Salim Lamrani (Opera Mundi)

Estados Unidos acaba de colocar otra vez a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que suscitó la ira de La Habana que rechaza una acusación “arbitraria”.

Desde 1982, Cuba forma parte de la lista de las naciones que patrocinan el terrorismo internacional, que establece el Departamento de Estado, con la aplicación de diversas sanciones como consecuencia. La administración republicana de Ronald Reagan decidió incluir la isla por el apoyo que brindaba a los movimientos revolucionarios de América Latina, particularmente en El Salvador.En aquella época, el gobierno conservador había decidido abandonar la política de acercamiento con La Habana que estableció su predecesor James Carter, el cual estaba a punto de normalizar las relaciones con Cuba.

En su último informe publicado el 30 de mayo de 2013, Washington justifica el mantenimiento de La Habana en el grupo que incluye a Irán, Siria y Sudán, subrayando que  “en el pasado, algunos miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estuvieron autorizadas a refugiarse en Cuba”. El informe enfatiza también que “el gobierno cubano sigue protegiendo a fugitivos buscados en Estados Unidos. El gobierno cubano también proporciona apoyos como viviendas, bonos alimentarios y atención médica a esos individuos”. Finalmente, el documento alude a la presencia de separatistas vascos en Cuba.[1]

No obstante, Washington omite resaltar varios elementos fundamentales que destrozan las distintas acusaciones. En cuanto a las FARC, La Habana acogió efectivamente a algunos elementos en el pasado. Pero fue Colombia quien solicitó al gobierno cubano para ello en el marco de negociaciones destinadas a desembocar en un acuerdo de paz. Así, desde noviembre de 2012, Cuba es la sede de negociaciones entre representantes de las FARC y del gobierno colombiano. El informe del Departamento de Estado admite que Cuba “acoge un diálogo de paz” entre la guerrilla y el Estado colombiano, y señala que no hay “ningún indicio de que el gobierno cubano proporcione armas o entrenamiento paramilitar a grupos terroristas”.[2]

Wayne S. Smith, antiguo embajador estadounidense en Cuba, hizo partícipe de su incomprensión tras la publicación del informe: “El gobierno colombiano, lejos de acusar a Cuba de albergar a guerrilleros, saludó varias veces la contribución de La Habana al proceso de paz”.[3]

En cuanto a los miembros de ETA, Washington omite señalar también que La Habana sólo respondió a una petición del gobierno español de Felipe González de acoger a unos dirigentes, en el marco de negociaciones de paz con la organización separatista vasca.

Jim McGovern, representante republicano del Estado de Massachussetts, también expresó su desacuerdo con la decisión del Departamento de Estado. “No hay ninguna prueba de que Cuba brinde apoyo a grupos terroristas”, apuntó, recordando que Colombia había saludado a menudo “el papel constructivo” de la isla en la búsqueda de un acuerdo de paz.[4] Anthony Quainton, embajador al origen de la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas en 1982, también expresó su desaprobación: “Ha llegado el tiempo de retirar a Cuba de la lista, por nuestros intereses mutuos”.

Del mismo modo, Patrick Ryan, antiguo embajador estadounidense, autor de los informes sobre el terrorismo entre 2007 y 2009, lanzó un llamado a Washington de poner fin a la estigmatización de La Habana:

“Como antiguo diplomático americano, autor de los informes sobre el terrorismo entre 2007 y 2009 […], visité Cuba varias veces en el marco de mi trabajo. Estoy convencido de que mantener a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo es absurdo y altamente político, particularmente vistas las evidentes omisiones.

¿Dónde está Corea del Norte, que lanzó ataques contra el sur durante los últimos años –y que amenazó recientemente con lanzar un ataque nuclear contra Estados Unidos? […] Ninguna fuente creíble de información afirma que Cuba representa actualmente una amenaza a nuestra seguridad.

Desde hace demasiado tiempo, una pequeña minoría de políticos cubanoamericanos dicta la política exterior de Estados Unidos hacia uno de nuestros vecinos geográficamente más cercanos, y ha utilizado esta lista de países terroristas altamente cuestionable para justificar el mantenimiento de un embargo que data de la Guerra Fría.

Curiosamente, esos miembros del Congreso apoyan la libertad de los cubanos de viajar a Estados Unidos, pero no la libertad de los americanos a viajar a Cuba, y utilizan la justificación del terrorismo para ello.

El hecho de que algunos miembros del grupo separatista vasco ETA se encuentren en la isla con la bendición del gobierno español, que los miembros de las FARC se hallen en Cuba durante las negociaciones de paz apoyadas por el gobierno colombiano y que varios fugitivos de la justicia americana –de hecho ninguno de ellos ha sido acusado de terrorismo– hayan vivido allí exilados desde los años 1979, no son argumentos creíbles para mantener la acusación […].”

Es tiempo de adoptar un nuevo enfoque pues nuestra política actual anacrónica ha fracasado estrepitosamente desde hace más de medio siglo”.[5]

Por su parte, el gobierno de La Habana condenó la instrumentalización de la guerra contra el terrorismo para fines políticos. En una larga declaración, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a Washington:

“Nuevamente, esta decisión bochornosa ha sido tomada faltando de manera deliberada a la verdad e ignorando el amplio consenso y el reclamo explícito de numerosos sectores de la sociedad estadounidense y de la comunidad internacional para que se ponga fin a esa injusticia.

El único propósito de este ejercicio desprestigiado contra Cuba es intentar justificar el mantenimiento del bloqueo, una política fracasada que el mundo entero condena.

El Gobierno de los Estados Unidos insiste en mantener esta designación arbitraria y unilateral, a pesar del desplome total de las acusaciones ridículas y de los argumentos endebles que tradicionalmente ha utilizado en los últimos años como excusas para ello […].”

El territorio de Cuba nunca ha sido utilizado y nunca se usará para cobijar a terroristas de ningún origen, ni para organizar, financiar o perpetrar actos de terrorismo contra ningún país del mundo, incluyendo los Estados Unidos. El Gobierno cubano rechaza y condena inequívocamente todo acto de terrorismo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y cualesquiera que sean las motivaciones que se aleguen.

Por el contrario, el Gobierno de los Estados Unidos emplea el terrorismo de Estado como un arma contra países que desafían sus intereses, causando muertes en la población civil. Ha usado aviones no tripulados para perpetrar ejecuciones extrajudiciales de supuestos terroristas, incluso estadounidenses, resultado de lo cual han muerto cientos de civiles inocentes.[6]

El gobierno también acusa a Washington de albergar a terroristas de origen cubano responsables de varias centenas de asesinatos, algo que Estados Unidos no niega. Desde 1959, el terrorismo procedente de Estados Unidos costó la vida a 3.478 cubanos y 2.099 incapacitados. El caso más emblemático es el de Luis Posada Carriles. Antiguo policía bajo el régimen dictatorial de Fulgencio Batista, Posada fue reclutado por la CIA en 1961 y se volvió un experto en explosivos. Es responsable de más de un centenar de asesinatos, entre ellos el atentado del 6 de octubre de 1976 que provocó la explosión en pleno vuelo de un avión civil en Barbados, ocasionando la muerte de 73 personas, entre ellas todo el equipo juvenil de esgrima que acababa de ganar los juegos panamericanos. También es autor de la ola de atentados terroristas que golpeó la industria turística cubana entre abril y septiembre de 1997 que costó la vida al ciudadano italiano Fabio di Celmo y que hizo decenas de víctimas.[7]

No hay ninguna duda de la culpabilidad de Luis Posada Carriles. En efecto, los informes del FBI y de la CIA son explícitos al respecto: “Posada y Bosch orquestaron el atentado contra el avión”.[8] Del mismo modo, en su autobiografía Los caminos del guerrero, reivindica abiertamente su trayectoria terrorista. Además, el 12 de julio de 1998, Posada Carriles concedió una entrevista al New York Times en la cual se vanagloriaba de ser la persona que más atentados realizó contra Cuba, reivindicando la paternidad intelectual de los atentados de 1997. Según él, el turista italiano “se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”.[9]

Frente al recrudecimiento de los atentados en los años 1990, Cuba infiltró a varios de agentes en Florida para impedir la realización de los proyectos terroristas de grupúsculos de extrema derecha de origen cubano. Tras reunir un voluminoso informe sobre 64 personas implicadas en actos violentos contra la isla, La Habana transmitió la información al FBI. En vez de proceder al arresto de los individuos que pertenecían a organizaciones criminales, Washington arrestó a los cinco agentes infiltrados en el exilio cubano y los condenó a penas de prisión que van de 15 años a cadena perpetua, durante un juicio que denunciaron Amnistía Internacional, las Naciones Unidas y no menos de diez Premios Nobel.[10]

La instrumentalización para fines políticos de un tema tan grave como el terrorismo perjudica la credibilidad del Departamento de Estado, acusado de cálculo e hipocresía. Por un lado, Washington afirma que lleva una guerra contra el terrorismo, y del otro ofrece la protección a criminales como Luis Posada Carriles y sanciona a cinco agentes cubanos cuyo papel era impedir la realización de atentados contra Cuba. En nombre de la guerra económica e ideológica que Washington lleva contra La Habana desde hace más de medio siglo, Estados Unidos no vacila en ubicar en la lista de países terroristas a una nación cuya principal característica es ser una víctima del terrorismo desde hace cincuenta años.

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de la Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula The Economic War Against Cuba. A Historical and Legal Perspective on the U.S. Blockade, New York, Monthly Review Press, 2013, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio de Paul Estrade.

Contacto: lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr

Página Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamraniOfficiel

Omar Pérez Salomón

A propósito del reporte anual del Departamento del Tesoro al Congreso de EE.UU sobre los activos confiscados a los estados y organizaciones calificadas por Washington como “terroristas”, que revela que ese país congeló a Cuba 245 millones de dólares durante el 2011, recuerdo que en el mes de octubre se cumplen veinte años de que fuera sancionada en el Congreso norteamericano la Ley Torricelli, promulgada por el ex presidente George Bush (padre) el 23 de octubre de 1992, en plena campaña electoral, con el propósito, entre otros, de ganarse al electorado de la Florida.

Es una de las expresiones más acabadas de la línea agresiva del imperio contra la Revolución cubana, al articular toda una retórica eufemística que enarbola conceptos como democracia, derechos humanos, economía de mercado, y, por supuesto, un reforzamiento del bloqueo impuesto desde inicios de la Revolución. Al mismo tiempo se pronunció a favor de “comunicaciones adecuadas entre ambos países”, en el interés de “promover cambios políticos en Cuba”.

En este contexto, en julio de 1993, el gobierno norteamericano hizo pública su nueva política de telecomunicaciones hacia Cuba, que se caracteriza por los aspectos principales siguientes:

• Ratificó que la cuenta perteneciente a la empresa EMTELCUBA, por concepto del tráfico telefónico internacional entre los años 1966 a 1992 no fuera desbloqueada. Esta cuenta era de unos 122 millones de USD que sumados los intereses, más la cuenta bloqueada a favor del Banco Nacional de Cuba por otros conceptos, se elevó a unos 161,6 millones en el año 2000.
• Ratificó la prohibición de adquirir por Cuba medios de comunicaciones en EE.UU., y de que las empresas del vecino del norte participaran en la modernización de la red nacional de telecomunicaciones de la mayor de las Antillas.
• Autorizó la liquidación de cuentas entre empresas de telecomunicaciones de ambos países, aunque evitando la acumulación “excesiva” de ganancias en divisas por parte de empresas cubanas.
• Fijación de forma arbitraria e impositiva de la tasa de distribución máxima a repartir entre las compañías de $1.20/minuto que aunque era la histórica debió haber sido determinada y acordada nuevamente por las compañías operadoras de ambos países, y no impuesta por el gobierno norteamericano.

De esta forma, se le da un carácter político a una cuestión puramente técnica y económica entre empresas. Es decir, la Ley Torricelli aboga por comunicaciones eficientes y adecuadas entre ambos países pero exige que el gobierno cubano no acumule beneficios que ellos consideren “excesivos”.

Aunque se autorizaba las llamadas familiares se limitaban las llamadas comerciales como las derivadas del turismo y continuaban confiscando activos de empresas cubanas.

Como se manifiesta con la confiscación de los activos cubanos en 2011, la administración de Barack Obama continúa la línea de sus antecesores y refuerza el injusto bloqueo económico y comercial contra Cuba en un año electoral en EE.UU.. Algo por lo que le vaticino momentos nada agradables en la próxima Cumbre de las Américas, a efectuarse esta semana en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias.