EE.UU.-Cuba: ¿Quién debe decidir?

Iroel Sánchez

La semana pasada la Subsecretaria de Estado Roberta Jacobson, quien ha estado al frente de las negociaciones con Cuba por la parte estadounidense, durante una conferencia sobre oportunidades en la Isla a la que fue invitada en Nueva York,  dio a entender que no se ha avanzado más entre ambos países por falta de decisiones del gobierno cubano.

Sin embargo, hace dos meses, la Directora de América del Norte de la cancillería cubana y principal negociadora en las conversaciones que tienen lugar con EE.UU., Josefina Vidal, declaró en una entrevista con la televisión cubana:

“Según los abogados que nos asesoran en este tema, porque es una cuestión que desde el punto de vista legal tiene sus complejidades, hay solamente un grupo reducido de cuestiones que el Presidente no puede modificar, porque están prohibidas por la ley.  Aparte de esas cuestiones, que son muy po­cas, el Pre­sidente  puede autorizar, mediante licencias o del Departa­men­to del Tesoro o del Departamento de Comercio, todas las demás transacciones, que incluye comercio, servicios, transportación”.

Centrándonos en los anuncios del ya célebre 17 de diciembre de 2014, aún está pendiente una decisión anunciada por el Presidente Barack Obama cuya inejecución entorpece todas las demás: la salida de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Por más que Washington diga querer estimular determinados intercambios con Cuba, como por ejemplo en el terreno de las telecomunicaciones, las limitaciones que impone la presencia del gobierno cubano en dicho listado hace muy difícil que empresas estadounidenses arriesguen capital en un acuerdo comercial con entidades cubanas.

Si ningún banco se atreve a tramitar los fondos de la Sección de Intereses de Cuba en Washington ante la permisología que requiere tratar con un país “terrorista”, ¿podrá alguna empresa de telecomunicaciones conservar los pagos a empresas cubanas sin que como en el pasado le sean confiscados por jueces venales? ¿influye eso en que haya tenido que ser IDT -una pequeña empresa- y no gigantes como Verizon, Spring, ATT, T-Mobile- la que se haya atrevido a un acuerdo para llamadas con Cuba, evitando, por razones de escala, precios más bajos?¿ocurrirá lo mismo con acuerdos sobre roaming, tarjetas telefónicas e internet?

¿Cómo podrán empresas norteamericanas vender equipos de telecomunicaciones a Cuba si sus sucursales en terceros países lo tienen prohibido, como también es imposible vender a la Isla dispositivos con más del 10% de componentes procedentes de EE.UU.? ¿Lo harán en dólares estadounidenses, moneda prohibida en las transacciones con Cuba?¿Se permitirá a las empresas estadounidenses que vendan tecnología poner sucursales en Cuba para servicios de garantía y postventa?¿Las ventas de tecnología de telecomunicaciones a Cuba serán al contado y con pagos por adelantado como se hace con los productos agrícolas, o los bancos estadounidenses darán crédito comercial para ello?¿se desbloquearán los productos y sitios que permanecen inaccesibles desde IP cubanas?¿podrán recibir empresas cubanas ingresos por comercio electrónico desde EE.UU., se autorizará la suscripción de acuerdos entre entidades de Cuba y EE.UU. para comercializar software y contenidos culturales en ambas direcciones? Lo más reciente que se conoce sobre el tema es la multa de 1.710 millones de dólares hace tres semanas al banco alemán Commerzbank por realizar transacciones que incluyen a Cuba.

Era de esperar que a estas alturas, con la fe que el gobierno estadounidense ha proclamado en que el uso de internet llevará a Cuba hacia el capitalismo pluripartidista ya debería haber dado un donativo al gobierno cubano para dotar a cada hogar gratuitamente de internet de banda ancha y a todos los rincones de la Isla de servicio inalámbrico donde cada habitante acceda a la red a través de los once millones de tablets que Obama nos debió haber enviado ya.

No se trata de que como dijo la señora Jacobson en el Senado el pasado 3 de febrero:  “La política de Estados Unidos dejará de ser una barrera a la conectividad en Cuba”, sino que nos ayude -“Deben decidir cuántas reformas y cuántas decisiones están dispuestos a tomar porque las cosas deben avanzar. Podemos ayudar, estamos ofreciendo ayuda, pero eso debe ser, al final, la decisión del gobierno cubano”, afirmó en la semana pasada en Nueva York- a hacer realidad la respuesta de Fidel cuando le preguntaron qué haríamos cuando todos los cubanos tuvieran internet: “hablar con los norteamericanos en inglés”.

Pero más que donativos, la “ayuda” y las “decisiones” que Cuba necesita en relación con EE.UU. las definió claramente Fidel el 26 de julio del año 2000 en la ciudad de Santa Clara pero EE.UU. aún no se ha atrevido a  asumirlas:

“…eliminen la Ley asesina de Ajuste Cubano, la Ley Torricelli, la Ley Helms-Burton, las decenas de enmiendas legales aunque inmorales, injertadas oportunistamente en su legislación; pongan fin por completo al bloqueo genocida y la guerra económica; respeten el derecho constitucional de sus estudiantes, trabajadores, intelectuales, hombres de negocio y ciudadanos en general a visitar nuestro país, hacer negocios, comerciar e invertir, si lo desean, sin limitaciones ni miedos ridículos, del mismo modo que nosotros permitimos a nuestros ciudadanos viajar libremente e incluso residir en Estados Unidos, y veremos si por esas vías pueden destruir la Revolución cubana, que es en definitiva el objetivo que se proponen.” (Publicado en CubAhora)