Los ideólogos burgueses, empeñados en velar la esencia clasista del Estado y del derecho, han tratado en sus teorías de desvincular estas dos categorías históricas fundamentalmente interrelacionadas y recíprocamente presupuestas. Así, nos han presentado un Estado superior a la sociedad y sus clases, como poder moderador situado por encima de ellas y sin ningún compromiso con ellas. Y nos han presentado el derecho de muy diversas maneras —según cada teoría premarxista o burguesa— pero siempre también como un conjunto de normas sociales más o menos inmutables, rectoras de la convivencia social y expresivas de la justicia innata en la razón humana, justicia suprema o razón abstracta, universal. Incluso han llegado a hablar de un Estado de derecho, como ideal de regularidad política, con lo cual se expresa implícitamente que puede existir un Estado independiente del derecho.
Pero lo cierto es que las mismas causas que originaron la institución del Estado, es decir, la división de la sociedad en clases, motivaron también el surgimiento del derecho, esto es, la transformación de las anteriores normas de carácter social en normas jurídicas.
De tal forma, el Estado y el derecho surgen históricamente al mismo tiempo y como consecuencia de idénticas causas. La primera organización político-social, el primer Estado, requirió dictar un conjunto de disposiciones, órdenes, normas generales de conducta y proceder que, lejos de ser arbitrarias, fueron siempre, en última instancia, determinadas por las condiciones económicas del desarrollo de la sociedad, por las necesidades materiales de la clase poseedora.
Ese nuevo orden estatal, político-social, tuvo pues por un lado que crear y dictar un conjunto más o menos complejo de normas, de preceptos, pero además tuvo que ejecutar, conforme también a determinadas normas, todo un conjunto de actividades policiales, fiscales, organizativas, administrativas; y por último, le fue preciso ejercitar la función protectora del derecho, es decir, aplicarlo en cada caso y cuidar, por medio de esa aplicación judicial, de su estricto cumplimiento.
Así pues, el derecho resulta inconcebible sin un aparato estatal que lo dicte, lo ejerza y lo aplique judicialmente; de igual forma que resulta también inconcebible esa organización político-social, si no se realiza y proyecta su acción mediante un conjunto de normas y disposiciones expresivas de sus intereses clasistas.
Tomado de Fernández Bulté, Julio, Siete milenios de estado y de derecho, Tomo I, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2008, pp 50-51.
Tuve el privilegio de ser su alumno durante mi fugaz paso por la Escuela de Derecho de la UH y no hay dudas de que fue un intelectual completo, excelente profesor y un revolucionario y comunista entero. Lamenté mucho su temprana pérdida.
Las dificultades del mundo que se ha vivido y nos toca vivir indican que no es mas
que una tonteria reclamar algun dia que la sociedad humana pudiera existir sin una direccion. Por el contrario una fuerte direccion civica acercarian el lograr los mejores propositos como destino para la humanidad, desde luego que el estado politiquero democratico actual debera desaparecer.
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Los padres de la constitución española de 1978 quisieron rizar el rizo declarando que “España es un estado social y democrático de derecho”. Total, para lo que ha servido, sería más correcto decir que España es un estado social y democrático de derechas, significando aquí democrático el derecho de sufragio universal a la hora de elegir cada 4 años a los candidatos de la oligarquía en las listas cerradas y bloqueadas elaboradas por sus partidos turnistas.
Todo cuanto nos dijeron del contrato social entre las diferentes clases plasmado en la constitución y sobre la democracia representativa, en que el pueblo soberano delega su poder en legítimos representantes para que cumplan fielmente su voluntad, se ha traducido en un laissez faire a los partidos compromisarios de la oligarquía y a los aparatos tradicionales del estado.
Nada menos que el Tribunal Supremo ha protagonizado el viernes pasado el más indigno de los espectáculos al recular en una sentencia que condenaba a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas y que iba a tener efectos retroactivos a los años no prescritos. Tan sólo un día después de condenar a los bancos, daba un giro de 180 grados argumentando razones sociales. Ya se sabe: aquí siempre las razones sociales que pueden llegar a modificar el criterio judicial son las del 4% privilegiado. Como han denunciado algunas organizaciones de jueces, la lógica del mercado no se puede imponer a la lógica del derecho, y menos 24 horas después de haber sentado jurisprudencia sobre la materia.
Otro bochornoso recurso judicial es la “doctrina Botín”, en virtud de la cual los mayores presuntos delincuentes (como el banquero Botín) pueden irse de rositas con sólo que la abogacía del estado y la fiscalía (que deben velar por el interés público) manifiesten no existir indicios de delito en supuestos de clamoroso fraude fiscal, en el falso máster de Pablo Casado (actual líder del PP) o en cualquier otro delito que no tenga nada que ver con los robagallinas (que es para los que se han hecho las leyes penales ). No menos bochornoso fue la doctrina que creó el caso Naseiro: que archivó un caso de corrupción en el PP debido a que las escuchas telefónicas autorizadas por un juez ante un presunto caso de narcotráfico, en el que estaba implicado un hermano de un político de este partido, no le habilitaban para instruir pruebas sobre el delito de corrupción descubierto. ¿Qué creen que ocurriría si el policía que ha recibido la orden judicial de investigar a un delincuente descubre de pronto al robagallinas intentando robar en un gallinero? Al 4% se le tiene que garantizar plena seguridad en sus asuntos, para que sus actividades no entren en conflicto con el derecho y quienes deben velar por su cumplimiento, como ocurre también con la ley de protección de datos o el secreto bancario.
Si los principales artículos de las constituciones burguesas son derecho programático, cuyo cumplimiento no se puede exigir, si los representantes públicos no tienen ningún vínculo ni responsabilidad ante el pueblo soberano y los jueces y fiscales disponen de todo un arsenal de recursos para interpretar y aplicar las normas de forma discriminatoria, ¿qué alcance tienen conceptos como “democracia”, “derecho”, “estado” y “soberanía popular”?
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Vamos a decir algo…. Me ha gustado la frase…”sería más correcto decir que España es un estado social y democrático de derechas, “, pero realmente esa frase tampoco es válida porque es imposible que la derecha acepte un estado social y la democracia, a medias.
Ver referencias de España, es siempre interesante y creo que todo lo dicho es correcto, pero el vaso medio lleno, medio vacío, permite que mucha gente, rojos, pensemos que somos muchos, somos millones los que podemos tratar de tener un estado y una nación de naciones de gente digna, trabajadora, progresista, entre ellos, los socialistas, los comunistas…. ¿Más de un estado? Eso ya es una cuestión más delicada.
Agradezco el cumplido de milglogscubanos al ratificar mis comentarios pero no comparto su afirmación de que la derecha sea incompatible con un estado social y democrático de derechas, cuando de pura semántica se trata, como demuestra lo acontecido con la constitución española de 1978, en que los peones de la oligarquía tuvieron un protagonismo casi total en su elaboración y aprobación parlamentaria, pues, inclusive, los diputados del PCE (con Jordi Solé Tura como uno de sus ponentes) eran manifiestamente corruptibles (si no corruptos en aquel momento), acabando casi todos ellos en el PSOE (partido de la oligarquía, con la CIA y la corrupta Internacional Socialista como principales fuentes de financiación y deliberación).
La derecha sabe que el papel lo aguanta todo, ya digo, mientras el juego consista en pura semántica. Lo destacaba el maestro en derecho constitucional Loewenstein al distinguir entre constituciones normativas (las que realmente se cumplen), nominales y semánticas (las que se redactan a modo de brindis al sol, de relumbrón, pero que no existe ninguna voluntad de cumplir). Uno de los mayores defectos de los españoles es que somos muy creyentes (no es mi caso). Si son capaces de aceptar que el universo lo creó un ser como ellos, que, además, se creó a sí mismo de la nada y que el descubrimiento (conquista) de América les acercó un poco más a la diestra de dios padre, ¿por qué no iban a aceptar que una simple reforma de las leyes franquistas a cargo de los peones de la oligarquía convertiría a España, en un abrir y cerrar de ojos, en un estado social y democrático de derecho?
En la constitución española de 1978 se dicen cosas muy significativas desde el punto de vista de la izquierda (redactadas y aprobadas por la derecha en un acto de generosidad infinita). Además de la declaración del estado como social y democrático de derecho, e reconoce el derecho a la salud, al trabajo, a una vivienda digna, a un medio ambiente adecuado, a una información veraz, a la educación, a una tributación ajustada al principio de capacidad económica y progresiva, a una pensión digna, y hasta se reconoce la subordinación del patrimonio nacional, en todas sus formas, al interés general, pero todo esto son declaraciones programáticas, esperanzas e ilusiones en un futuro mejor que nunca llegará en este imaginario colectivo (como nunca se harán realidad las ilusiones y promesas de la vida eterna).
Como en la magia, en las democracias burguesas tampoco se cumple aquello de “sin trampa ni cartón”, por mucho que se repita y los ilusos sean incapaces de ver la realidad. La propia constitución incluye artículos-trampa, como el 67.2: “los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo”. Ni siquiera la constitución contiene un mandato imperativo para ellos, por mucho que se aferren a ella cuando les conviene. ¿Qué decir de los programas electorales? En ocasiones, una ley orgánica ha convertido un derecho constitucional programático en derecho imperativo (como en el caso de la educación, aunque claramente insatisfactorio y con tasas cada vez más elevadas), pero en otras, aunque han contado con una ley orgánica, como la sanidad, no han cumplido el mandato de construir un modelo sanitario centrado en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, demostrando cómo el lucro de los grandes negocios está por delante de derechos tan importantes. La mayoría de derechos (trabajo, vivienda, un medio ambiente adecuado, información veraz, pensiones dignas, tributación progresiva) siguen en el limbo y ahí continuarán mientras tengamos una constitución semántica utilizada a modo de catecismo por los partidos turnistas de la oligarquía.
En política como en religión la derecha lo aguanta todo mientras sea pura hipocresía y, en España, la hipocresía es uno de los pecados capitales. A la derecha no le molesta que se diga que todos somos hermanos, que tenemos que ser caritativos con los que menos tienen, que España es un estado social y democrático de derecho, siempre que en el poder estén sus partidos y hagan las cosas “como dios manda”. Si una nueva mutación en derecho político comparado liberal permitiera que un partido político “populista” o “antisistema” llegara al poder, con el firme propósito de convertir el derecho programatico contemplado en la constitución en derecho imperativo o necesario, se acabaría eso de que España es un estado social y democrático de derecho. ¡Hasta ahí podíamos llegar!
Para muestra lo que acontece en naciones donde gobiernan los partidos que representan a una amplia mayoría social, los verdaderamente democráticos por su base social y objetivos. Hoy, en el buzón “Nicolás Maduro” de mi móvil, por generosidad de falsimedia, he encontrado un artículo de ABC en que se informa de los planes de guerra de Estados Unidos contra Venezuela, como si fuera parte de su territorio en pie de guerra para alcanzar la independencia, como una reedición de la guerra civil contra los estados del sur del siglo XIX. Una intervención militar en la que participarían otras naciones del patio trasero con el objetivo de restablecer la democracia en Venezuela. Si de la democracia se tratará, lo que deberían hacer en primer lugar es instaurarla por primera vez en Estados Unidos y resto de naciones alineadas en el eje del mal, donde llevan turnándose los partidos de la oligarquía desde la noche de los tiempos.
Cada vez más gente sabemos qué clase de democracia se quiere restablecer en Venezuela: la que había en tiempos de Carlos Andrés Pérez, con millones de ciudadanos que no habían salido del limbo y allí habrían muerto si la democracia burguesa no se hubiera puesto democrática con la llegada de Hugo Chávez al poder, algo que jamás se consideró como una alternativa de poder perfectamente legítima y, si hemos de ser justos, imprescindible para que en una nación pueda hablarse de democracia en propiedad, ya que, desde la Grecia clásica y etimológicamente, sigue siendo el gobierno de la mayoría y no el gobierno del 5% privilegiado. Así que, dejémonos de las cantinfladas de las consitituciones semánticas y sistemas plutocráticos y luchemos por una verdadera democracia normativa donde los mandatos constitucionales y programáticos sean vinculantes, los representantes respondan penalmente, el pueblo participe en la creación de opinión pública, la elaboración programática y toma de decisiones; la riqueza (en todas sus formas) esté al servicio del interés general y exista un ajuste perfecto las políticas demográficas y las políticas económicas sostenibles para que nuestra especie tenga futuro además de presente y no tengamos que lamentar más catastrofes naturales o militares de origen antrópico.
La vida ha demostrado que lo unico hacia lo que deriva la derecha es el facismo. No puede permitirse la debilidad de pensar en una sociedad de iguales, por eso los intentos con las farsas democraticas electoreras siempre terminan en imponer sus ideas a la fuerza, Luego comienza un nuevo ciclo de mas de lo mismo.
Se puede recuperar el término de Estado de Derecho, pero no le basta añadir socialista. Es una concepción burguesa de la división de poderes.
Y es un término y campo de batalla (semántico y práctico) de la burguesía transnacionalizada actual, inclusive de algunos sectores burgueses internos en países determinados.
Hay que definir que es un Estado del pueblo trabajador, urbano y rural, manual e intelectual que se encuentra enfrascado en la construcción socialista.
Precisar aun más el urgente y necesario empoderamiento de los obreros, campesinos, estudiantes, intelectuales y demás grupos y sectores sociales, incluso de los actores no estatales que están definidos como participes en la edificación socialista, a pesar de los peligros de la propiedad privada pequeña y media.
En el mundo de hoy, y hace siglos, el Estado de Derecho es un concepto que manejan, tergiversan y manipulan las clases ricas, las explotadoras y opresoras. Las que enajenan y alienan a los trabajadores de todo el mundo.
Por eso, debemos dejarlo bien claro en la Constitución que vamos a aprobar.
Orlando, yo no soy un juriconsulto pero en mi humilde opinion, debe ser un Estado de Derecho, porque es, precisamente a traves del Derecho, en este caso, Socialista, es que es posible que todos los ciudadanos que entran en esos grupos sociales que mencionas gocen y ejerzan sus derechos y sus deberes. Hay varios escritores que expresan su repugnancia por el derecho burgues, etc pero creo que es ignorar todo el largo camino que ha transitado la Humanidad para llegar hasta donde estamos, empezando por el Derecho Romano, etc. Es casi tanto como plantear que Carlos Marx y Federico Engels sacaron el Marxismo de un sombrero e ignoraron olimpicamente todo el pensamiento filosofico anterior, pasando por la dialectica Hegeliana entre otros.
Recomiendo este texto de mi amigo Carlos Fernández Liria sobre Cuba y el Estado de Derecho. https://lapupilainsomne.wordpress.com/2017/04/27/sobre-cuba-la-libertad-y-el-estado-de-derecho-por-carlos-fernandez-liria/
Saludos