A propósito de la vigorosa rebelión  peruana, creo imprescindible subrayar el papel decisivo de los pueblos y de sus luchas políticas y sociales en la gestación y el avance de los gobiernos progresistas. De la misma manera que este avance fue indispensable en la generación de una arquitectura de organizaciones regionales o subregionales, entre ellas la CELAC, que buscaban la unidad e integración de América Latina y el Caribe. Pues si surgió Hugo Chávez, un primer ciclo de gobiernos progresistas y la mencionada arquitectura en el tránsito del siglo XX al XXI mucho tuvo que ver en su gestación el caracazo y, en general, un ciclo de dura resistencia popular latinoamericana y caribeña contra las políticas neoliberales.  Estas, mediante multiformes movilizaciones populares ahora lograban imponer su hegemonía  mediante el sufragio. Algo impensable, salvo contadas excepciones, unos años antes. Todavía no se ha discutido a fondo el papel de los movimientos armados y los de militares patriotas para posibilitar a las organizaciones revolucionarias y  progresistas llegar al gobierno por vía electoral.

Pero las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas enfrentan hoy nuevos y graves desafíos. El más importante de ellos es el ascenso de las extremas derechas  y del  neofascismo, dispuestos a utilizar todos los medios para derrocar o desconocer las victorias  de las fuerzas progresistas, como hemos visto recientemente en Brasil o se observa en Argentina con hechos tan ominosos como el intento de asesinato de la vicepresidenta  Cristina Fernández de Kirchner y las embestidas contra la democracia del partido judicial aliado al macrismo. O, en los días previos a la VII Cumbre de CELAC, las provocaciones y actos de violencia contra el  presidente Nicolás Maduro que preparaban las fuerzas políticas vinculadas al ex presidente Macri y sus amiguetes de Miami , siempre asociados a las embajadas de Estados Unidos e Israel. El tiro les salió por la culata pues no pudieron conseguir su objetivo de reventar la reunión y aunque el presidente Maduro se abstuvo muy acertadamente de viajar, la presencia venezolana y bolivariana fue muy activa.

Mientras tanto, en Perú continuaba con la mayor  pujanza el único movimiento popular a escala nacional movilizado en toda su historia tras demandas políticas, según lo catalogaba Hector Béjar, uno de los intelectuales y luchadores sociales más lúcidos del país. Y agregaba: estamos en un proceso destituyente del antiguo sistema y constituyente de uno nuevo. Y lo más probable es que… si este movimiento subsiste y se incrementa, la demanda por una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución continuará creciendo hasta hacerse hegemónica.

 En otras palabras, la dictadura parlamentario-militar-mediática de extrema derecha implantada plenamente en el país andino después del golpe de Estado contra el presidente constitucional Pedro Castillo ha cerrado los caminos políticos. Pero el hecho de gran  notoriedad política es que el creativo movimiento popular peruano está demostrando, con valentía e inteligencia, que, no obstante la feroz represión policial y militar de la señora Boluarte,  puede reabrir esos caminos y, eventualmente, llegar a imponer su agenda a través de la movilización de masas.  Después de ser derrotada la extrema derecha regional en su intento de abortar la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, en Perú se gesta lo que podría ser otro gran derrota para ella, si el movimiento popular, como ha sido apuntado antes, consiguiera hacer hegemónicos sus reclamos de convocatoria a una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución que revoque la fujimorista, en vigor actualmente, Debe considerarse que quechuas y  aimaras, fundamentales protagonistas de la  rebelión peruana, junto a estudiantes, trabajadores, pequeños empresarios y cada vez más regiones y capas de la  población que se les suman, no pueden haber  dejado de tomar nota de la contundente victoria  de sus hermanos bolivianos contra el golpismo y la dictadura que pretendieron tronchar su proceso emancipador.

La VII Cumbre de la CELAC puede calificarse de histórica.   Con la presidencia argentina continuó el camino de reanimación de la unidad e integración latinocaribeña tan brillantemente iniciado por México y relanzó, con la importantísima reincorporación del Brasil de Lula, una nueva etapa muy prometedora de trabajo. Con la elección como nuevo presidente pro tempore de San Vicente y las Granadinas, por primera vez recae esa responsabilidad en el Caribe de habla inglesa. Su experimentado primer ministro, el capaz Ralph Gonsalves seguramente le dará un nuevo impulso. Fueron muy notables las condenas, reiteradas en varios documentos, al criminal bloqueo a Cuba y la exigencia para que Washington la excluya de su  espuria y  dañina lista de países supuestamente promotores del terrorismo, otra terrible vuelta de tuerca al bloqueo.

@aguerraguerra

El intento de golpe de Estado bolsonarista fascista del 8 de enero en Brasilia no es un hecho meramente local. Todo indica que contó con auspicio internacional. Está lejos de tratarse de una revuelta espontánea pues son innumerables los hechos que demuestran un alto grado de organización, coordinación y financiamiento previos al asalto y vandalización a las principales instituciones representativas de las tres ramas  del poder del Estado en Brasil, nada menos que  el Congreso, el Palacio de Planalto y la sede del Supremo Tribunal Federal. Esa relación con el apoyo de  una organización internacional tras el conato  golpista y otros graves intentos subversivos que ocurren en nuestra región ha sido señalada por varios analistas pero no he leído ninguno tan precuso como el del cubano Hedelberto López  Blanch(https://bit.ly/3Zrc9Rw).    

Él nos recuerda la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en México, los días 18 y 19 de noviembre pasado, “la organización ultraderechista más grande del mundo, creada y controlada desde hace medio siglo por la Unión Conservadora Estadounidense, que realiza una o dos reuniones al año y donde más de 100 organizaciones contribuyen con abundante capital”.  El autor cita la presencia en la cita de Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair, quien en una de sus  intervenciones afirmó: ““se deben juntar energías para poner en marcha la lucha por la libertad en Brasil, México y de la región latinoamericana”, todo en medio de  alertas contra el avance del  socialismo,  como ellos denominan el menor intento de revertir las políticas neoliberales.

En cuanto a la planificación y financiamiento del asalto a las más   altas instituciones  de la república brasileña son abrumadoras las evidencias en las propias redes digitales, en las que se informó con antelación de la convocatoria a Brasilia “con  desayuno, almuerzo y cena pagados” y por supuesto, la movilización de 100  ómnibus para el traslado. En numerosas publicaciones en esos medios se mencionaban los tres edificios oficiales posteriormente invadidos y hastase decía que acamparían en el Planalto. Lo que es asombroso es que nadie informara al presidente Lula de estos preparativos. Ni siquiera la inteligencia nacional. Luce natural que cuando menos algunos de sus colaboradores deben haber conocido los anuncios y  acaso los subestimaran. También parece un descuido muy grande de quienes están encargados de la seguridad y la defensa en el gabinete de Lula el haber dejado en sus cargos a los bolsonaristas jefe del gobierno de Brasilia y jefe de la seguridad de la ciudad. Por ciento, este último vio al  parecer en Miami las escenas en la tele del asalto a  los edificios gubernamentales sentado al lado del ex presidente. Esto explica la débil custodia  policial con que se topó la turba y la inacción cuando no complicidad de la  policía militar dependiente del gobierno de Brasilia. Un hecho muy sospechoso es la no entrada en acción del batallón siempre de guardia en el subsuelo del Palacio de Planalto. Este, dependiente del alto mando de las fuerzas armadas. La inacción de los generales ante los campamentos de bolsonaristas emplazados frente a los cuarteles del ejército, especialmente frente a la jefatura de las fuerzas armadas, provocó el mordaz comentario de Lula sobre la pasividad de los generales y que “parecía gustarles” los llamados a derrocarlo que hacían las turbas allí reunidas.

El papel de las redes digitales en la rebelión bolsonarista y ultraderechista a escala global merece un capítulo aparte y sobre el tema y  la amenaza que significan esas redes, en manos de megamonopolios privados, para lo que queda de democracia en el mundo se han publicado dos espléndidos artículos de Ignacio Ramonet(https://bit.ly/3iqpAAJ) y Eduardo Febbro(https://bit.ly/3kbpYmO).

Lula ha actuado vigorosamente en la defensa y protección de la institucionalidad. Sale fortalecido de este lance. Según Datafolhs 93 por ciento de los brasileños censura la intentona golpista.  El prestigio de Bolsonaro  pasa por horas  bajas. Pero el bolsonarismo  está vivo y ya planeaba una nueva movilización en Brasilia  esta sema que ha hecho al gobierno reforzar las medidas de seguridad.  La apuesta  de la ultraderecha (y su nueva aliada) la derecha en nuestra región es al caos y la ingobernabilidad. El principal recurso de los gobiernos progresistas es el apoyo de masas como se demuestra en México donde López Obrador la mantiene a raya con su enorme aceptación popular. A ello tendrá que recurrir el incansable y experimentado Lula con su carisma para consolidar su gobierno y  avanzar en su prometedor programa de salvación nacional.

@aguerraguerra                                                          

Quienes se dicen satisfechos con la supuesta constitucionalidad  de la brutal destitución del presidente Pedro Castillo por la dictadura parlamentaria peruana, le hacen un flaco favor al movimiento democrático y progresista, ya sea consciente o inconscientemente. De la comprensión de esta realidad depende el grado de lucidez de un político progresista o revolucionario  en  la dura disputa por nuestra América entre las fuerzas populares y el imperialismo asociado a las serviles derechas locales.  

Castillo no intentó ningún golpe. En cambio, sí lo llevaron a cabo la neoligarquía peruana, los medios hegemónicos nacionales e internacionales,  el corrupto fujimorismo, las transnacionales mineras y la derecha internacional simbolizada en Mario Varga Llosa, ese gran escritor peruano devenido ciudadano español y marqués de los borbones. La candidatura del líder magisterial fue repudiada por las racistas y  clasistas elites peruanas no más dada a conocer y nunca tuvo la simpatía de las fuerzas armadas, que inclinaron la balanza contra el presidente a  la hora decisiva. Desde el principio de su mandato no dieron un minuto  de tregua al  maestro y campesino cholo y serrano. Cuando se conoció que había ganado la primera vuelta en las elecciones, toda la derecha y el capital se volvieron contra él. Muchos que, como Vargas Llosa, habían dicho pestes contra la dictadura fujimorista y su sucesora Keiko  – corrupta y reaccionaria, como su padre- se convirtieron en activistas de su candidatura. 

Castillo, en un acto insólito, lo hicieron esperar 42 días para la toma de posesión a fin de propiciar que la hija del dictador y los medios crearan el sentido común de que el maestro había llegado a la presidencia mediante un fraude electoral, buscado  con lupa y nunca demostrado. Cuando se va a la esencia, queda claro que Castillo fue víctima del golpismo,  común hoy  a todas las derechas cuando la democracia no satisface sus intereses.   Cierto, el presidente, acosado, sometido ya a dos votos de vacancia(destitución) que no tuvieron mayoría y en circunstancias no acalaradas disolvió el Congreso y llamó a elegir una Asamblea Constituyente, exactamente la clamorosa exigencia popular del Perú profundo que hoy inunda las calles del país, pero al hacerlo vulneró la Constitución fujimorista y dio pie para el éxito del voto de vacancia y su ilegal secuestro por la policía. Pero formalidades aparte, su caso está en total sintonía  con los golpes parlamentarios, mediáticos o militares contra otros líderes progresistas y revolucionarios de la región.

Si censuramos los viles e inconstitucionales golpes o exclusiones ilegales  y antidemocráticas contra los presidentes Zelaya o Lugo, contra Dilma, Cristina, Evo o Correa. O el juicio y condena espuria  contra Lula para impedirle ganar la carrera presidencial al impresentable Bolsonaro,  con la misma vara debemos medir el golpismo contra Castillo. A su escala y circunstancia, el maestro sufrió los embates del golpe continuado desde que se anunció su candidatura hasta hace unos días, el fatídico 7  de diciembre. Lo mismo que intentaron en Venezuela y, con peculiaridades únicas, contra Cuba aunque hayan fracasado en ambos casos.  Cuba, con el bloqueo yanqui de  60 años como telón de fondo de una guerra no convencional que ha pasado por invasiones, olas terroristas, guerra mediática recientemente incrementada, junto a un endurecimiento  sin precedente de  la asfixia económica.

Volviendo a Perú,  ¿cómo su pueblo sí ha entendido tan cabalmente el tiro de gracia que pretende asestarle a los más elementales derechos democráticos el  parlamento mafioso y dictatorial? Si, saben que Pedro Castillo cometió el error de hacer concesiones a la derecha para sostenerse, de no apelar a la movilización social sino cuando fue muy tarde para defender el encargo que le entregaron los nadies del Perú. No es casual que hayan sido  los líderes de México, Cuba, Venezuela y Bolivia los que más temprano enfatizaron en el carácter racista y golpista de la destitución de Castillo.

Desde días antes venía advirtiendo  AMLO los peligros que corría el gobierno del maestro. Consecuente con su tradición, le ofreció asilo político en cuanto se supo de su  destitución y apresamiento inconstitucional. Incluso en los  términos de la constitución fujimorista, que es gran parte del problema del sistema político peruano. Es todo un poema la contentura de Washington y del jefe de la OEA, Luis Almagro, con este desenlace profundamente autoritario y antipopular empujado por un Congreso rechazado por la gran mayoría de peruanos. O renuncia el Congreso y un gobierno provisional convoca a elecciones verdaderamente democráticas y a una Asamblea Constituyente que eche al bote la Constitución fujimorista y redacta una nueva, o correrá en Perú quién sabe cuánta más sangre inocente

@aguerraguerra

La feroz política de agresión económica del gobierno de Donald Trump contra Cuba, mantenida, por cierto, casi intacta por Joe  Biden hasta la fecha  es el centro de este artículo. Pero antes de entrar en  esa materia invito al lector a compartir algunas consideraciones  sobre  la historia de la guerra económica de Estados Unidos(EU) contra la  isla.

Esa guerra no comenzó con la orden ejecutiva 3447 del presidente  John Kennedy el 3 de febrero de 1962, aunque haya sido el primer paso  importante para institucionalizar el bloqueo. Tampoco en 1960 cuando el presidente Dwight Eisenhower suprimió la mayoría de las exportaciones cubanas a ese país. En rigor, la guerra económica contra la isla y, consecuentemente, los prolegómenos  del bloqueo, comenzaron a raíz del triunfo de la Revolución con la  acogida por EU de los funcionarios de la dictadura de Batista que huyeron a ese país llevando consigo millones de dólares robados al presupuesto de la nación. Washington les dio asilo y protección, como hizo con los cientos de criminales de guerra y torturadores que logaron fugarse hacia sus costas después de la victoria revolucionaria.  Claro, esos fondos nunca fueron devueltos a Cuba. De modo que, visto así, el bloqueo entró en su año 64, los mismos que pronto llevará la Revolución en el poder.

El bloqueo ha sido una política inhumana pues obstaculiza gravemente el desarrollo económico y social de Cuba y,  por consiguiente, dificulta severamente  la vida cotidiana de los cubanos y cubanas. Nunca se ha iniciado su desmantelamiento, ni siquiera por  el gobierno de Obama, aunque este facilitara una importante flexibilización de las medidas agresivas contra Cuba y, con el establecimiento de relaciones diplomáticas,  iniciara el largo camino hacia una relativa normalización de los vínculos entre los dos países. Pero el bloqueo –siempre ilegal, inmoral y genocida- fue intensificado hasta extremos insólitos por Donald Trump, con la  asesoría y activa participación de la mafia de Miami: los Marco Rubio, Díaz Balart etc.

Hay que tenerlo claro, desde entonces se inició el casi total desmantelamiento de la precaria inserción que, pese al bloqueo, había logrado Cuba en el sistema económico, financiero y comercial internacional. Esto condujo a que el día a día de las personas se convirtiera en un duro rosario  de penurias,  desde la incertidumbre de cuantas horas de apagón  tocarán, cómo alimentar a la familia al día siguiente, cómo transportarse para acudir al trabajo, la incertidumbre de si al llegar a la farmacia encontrarán un medicamento indispensable para la supervivencia como la insulina o  un hipotensor,  o un simple analgésico para mitigar el malestar.

Mediante una campaña muy bien orquestada de calumnias y presiones diplomáticas contra la colaboración médica cubana, que continúa con Biden, Trump atacó la primera fuente de ingresos de Cuba y privó de atención de salud a millones de personas en el mundo en países como Brasil, Ecuador y la Bolivia dictatorial de Áñez, cuyos gobiernos títeres expulsaron a los doctores de  la isla. Como reconoció The New York Times, la covid-19 hizo mucho más daño en esos países debido a la expulsión de los médicos cubanos. Igualmente, Trump afectó severamente al turismo, la segunda fuente de ingresos de la isla, al cancelar decenass de vuelos que se dirigían varios días por semana a las más importantes ciudades de provincia y suprimir los viajes de cruceros que visitaban diariamente La Habana, entre otras medidas. También cortó los lazos financieros de Cuba en el mundo al imponer enormes multas a las entidades sospechosas de relacionarse con ella.

En medio de la pandemia, como ha denunciado un informe muy completo sobre el bloqueo de la prestigiosa ONG Oxfam[CM1] (https://bit.ly/3RUFjUC), el magnate arreció las ilegales medidas coercitivas contra la isla.  En ese período adoptó 63 medidas contra la economía  cubana, sumadas a más de 200 que había tomado ya. No contento con esto, apeló a lo más vil: incluir a Cuba en la ilegal y espuria lista de países promotores del terrorismo que cada año elabora EU , la cual, por sí sola, inhibe a empresas y bancos de hacer negocios con cualquier Estado que la integre por temor a las duras “sanciones” de la potencia norteña.

Pero creo que nada define mejor las diabólicas medidas del bloqueo a Cuba que una frase, citada en el informe de Oxfam, del Departamento de Contraloría del gobierno de EU: “El embargo contra Cuba es uno de los conjuntos más completos de sanciones impuestos… a cualquier país, incluidos los demás países designados como promotores del terrorismo”. El supuesto faro de la democracia y los derechos humanos en  el mundo mantiene esta medida extraterritorial contra la opinión casi unánime de los demás Estados de la ONU y contra su propia opinión pública. Pero Cuba sigue en pie de lucha por el desarrollo y el bienestar de su pueblo, con o sin bloqueo.

@aguerraguerra

Desde 2019 la derecha chilena solo recibía derrotas. Pero este 4 de septiembre consiguió anotarse una victoria importante con el contundente rechazo de los electores a la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional(CC). El gobierno del presidente Gabriel Boric y numerosos movimientos sociales le habían apostado a la opción “apruebo”. Por su parte, toda la derecha y parte de la llamada centroizquierda había hecho lo propio con el “rechazo”. Mientras este recibió 61.86 por ciento de los votos, el apruebo solo obtuvo 38.14, con la mayor participación de votantes en una elección chilena: 13 021 063, más del 85 por ciento de las personas registradas. En este dato influye notablemente el restablecimiento del voto obligatorio después de 10 años de haber sido suprimido. Muchos de los anteriores abstencionistas ahora votaron contra el texto propuesto.

No obstante, sería un grave error considerar que la votación contra la propuesta significa en modo alguno que la mayoría de los electores apoya la constitución pinochetista. No es así. No debe olvidarse que uno de los reclamos más reiterados de la rebelión popular de octubre de 2019 fue la exigencia de derogar ese detestado instrumento. Más aun, en el plebiscito de entrada hace dos años, casi 80 por ciento se manifestó por redactar una nueva constitución. De modo que lo que sí ha sido cuestionado es el texto propuesto por la CC. Pero en que la constitución actual debe modificarse coincide hasta gran parte de la derecha y a lograrlo se ha comprometido formalmente, aunque sea de dientes para afuera.

Ahora bien, ¿cuáles son las causas que provocaron un rechazo popular tan monumental al texto plebiscitado? Tengo muchas preguntas sin respuesta y algunas hipótesis. La primera es que el neoliberalismo chileno es probablemente el que tuvo mayor extensión y calado, acaso en el mundo, no solo en la economía sino en la cultura, en crear una subjetividad social enajenada. Es sabido el alto grado de individualismo y el extraordinario afán consumista sembrado en el país austral por las políticas de la Escuela de Chicago y me temo que eso no ha cambiado tanto como desearíamos. En Chile no ha ocurrido ni una revolución clásica ni tampoco una transformación social como las que se han producido en otros países de América Latina y el Caribe. ¿Tuvieron eso en cuenta los constituyentes?

En esa nación, sin duda, se ha iniciado un vigoroso proceso de transformación social que ha influido en la elevación de la conciencia política de muchas personas. Pero las transformaciones económicas y en la redistribución de la riqueza con su correlato subjetivo, no se han efectuado. Algunas de ellas, las de mayor hondura, dependían de la aprobación del texto constitucional ahora rechazado y siguen dependiendo del que se apruebe finalmente. Pero otras dependen del gobierno de Boric, que no sé cuánto podrá hacer sin contar con mayoría parlamentaria, aunque debería cuanto antes, lograr un diálogo franco y respetuoso con el pueblo mapuche que descarte la represión.

Lo cierto es que su popularidad ha caído mucho y que es alta su desaprobación. El entorno económico le ha sido desfavorable pero pesa el incumplimiento de sus promesas de campaña, que probablemente influyera también en el resultado de la consulta. El gobierno sale más debilitado de esta coyuntura y, a juzgar por los nuevos ministros recién ingresado al gabinete, se inclinará más a las posiciones de la antigua Concertación, siempre cercanas a la ortodoxia neoliberal. Disminuyen sus posibilidades de lograr una salida propiciatoria de un nuevo texto constitucional que esté a la altura de las exigencias populares de 2019. Por otro lado está el tema de la avasalladora tiranía comunicacional de Chile, que –unida a bots y trolls- se dedicó a propagar las más burdas mentiras sobre las consecuencias de aprobar el texto propuesto. Hicieron creer a muchas personas que perderían la casa, la jubilación y otros derechos precisamente reforzados por la propuesta. Más podrían hacer ahora, envalentonada la derecha por su victoria, para impedir una constitución verdaderamente democrática, incluyente y antineoliberal.

No es fácil el camino a seguir para Boric y para las fuerzas populares que busquen rescatar la voluntad expresada por los electores y por la rebelión popular. Se perdió una gran oportunidad y ahora la derecha echará toda la carne al asador por lograr una constitución gatopardiana y con orientación neoliberal aunque haga concesiones en la retórica y en lo secundario. De ese tamaño es la responsabilidad del joven presidente con quienes, en fin de cuentas, lo colocaron donde está. En primerísimo lugar los protagonistas de 2019. No hay dudas de que la apertura de las grandes alamedas iniciada entonces quedó inconclusa y que el pueblo, de una forma u otra, luchará por continuarla.

@aguerraguerra

El último y descocado episodio de guerra judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner le está haciendo pagar un costo político alto a la  derecha, incapaz de calcular las reservas de energía política acumuladas en el pueblo. No  es ocioso recordar la petición fiscal  a la acusada: 12 años de prisión e inhabilitación vitalicia para ocupar cargos públicos.   Sin  que el fiscal presentara una sola prueba la derecha pensaba sacarse de encima a la indomable lideresa popular,  valladar ante sus planes de saqueo de los recursos naturales –el litio en primer lugar-  y de desmantelamiento de  los derechos políticos, sociales y culturales ganados durante los gobiernos kirchneristas. Planes, debe  subrayarse, que son del  mayor interés de Estados Unidos, como está más que demostrado, pero quedó otra vez manifiesto en la reciente declaración injerencista de Marc Stanley, embajador de  ese país en Buenos Aires.

La característica más importante de los líderes de la talla de Cristina es la de hacer sentirse representados por ellos a grandes sujetos colectivos. Cuando se trata de Argentina este fenómeno es teñido necesariamente por el peronismo, la identidad política que –con marcadas contradicciones- ha dado cauce al avance hacia objetivos de justicia social, democracia, soberanía nacional  y unidad latinoamericana y caribeña.  Es fácil de comprender, por eso, que desde el primer gobierno de Juan Domingo Perón el objetivo político principal de la oligarquía porteña y del imperialismo estadunidense ha sido la eliminación del peronismo, sobre todo en sus vertientes más cercanas a los anhelos populares. Para lograrlo hoy, la proscripción política de Cristina es un paso fundamental.  Lo que no pasaba por la mente a los diseñadores del fusilamiento judicial-mediático contra  ella es  la enorme solidaridad popular que desencadenaría a su favor.

La arremetida contra Cristina estimuló movilizaciones espontáneas en  todo el país, incluso en  provincias como Córdova  y Rosario, sin linaje peronista. Mientras, en Buenos Aires, los autoconvocados se reunieron en la esquina de las calles Uruguay y Juncal, donde se  levanta el edificio en que reside la vicepresidenta. Como afirmó Stella Calloni al reseñar el inesperado desbordamiento popular(La Jornada, Mundo,  29/8) , aunque lo pareciera, la gente no ha olvidado las conquistas de los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina.

Pero vino el segundo y grave error del  macrismo. Ante la enérgica pero alegre y pacífica reacción solidaria hacia Cristina de jóvenes, ancianos, trabajadores y habitantes de los barrios desfavorecidos, el gobierno de derecha de la ciudad de Buenos Aires no encontró otra respuesta que la represión, valiéndose de su cuerpo policial. En una acción ilegal, vallaron la mencionada esquina en la madrugada de viernes a  sábado y la rodearon de un grupo policial de choque, apoyado por camiones hidrantes para luego emprenderla a  palos, chorros de agua y granadas de gas  contra los movilizados. Lo que, a su vez, hizo que  se incrementara la indignación de los allí reunidos y que vinieran nuevos grupos. En actitud provocadora, policías de civil tomaron fotos a los asistentes, otro acto ilegal, y hostigaron, empujaron e insultaron a legisladores y funcionarios del gobernante Frente de Todos(F de T) que se habían hecho presentes. Fue probablemente su presencia y la presión ejercida por el gobierno federal lo que impidió que escalara más el incidente. No es menor el dato de los volquetes con piedras encontrados por los manifestantes, ya usados por el macrismo para armar a provocadores cuando ocupaba la Casa Rosada.  En esa tesitura, trascendió que el ex presidente Macri y la presidenta de su partido PRO, Patricia Bullrich, censuraron al jefe de gobierno de la capital Horacio Rodríguez Larreta por no haber sido más duro contra los manifestantes.  No ha  de extrañar entonces, que, como sugirió Cristina, fuera la misma Bullrich una de  quienes, al estallar la crisis de 2001, sugiriera al presidente de la Rúa declarar el estado de sitio, que –añado- llevó al asesinato de 39 manifestantes. Según confió a Página 12 un asistente al último almuerzo de los líderes del PRO, Bullrich pidió represión, corchazos de bala de goma, y recordó: “Como hice yo durante nuestro gobierno”. Más allá de las ambiciones presidenciales y competencia por mostrarse el más duro de Macri, Larreta y Bullrich, sus palabras no deben ser tomadas a la ligera.

La movilización en torno a la vicepresidenta le da un giro esperanzador al ambiente político. Pero falta más de un año para las elecciones. No será fácil la victoria del F de T con ajuste del FMI aunque puedan ayudar mucho medidas de mayor alcance y calado en defensa de los más vulnerables.  Es indispensable conservar y potenciar la unidad y combatividad peronista impulsada por el cariño a Cristina y el reconocimiento a su liderazgo.

@aguerraguerra

Zona de los archivos adjuntos

El tiro les  salió por la culata a los fiscales y jueces que pretenden destruir políticamente  a la hoy vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. A quienes, luego de años de fracasados montajes judiciales y mediáticos, en ocasiones fraguados en la misma oficina del ex presidente derechista Mauricio Macri, piden ahora para ella 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Cargos que jueces venales y amiguetes de Macri, estaría encantado de imponerle como sentencia. Ya la  tienen escrita, tronó Cristina, que pronunció un memorable alegato vía redes digitales desde su oficina de presidenta del Senado, al serle negado  por el juez el derecho a  la palabra para refutar elementos recién introducidas por los fiscales y nunca ventilados anteriormente en el proceso. Con un análisis detallado y sólidos argumentos, Cristina demolió la endeble acusación de los  fiscales y jueces de la causa a quienes hasta sus propios testigos han desmentido.

Los  supuestos elementos de prueba contenidos en el chat de un celular presentado por los fiscales fueron convertidos por la ex presidenta en letales armas para deshacer la acusación y  evidenciar la complicidad con la corrupción de quienes los aportaron. Para qué  hablar de la baja catadura moral de estos sujetos, incondicionales de Macri y parte de un poder judicial en gran parte hundido en la inmundicia. Con su  alegato,  Cristina desnudó el  golpe mediático judicial que intentan asestarle no solo  a ella, sino  -como argumentó- a  los 4  años de gobiernos de Néstor Kirchner y los ocho de ella y las conquistas de derechos sociales, políticos y económicos que significaron para el pueblo argentino. Castigar el atrevimiento de Néstor y Cristina, escarmentarlo como nefasto precedente que todo hombre o mujer que intente imitarlo ya sabe la persecución a que se expone.

No nos perdonan, es lo que deriva de las palabras de la mayor líder popular argentina, haber liquidado la deuda con el FMI y haberlo puesto en su lugar, la pelea y el acuerdo conseguido con los fondos buitres, el alza de los salarios por sobre la inflación, la nacionalización del petróleo, la participación mayor de los trabajadores que de los patronos en el reparto del pastel, el retorno a lo público y solidario de los fondos de pensiones y aumento importante de estas. Más  aun, como reflexionó la también doctora en derecho, el juicio que se le sigue,  intenta ser un  golpe de los grandes grupos de poder económico y mediático concentrado del país austral a la clase obrera. También al peronismo dijo  diría yo,  que sobre todo a su expresión kirchnerista, entrañablemente arraigada en lo popular y en la herencia política de soberanía nacional, unidad continental y justicia social del general Perón.

En América Latina y el Caribe, se ha vuelto una norma la persecución mediática y judicial  con pruebas fabricadas e injustas condenas contra los  líderes de los gobiernos populares. Estados Unidos se dio cuenta de los réditos políticos que podía sacar con estos montajes e inició cursos formadores de fiscales y jueces, que como el   juez brasileño Moro, acosó y persiguió a Lula y lo metió en la cárcel para impedirle competir por la presidencia con chicanas legales, repetidas hasta el cansancio por Globo y otros grupos mediáticos locales e internacionales. A Cristina  le ha tocado estar entre los líderes hostigadas por más tiempo,  lo mismo en periodos en que ha gobernado que en la oposición. Muy pocas personas han sido tan calumniadas y denostadas por fábricas de mentiras como La Nación, Clarín e Infobae. Hoy recuerda uno con dolor a personas como la líder indígena Milagro Sala, presa política en Argentina contra todo principio de legalidad y justicia o a Jorge Glas, el vicepresidente tan leal a sus convicciones y querido en Ecuador, que ha sido víctima del criminal ensañamiento judicial y mediático contra el correísmo.

El país del gran San Martín se  debate en  este instante entre la agitación de masas activada por el atropello contra Cristina, la forma en que sus palabras han logrado reagrupar al peronismo y subrayado la centralidad de esta mujer en la política argentina. Pero, a la vez, con el ajuste económico iniciado por el gobierno del que ella es vicepresidenta y al que ha obligado el FMI. El ajuste hará daño  a una población ya castigada por la gigantesca deuda contraída por Macri y por la crisis económica, cuyos fondos no solucionaron un solo problema al pueblo argentino pero, eso sí, por los que no preguntan ningún juez ni los medios que quieren acabar con Cristina.  Pero ojo, hoy Moro no es nada y Lula tiene un pie otra vez dentro del  Palacio de Planalto.  Quién sabe si en Argentina ocurra algo semejante.  Más de 2000 científicos y universitarios del país repudiaron la “persecución judicial y mediática”  contra la vicepresidenta y ya hay convocada una gran marcha en su apoyo.

@aguerraguerra

El gobierno de Gustavo Petro-Francia Márquez ha comenzado a muy buen ritmo en su importantísima encomienda y exhibe firmes avances a 11 días de la toma de posesión. Ha registrado ya ante el Congreso su medida insignia, la reforma tributaria, sin cuya aprobación no podía cumplir los programas sociales para llevar a cabo la reforma rural integral, hacer de la educación y la salud un derecho universal y combatir frontalmente el hambre en el segundo país más desigual de América Latina.

Compromisos adquiridos por el presidente y la vicepresidenta con los electores y el pueblo colombiano. Sobre todo, con los obreros, los pobres y jóvenes de ambos sexos protagonistas de la ferozmente reprimida rebelión social entre 2019 y 2021. Solo de 2021 se han reportado más de 70 manifestantes muertos y cientos desaparecidos. De la misma manera, en aras de acabar con la desenfrenada corrupción y las salvajes violaciones a los derechos humanos por las fuerzas militares y policiales, ha nombrado ya una nueva cúpula para ambas fuerzas, luego de enviar a retiro a 55 generales.

Debe subrayarse que Petro ha designado ya a la inmensa mayoría de los integrantes de su gobierno, que, en general, gozan de prestigio y reconocimiento nacional e internacional es sus esferas de competencia, ha dado importantes pasos en la consecución de la paz “total”, con la reanudación del proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional(ELN)) en Cuba, lo que equivale a una normalización muy amistosa de las relaciones con la isla. A la vez, y sin pérdida de tiempo, ha avanzado en el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela, así como la apertura de los pasos en su extensa frontera común de 2219 kilómetros, cerrada desde 2015 a consecuencia de la participación febril del gobierno de Iván Duque como pieza fundamental de la política de guerra multidimensional de Washington contra Caracas. Un ejemplo de la idoneidad y consenso de que gozan los integrantes principales del nuevo gobierno, más allá de las desmelenadas y rabiosas andanadas del uribismo y sus satélites, son los nombramientos para la cancillería y la cartera de hacienda. Frente a la primera Álvaro Leyva, hombre con una recta trayectoria de compromiso y participación activa en todos los esfuerzos de paz de los distintos gobiernos colombianos, quien, además, goza, por su seriedad, de la confianza de los organismos internacionales y de las distintas guerrillas o ex guerrillas. Parecido, como ministro de hacienda, puede decirse de José Antonio Ocampo, experto en finanzas y economista de sólido aval nacional e internacional, quien contará con el apoyo de competentes especialistas al frente de las otras dependencias del sector económico.

La reanudación del diálogo con el ELN se decidió finalmente en una misión de verificación enviada a La Habana por Petro para corroborar la disposición hacia la continuidad del proceso por parte de esa organización. Encabezada por el canciller Leyva pudo constatar la voluntad pacificadora de los negociadores del ELN, refugiados en La Habana desde que en 2019, el presidente Duque, enemigo jurado de los acuerdo de paz aprovechó una deplorable acción de esa guerrilla para reventar el diálogo y envenenar las relaciones con La Habana. En un gesto coherente con la fobia hacia la paz de su patrón Álvaro Uribe, exigió al gobierno de la isla la extradición de los enviados del ELN, algo que Cuba no podía aceptar por su condición de garante del proceso ante el derecho internacional. La Habana rechazó la indigna petición de Bogotá y dio asilo a los representantes del ELN. Irónicamente, la presencia totalmente legal y legítima de los negociadores de la guerrilla en la isla fue usada impúdicamente por el gobierno de Donald Trump como pretexto para volver a incluirla en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, con las penurias económicas que ello le imponía, encima de las que ya sufría -y continua sufriendo- debido al cruel reforzamiento del bloqueo por Trump y su mantenimiento, casi intacto, por Biden. El canciller Leyva se encargó de hacer justicia a Cuba cuando afirmó que su país rechaza la calificación de la isla como supuesta patrocinadora de terrorismo “con la que se ha pretendido desconocer su compromiso con la paz de Colombia y el mundo”. Lo que fue respondido por su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla reiterando el compromiso de La Habana con la paz en Colombia.

Petro, que ha dado gran importancia a la unidad de América Latina y el Caribe ha dicho, con mucha razón, que el México obradorista y Colombia pueden hacer una gran contribución a ese noble empeño. En este momento, por cierto, esa unidad pasa inevitablemente por la devolución a Venezuela de su avión secuestrado por un juez de Buenos Aires, lo que depende de una orden del presidente Alberto Fernández, que muchas y muchos agradeceremos.

@aguerraguerra

Cuba debe aprender a vivir, avanzar y desarrollarse bajo los rigores de la guerra de cuarta generación –o híbrida- con que Estados Unidos la hostiga sistemáticamente.

Ese es el enfoque que se desprende al observar la incansable  actividad que despliegan hoy el gobierno, el Partido Comunista y el sistema institucional cubano en todas las esferas de la actividad económica, política, social y cultural. Además de batallar por recuperar y trasformar su economía, la isla, por poner un par de ejemplos de gran relieve, está enfrascada en dos tremendos desafíos políticos y legislativos: el debate sobre el código de las familias –ya en proceso de aprobación en la Asamblea Nacional del Poder Popular después de recibir sustanciales modificaciones en asambleas populares- y la nueva ley de comunicación, dos instrumentos que tienden a ahondar la vibrante democracia cubana. Justamente, el miércoles, día en que la comisión parlamentaria  discutía el dictamen  del mencionado código el presidente Miguel Díaz- Canel llamaba, en la comisión económica, a profundizar la democracia cubana ante la asfixia económica y los planes subversivos de EU. Se habla de la derrotada intentona imperialista y contrarrevolucionaria del 11J, pero es que  todos los días el pueblo cubano debe enfrentar numerosas manifestaciones de hostilidad, tanto en el orden económico, político y diplomático como en el de la batalla cultural-comunicacional.

Vale reiterarlo, hasta ahora es muy poco lo que el presidente Joseph Biden ha cambiado de las 243 medidas añadidas por Donald Trump para reforzar el bloqueo. Su gobierno anunció el restablecimiento de las remesas familiares y una mayor entrega de visas pero hasta hoy no lo ha implementado. Sin embargo, sí daba a conocer  ayer mismo, el   gris secretario de Estado Anthony Blinken la inclusión de Cuba en la lista negra de países que no tienen un buen desempeño en la trata de personas. Se trata de una mentira mayúscula, que identifica como “trata” la prestigiosa cooperación médica cubana.

Con el propósito de entender en que consiste la guerra de cuarta generación, o guerra híbrida, aplicada a Cuba, vuelvo brevemente sobre mi entrega de la semana anterior. Allí resumí distintas formas de agresión aplicadas por Estados Unidos(EU) contra Cuba desde 1959, año del triunfo revolucionario. Intenté encuadrar históricamente los desórdenes sociales provocados en la isla el 11 de julio de 2021 y explicar la combinación de factores  causantes de irritación que se reunió para propiciarlos. Algunos, como la pandemia y el confinamiento, una realidad objetiva. Otros -los más- deliberados, como el  cruel ensañamiento con que el gobierno de Donald Trump buscó intensificar durante la pandemia las estrecheces y carencias ocasionadas por el bloqueo para infligir el máximo grado de dolor y desesperación en el pueblo cubano. Todo ello combinado con una embestida feroz en las redes sociales y en los medios convencionales.

 A partir de su prolongada experiencia de guerras de agresión, campañas de hostilidad y golpes de Estado  contra pueblos y gobiernos, incluyendo los de la primera guerra fría contra la URSS, EU fue modificando su doctrina militar adecuándola también a su desarrollo científico y tecnológico y a los avances y aprendizajes de los que considera sus enemigos. Es decir, los movimientos y gobiernos revolucionarios, progresistas, o también, los que no se subordinan a los dictados del imperio. La guerra de cuarta generación es la combinación de la asfixia económica,  financiera y comercial, con la apuesta por  la división del pueblo cubano. Es el uso de las redes digitales, de los medios digitales creados con ese fin y de  los convencionales, para sembrar en Cuba el odio y la violencia, no importa las mentiras y calumnias de que se valga. Es también el reiterado pedido a la intervención militar de EU por los más facinerosos voceros de la contrarrevolución. Es la millonada de dinero del contribuyente estadunidense con que se sostienen las mencionadas campañas de medios y se paga a  la quinta columna mercenaria dentro de la isla. En el colmo del delirio han llegado a usar la consigna revolución,  entendiendo como tal el desencadenamiento del caos y  el desorden social en Cuba. Todo les parece poco para precipitar el ansiado día del final “del comunismo”.   No fue el 11J de 2021, ni el 15N y tampoco pasó nada el pasado 11J. La Habana muy tranquila.

No importa.  Cuatro días después ya estaban montando una operación en la red Twitter, denunció  la Unión de Periodistas de Cuba, cuyos analistas encontraron 8 190 usuarios, en su inmensa mayoría ubicados fuera de Cuba, que han generado 27 301 interacciones en los últimos días en las que,  con la mayor impunidad,  llaman a la violencia  callejera en la isla. Es obvio que ninguna de esas cuentas será cerrada por  Twitter, como le han hecho a  muchos usuarios que defienden a la revolución.

@aguerraguerra

Esta semana se cumple un año de la derrota por el pueblo cubano de un intento de golpe blando preparado desde tiempo antes por el gobierno de Estados Unidos(EU). El apoyo popular a la revolución y su gobierno fue el único factor que el enemigo imperialista subestimó  en  la planificación del zarpazo, pues, como veremos, la coyuntura no podía ser más propicia para su desencadenamiento.  El plan fue concebido por el gobierno de Donald Trump, como parte de un recrudecimiento extraordinario de la hostilidad contra la isla y aplicado por el de su sucesor Joseph Biden. Cuba ha estado sometida durante décadas a un repertorio de herramientas subversivas que incluyen bandas armadas,  una intervención militar organizada por el Pentágono y la CIA(Playa Girón, 1961), los aprestos para una intervención militar estadunidense directa(1962) una feroz campaña de terrorismo de Estado que duró hasta los noventas, la guerra bacteriológica y, desde hace más de  60 años, la guerra mediática y el bloqueo económico, financiero y comercial.

Pero la novedad  en esta ocasión fue el uso masivo de las redes digitales y de un nuevo  sistema de medios digitales contrarrevolucionarios, alojados principalmente en Miami y aceitados con millones  de dólares del gobierno estadunidense. Ya EU había acumulado importantes experiencias de siembra de odio en sectores de la población mediante esas redes durante las guarimbas de 2017 en Venezuela, los tranques de 2018 en Nicaragua  y los preparativos para el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia en 2019.  Son operaciones de  guerra de cuarta generación o guerra híbrida, como es el calificativo más usado en los últimos tiempos.

La campaña de odio en redes digitales se acentuó a partir de noviembre de 2020, en que según el investigador y periodista chileno Pedro Santander pasa de una fase crónica a una aguda, que se va intensificando hasta el 11 de julio, día de las protestas. Otro investigador, el español Julián Macías Tovar reveló que los días 10 y 11 de julio una cuenta ubicada en España, pero operada desde EU, fue la primera en emplear el numeral #SOSCuba, relacionado con la situación de la covid-19 en la isla. Durante el 10 y el 11 emitió más de mil tuits por día, con una automatización de cinco retuits por segundo. Los operadores utilizaron lo que se conoce como granjas de  trolls, que divulgan  mensajes a través de cuentas falsas o cuentas robotizadas.  Más de 1500 cuentas participantes en la emisión de ese numeral fueron creadas entre el 10 y el 11 de julio, de acuerdo con el seguimiento de Macías.  De ahí saltó a las cuentas de influencers, y a todo el complejo  de medios  hegemónicos occidentales. Como es de suponer, todo este andamiaje solo puede funcionar con el apoyo de cuantiosos recursos financieros y personal especializado.

Pero las circunstancias en que se desarrolla esta operación no podían ser más favorables  para los planes de Washington y la contrarrevolución. En primer lugar, la sociedad  cubana venía de más de un año de confinamiento por la pandemia y experimentaba un pico de contagios y muertes por la variante delta del coronavirus, con toda la crispación y desesperanza que ello crea. Todavía Cuba no iniciaba masivamente la producción  de sus vacunas. Ello, unido a un redoblamiento del bloqueo por Trump, con 243 medidas adicionales de guerra económica, que junto a la caída del turismo, dejaron a Cuba sin apenas recursos financieros  y una grave escasez de alimentos y medicinas.  EU aprovechó esta situación de una manera perversa pues en plena pandemia aplicó 60 medidas más de asfixia económica  y  persiguió con saña la compra  por La Habana de medicamentos e insumos farmacéuticos. Biden  continuó y mantiene casi todas  las medidas de Trump.  El confinamiento separó a los cuadros políticos del contacto con la población, algo inusitado. Todo lo anteriormente mencionado generó un marco muy adecuado para  la actuación de la quinta  columna interna pagada por EU, a la que se sumaron personas legítimamente disgustadas por la escasez o  por deficiencias burocráticas realmente existentes, por  jóvenes que no se sienten tomados en cuenta, o por delincuentes que sacaron provecho de la coyuntura. Debe decirse que los disturbios del 11 de  julio fueron enfrentados con una actuación muy prudente de las fuerzas policiales, totalmente desarmadas para –como puede verse en numerosos videos no publicados por los medios hegemónicos- hacer frente, en ocasiones, a grupos vandálicos en actitudes muy violentas. Pero la presencia del presidente Diaz-Canel en uno de los focos de protesta, su dialogo con los congregados, el inmediato informe al pueblo y su movilización en la calle derrotó la intentona. Las declaraciones de Biden y otros voceros –los bloqueadores-, que presentaban al gobierno cubano cruzado de brazos ante la pandemia y otras  mentiras quedarán grabadas en el memorial universal de la infamia.

@aguerraguerra