamericanas dedicadas a la guerra encubierta no han necesitado grandes inversiones de esfuerzos ni recursos en estos medios.

La actuación de las corporaciones mediáticas locales e internacionales contra el proceso venezolano es un caso paradigmático de guerra encubierta. Se implicaron abiertamente en el golpe de estado contra el presidente H. Chávez en el 2002, y desde entonces no han parado los bombardeos mediáticos que se recrudecen especialmente en los periodos electorales. Con la desaparición de la figura carismática de Chávez, el proceso venezolano se hace más vulnerable, como ya apuntaba el informe de Inteligencia a la Comisión del senado norteamericano (2012), y por tanto la campaña desestabilizadora va in crescendo. Los intentos de golpe de estado siguen siendo liderados por la oposición venezolana a través de los medios de comunicación.

La forma de actuar sigue pautas que se repiten y cuyos antecedentes podemos rastrear sin ir muy atrás en el tiempo en el golpe de estado a Salvador Allende en Chile. La forma en que actuaron los medios responde a parámetros establecidos por los manuales de guerra encubierta. El primer paso es preparar las condiciones para que la población acepte la inevitabilidad de un golpe de Estado, se alimenta y crea la imagen de caos económico y social, algo relativamente fácil al hacerse de forma coordinada con los sectores económicos que, por ejemplo, acaparan alimentos básicos, sabotean instalaciones eléctricas, etc. Se responsabiliza al gobierno de todos estos desastres y se va preparando a la ciudadanía para los “salvadores” que pondrán orden, la oposición y, en su defecto, las fuerzas del orden (policías y militares) que entregarán el poder cuando se restablezca la situación.

Los medios se encargan de magnificar los desastres económicos, ilustrar y dar voz a las víctimas de las políticas gubernamentales, alientan las discrepancias entre los sujetos políticos, tratan de socavar la confianza en los dirigentes, manipulan los símbolos nacionales y la religión, exageran, simplifican, omiten informaciones, hacen insinuaciones y fabrican noticias. En general, se trata de crear la imagen del caos económico y social. La desinformación y la mentira se combinan para incrementar la tensión y el miedo.

Los pueblos no suelen apoyar golpes de estado pero sí suelen solidarizarse con reivindicaciones aparentemente justas. Por eso, las reivindicaciones de algunos sectores de estudiantes y trabajadores que se sienten afectados por las políticas gubernamentales serán las privilegiadas por los medios, nacionales e internacionales. En estos momentos podemos encontrar titulares como el de El Nuevo Herald “Universitarios en Venezuela reclaman autonomía y recursos”. También reivindicaciones políticas que se consideran propias de la formalidad democrática como por ejemplo el caso de las elecciones del 14 de abril en las que la oposición se negó a reconocer el triunfo del candidato Nicolás Maduro y utilizó la excusa del recuento total de los votos. Los medios acuñan las razones para alimentar el descontento y dirigen la responsabilidad hacia el gobierno. Al mismo tiempo, las medidas que trata de poner el gobierno para paliar la situación, por ejemplo de desabastecimiento, son presentadas como autoritarias. Así el diario El País titulaba “Maduro ordena militarizar los super”.

La imagen de caos y crispación es evidente en casi todos los titulares de El País, buque insignia de la corporación mediática PRISA (fuertemente participada por capital estadounidense), tales como “La oposición venezolana denuncia ‘in extremis’ el fraude electoral”, “La caza del dólar en Venezuela”, “Venezuela asoma como punto de salida internacional de la cocaína”, “Chávez nos sentenció a la guerra”, “Venezuela echa a tres diplomáticos de Estados Unidos acusados de sabotaje”. Las élites venezolanas se sienten permanentemente amenazadas por el proceso de transformación y reformas económicas que ha puesto en marcha la revolución bolivariana, pero también Estados Unidos y sus socios sienten desde hace 14 años esa amenaza pues ven cómo América Latina, liderada por Venezuela, se escapa a sus planes neo-coloniales a través de la integración regional, la defensa de la soberanía y la independencia.

El golpe de estado se ha convertido en una prioridad de la agenda política no solo de la oposición venezolana sino de Estados Unidos y Europa. El golpe que destituyó al presidente Manuel Zelaya en Honduras (2009), el frustrado golpe en Ecuador (2010), el golpe encubierto al presidente Fernando Lugo en Paraguay (2012), además de revertir los procesos transformadores de estos países tienen como función rodear a Venezuela de gobiernos hostiles, debilitar y frustrar los procesos de integración regional como el ALBA o la CELAC. De ahí que las corporaciones mediáticas tanto locales como internacionales se empleen a fondo contra el proceso venezolano.

A pesar de que históricamente ha sido posible demostrar la implicación de los medios de comunicación en los golpes de estado, por ejemplo, El Mercurio y La Tercera en Chile en 1973, o Rctv, Globovisión, Venevisión y Televen, en el golpe de Estado del 11 de abril del 2002 en Venezuela, ninguno de los responsables de estas empresas de comunicación está en la cárcel. La libertad de expresión ha sido y sigue siendo la cobertura legal que garantiza la impunidad de las corporaciones mediáticas en su servicio a las guerras encubiertas; y el subterfugio para operar sin restricciones contra gobiernos democráticamente elegidos.

(1) El derecho a la libertad de información originalmente no se refiere a la libertad de los medios de comunicación para informar o publicar noticias sino al derecho de acceso a la información en manos de organismos públicos que tiene que ser accesible a todos los ciudadanos. La libertad de expresión es un derecho individual que utilizan los periodistas y dueños de periódicos para protegerse cuando son acusados de manipulación, falsedad, etc.

*Ángeles Diez es Doctora en CC. Políticas y Sociología. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid.

Artículo escrito para Venezuela es noticia, boletín informativo sobre la actualidad venezolana editado por la Embajada venezolana en España. 03 de octubre de 2013.

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Ángeles Diez*

El caso de Siria es uno de los más paradigmáticos en los que desde 2011 se evidencian con claridad el papel legitimador de la guerra jugado por ciertos intelectuales de izquierda. Una parte importante de éstos ha optado por servir de coro a la guerra mediática contra Siria investidos de un áurea ilustrada y cargados de principios morales de factura  occidental. Desde sus púlpitos en los medios alternativos pero también en los masivos elaboran explicaciones, justificaciones y relatos que presentan como principios éticos cuando en realidad se trata de su opción política. Ridiculizan y simplifican, manipulan y tergiversan la opción de los militantes antiimperialistas e incluso se permiten enmendar la plana a los gobiernos latinoamericanos que, defendiendo la soberanía y el principio de no injerencia, se oponen a la guerra contra Siria.

En junio de 2003 en el marco de la guerra y ocupación de Iraq no fue muy complicado, en el ámbito universitario, en el de la cultura y en la militancia de izquierdas, que se alzaran cientos de voces contra la guerra; fuimos capaces de reconocer las trampas discursivas, capaces de descubrir los intereses del imperio y sus socios, de desvelar las mentiras mediáticas y sobre todo de establecer prioridades en la movilización y la denuncia. No pudimos parar la guerra ni la ocupación de Iraq pero pusimos los cimientos de un movimiento antiimperialista que podría haber sido el freno de mano de la barbarie bélica y que, de alguna manera, aplazó el objetivo de continuar la neocolonización de la zona.

Si en el 2003 nos fue relativamente fácil movilizarnos contra la guerra en Iraq y los planes imperiales, lo cual no significaba apoyar ninguna dictadura, muchos nos hacemos ahora la pregunta: ¿Qué ha pasado para que no surja o para que no se dé continuidad al movimiento que emergió en el 2003? Seguramente haya diversas razones entrecruzadas pero me gustaría destacar dos que me parecen centrales: los medios de comunicación masivos han hecho un buen trabajo disuasorio y una parte de los intelectuales de izquierdas que antes eran  referentes políticos contra la guerra han optado por servir en el otro bando.

• Intelectuales de izquierda al servicio de la legitimación bélica

Que los medios masivos mienten, tergiversan, ocultan, señalan, dan forma y rostro a nuestros enemigos es una evidencia repetida una y otra vez en la historia. Lo hacen no porque sean instrumentos del imperio, no, lo hacen porque son parte consustancial del poder. Pero la justificación de las guerras, la “fabricación del consenso” que diría Chomsky, no sólo se hace a través de las corporaciones mediáticas. La propaganda es un sistema en el que se insertan las empresas mediáticas, la clase política y sus discursos, la cultura occidental prepotente y colonialista, los periodistas, los artistas, los intelectuales, los académicos y los filósofos mediáticos. Todos estos intelectuales se han convertido en un “clero secular”que “optan por jugar un papel fundamental en la interiorización de la ideología de la guerra humanitaria como un mecanismo de legitimación” (Bricmont, 2005:126). Unos conscientemente, otros no tanto, se han puesto al servicio de la propaganda de guerra del imperio.

Lo interesante es que esta cohorte creadora de opinión pública antes se reclutaba en las filas conservadoras, en las liberales y una parte en las de los socialdemócratas (recordemos la campaña del PSOE con “la OTAN de entrada No”) pero desde la guerra de Yugoslavia (1999) son cada vez más los grupos de intelectuales que proceden o se reclaman revolucionarios de izquierda, anticapitalistas y antiimperialistas. Se explican a sí mismos con argumentos morales universalistas y humanitarios: luchar contra las dictaduras (estén donde estén) y defender la causa de los pueblos (siendo éstos las mujeres afganas, los insurgentes libios, los manifestantes sirios o la parte de pueblo que los medios masivos señalen como víctima de las dictaduras).

Algunos de estos intelectuales enarbolaron el “No a la guerra” contra Iraq en el 2003, sin embargo, desde el inicio de las llamadas “primaveras árabes” tocan en la misma orquesta que sus gobiernos llamando al derrocamiento del tirano Bashar Al-Assad y a la transición democrática en Siria; incluso hay quien reclama la intervención militar de Occidente como la novelista Almudena Grandes: “Al fondo está El Asad, un dictador, un tirano, un asesino en serie que resultará el único beneficiario de la no intervención”.

Suponemos que para ellos Sadam Huseín era menos dictador que Al-Assad o quizá se trate de que en esa guerra había cientos de miles de ciudadanos en las calles gritando “No a la guerra”, caso que no se da ahora.

El papel que juega este “clero secularizado” es doble: por un lado suministran argumentos justificadores de la intervención armada; por otro, dividen, debilitan o bloquean cada vez con mayor intensidad el surgimiento de una oposición fuerte a las guerras imperiales.

Unas veces por ignorancia política, otras por confusión pero la mayoría de las veces por un sentido subyacente de superioridad moral como intelectuales del mundo desarrollado, esta “izquierda”  ha interiorizado los argumentos de la derecha. Según Bricmont, se ha movido en dos actitudes: a) lo que llama el imperialismo humanitario, que se apoya en creer que nuestros “valores universales” (la idea de libertad, democracia) nos obligan a intervenir en cualquier lugar. Sería una especie de deber moral (derecho de injerencia); b) el “relativismo cultural”, que parte de que no hay costumbres buenas o malas. Tendríamos el caso de que si hay un movimiento wahabista o fundamentalista que se revela contra la represión hay que aplaudirlo porque “los pueblos no se equivocan” o, como me explicó un filósofo español “cuando los pueblos hablan, la geoestrategia calla”.

• Extrañas coincidencias por la libertad y la democracia 

La dominación imperial es siempre militar pero necesita una ideología que la justifique para eliminar resistencias en la retaguardia. Hoy día, gracias a la complejidad del sistema de propaganda cada vez más sofisticado, tecnificado y efectivo, una gran parte de la construcción de esta ideología legitimadora está en manos de una izquierda, ahora ya respetable, que cuenta con credibilidad para la opinión pública crítica gracias a su currículo como defensora de la causa palestina. El núcleo duro de los discursos legitimadores se ha desplazado de la ya clásica “libertad” a la críptica “dignidad” y mantiene la “democracia” y los derechos humanos como consignas. La democracia como “la intervención soñada” del filósofo Santiago Alba sirve de utopía light para sumar adeptos y confundir los deseos con la realidad.

Sin embargo, hay ocasiones en las que la consigna de la libertad emerge cual ave fénix cuando el público al que se dirigen es demasiado occidentalizado para desentrañar el enigma de la “dignidad”. Dice Bricmont que justo cuando el imperio abandona el lenguaje de la libertad porque ya no resulta creíble lo retoma este clero humanitarista. Así, en el llamamiento de la Campaña de solidaridad global con la Revolución Siria firmado entre otros por G. Achcar, S. Alba y Tariq Ali cuyo título es “solidaridad con la lucha siria por la dignidad y la libertad”, en apenas dos páginas se utiliza 14 veces la palabra libertad.

A medida que la guerra mediática contra Siria se ha ido recrudeciendo han aumentado las coincidencias entre los relatos imperiales y los discursos de los que dicen apoyar a los “revolucionarios sirios”. Sigamos con  los ejemplos ilustrativos y  comparemos el “llamamiento de Solidaridad global con la Revolución Siria” con la declaración conjunta sobre Siria que firmaron 11 países en el marco de la reunión del G20, a propuesta de Estados Unidos, para forzar un frente de estados que apoyen la intervención armada.

En el llamamiento del clero humanitarista se apuntan los siguientes argumentos:

1) En Siria hay una revolución en marcha.

2) El único responsable de las muertes, de la militarización del conflicto y de la polarización de la sociedad es B. Al-Assad.

3) Hay que apoyar a los revolucionarios sirios porque “luchan por la libertad a nivel regional y mundial”.

4) Hay que “apoyar una transición pacífica hacia la democracia para que decidan los propios sirios”.

5) Se pide una “Siria libre, unificada e independiente”.

6)Se  pide ayuda a todos los refugiados y desplazados internos sirios.

En la web de la campaña se introduce el texto del llamamiento especificando que “la revolución del pueblo debe ser apoyada por todos los medios” –suponemos que “todos los medios” significa todos los medios–, y se exige que B. Al-Assad dimita, sea juzgado y se ponga fin al apoyo militar y financiero al régimen sirio, sólo al “régimen sirio”.

Por su parte la declaración conjunta de Estados Unidos y sus socios, entre los que curiosamente no se encuentra ningún país latinoamericano y el único árabe es Arabia Saudita, expone los siguientes tópicos:

1) Condena exclusivamente al gobierno sirio al que hace responsable del ataque con armas químicas.

2) La guerra contra Siria es para defender al resto del mundo de las armas químicas evitando su proliferación.

3) La intervención trataría de evitar males mayores: “un mayor sufrimiento del pueblo sirio y la inestabilidad regional”.

4) Se condena la violación de los Derechos humanos “por todas las partes”.

5) Se pide una salida política, no militar y se dice: “Estamos comprometidos con una solución política que se traduzca en una Siria unida, incluyente y democrática”.

6) Se llama a la asistencia humanitaria, a los donantes y a la ayuda a las necesidades del pueblo sirio.

En la comparación de ambos textos lo sorprendente es que en el primero se destila un aire mucho más belicista, no se reconoce que haya dos bandos en el conflicto, la responsabilidad se reduce a B. Al-Assad, se justifica el apoyo a los “revolucionarios sirios” porque están haciendo la revolución mundial y  no se plantea una salida política sino la derrota del gobierno sirio. Pareciera que este llamamiento hubiera sido redactado precisamente por uno de los bandos en conflicto que se arroga la portavocía del pueblo sirio en su conjunto.

• Las trampas del lenguaje: “Condenamos la intervención, ni con unos ni con otros, los pueblos siempre tienen razón” 

La construcción de la ideología del imperialismo humanitario ha tenido distintos recorridos. Como decíamos al inicio de esta intervención, ha sido el estandarte de la izquierda biempensante (parte de ella vinculada al trotskismo de la Cuarta Internacional) que desde la guerra contra Yugoslavia (1999) fue dando forma a un discurso moralista cómodo que la homologaba como “izquierda respetable” aunque se declarara “anticapitalista”.

Si analizamos algunos de sus discursos sobre Siria encontramos las pautas que se repiten. En primer lugar hay que dejar claro constantemente el punto de partida antiimperialista, y negar que se esté con “la intervención militar extranjera”, como hace G. Achcar en el artículo “Contra la intervención militar extranjera, apoyo a la revuelta popular siria”, o S. Alba en “Siria, la intervención soñada” que termina con un “condeno, condeno, condeno, la intervención militar estadounidense”. Decía V. Klemperer en su obra La lengua del Tercer Reich que “el lenguaje saca a la luz aquello que una persona quiere ocultar de forma deliberada, ante otros o ante sí mismo, y aquello que lleva dentro inconscientemente”. El clero humanitarista no está a favor de la intervención militar pero se ve obligado a repetirlo constantemente en sus escritos y conferencias como si el público al que se dirigen no estuviera del todo convencido. Tampoco conviene hablar de guerra y por tanto se utiliza constantemente el eufemismo “intervención militar extranjera” o “intervención militar estadounidense”.

 Ni con Estados Unidos ni con B. Al-Assad. La equidistancia es sin duda un refugio ideal para las buenas conciencias y tiene la ventaja de la ambigüedad que permite posicionarse en un lado o en otro según discurran los acontecimientos. Se trata de una falsa simetría que coloca en el mismo plano al agresor y al agredido. Si en una situación en la que un estado o un conjunto de estados amenazan y declaran la guerra a otro nos declaramos neutros, en realidad, apoyamos la opción del más fuerte. No ha sido Siria quien ha declarado la guerra a Estados Unidos o a Europa y comparativamente el poderío y la capacidad bélica de Siria respecto al imperio y sus socios (armas químicas, nucleares y convencionales) es incomparable.

Al clero humanitarista no le convence el posicionamiento “ni-ni” y trata por todos los medios de decantar las opiniones hacia el lado del bando donde se encuentran los llamados “revolucionarios sirios”. En ese intento no escatima adjetivos contra el gobierno sirio y su presidente y se sitúan por encima de la realidad o la veracidad de los hechos; tenemos así a S. Alba diciendo que es un hecho irrefutable que “con independencia de que haya usado o no armas químicas contra su propio pueblo, el régimen dictatorial de la dinastía Assad es el responsable primero y directo de la destrucción de Siria, del sufrimiento de su población y de todas las consecuencias, humanas, políticas y regionales que se deriven de ahí”; o a Almudena Grandes calificando a El Assad como “asesino en serie”. Pero lo cierto es que, como dice Bricmont, “en tiempos de guerra denunciar los crímenes del adversario, aun suponiendo que estén sólidamente fundamentados, algo que con frecuencia no es así, acaba contribuyendo a estimular el odio que hace que la guerra sea aceptable”(2005:193).

Otro de los tópicos clásicos es estar del lado de los pueblos. Aquí tenemos un escollo difícil de salvar ya que, en el caso de las primaveras árabes, los gobiernos imperiales se han posicionado claramente a favor de los pueblos y han sido los primeros en señalar su apoyo a los “revolucionarios” sirios. La explicación más rocambolesca de estos intelectuales humanitarios es la pura casualidad, el cinismo o las intenciones perversas del imperio que le lleva a apoyar a los pueblos árabes para luego apropiarse de las revoluciones e imponer sus propios intereses. La realidad es, según ellos, que ni a Estados Unidos ni a Europa les interesa intervenir militarmente en Siria. Pero cuando los “rebeldes y los refugiados sirios”, como antes hicieron los rebeldes libios, manifiestan que “anhelan el ataque de Estados Unidos a Siria”, se complica la definición de “revolucionarios” y la de “pueblo”, pues, ¿quién es ese pueblo revolucionario o parte del pueblo que clama por un ataque militar de otros estados?

Dada la complejidad de la situación, refugiémonos en nuestros principios 

Aunque podemos denunciar a las corporaciones mediáticas, a los políticos y publicistas que nos siguen vendiendo la guerra con la misma retórica moralista y con prácticas cínicas, el problema es que les sigue funcionando, por lo menos con la gente poco concienciada. La novedad es que ahora disponen de una cohorte de filósofos, intelectuales y artistas que se venden como estrellas mediáticas, aunque sea en medios alternativos, que incluso se creen lo que dicen, creen defender realmente los derechos humanos y estar del lado de los pueblos, pero su labor ha sido la de acompañar los discursos imperialistas y bloquear el surgimiento de movimientos de oposición a la guerra enfangándonos en discusiones estériles sobre su propio posicionamiento.

Sus textos, conferencias e intervenciones mediáticas han tenido una gran eficacia para confundir, persuadir y culpabilizar a los activistas contra la guerra, a la gente más dispuesta a ofrecer resistencia efectiva a la guerra imperial y a la propaganda de guerra. Para curarse en salud suelen afirmar que todo es más complejo, impredecible, de modo que la única opción que nos queda como gente buena que somos es refugiarnos en nuestra buena conciencia. Si nuestros conocimientos y retórica son tergiversados y utilizados para favorecer el apoyo a la guerra será un efecto no querido, un daño colateral por el que no se nos puede responsabilizar.

Lo cierto es que los discursos, los llamamientos y las exigencias del clero humanitarista no tienen la más mínima repercusión sobre los gobiernos occidentales, pero también es cierto que sí afectan a la posibilidad de un movimiento antiimperialista. Quisiera terminar con unas palabras de R. Sánchez Ferlosio sobre la guerra: “Aparte de unos pocos exaltados todos vemos la guerra con matices pero en momentos decisivos los matices no pueden ser el lastre que nos impida oponernos a la guerra con la contundencia necesaria. Ni debemos dejar que se conviertan en munición en nuestra contra. Es nuestra responsabilidad política”.

*Ángeles Diez Rodríguez es Dra. en Cc. Sociales y políticas, y profesora de la UCM (Texto correspondiente a la conferencia impartida en el Ateneo de Madrid el 9 de septiembre de 2013)

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