El movimiento de los “Chalecos Amarillos” en Francia: Una reivindicación de justicia social y fiscal. Por Salim Lamrani

Desde su llegada al poder hace 18 meses, el Presidente Emmanuel Macron ha multiplicado las medidas antisociales, adoptando al mismo tiempo decisiones favorables a los más adinerados, suscitando un amplio movimiento de protesta popular.

En 2017, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el candidato Emmanuel Macron sólo consiguió el sufragio del 18,19% de los electores presentes en las listas. Así el 81,81% de los inscritos expresó otra opción política. En la segunda vuelta, en un contexto de Frente Republicano destinado a oponerse a la extrema derecha y a su candidata Marine Le Pen, el exbanquero de Rothschild obtuvo el sufragio de apenas el 43,26% de los inscritos, ilustrando así la crisis del sistema democrático francés¹.

No obstante, el candidato del poder del dinero se benefició de una campaña mediática sin precedente en la historia de la V República. En efecto, en Francia, diez multimillonarios controlan los principales canales privados (Canal+, TF1), los canales informativos (LCI, BFM-TV, CNEWS), los principales diarios nacionales (Le Monde, Libération, Le Figaro) y los semanales más difundidos (Le Point, L’Express, Le Nouvel Obs). Pusieron a la disposición del candidato Macron sus recursos humanos, materiales y financieros.

Medidas favorables a los privilegiados

Una vez electo, la primera medida que tomó el nuevo Presidente fue suprimir el Impuesto sobre la Fortuna. Así, como promedio, los 100 patrimonios más importantes de Francia recibieron un rembolso de 1,5 millones de euros cada uno. Del mismo modo, el Gobierno Macron decidió disminuir la flat tax –impuesto global único sobre los ingresos del capital– del 50 % al 30 %. En total, esas dos decisiones privan a las finanzas públicas de al menos 4.500 millones de euros cada año.²

Al mismo tiempo, Emmanuel Macron decidió transformar el Crédito de Impuesto para la Competitividad y el Empleo (CICE) –oficialmente destinado a favorecer el empleo, pero que beneficia casi exclusivamente a las grandes empresas francesas– en disminución de las cotizaciones sociales para los sueldos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo. Esta medida priva al presupuesto del Estado de 42.000 millones de euros cada año y afecta gravemente el sistema de seguridad social heredado de la Liberación de 1945³.

Disminución de las ayudas sociales y aumento de los impuestos a los más modestos.

Para compensar las pérdidas presupuestarias vinculadas a los regalos fiscales hechos a las grandes empresas y a las capas más pudientes, el Gobierno decidió reducir los gastos sociales. Así, los “contratos ayudados” que permitían a los jóvenes desempleados conseguir un trabajo fueron en parte suprimidos, mientras la tasa de desempleo entre los jóvenes de menos de 25 años supera el 22 %.⁴ De la misma forma, también se redujo la ayuda para la vivienda destinada a los estudiantes, mientras el 20 % de ellos vive por debajo del umbral de pobreza en Francia.⁵ A un joven desocupado que expresó su desamparo frente a las dificultades para encontrar un trabajo, el Presidente Macron respondió con desprecio: “Cruzo la calle y le encuentro un trabajo”.⁶ Esta secuencia filmada, humillante para el joven, dio la vuelta al país, difundiendo la imagen un dirigente insensible a los sufrimientos de la juventud.

El Gobierno Macron también decidió aumentar algunos impuestos como la Contribución Social Generalizada (CSG), que pasó de 6,6 % al 8,3 %. Los jubilados, cuya pensión media es de 1.283 euros mensuales, han sufrido una disminución sensible de sus ingresos. Durante una visita a Colombey-les-Deux-Eglises, donde descansa Charles de Gaulle, una anciana explicó al Presidente Macron que sobrevivía con una miserable pensión de 500 euros mensuales. Sin expresar empatía por la venerable señora, la respuesta del mandatario indignó al país: “Usted puede hablar con toda libertad; la única cosa a la que no se tiene derecho es a quejarse”.⁷

Mientras el Gobierno Macron ha multiplicado los regalos a los más ricos, empobreciendo sensiblemente al Estado, al mismo tiempo ha llevado una guerra implacable contra los servicios públicos disminuyendo el número de funcionarios en sectores que ya sufren ampliamente escasez de personal como la educación y la salud. Durante el primer año de su mandato, el Gobierno suprimió 5.000 puestos de funcionarios y se ha comprometido a suprimir 10.000 en 2020. El objetivo declarado es reducir el número de funcionarios de 50.000 para 2022, es decir, al final del quinquenio, contra la opinión mayoritaria de la población que siente un apego fuerte hacia el servicio público y el principio de solidaridad.⁸

El detonante: el alza del impuesto sobre la gasolina

La situación social de Francia –que tiene a cerca de 9 millones de pobres (sobre una población total de 65 millones de habitantes), más de 3 millones de desempleados, 2 millones de analfabetos y 200.000 personas sin techo–, la política antisocial del Gobierno que prefiere privilegiar a los adinerados, así como el desprecio y la indiferencia por parte del poder hacia los ciudadanos más modestos, han desatado un amplio movimiento de protesta popular conocido con el nombre de los “Chalecos Amarillos”. Mientras Francia es el país de Europa que más millonarios tiene y que la nación nunca ha sido tan rica en su historia, una parte sustancial de sus habitantes se enfrenta diariamente a importantes dificultades materiales.

El detonante fue la decisión de aumentar el impuesto sobre la gasolina (7 céntimos por litro de gasoil y 4 céntimos por litro de súper), impuesto destinado a recaudar 4.500 millones de euros anuales, o sea el equivalente de la pérdida sufrida por la supresión del Impuesto sobre la Fortuna y la disminución de la Flat Tax.⁹. Esta medida ha suscitado una ola de indignación nacional no estructurada, espontánea y plural, que se ha traducido en la movilización popular lanzada a través de las redes sociales para protestar contra el carácter inicuo del impuesto. La causa común de esta insurrección ciudadana es el rechazo al Presidente Macron, símbolo de la arrogancia y del desprecio de una casta de pudientes. Desde el 17 de noviembre de 2018, fecha de la primera manifestación nacional, el movimiento se ha ampliado con la participación de los alumnos de los liceos y los estudiantes.

Respuesta gubernamental: la represión

El Gobierno ha respondido con una represión que ha alcanzado niveles inauditos. Una mujer de 80 años falleció en Marsella tras ser alcanzada por una granada lacrimógena lanzada por la policía.¹⁰ Varios manifestantes fueron gravemente heridos por las fuerzas del orden. Algunos –entre ellos una joven alumna de 16 años– fueron desfigurados por balas de goma recibidas en pleno rostro.¹¹ Una joven estudiante de 20 años perdió un ojo.¹² Hay una probabilidad del 90 % de que otro alumno de 15 años pierda el ojo izquierdo según su abogado.¹³ Otros fueron mutilados por la explosión de granadas ensordecedoras. Un joven de 26 años fue amputado de su mano derecha tras ser alcanzado por una granada lanzada por la policía.¹⁴ Francia es el único país de Europa que usa granadas explosivas contra los manifestantes¹⁵.

Las imágenes de las violencias policiales que filmaron los periodistas y los ciudadanos han tenido un impacto desastroso para el Gobierno. Las fuerzas del orden han violentado hasta a los periodistas. Varios sindicatos de la profesión han denunciado “los numerosos heridos entre los periodistas, reporteros y fotógrafos” y han condenado “las violencias inadmisibles de las fuerzas de policía”. “A muchos fotógrafos de prensa, claramente identificados como tales, se les confiscaron sus equipos de protección individual, a veces bajo la amenaza de un arresto, lo que tuvo como consecuencia impedir que algunos reporteros hicieran su trabajo”, enfatizan los sindicatos. “Es totalmente inaceptable, en un país democrático y en un Estado de derecho, que los poderes públicos no garanticen la libertad de informar”, concluyen los representantes de la prensa.¹⁶

Frente a la persistencia del movimiento, el Gobierno tuvo que renunciar definitivamente al alza del impuesto sobre la gasolina. Anunció una ayuda de 80 euros mensuales –no incluida en el sueldo mensual, así no se toma en cuenta para el cálculo del subsidio del desempleo y para la pensión– a los trabajadores que reciben el salario mínimo. No obstante, el Estado, es decir los contribuyentes, y no las empresas, asumirá la totalidad del costo. El salario diferido (bruto), es decir las cotizaciones sociales a favor de la pensión, del subsidio de desempleo y de la seguridad social, será drásticamente disminuido a favor de un aumento mínimo del salario neto.

El Gobierno también decidió anular el aumento de la CSG para los jubilados que reciben una pensión inferior a 2.000 euros mensuales, pero sólo por un año. El Presidente Macron anunció la desfiscalización de las horas extras a partir de 2019 para las empresas y los asalariados. También pidió a las empresas “que puedan” que entreguen una gratificación de fin de año a los asalariados de un importe de su elección.¹⁷

Todas las decisiones anunciadas serán pagadas por los contribuyentes en detrimento del servicio público, en el que se prevén recortes para compensar el costo de las medidas. Por otra parte, el Gobierno no ha hecho ningún gesto para los desempleados, los que reciben pensiones bajas, las personas que sobreviven gracias a las ayudas sociales o los funcionarios, en una palabra, una parte sustancial de la población.

Una aspiración de justicia social y fiscal

Desde luego, estas medidas no responden a las expectativas de los franceses; Exigen un salario mínimo de 1.500 euros netos mensuales (1.188 euros ahora), una subida de las pensiones bajas hasta 1.200 euros netos y su indexación sobre el nivel de inflación, así como la jubilación plena a los 60 años.

Los ciudadanos aspiran a más justicia fiscal, con un impuesto más progresivo que no se base únicamente en cinco segmentos. La clase media asume el peso de los impuestos, mientras que las grandes fortunas, mediante las exenciones fiscales o la evasión fiscal legal o ilegal, logran escapar de sus obligaciones tributarias. Así, las 40 empresas francesas más grandes poseen 1.454 filiales en paraísos fiscales.¹⁸

La opinión pública también exige un gran plan contra el fraude fiscal, que cuesta al Estado cada año entre 80.000 y 100.000 millones de euros y priva al país de muchas inversiones necesarias. Reivindica que las grandes empresas no evadan el impuesto mediante subterfugios legales que les permiten transferir sus ganancias a otros países y hacen que sus actividades en Francia resulten artificialmente deficitarias. A título de ejemplo, Total, cuyo beneficio anual se eleva a más de 10.000 millones de euros, no paga un solo céntimo de impuestos en Francia. Esta injusticia social es incomprensible e insoportable para la mayoría de los ciudadanos.

El movimiento de los “Chalecos Amarillos”, apoyado por el 80 % de la opinión pública, simboliza la insurrección ciudadana de los olvidados de la República, de “la gente que no es nada¹⁹” –para retomar las palabras despectivas del Presidente Macron hacia los más humildes- que aspiran a una repartición más equitativa de las riquezas nacionales. Los ciudadanos, apegados al Programa de Consejo Nacional de la Resistencia, a saber la seguridad social, la educación y la salud gratuitas, las prestaciones sociales para las categorías modestas, el sistema de pensiones por repartición, el control por el Estado de los sectores estratégicos de la economía, los servicios públicos, exigen justicia social y fiscal, una democracia más participativa y el derecho a vivir con dignidad.

(L’Humanité)

Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba, ¡palabra a la defensa!, Hondarribia, Editorial Hiru, 2016. http://www.tiendaeditorialhiru.com/informe/336-cuba-palabra-a-la-defensa.html Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel