La reciente firma por el gobernador del estado norteamericano de La Florida, Rick Scott, de una ley que impide hacer contratos públicos con empresas de cualquier país que tengan actividades en Cuba ha desatado una fuerte polémica que ha puesto de manifiesto el fanatismo de la derecha cubanoamericana que, con tal de hacer daño a la Isla, no cree en legislaciones federales ni en los intereses de EE.UU.

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Iroel Sánchez

El gobernador de La Florida Rick Scott firma la polémica Ley. Foto: AFP

La promulgación en el estado norteamericano de La Florida de una ley que prohíbe a instituciones públicas suscribir contratos con empresas que hagan negocios en Cuba ha levantado un avispero de opiniones a favor y en contra en la ciudad de Miami.

El envío de una carta a Washington por el gobernador floridano Rick Scott, poco después de firmar la ley, reconociendo que esta no puede entrar en vigor sin aprobación del presidente norteamericano y el Congreso federal, desató tal ira entre los voceros del extremismo anticastrista que Scott se vio obligado a declarar que la polémica legislación entrará en vigor el próximo 1ro de julio. Por otra parte, voces del mundo de los negocios como la Cámara de Comercio de la Florida, o importantes analistas legales, han señalado la contradicción de la nueva legislación con el hecho de que la política y el comercio exterior son atribuciones federales.

Incluso, periodistas de largo y hostil currículum contra Cuba, como Andrés Oppenheimer, han afirmado que dicha ley pudiera ser contraproducente al propiciar que otros estados -como Iowa y Kansas, que quieren aumentar sus exportaciones de alimentos a la Isla- emitan leyes que agujereen el bloqueo que hace más de cincuenta años se aplica contra los cubanos.

Pero en un año electoral y tratándose de Miami cualquier cosa puede ocurrir. En 1992 el entonces candidato Bill Clinton ofreció su apoyo a la Ley Torricelli, que reforzaba el bloqueo, obligando al presidente George W. Bush a firmarla. Clinton también fue el firmante, en 1996, de la Ley Helms-Burton que recrudeció aún más el acoso económico a Cuba, aunque  no puso en vigor el capítulo III, que todos los presidentes posteriores han pospuesto,  por su carácter extraterritorial, aspecto que también está presente en la ley firmada por Scott.

La reciente decisión de la Junta de Gobernadores de Transmisiones del gobierno de los Estados Unidos, de respaldar un insultante editorial contra el Cardenal cubano Jaime Ortega, firmado por el director de la emisora gubernamental norteamericana Radio Martí expresa el interés de Washington en no molestar ni con el pétalo de una rosa a los extremistas de Miami.

El origen de la ley firmada por Scott parece estar en los deseos de castigar a la empresa constructora brasileña Odebrecht que ejecuta la remodelación del puerto cubano de Mariel  y que ha realizado importantes obras con financiamiento público en La Florida. Recientemente, en la llamada Cumbre de las Américas la presidenta brasileña, Dilma Rouseff, recordó a su par norteamericano, Barack Obama, que Brasil sólo aceptará ser tratado como un igual y ya representantes del gobierno de Rouseff expresaron su preocupación por la nueva legislación. Así que en algún momento Obama deberá escoger entre la República Independiente de Miami -la ciudad más miserable de EE.UU.- y la República Federativa de Brasil, sexta economía mundial.

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