Ángel Guerra Cabrera

Cristina Fernández durante el anuncio de nacionalización

La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la conquista de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina. El hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem(1992).

 El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación contará con importantes votos opositores,  expropia casi la totalidad de las acciones de la nominalmente española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales(YPF) –el 51 por ciento-, declara de “interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos y también las tareas “de explotación, industrialización, transporte y comercialización”.  Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre un recurso cuyo carácter  finito, de seguridad nacional y objeto de desaforada  especulación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922 por el legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años, fue una entidad pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme orgullo, no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo de soberanía.

Conviene recordar que las empresas de origen español han hecho su agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a la voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para rápidamente convertirse en boyantes transnacionales como es el caso de Repsol, que debe su trasformación en gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o Santander, cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.

El gobierno argentino responsabiliza a Repsol  con la caída de 54 y 97 por ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y 2011, como resultado de su política de explotación máxima de los pozos ya existentes cuando se privatizó YPF.  Repsol-YPF apenas invirtió en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los beneficios(13 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política de precios, altamente lesiva para la economía argentina. Reconvenida por Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de combustibles que por valor de 9 397 millones de dólares se vio obligado a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su balanza comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido nueve años y en medio de la profunda crisis energética y de la economía capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar el autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como argumenta el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de Venezuela al Mercosur.

La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera privada en el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los inversionistas como arguyen los neoliberales. Existe un enorme  interés del capital internacional por asociarse con el país rioplatense, cuyas reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de barriles.

Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la transnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha rechazado.  El gobierno de Rajoy, en una trasnochada actitud colonialista no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En lugar de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles –que comienzan a emigrar a Argentina-, continúa hundiéndolos en una insondable catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal en  España con mayoría de capital no español, que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina -como lo harán otros  gobiernos y los pueblos de nuestra América- Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la defensa de Repsol. ¿Por qué será?

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Atilio Boron

El entredicho entre el gobierno argentino y la empresa Repsol-YPF ha desencadenado una virulenta reacción de parte de funcionarios del gobierno ultraconservador español. Las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo; de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y la del Secretario de Estado de España para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, revelan que a pesar del largo tiempo transcurrido estos funcionarios de la Corona todavía no se percataron del resultado de la batalla de Ayacucho que, en 1824, terminó de demoler los restos del imperio español en esta parte del mundo. Tanto su “puesta en escena” –rostros endurecidos de furia, frases altisonantes, dedo índice en ristre de García-Margallo- como el contenido amenazante de sus declaraciones, especialmente la del tal Méndez de Vigo diciendo que la Argentina se convertiría en un “apestado internacional” y sufriría “consecuencias malísimas” en caso de que se afectaran los intereses de Repsol-YPF son un oportuno recordatorio de que, lamentablemente, las peores tradiciones del colonialismo español siguen vivas y regurgitan cada vez que sienten que alguna de sus antiguas colonias se aparta del curso de acción fijado por la antigua metrópolis.

La violencia simbólica desatada en estos días se inscribe en el sórdido panorama que presenta la España actual, atribulada por una profunda crisis económica y por el fenomenal retroceso experimentado en materia de derechos ciudadanos y libertades públicas. Hace apenas un par de días que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo pública su intención de vigilar y maniatar las redes sociales por lo que toda convocatoria a protestas o manifestaciones políticas de cualquier tipo hecha a través de las mismas será tipificada nada menos que como un delito penal. A partir de esa iniciativa, el gobierno español podrá perseguir a quienes, en su peligroso delirio, califica como “grupos radicales antisistema” involucrados en novísimas formas de “guerrilla urbana”. Todo esto con el afán de impedir que las víctimas del brutal ajuste neoliberal impulsado por el Partido Popular puedan oponer resistencia y luchar contra la injusticia de un proyecto al que sola y exclusivamente le preocupa salvaguardar los intereses del capital, no el bienestar del pueblo. Pese a ello son muchos quienes con ingenuidad todavía confunden un régimen capaz de producir estas muestras de despotismo con la “democracia.”

El argumento más socorrido por estos enardecidos funcionarios de la Corona es que cualquier agresión a Repsol-YPF sería un ataque a España y, por ende, a los españoles. No hay que caer en esa trampa. El pleito no es con España o los españoles sino con su burguesía, que explota y desangra a los pueblos tanto fuera como dentro de España, cosa que hoy es evidente hasta para un ciego. Porque España no es esa pandilla de saqueadores profesionales, dignos descendientes de quienes cometieron en nuestras tierras el mayor genocidio de la historia, amparados por la maléfica alianza entre la cruz y la espada. España no son esos especialistas en vaciar empresas y en arrancar pingües ganancias como lo han hecho por toda Latinoamérica y el Caribe bajo la protección de sus padrinos políticos, sean estos Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. España no es esa Corona nauseabunda y parasitaria, hundida en una ciénaga de escándalos que “la prensa seria” de la península se encarga de disimular. Para nosotros España es la poesía de Miguel Hernández, Rafael Alberti y Federico García Lorca; las pinturas de Pablo Picasso; la música de Manuel de Falla y Pablo Casals; la filosofía de Manuel Sacristán Luzón, y de mi inolvidable maestro Adolfo Sánzhez Vázquez. España es la extraordinaria labor de los republicanos exiliados en México: Wenceslao Roces, José Gaos y Eugenio Imaz, entre otros, eximios traductores al castellano de El Capital y otros textos de Karl Marx, así como de muchos otros autores del pensamiento clásico. España, por último, es el indoblegable heroísmo de la Pasionaria y los anarquistas y comunistas que lucharon contra la barbarie franquista, de la cual Rajoy, Aznar y el Partido Popular son sus indiscutibles herederos. Estos energúmenos, tardíos sobrevivientes de un conjuro medieval, representan con sus exabruptos de hoy lo peor de España. Son los perros guardianes de los filibusteros de traje y corbata que siembran miseria dentro y fuera de España. La lucha es contra esa España, no contra los españoles ni mucho menos contra la otra España, con la cual nos sentimos hermanados.

– Dr. Atilio Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina (Tomado de A