Estimado presidente Iván Duque Márquez, reciba mis saludos cordiales. Soy un científico social portugués, fundador del Foro Social Mundial, profesor jubilado de la Facultad de Economía y director emérito del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, académico distingido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison. Desde hace muchísimos años he realizado diversas investigaciones sociológicas en Colombia y la región.

En este momento, además, soy miembro del comité asesor de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, pero no es en esta calidad en la que le escribo. Lo hago en mi calidad de demócrata comprometido con las luchas por la paz y por la democracia en el continente, teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones he manifestado mi solidaridad con todas aquellas personas que luchan en Colombia por la paz y por la democracia, tomo la libertad de escribir esta carta abierta debido a los graves acontecimientos en su país.

Presidente, ¿Cuántas masacres tienen que pasar para empezar a actuar? Han sido asesinados 198 indígenas desde 2016. De esos, 135 han sido en su gobierno. Pero no quiero reducir a estas personas a simples números, ellas y ellos han sido líderes en sus comunidades, autoridades tradicionales y espirituales de una importancia tal que no sólo es el asesinato de una persona, es la afectación a toda una comunidad.

Debo recordarle que de los 102 pueblos indígenas que existen en Colombia, 39 se encuentran en riesgo de extinción tanto física como cultural. Si a esas terribles cifras le sumamos los homicidios antes citados, el panorama es aterrador.

Luego de la firma del acuerdo de paz de 2016, las zonas que antiguamente fueron de dominio de las FARC-EP hoy están en disputa por distintos grupos armados ilegales, los cuales no solo buscan intereses económicos (narcotráfico y minería ilegal), sino que también traen consigo un horrible y sangriento interés por el control sobre la población civil, afectando el tejido social.

Fruto de esta disputa hemos visto en el último mes noticias sobre masacres en el Cauca, pero que no se limitan a esa zona, pues es sólo la punta del iceberg de este nuevo panorama de violencias: desconocemos aún cuántas poblaciones indígenas y afrodescendientes se encuentran recluidas y aisladas en sus territorios ancestrales gracias a esta nueva arremetida del conflicto armado.

Múltiples alertas tempranas han sido emitidas por la Defensoría del Pueblo, llamando la atención sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los líderes sociales del país. Estos líderes, defensores y defensoras de derechos humanos, han sufrido la violencia sistemática de grupos al margen de la ley, especialmente se ha visto un incremento en los homicidios contra personas indígenas y afrodescendientes.

No exagero, señor presidente, al decir que lo que vemos en Colombia es un etnocidio contra la parte específica de la población que defiende y lucha por su territorio, sus tradiciones y su existencia física y cultural.

Estas noticias recientes sobre el Cauca, las cuales nos han sacudido a todos e incluso lo han llevado a usted a dirigirse personalmente a la región, no pueden resolverse proponiendo más guerra y más terror. La militarización del Cauca solo dejará más y más víctimas, ya sea por desplazamiento forzado, ya sea por fuego cruzado. Someter a la población al miedo y la zozobra es funcional para estos grupos armados ilegales, pues es esa su principal estrategia para obtener el tan anhelado control territorial.

Frente a esta ola de violencia, debido a estos viejos y nuevos actores armados, la mejor opción en pro de las comunidades que allí habitan es escucharlas. Un claro ejemplo de esto es la propuesta que se le ha hecho a usted de iniciar un Plan piloto de erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito de manera inmediata.

La situación es tan dramática, que, tan solo en el municipio de Suárez (Cauca), se encuentran en situación de riesgo 11 mil 229 habitantes, equivalente a 65.9 por ciento de la población total de dicho municipio. La mayoría de esta población se ubica en la zona rural, organizada mediante resguardos indígenas, consejos comunitarios, asociaciones campesinas y juntas de acción comunal.

Mientras esto pasa en el Cauca, en el área rural de Buenaventura, 12 mil 289 habitantes de distintos territorios colectivos se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta el incremento en las intimidaciones y amenazas contra la vida, libertad e integridad de las personas, generando restricciones en la movilidad. El conflicto armado en esta parte del país genera grandes afectaciones territoriales de diversa índole. De igual manera, el casco urbano se encuentra en riesgo por la presencia de estructuras armadas ilegales y los enfrentamientos por el control territorial entre los grupos armados: Banda Local y La Empresa, además de grupos autodenominados como disidentes de las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Recuerde presidente, que, según la cosmovisión de estas comunidades, sus resguardos y consejos comunitarios deben estar libres de grupos armados legales e ilegales, ya que ambos generan desarmonía y desequilibrio tanto en el territorio como en la comunidad.

Con el regreso de los asesinatos selectivos, del etnocidio y de la violencia en los territorios, también ha resurgido una práctica que en la década pasada aterró al país: las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos. Me quiero referir a los casos del ex combatiente Dimar Torres y del joven Flower Trompeta. No se puede permitir que estos macabros acontecimientos vuelvan a ocurrir en un país que se juega el todo por la paz, la reconciliación y la no repetición.

Le pido a usted, como jefe de Estado y jefe de gobierno, condenar todas las violaciones a las garantías democráticas del Paro Nacional del 21 de noviembre llevadas a cabo por el siniestro Escuadrón Móvil Antidisturbios. El malestar ciudadano no puede ser objeto de estigmatización y represión. Debe rechazarse tajantemente la actitud que asumió la fuerza pública al atacar las manifestaciones pacíficas de una ciudadanía que desea un verdadero cambio.

Finalmente, presidente, Colombia hoy se encuentra en un momento histórico. Tal vez desde 1977 el país no presenciaba una jornada de huelga cívica como la del 21 de noviembre, la cual no solo logró parar el país, sino que también nos demostró el clamor popular de estudiantes, maestros, sindicalistas, indígenas, mujeres y demás participantes del paro. La gente, tanto en los territorios periféricos como en las grandes ciudades, protestan contra su gobierno, profundamente impopular, y a raíz de esto algo debe cambiar. Deben ser escuchados sus justos reclamos y buscar una salida por el bien del país, para así poder construir una Colombia en paz.

(La Jornada)