Salim Lamrani (Opera Mundi)

Washington se niega a actuar para impedir que los grupúsculos de la extrema derecha cubana de Florida planifiquen atentados contra la isla.

El 6 de mayo de 2014, las autoridades cubanas anunciaron el arresto de cuatro personas residentes en Miami, sospechosas de preparar atentados terroristas contra la isla. José Ortega Amador, Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos y Félix Monzón Álvarez hicieron el viaje desde la Florida y “reconocieron que pretendían atacar instalaciones militares con el objetivo de promover acciones violentas”.[1]

El Gobierno acusó a otros tres residentes de Miami, con graves antecedentes criminales, de autores intelectuales del proyecto de atentados: “[Los cuatro detenidos] declararon además, que estos planes se han estado organizando bajo la dirección de los terroristas Santiago Álvarez Fernández Magriñá, Osvaldo Mitat y Manuel Alzugaray, quienes residen en Miami y mantienen estrechos vínculos con el connotado terrorista Luis Posada Carriles”.[2]

Desde 1959, Cuba ha sido víctima de una intensa campaña de terrorismo orquestada desde Estados Unidos por la CIA y los exilados cubanos. En total se perpetraron cerca de 7.000 atentados contra la isla desde el triunfo de la Revolución. Costaron la vida a 3.478 personas e infligieron secuelas permanentes a otras 2.099.[3]

A principios de los años 1990, tras el desmoronamiento de la Unión Soviética y la apertura de Cuba al turismo, hubo un recrudecimiento de los atentados terroristas contra las infraestructuras hoteleras de La Habana, perpetrados por la extrema derecha cubana de Miami, con el fin de disuadir a los turistas de viajar a la isla y sabotear así un sector vital para la moribunda economía cubana. Los actos violentos causaron decenas de víctimas y costaron la vida a un turista italiano, Fabio di Celmo.[4]

Los autores de esos actos terroristas se encuentran todavía en Miami, donde gozan de total impunidad. El caso de Luis Posada Carriles es un ejemplo perfecto. Antiguo policía bajo la dictadura de Batista fue agente de la CIA después de 1959 y participó en la invasión de Bahía de Cochinos. Es responsable de más de un centenar de asesinatos, entre ellos el atentado del 6 de octubre de 1976 contra el avión civil de Cubana de Aviación que costó la vida a 73 personas, entre ellas todo el equipo juvenil de esgrima cubano que acababa de ganar los juegos panamericanos[5].

No cabe ninguna duda de la culpabilidad de Posada Carriles: reivindicó abiertamente su trayectoria terrorista en su autobiografía titulada Los caminos del guerrero y reconoció públicamente que fue el autor intelectual de los atentados de 1997 contra la industria turística cubana en una entrevista al New York Times el 12 de julio de 1998. Además los archivos del FBI y de la CIA desclasificados respectivamente en 2005 y 2006, demuestran su implicación en el terrorismo contra Cuba.[6]

Posada Carriles nunca fue juzgado por sus crímenes. Al contrario, Washington siempre lo ha protegido negándose a enjuiciarlo por sus actos o a extraditarlo a Cuba o a Venezuela (donde también cometió crímenes). Esta realidad desmiente las declaraciones de la Casa Blanca a propósito de la lucha contra el terrorismo.

En 1997 Cuba propuso a Estados Unidos una colaboración discreta en la lucha contra el terrorismo. El escritor colombiano Gabriel García Márquez, que mantenía relaciones amistosas al mismo tiempo con Fidel Castro y con Bill Clinton, sirvió de mensajero. El Gobierno de la isla invitó a dos funcionarios del FBI a La Habana para entregarles un informe sobre las actuaciones criminales de algunas organizaciones basadas en la Florida. En efecto, los servicios de inteligencia cubanos habían infiltrado a varios de sus agentes en Florida. Pero en vez de neutralizar a los responsables de los actos terroristas, el Gobierno de Estados Unidos decidió proceder al arresto de cinco agentes cubanos en 1998 y condenarlos a penas de prisión sumamente severas, desde 15 años de  reclusión hasta dos cadenas perpetuas, en un juicio denunciado por numerosas organizaciones internacionales. Tres de los condenados, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero y Ramón Labañino, aún se encuentran detrás de las rejas.

Al mismo tiempo, para justificar su política hostil de sanciones económicas anacrónicas y crueles que afectan a todas las categorías de la población cubana e impedir toda normalización de las relaciones bilaterales, Washington no vacila en clasificar a Cuba en la lista de los países patrocinadores del terrorismo internacional, so pretexto de que unos miembros de la organización separatista vasca ETA y de la guerrilla colombiana de las FARC se encuentren en Cuba… tras la petición expresa de los gobiernos español y colombiano. Washington lo reconoce claramente en su informe: “El Gobierno de Cuba apoyó y auspició negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Colombia con el objetivo de lograr un acuerdo de paz entre ambas partes”. Estados Unidos reconoce que “no hay información de que el Gobierno cubano haya suministrado armamento o dado entrenamiento paramilitar a grupos terrorista” y admite que “miembros de ETA residentes en Cuba fueron reubicados con la cooperación del Gobierno español”.[7]

Washington justifica también la inclusión de Cuba en la lista de los países terroristas a causa de la presencia en la isla de refugiados políticos buscados por la justicia estadounidense desde los años 1970 y 1980. Ahora bien, ninguna de esas personas ha sido acusada jamás de terrorismo.[8]

Los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) rechazaron unánimemente la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas, asestando un serio revés a Washington. En una declaración publicada el 7 de mayo de 2014, la CELAC expresó “su total oposición a la elaboración de listas unilaterales que acusan a Estados de supuestamente apoyar y copatrocinar el terrorismo e insta al Gobierno de los Estados Unidos de América a poner fin a esta práctica” que suscita “la reprobación” de “la comunidad internacional y de la opinión pública de Estados
Unidos”.[9]

Desde hace más de medio siglo Cuba sufre la violencia terrorista orquestada en Estados Unidos, primero por la CIA y ahora por la extrema derecha cubana. La impunidad otorgada a los grupúsculos violentos y la condena a penas de prisión drásticas a los agentes cubanos que consiguieron impedir la realización de por lo menos 170 atentados contra la isla ilustra el doble rasero de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y arroja una sombra sobre la credibilidad de Washington en este tema.

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.
http://www.amazon.fr/Cuba-m%C3%A9dias-face-d%C3%A9fi-limpartialit%C3%A9/dp/2953128433/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1376731937&sr=1-1
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[1]Ministerio del Interior, «Nota informativa», República de Cuba, 6 de mayo de
2014.
[2]Ibid.
[3]Ministerio de Relaciones Exteriores, «Declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores», 30 de abril de 2014.
http://www.cubadebate.cu/especiales/2014/04/30/cuba-rechaza-manipulacion-por-eeuu-del-tema-del-terrorismo/#.U2yRcqLAETA(sitio consultado el 9 de mayo de 2014).
[4]Ibid.
[5]Ibid.
[6]Ibid.
[7]U.S. Department of State, « State Sponsors of Terrorism », abril de
2014. http://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm(sitio consultado el 9 de mayo 2014).
[8]Ibid.
[9]Communauté des Etats latino-américains et caribéens, «Declaración de la CELAC sobre la inclusión de Cuba en la llamada Lista de Estados Promotores del Terrorismo», 7 de mayo de 2014.
http://www.granma.cu/mundo/2014-05-07/declaracion-de-la-celac-sobre-la-inclusion-de-cuba-en-la-llamada-lista-de-estados-promotores-del-terrorismo(sitio consultado el 9 de mayo 2014).

Salim Lamrani (Opera Mundi)

Los medios informativos occidentales presentan la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de someter el derecho a manifestarse a la obtención de una autorización previa como un atentado contra las libertades individuales. Ahora bien, este principio está vigente en la mayoría de las democracias occidentales.

Solicitado por uno de los cinco municipios de Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció el 24 de abril de 2014 sobre el derecho a manifestarse. Según la más alta entidad judicial del país, “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley […]. Resulta obligatorio para las organizaciones políticas así como para todos los ciudadanos, agotar el procedimiento administrativo de autorización ante la primera autoridad civil de la jurisdicción correspondiente, para poder ejercer cabalmente su derecho constitucional a la manifestación pacífica”.[1]

En efecto, el país se encuentra golpeado por más dos meses de violencias orquestadas por la oposición. El balance es grave: 41 personas perdieron la vida, entre ellas 5 miembros de la Guardia Nacional y un Fiscal de la República, 700 personas resultaron heridas y los daños materiales superan los 10.000 millones de dólares.[2]

Salim Lamrani (Opera Mundi)

La organización de defensa de los derechos humanos adoptó una posición partidista sobre Venezuela en la que ubica en un mismo plano al Gobierno constitucional y a la oposición golpista responsable de las violencias mortíferas.

Desde febrero de 2014 las manifestaciones violentas, limitadas a los barrios ricos de algunas ciudades, entre ellas Caracas, sacuden Venezuela. El sector golpista de la oposición – que acaba de sufrir cuatro reveses electorales en un año y 18 sobre 19 elecciones desde 1998, en escrutinios alabados por todas las instituciones mundiales, desde la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta la Unión Europea– orquestó esos actos que costaron la vida a más de 30 personas, entre ellas varios miembros de las fuerzas del orden[1].

Incapaz de tomar el poder por la vía legal y democrática, la oposición ha decidido volver a los métodos violentos que usó en 2002 y que desembocaron en un golpe de Estado contra el presidente legítimamente electo Hugo Chávez. La comunidad internacional condenó esos nuevos ataques contra el orden constitucional y brindó su apoyo al gobierno de
Nicolás Maduro.

Así, la OEA expresó, por unanimidad de sus 35 miembros –menos tres voces (Estados Unidos, Canadá y Panamá)– su “pleno respaldo […] [al] Gobierno democráticamente electo de Venezuela”.[2]Del mismo modo, los 12 países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) declararon de forma unánime su “solidaridad” con el “Gobierno democráticamente electo de esa nación” y condenaron “los recientes actos de violencia” de la oposición.[3]

Amnistía Internacional es una organización que defiende los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en el mundo. Habría parecido natural y lógico que denunciara los atentados contra la democracia venezolana orquestados por la extrema derecha del país y que brindara su apoyo a las autoridades legítimas de la nación. No fue el caso.

Peor aún, el 12 de marzo de 2014, Amnistía Internacional publicó un comunicado sobre Venezuela en el que pide al Gobierno y a la oposición que “garanticen el respeto de los derechos humanos”.[4]Ubicó así en un mismo plano a las autoridades legítimas, que sufren violencias y que intentan restaurar el orden en el marco definido por la ley, y a la extrema derecha golpista, cuyos actos causaron la muerte de 31 personas y daños materiales de varias decenas de millones de dólares (tiendas de alimentos destinadas a las capas populares incendiadas, oficinas del canal de televisión público VTV saqueadas, sedes ministeriales atacadas, etc.).[5]

Para ilustrar su comunicado, Amnistía Internacional publicó una foto de un joven estudiante arrestado por la Guardia Nacional. La organización podría haber elegido publicar también una de las numerosas fotos que muestran a esos mismos estudiantes, con bombas incendiarias en mano, destruyendo edificios públicos o armados de pistolas y desfilando encapuchados por las calles sembrando el terror entre los habitantes, con el fin de brindar una imagen equilibrada de la situación en Venezuela. No fue el caso y esa elección partidista arroja una sombra sobre la imparcialidad de AI, y por consiguiente sobre su credibilidad.[6]

Amnistía Internacional a través de Guadalupe Marengo, directora adjunta del programa Américas, incluso fue más lejos. Denunció “las proclamas cada vez más violentas de las autoridades”, las cuales amenazan con acabar con el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho”. En ningún momento AI citó las palabras mencionadas ni designó con nombres a esas autoridades. Hay una razón para ello: la realidad es opuesta a la imagen que presenta la organización de defensa de los derechos humanos.[7]

En efecto, todos los dirigentes venezolanos, sin excepción alguna, desde el presidente Nicolás Maduro, pasando por los ministros y parlamentarios, lanzaron llamados al diálogo y a la calma y convidaron a la oposición a que expresara sus desacuerdos mediante la vía democrática. Así, Maduro multiplicó los llamados a la concordia y expresó su rechazo de todas las violencias: “Nuestra victoria será la paz y consolidaremos la justicia. Debemos mantenernos unidos y vencer con la paz”.[8]

La OEA no cometió semejante error y expresó, contrariamente a Amnistía Internacional, su “pleno respaldo y aliento a las iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente electo de Venezuela […] para que continúe […] avanzando en el proceso de diálogo nacional”.[9]La UNASUR, por su parte, expresó su apoyo y decidió “respaldar los esfuerzos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo”.[10]

Amnistía Internacional decidió ignorar todas las declaraciones del Gobierno legítimo a favor del diálogo y del respeto de las instituciones y exigió “de las autoridades que indicaran de modo absolutamente claro que su prioridad era el respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho”[11], trastocando los papeles entre los autores de los actos de violencia y el presidente Maduro quien intenta restablecer el orden en el marco previsto por la ley, cumpliendo así su deber ejecutivo. No obstante, además de los llamados a la resolución pacífica de los diferendos políticos, el poder bolivariano repitió varias veces –desde el inicio de las manifestaciones– que prevalecería la Constitución. “Nada nos apartará del camino de la Patria y de la vía de la democracia”, expresó Nicolás Maduro.[12]Amnistía Internacional decidió ocultar deliberadamente esas declaraciones.

El comunicado de Amnistía Internacional dedica una frase a la oposición con un tono diplomático que contrasta con la virulencia usada hacia las autoridades legítimas: “Exhortamos por otra parte a los dirigentes de la oposición a lanzar un llamado a sus partidarios para recomendarles que no usen la violencia, particularmente contra las personas cuyas opiniones políticas difieren de las suyas”. En ningún momento Amnistía Internacional mencionó o condenó las declaraciones de los principales dirigentes de esta misma oposición que públicamente llamaron a romper el orden constitucional[13].

Así, la Organización de defensa de los derechos humanos habría podido citar las palabras de Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, que participó en el golpe de Estado de abril de 2002, y que lanzó una llamada a la insurrección en enero de 2014. “Queremos lanzar un llamado a los venezolanos […] a que nos alcemos. Convocamos al pueblo venezolano a decir ‘basta ya’. […] Con una meta a discutir: ‘la salida’. ¿Cuál es la salida de este desastre?”.[14]Mientras los actos de violencia causaron la muerte de 31 personas, el 19 de marzo de 2014, López volvió a alentar a sus partidarios a perpetrar nuevas violencias: “Hago un llamado a todo el país a mantener y aumentar la presión hasta quebrar la dictadura”.[15] Amnistía Internacional habría podido condenar este llamado público a derrocar a un Gobierno democráticamente electo. No fue el caso.

También Amnistía Internacional habría podido mencionar las declaraciones de la diputada de la oposición María Corina Machado, quien exhortó a los Venezolanos a la revuelta: “El pueblo de Venezuela tiene una respuesta: ‘Rebeldía, rebeldía’. Hay algunos que dicen que debemos esperar a unas elecciones en unos cuantos años. ¿Pueden esperar los que no consiguen alimentos para sus hijos? ¿Pueden esperar los empleados públicos, los campesinos, los comerciantes, a quienes les arrebatan su derecho al trabajo y a la propiedad? Venezuela no puede esperar más”.[16]¿Acaso condenó Amnistía esas declaraciones? De ningún modo.

Al apoyar a la oposición golpista venezolana, al silenciar los crímenes que cometió la extrema derecha, al manipular la realidad factual, al pronunciarse abiertamente contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, contra le democracia venezolana y contra la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano expresada en las urnas, Amnistía Internacional se mofa de sus principios y de su razón de ser, a saber la lucha por los derechos humanos. La organización internacional engaña deliberadamente a la opinión pública y traiciona los valores a los cuales se adhirieron cientos de miles de militantes de la emancipación humana de todo el mundo.

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano.

http://www.amazon.fr/Cuba-m%C3%A9dias-face-d%C3%A9fi-limpartialit%C3%A9/dp/2953128433/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1376731937&sr=1-1
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[1]Agencia Venezolana de Noticias, «Fallece otro efectivo de la GNB por violencia fascista en Táchira», 19 de marzo de 2014.
[2]Organisation des Etats américains, «Consejo permanente aprobó declaración sobre la situación en Venezuela», 7 de marzo de 2014. http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/14(sitio consultado el 18 de marzo de 2014).
[3]Union des nations sud-américaines, «Resolución», 12 de marzo de
2014. http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/03/RESOLUCI%C3%93N-UNASUR-MARZO-2014.pdf (sitio consultado el 18 de marzo de 2014).

[4]Amnesty International, «Climat de violence au Venezuela : le gouvernement et l’opposition doivent garantir le respect des droits humains», 12 de marzo de 2014. http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Violences/Armes-et-conflits-armes/Actualites/Venezuela-les-droits-humains-etouffes-11151(sitio consultado el 18 de marzo de 2014).
[5]Agencia Venezolana de Noticias, «Grupo fascista encapuchado atacó sede del Ministerio del Ambiente en Táchira», 20 de marzo de 2014.
[6]Amnesty International, «Climat de violence au Venezuela : le gouvernement et l’opposition doivent garantir le respect des droits humains», op. cit.
[7]Ibid.
[8]Agencia Venezolana de Noticias, «Maduro: Nuestra victoria será la paz», 19 de marzo de 2014.
[9]Organisation des Etats américains, «Consejo permanente aprobó declaración sobre la situación en Venezuela», op. cit.
[10]Union des nations sud-américaines, «Resolución», op. cit.
[11] Amnesty International, «Climat de violence au Venezuela: le gouvernement et l’opposition doivent garantir le respect des droits humains», op. cit.
[12]Salim Lamrani, «25 verdades sobre las manifestaciones en Venezuela», Opera Mundi, 23 de febrero de 2014.
[13] Amnesty International, «Climat de violence au Venezuela: le gouvernement et l’opposition doivent garantir le respect des droits humains», op. cit.
[14]Salim Lamrani, «25 verdades sobre las manifestaciones en Venezuela», Opera Mundi, op. cit.
[15]EFE, «Opositor Leopoldo López pide a venezolanos aumentar presión ‘hasta quebrar la dictadura’», 19 de marzo de 2014.
[16]Salim Lamrani, «25 verdades sobre las manifestaciones en Venezuela», Opera Mundi, op. cit.

Salim Lamrani (Opera Mundi)

Estados Unidos se encuentra aislado en el continente americano sobre la cuestión venezolana debido al apoyo que brinda al sector golpista de la oposición, cuyas violencias causaron la muerte de cerca de 30 personas.

Desde el inicio del mes de febrero de 2014, los sectores de la extrema derecha multiplican los actos criminales en Venezuela con el objetivo de romper el orden constitucional y derrocar al presidente democráticamente electo Nicolás Maduro. Las violencias causaron la muerte de al menos 28 personas, entre ellas varios miembros de las fuerzas del orden. Tres líderes de la oposición elaboraron el plan de acción en enero de 2014: Leopoldo López, presidente del partido de extrema derecha Voluntad Popular; María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas. Los tres llamaron públicamente a un golpe de fuerza contra el Gobierno legítimo de la República Bolivariana de Venezuela.[1]

Estados Unidos se ha opuesto desde el inicio a Hugo Chávez y a la Revolución Bolivariana a pesar de su carácter democrático y pacífico. Desde 1999, Washington brinda apoyo político, diplomático, financiero y mediático a la oposición venezolana. En 2002, George W. Bush había orquestado un golpe de Estado contra el Presidente Chávez con la complicidad de la oligarquía venezolana, de una parte del ejército y de los medios informativos privados del país. Hoy, la administración Obama apoya abiertamente los intentos de desestabilización de la democracia venezolana respaldando las actividades de la extrema derecha.

El Departamento de Estado defendió las manifestaciones violentas en nombre de “la libertad de expresión”. Exigió a las autoridades venezolanas que liberaran a los responsables de esos actos, “injustamente detenidos”, a pesar de que varios fueron arrestados con armas en las manos. John Kerry, secretario de Estado, incluso amenazó a Venezuela con sanciones.[2]

No obstante, Washington se encuentra aislado en el continente americano. La inmensa mayoría de los países de la región condenaron las violencias que orquestó la oposición y brindaron su apoyo al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro. El 7 de marzo de 2014, la Organización de Estados Americanos (OEA), tradicionalmente conservadora y alineada con Washington, que agrupa todas las naciones del continente menos Cuba, infligió una derrota a la administración Obama. Una resolución, que adoptaron todos los países con la excepción de Estados Unidos, Canadá y Panamá, expresó la “solidaridad” y el “apoyo [de la OEA] a las instituciones democráticas, al diálogo y a la paz en la República Bolivariana de Venezuela”. En una alusión a la posición de Washington, la OEA llamó al “respeto al principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados” y expresó su “su compromiso con la defensa de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho”. También condenó la actitud de la oposición expresando su “su más enérgico rechazo a toda forma de violencia e intolerancia”. Finalmente la Organización declaró su “pleno respaldo y aliento a las iniciativas y los esfuerzos del Gobierno democráticamente electo de Venezuela y de todos los sectores políticos, económicos y sociales para que continúen avanzando en el proceso de diálogo nacional”.[3]

Por su parte, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que agrupa los 12 países de la región, condenó “los recientes actos de violencia”. “Cualquier demanda debe ser canalizada de forma pacífica, por la vía democrática, y respetando el Estado de Derecho y sus instituciones”, enfatizó. También expresó su “solidaridad” con “el pueblo y el Gobierno democráticamente electo de esa nación” y decidió “respaldar los esfuerzos del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para propiciar un diálogo” con todos los sectores de la sociedad. En una clara alusión a Estados Unidos, la UNASUR expresó su “preocupación ante cualquier amenaza a la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”.[4]

Michelle Bachelet, Presidenta de Chile, quien acogió en Santiago la reunión de la UNASUR, brindó su apoyo total a Nicolás Maduro y condenó los intentos de la oposición de romper el orden constitucional. “No aceptaremos jamás que nadie, ni persona ni país, incite a través de mecanismos violentos, a derrocar a un Presidente legítimamente electo” afirmó, en una nueva alusión a Estados Unidos. Según ella, los conflictos deben resolverse mediante “una vía de diálogo y de paz”, rechazando así las manifestaciones violentas de la oposición.[5]

Cristina Fernández, la Presidenta de Argentina, también expresó su rechazo a los intentos golpistas y ofreció su apoyo a “la democracia venezolana”, recordando que el actual poder sacaba su legitimidad de los 18 procesos electorales sobre 19 que ganó durante los últimos 15 años. Llamó a la oposición a no abandonar la vía democrática enfatizando la posibilidad de organizar un referéndum revocatorio en 2016, de medio-mandato, que permitiría convocar elecciones presidenciales anticipadas en caso de triunfo. “Venezuela es el único país del mundo que tiene revocatorio, o por lo menos de la región, donde al presidente le ponen el derecho de revocatorio”, subrayó. Del mismo modo, no dejó de denunciar los intentos de desestabilización que orquesta Estados Unidos y advirtió contra las “intervenciones foráneas y extranjeras, por lo que sería lamentable permitir que vientos ajenos derrumben a un país hermano como Venezuela”.[6]Cristina Fernández también denunció el “intento de golpe suave que se quiere dar contra la República Bolivariana de Venezuela”.[7]

Como durante la presidencia de Hugo Chávez entre 1999 y 2013, Estados Unidos no ha renunciado a acabar con la Revolución Bolivariana democrática, pacífica y social. Se opone al Presidente Maduro y apoya a la oposición golpista. Por su parte, los medios informativos occidentales, principales apoyos de este intento de desestabilización, han tomado partido a favor de los partidos de la ruptura del orden constitucional y contra la democracia venezolana.

*Doctor en Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani es profesor titular de la Universidad de La Reunión y periodista, especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se titula Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité, Paris, Editions Estrella, 2013, con un prólogo de Eduardo Galeano. http://www.amazon.fr/Cuba-m%C3%A9dias-face-d%C3%A9fi-limpartialit%C3%A9/dp/2953128433/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1376731937&sr=1-1

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[1]Salim Lamrani, « 25 verdades sobre las manifestaciones en Venezuela », Opera Mundi, 23 de febrero de 2014.

[2]EFE, « EEUU no responde a oferta de diálogo de Maduro e insiste en pedir mediación », 17 de marzo de 2014.

[3]Organisation des Etats américains, « Consejo permanente aprobó declaración sobre la situación en Venezuela », 7 de marzo de 2014.

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-084/14 (sitio consultado el 18 de marzo de 2014).

[4]Union des nations sud-américaines, « Resolución », 12 mars 2014.

http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/03/RESOLUCI%C3%93N-UNASUR-MARZO-2014.pdf (sitio consultado el 18 de marzo de 2014).

[5]The Associated Press, « Bachelet reitera apoyo a Maduro », 16 mars 2014.

[6]Agencia Venezolana de Noticias, « Presidenta Fernández: Defendemos la democracia de Venezuela », 1de marzo de 2014.

[7]Telesur, « Fernández: Derrocamiento del Gobierno de Venezuela sería fatal para Latinoamérica », 1 de marzo de 2014.