ZunZuneo no salió de la nada

Y subrayo “verdaderamente”, porque ya se sabe que también EEUU tiene sus tuiteros y blogueros favoritos, creados en virtud de planes tan fraudulentos y fantasiosos como el ZunZuneo –las evidencias abundan, por ejemplo, en Wikileaks.

Lo que nos dice esta nueva aventura encubierta de la USAID es que, además de espiar a medio mundo y convertir a cada internauta en un blanco fácil de la Agencia de Seguridad Nacional, como pedagógicamente nos recuerdan los documentos de Edward Snowden, el gobierno de EEUU tiene la capacidad de construir potentes herramientas virtuales en un limbo tecnológico y financiero, embasurar la red de telefonía móvil de un país con mensajes no solicitados, y  parcelar a los usuarios de una comunidad digital, como si fueran ganado, en unas bases de datos que  permiten diferenciar a cada cual por sus intereses políticos, sin el consentimiento de estas personas. Y, por supuesto, sin advertir que es la administración norteamericana la que está detrás del proyecto y que el objetivo final de la “operación” es “renegociar el equilibrio de poder entre el Estado y la sociedad” donde viven estas personas, según el documento de la USAID citado por AP.

Esto, como dice Politico Magazine, es escandaloso, además, porque no hay manera de evitar que todas las plataformas para las redes sociales queden inevitablemente bajo sospecha de intervención política del gobierno de los EEUU, y porque este pudiera convertir en tontos útiles a los activistas sociales que las utilizan, cuando no en traidores a los intereses de su propio país. Sin embargo, ni AP, que lanzó sobre la mesa más de mil páginas de la operación encubierta de la USAID contra Cuba, ni otros analistas que la han abordado,  ponen en perspectiva este asunto.  El ZunZuneo no es un meteorito que salió de la nada, ni una manzana envenenada solo para la Isla del Caribe que humilló a los yanquis en Girón.

Algunos antecedentes

Hay una amplia y documentada evidencia del financiamiento y puesta en práctica los esfuerzos de EEUU para destruir el gobierno cubano, que han incluido, como recuerda Político Magazine, “intentos de invasión, contratos con la mafia, tabacos envenenados y trajes de neopreno, y transmisiones de televisión pirata”, y que no se detuvieron en la era de Internet ni ante violaciones flagrantes de la legalidad cubana e internacional, como prueba el caso del agente estadounidense Alan Gross. (Como se conoce, Gross fue arrestado en diciembre de 2009 en La Habana, tras instalar una red fuera del control de las autoridades cubanas, y esta misma agencia del ZunZuneo, la USAID, al amparo de la legislación que promueve el cambio de régimen en la Isla, le pagaría por este servicio $590.608,00).

A partir de documentos desclasificados de la administración estadounidense, el periodista norteamericano Tracey Eaton desde hace varios años registra en su blog Cuba Money Project el destino de una parte de los fondos del gobierno de los Estados Unidos para la subversión en Cuba. Entre los documentos publicados en esta web se encuentra una copia de la auditoría de los gastos del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) realizada por Just the Facts, una entidad civil que audita los gastos del gobierno de los Estados Unidos para la Defensa y la Asistencia de Seguridad en América Latina y el Caribe. El DOS destinó 200 826 000 dólares en programas de subversión contra Cuba desde 1997 hasta 2011, de acuerdo con Just the Facts.

Quien siga con detenimiento las partidas de estos fondos millonarios, descubrirá una interesante tendencia: desde el 2003 hasta la fecha, los proyectos más favorecidos son aquellos que intervienen en el escenario digital del país, donde concurren fundamentalmente los jóvenes cubanos, educados para el uso de las llamadas nuevas tecnologías. Sin embargo, esto convive con el cierre de toda posibilidad de que Cuba pueda recibir beneficios económicos de la Internet. Hasta mayo de 1994, EEUU bloqueó para Cuba el acceso a sitios norteamericanos de Internet, bajo una política de “filtración de ruta” de la National Science Foundation (NCF), y no es hasta  octubre de 1996 en que finalmente la Isla se enlaza a la red internacional. En esa fecha se hizo efectivo el permiso para enlazar a la Isla a la red internacional, establecida en la Ley de la Democracia Cubana (Cuban Democracy Act o Ley Torricelli) de 1992, aún vigente, cuyo objetivo explícito es “democratizar la sociedad cubana”, e impuso límites y sanciones para las personas naturales o jurídicas de los EEUU que favorezcan el comercio electrónico, el turismo o cualquier otra área que genere beneficios económicos a Cuba, incluyendo la provisión de tecnologías. Prohíbe inversiones en “las redes de comunicaciones domésticas dentro de Cuba”, en particular “la contribución (incluida la donación) de fondos o de cualquier cosa de valor… y el otorgamiento de préstamos para ese fin” (U.S. Department of Treasury, 1992).

A fines de los 90 del siglo pasado y principios del actual, resultaron determinantes para desatar alarmas en Washington las ideas de Fidel Castro a favor de la conectividad social y una práctica favorable al acceso pleno al conocimiento y el uso de las redes informáticas, que se expresó con la creación de Infomed[1], la reanimación de los Joven Club de Computación[2], el impulso de la conectividad en varios sectores de la sociedad y los preparativos para la creación de la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana, fundada en el 2002.

Cuba fue el tema principal de una audiencia del Comité selecto del Senado sobre Inteligencia, que trató el tema de “la amenaza mundial” en febrero de 2001. El director de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), Almirante Thomas R. Wilson, identificó al gobierno cubano como un posible “ciberatacante”, el primer país de la historia que ha sido acusado como tal (Eriksson y Giacomello, 2007: 67). Unos meses después, en mayo de 2001, Geoff Demarest, de la Oficina de Estudios de Ejércitos Extranjeros (Foreign Military Studies Office), adscrita al Departamento de Defensa, publicó un análisis sobre la “Transición en Cuba” donde admitía que “la alfabetización informática está generalizada en la Isla”, los “cubanos podían sacar ventaja” de la Internet y “si el pensamiento (del gobierno de EEUU) era acelerar la transición de Cuba a la libertad (gracias al acceso concedido con la Ley Torricelli), esto no funcionó” (Demarest, 2001). Los halcones del Pentágono habían llegado a la conclusión de que si la Isla seguía la estrategia del acceso a la red, estaría en condiciones a corto plazo de dar un salto en su desarrollo tecnológico, científico y económico, y en la expresión política a partir de la apropiación de la nueva tecnología.

Esta actitud defensiva comenzó a reajustarse a partir de 2003, con la escalada de las tensiones entre Cuba y EEUU en el contexto de la guerra en Iraq y las provocaciones y amenazas del gobierno de George W. Bush contra la Isla, que obligó a la dirección de la Revolución a concentrarse en este escenario. Sopesaron además las limitadas inversiones en la extensión de la red, la divulgación de regulaciones ministeriales que acotan el acceso, la escasa o nula conexión fuera de las instituciones, los altos precios del servicio de conectividad en centros turísticos y cierta sobredimensión de la percepción de riesgo de la Internet.

A fines de ese año irrumpió la matriz mediática que presenta a Cuba en la lista de los “enemigos de la Internet”, de cara a la primera fase de la Cumbre de la Sociedad de la Información, celebrada en Ginebra en diciembre de 2003. La decisión de crear una red ilegal para la Isla impulsada desde territorio estadounidense, trascendió por primera vez en el Informe de la Comisión para la asistencia a una Cuba Libre, de la Administración Bush (Bush, 2004), que el 6 mayo de 2004 contemplaba “alentar a gobiernos de terceros países para que brinden acceso público a Internet a los cubanos en sus misiones diplomáticas en la isla”. La actualización de este Plan (Bush, 2006), anunciado por George W. Bush el 10 julio de 2006, avanzó aún más en este camino al centrar su estrategia en la decisión de “romper el bloqueo informativo”, para la cual otorgó 20 millones de dólares anuales al Departamento de Estado, dedicados fundamentalmente a proporcionar “información no censurada a través de emisiones convencionales y vía satélite e Internet”.

El 14  de febrero de 2006 la Secretaria de Estado Condoleezza Rice creó oficialmente el Grupo de Trabajo para la Libertad de la Internet Global (GIFT, siglas en inglés de Global Internet Freedom Task-Force), que tiene entre sus objetivos principales monitorear a Irán, China y Cuba las 24 horas del día y elaborar estrategias específicas para estos países en la Red de Redes, con la capacidad de convocar equipos multidisciplinarios que puedan hacer viables las decisiones del gobierno estadounidense y que sean capaces de crear, entre otros recursos, herramientas altamente especializadas contra “la censura”.[3]

Hillary Clinton, quien reemplazó a Condoleezza en el cargo,  aseguró en un discurso sobre la libertad de Internet pronunciado el 21 de enero de 2010, que el Departamento de Estado estaba trabajando “en más de 40 países para ayudar a personas silenciadas por gobiernos opresivos”. Añadió que había dado la orden de revitalizar el GIFT, “como foro para abordar las amenazas a la libertad de Internet en todo el mundo, e insto a las empresas y medios de los EEUU a asumir un papel proactivo para desafiar a los gobiernos extranjeros que practican la censura y la vigilancia” (Clinton, 2010). El GIFT estuvo activamente vinculado a la llamada “Revolución verde iraní”, una campaña a través de Twitter contra las elecciones en Irán en la que se demostró que de los 10 000 usuarios de esa plataforma que enviaron algún mensaje durante la “rebelión”, solo 100 estaban realmente ubicados en el país islámico (Schectman 2009). Este Grupo de Tareas recibió en el 2010 el nombre de NetFreedom (U.S. Department of State 2010) y sigue siendo clave para adjudicar fondos, “construir” líderes locales y generar proyectos contra el gobierno de la Isla en el espacio digital.

Desde el 2008 y de manera sostenida, el gobierno de EEUU ha dirigido hacia el ciberespacio cubano la mayoría del presupuesto público destinado a la política de “cambio de régimen” en la Isla. Las nuevas regulaciones emitidas en septiembre de 2009 por la Oficina de Industria y Seguridad (Bureau of Industry and Security) crearon una excepción a la licencia de exportación a Cuba para “dispositivos de comunicación donados”, que incluyen teléfonos celulares, tarjetas SIM, PDAs, computadoras portátiles y de escritorio, USB flash drives, equipos Bluetooth, y dispositivos de conexión inalámbrica a Internet (routers wireless) (Department of Commerce, 2009). La Heritage Foundation recomendó al gobierno demócrata en marzo de 2012 crear servicios y tecnologías informáticas específicas para Cuba que permitan cumplir estos objetivos, en particular el empleo de antenas super-WiFi[4] desde territorio estadounidense que faciliten la conexión a Internet (Walter y Wachtenheim, 2012), controlada mediante claves de acceso y sin correr el riesgo de enviar a agentes que puedan terminar en la cárcel, como Alan Gross.

A pesar del éxito del bloqueo desde Cuba de las señales de Radio y Tele Martí, que ha generado polémicas dentro de Estados Unidos, recortes en el presupuesto a estas emisiones e incluso llamados a cerrarlas, existe consenso de que con el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), es posible proveer instrumentos que logren intervenir los sistemas de comunicación cubanos, creen tensiones políticas internas y articulen la opinión pública contra la Revolución, favorecidos por una red nacional ya muy permeada por las influencias de las redes internacionales, que logran imponer sus agendas informativas a contracorriente de lo que se divulga o no en los medios cubanos.

El proyecto encubierto de la USAID contra Cuba es uno de tantos que el gobierno norteamericano ejecuta con dinero de sus contribuyentes. Las evidencias las aportan documentos e investigadores de ese país, pero están dispersas y rara vez se hilvanan, porque para eso habría que seguir el consejo que “garganta profunda” dio a los periodistas del caso Watergate: síganle la pista al dinero. O respondan, al menos, aquellos que quieran de verdad dar en el blanco y hacer estallar un escándalo que no se olvide antes de la próxima semana: si este ZunZuneo costó un millón de dólares, ¿en qué se han empleado los 199 millones restantes que develó la investigación de Just the Facts? ¿Qué otras partidas están ocultas? ¿En qué se utilizan?

Conectividad efectiva

Este ZunZuneo no está desarticulado de un programa más amplio para América Latina. Llama la atención que nadie ha reparado en una operación especial aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuyo objetivo es “expandir” los Nuevos Medios Sociales en el continente enfocados en la promoción de los intereses norteamericanos en la región. “Una gran parte de este esfuerzo se ha invertido en Cuba” (USGPO, 2011), reconocía el documento, pero “las operaciones de conectividad efectiva”, como las llamaron entonces y aún siguen en pie, tomaban buena nota de la situación del uso de estas plataformas desde el Río Bravo hasta la Patagonia.

El documento que usted puede ver aquí, a la firma del entonces Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y hoy Secretario de Estado, John Kerry, explicaba sin demasiada vuelta de hoja cuál es el interés de los Estados Unidos en las llamadas redes sociales del continente:

“Con más del 50% de la población del mundo menor de 30 años de edad, los nuevos medios sociales y las tecnologías asociadas,  que son tan populares dentro de este grupo demográfico, seguirán revolucionando las comunicaciones en el futuro. Estas tecnologías pueden favorecer el cambio político, mejorar la eficiencia del gobierno , y contribuir al crecimiento económico… Los medios sociales y los incentivos tecnológicos en América Latina sobre la base de las realidades políticas, económicas y sociales serán cruciales para el éxito de los esfuerzos gubernamentales de EE.UU. en la región.”

El informe, que resumía la visita de una comisión de expertos a varios países de América Latina para conocer in situ las políticas y financiamientos en esta área,  además de entrevistas con directivos de las principales empresas de Internet y funcionarios norteamericanos, recomendaba “aumentar la conectividad y reducir al mínimo los riesgos críticos para EEUU. Para eso, nuestro gobierno debe ser el líder en la inversión de infraestructura.”  Y añadía: “El número de usuarios de los medios sociales se incrementa exponencialmente y como la novedad se convierte en la norma, las posibilidades de influir en el discurso político y la política en el futuro están ahí”.

¿Qué hay detrás de este modelo de “conectividad efectiva” para América Latina, donde el ZunZuneo parece ser un punto de la agenda? La visión instrumental del ser humano, susceptible a ser dominado por las tecnologías digitales. El gobierno de Estados Unidos valora la posibilidad de que unas herramientas creen una simulación de base y a partir de ahí se derrumben sistemas políticos que no les resulten convenientes, el cubano y cualquier otro.  Pero la realidad es testaruda y a veces toma extraños nombres: Bay of Tweets, Bay of Pigs, Playa Girón… (Tomado de Cubadebate)

Notas

[1]Se trata de la red del sector de la salud. En el 2001, Nelson P Valdés refería sobre Infomed: “Se ha dado prioridad a las instituciones de la salud en las 14 capitales provinciales de la Isla y en 30 de los 169 municipios. Hay, al menos, tres mil cuentas de correo electrónico en instituciones médicas. Las nuevas comunicaciones internas han comenzado a vincular el sistema de salud existente en policlínicos, hospitales, instituciones de investigación y casas del médico de la familia. Los recursos de Infomed suministran información actualizada sobre la salud en Cuba y el mundo. Cuba proporciona el texto completo de 37 publicaciones médicas de forma gratuita, 14 textos virtuales (con categoría de libros) y cuatro boletines diarios” (Valdés, 2001: 65).

[2] En 1987 se crearon los Joven Club de Computación y Electrónica, o Red de Joven Club (JC), sistema de telecentros que se extendió por todas las provincias del país. Patrik Hunt, un experimentado investigador de los telecentros en América Latina, afirmó en el 2001 que ninguna otra red en la región tenía entonces la “profundidad de experiencia”, el “alcance como red” y la “investigación en curso” de los JC cubanos (Hunt citado por Valdés, 2001: 64).

[3] Este Grupo especial del Departamento de Estado no suele tener mucha presencia pública. Detalles de cómo se conformó y sus objetivos pueden encontrarse en el memorando emitido por la entonces Secretaria de Comercio Josette S. Shiner (Shiner 2006).

[4] La super-WiFi es un protocolo de telecomunicación inalámbrica que permite que la señal de Internet de alta velocidad sea más potente viaje más lejos de lo que lo hace el sistema Wi-Fi actual. Wi-Fi es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 que soportan las redes inalámbricas de área local.

Bibliografía

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