¿En la “dictadura cubana”? No, en la “democracia española”

Represión contra estudiantes en Valencia, España

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana española endurece los castigos frente a las protestas sociales. Algunos de los hechos penados por la llamada “Ley mordaza” y sus consecuencias, con información de Público.es:

Infracciones muy graves (Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros)

– La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.

– La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.

– Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.

– Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.

– Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.

Infracciones graves (Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros)

- Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

– Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.

– Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.

– Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.

No se dice en nigún caso cuál sería la sanción si esos hechos fueran alentados y financiados por una potencia extranjera pero el Código penal español recoge que:

“Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.”