El asalto a la Asamblea Legislativa de El Salvador, el 9 de marzo, por el presidente Nayib Bukele , a la cabeza de un destacamento militar, fue un intento, frustrado por ahora, de autogolpe de Estado. Además de ocupar el parlamento portando fusiles de asalto, policías fueron desplegados por igual en el centro de la ciudad. Diputados de los partidos hasta hace poco hegemónicos: ARENA(derecha) y FMLN(ex guerrilla, izquierda) denunciaban haber sido objeto de órdenes verbales de sujetos uniformados que les llamaban a obedecer el mandato de Bukele. Hechos de extrema gravedad en un país martirizado por una cruenta civil hasta 1992 y en que la centralidad del ejército como brazo armado de la oligarquía y de Estados Unidos ha formado siempre parte fundamental de la historia. Un retroceso respecto a los modestos avances en la frágil institucionalidad democrática del país logrados después de los acuerdos de paz.
Apelando a una retorcida interpretación de la Constitución, Bukele pretendía imponer al Legislativo, a mano armada y con la presión de sus seguidores convocados a los alrededores del parlamento, la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para la fase III de un programa de combate a las maras(pandillas), conocido como Plan de Control Territorial. Si se considera lo que esa cantidad representa comparada con los 129 mil millones que vale la economía salvadoreña y que las maras, aunque hacen mucho daño son un mal crónico que no será erradicado con el préstamo, es evidente que su no aprobación es solo un pretexto de Bukele, que con este espectáculo ha dejado claro su objetivo de subordinar a los partidos políticos y con el apoyo del ejército apoderarse del control del país.
Para lograr su propósito, el presidente promovió una campaña en twitter que dividía a los salvadoreños entre “amigos de las maras” -quienes adversan su proyecto- y “amantes de la patria”, obviamente los que lo apoyan. Valiéndose del artículo 167 constitucional que postula la posibilidad de que el presidente y el consejo de ministros puedan “Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”, el mandatario citó a los miembros del Legislativo para el domingo con la intención de forzarlos a presentarse y luego, apoyado por “un pueblo” que estaría congregado a las afueras de la sede parlamentaria, obligarlos a votar el préstamo. Es evidente que la convocatoria a la Asamblea Legislativa mediante el artículo 167 está reservada a situaciones de suma gravedad, que no se configuran por el solo hecho de que los representantes populares formulen cuestionamientos, aunque sea a un tema relativo a la seguridad pública. La convocatoria a sus partidarios la basó en el artículo 87 constitucional, que establece el derecho del pueblo a la insurrección para “el solo objeto de restablecer el orden constitucional”, que Bukele consideraba roto por los parlamentarios. Ocurre que ni la actitud de los legialadores da para una interpretación de ese tamaño ni ese artículo constitucional está concebido para ser usado por el gobierno, sino únicamente por el pueblo en el caso citado.
La intentona golpista fracasó debido a que muchos factores se unieron contra la maniobra de Bukele. En primer lugar, apenas concurrió pueblo a su convocatoria, lo que demuestra que, no obstante la popularidad de 78 por ciento que le dan las encuestas, ni sus partidarios aprobaron su forma de actuar. El hecho fue condenado como “intento de golpe” por el conservador presidente del Legislativo Mario Ponce en nombre de los 84 asambleístas, incluyendo los de la alianza que postuló al presidente. También recibió una fuerte censura de la Corte Suprema que ordenó a Bukele: “se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”. También ordenó al ministro de defensa y al jefe de la policía: que “no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”. La intentona también recibió una dura condena de las organizaciones populares. Bukele dijo el lunes que acataría el veredicto de la Corte. Ya el día antes, al verse sin apoyo popular y sin apenas diputados presentes cuando entró al recinto legislativo con el ejército, se echó a llorar y supuestamente comunicó con Dios, que le ordenó dar una tregua de una semana a los diputados. No creo prudente hacerse ilusiones con una rectificación de Bukele. Es amiguete de Almagro, por cuya reelección en la OEA prometió votar, rompió con la Venezuela bolivariana, reconoció al autoproclamado Guaidó y ha probado su obsecuencia hacia el imperio yanqui. Forma parte de la hornada derechista de Piñera a Duque, pasando por Bolsonaro y la dictadora Áñez. Como el PAN en México, no se atiene a la ley y al orden democrático. Al contrario. Lo considera su enemigo.
Twitter:@aguerraguerra
Alguien dijo que la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. En naciones como USA, Brasil o El Salvador, el teatro del absurdo mediático, con elevado protagonismo del ciberespacio imperial, ha logrado que la política esté bajo el control de vendedores de humo sin escrúpulos, que entran en las instituciones como un elefante en una cacharrería.
Al menos los políticos tradicionales parecían conocer las reglas del oficio y los límites de su actuación, bajo la atenta mirada de los electores, curtidos muchos de ellos en luchas sindicales y sociales. Hay que ser un analfaburro integral en el ámbito de la política para llenar de gorilas el parlamento y lanzar un ultimátum a los parlamentarios insumisos. Yo espero que Bukele se haya señalado ante la opinión pública con su actuación como una grave amenaza para el estado de derecho, que hay que erradicar a la mayor brevedad, del mismo modo que Guaido al creerse presidente en funciones sin la renuncia del presidente legítimo y habiendo cesado como presidente de la asamblea o Bolsonaro al convertirse en un tirano amparado en el poder disuasorio y destructivo del ejército.
Muchas cosas vamos a tener que replantearnos a la luz de la fuerza letal de las herramientas cibernéticas a la hora de influir en la opinión pública y determinar procesos electorales. Más democracia directa y más garantías en la indirecta o representativa ( programas vinculantes, revocabilidad y responsabilidad penal de cargos e incriminación grave de las noticias falsas, además de democratización de la información) debería ser un clamor popular.