Está sucediendo en todas partes en 2019. Los haitianos se están rebelando contra un sistema político corrupto y su presidente Jovenel Moïse, a quien muchos ven como un títere cleptocrático estadounidense. En Ecuador, grandes manifestaciones públicas lograron obligar al presidente Lenín Moreno a dar marcha atrás en su paquete neoliberal respaldado por el FMI que habría reducido drásticamente el gasto público y aumentado los precios del transporte.

Mientras tanto, la frustración popular chilena en la administración conservadora de Piñera se convirtió en protestas masivas que fueron inmediatamente enfentadas con la fuerza. “Estamos en guerra”, anunció el presidente Sebastián Piñera, haciéndose eco de la infame frase del ex dictador fascista Augusto Pinochet. Piñera afirmó que los responsables de resistirse violentamente a él “iban a pagar sus actos”, mientras ordenaba a los tanques avanzar a través de Santiago. (Véase FAIR.org, 10/23/19.)

Enormes manifestaciones antigubernamentales en curso también están afectando a Líbano, Cataluña y el Reino Unido.

PBS NewsHour (10/5/19)

Sin embargo, las acciones que han recibido la mayor atención en los medios corporativos son las de Hong Kong, donde estallaron manifestaciones en respuesta a una propuesta de acuerdo de extradición con el gobierno central chino que los opositores consideraron que socavaría la libertades y el estatus semiautónomo de Hong Kong. Por ejemplo, una búsqueda de “protestas en Hong Kong” el 25 de octubre de 2019, arroja 282 respuestas en el último mes en el New York Times, en comparación con 20 para “protestas en Chile”, 43 para Ecuador y 16 para Haití. La cobertura desigual es aún más pronunciada en Fox News, donde hubo 70 resultados para Hong Kong durante el mismo período y cuatro, dos y tres para Chile, Ecuador y Haití, respectivamente.

Esta disparidad no puede explicarse debido al tamaño o importancia de las protestas, el número de víctimas o la respuesta de las autoridades. Dieciocho personas murieron durante las protestas en curso en Haití, 19 (y en aumento) en Chile, mientras que en Ecuador, los manifestantes capturaron a más de 50 soldados que habían sido enviados cuando Moreno contundentemente declaró la ley marcial.

En contraste, nadie ha sido asesinado en Hong Kong, ni se ha llamado al ejército, y Beijing expresó su plena confianza en las autoridades locales para manejar el pleito. El gobierno chileno anunció que había arrestado a más de 5.400 personas en solo una semana de protestas, una cifra que duplica el número de detenidos en meses de manifestaciones en Hong Kong (Bloomberg, 10/4/19). Además, las redes sociales han estado inundadas de imágenes y videos de la represión de las protestas en todo el mundo.

Una forma de entender por qué los medios de comunicación están obsesionados con Hong Kong y menos interesados en los demás es ver quién está protestando y por qué.

Víctimas dignas e indignas

Hace más de 30 años, en su libro “Los guardianes de la libertad” (Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, como título original) , Edward Herman y Noam Chomsky desarrollaron su teoría de víctimas dignas frente a indignas para explicar por qué los medios corporativos cubren ciertas historias y por qué otras se descartan. Compararon la cobertura mediática de un solo sacerdote asesinado en un estado enemigo (Polonia comunista) con el de más de 100 mártires religiosos, incluidos algunos ciudadanos estadounidenses, asesinados en estados clientes centroamericanos durante un período de dos décadas. Descubrieron que el New York Times, Time, Newsweek y CBS News no solo dedicaron más cobertura al asesinato del sacerdote, sino que el tono de la cobertura fue muy diferente: Al cubrir el asesinato del padre Jerzy Popieluszko, los medios expresaron indignación, exigieron justicia y condenaron la barbarie del comunismo. Por otro lado, los asesinatos de figuras religiosas en América Central por parte de grupos gubernamentales pro-estadounidenses fueron reportados de una manera factual, con poca indignación retórica.

New York Times (8/14/19

En otras palabras, cuando los enemigos oficiales pueden ser presentados como malvados y los aliados como víctimas empáticas, los medios corporativos estarán muy interesados en una historia. Por el contrario, mostrarán mucho menos entusiasmo por una historia cuando las personas “equivocadas” sean los villanos o las víctimas.

Sobre Hong Kong, el New York Times publicó tres editoriales (6/10/19, 8/14/19, 10/1/19), cada uno elogiando al “pueblo de mentalidad democrática” que lucha por limitar “el gobierno represivo de los chinos Comunistas”, condenando la respuesta comunista como evidencia del “paternalismo brutal y atrasado de ese sistema”, en el que China “equipara la grandeza con el poder y la disidencia con la traición”. Hong Kong, por otro lado, gracias a la bendición de ser una ex colonia británica, había adquirido “una cultura política occidental de democracia, derechos humanos, libertad de expresión y pensamiento independiente” (El New York Times no ha publicado ningún editorial sobre las otras protestas).

El New York Times también ridiculizó la idea de que las “fuerzas extranjeras” (es decir, el gobierno de EE. UU.) podrían estar influyendo en las protestas, calificándola de una “patraña” utilizada por el gobierno comunista. Sin embargo, el Fondo Nacional para la Democracia (NED) de los Estados Unidos ha invertido oficialmente, desde el 2014, más de $ 22 millones en “identificar nuevas vías para la democracia y la reforma política” en Hong Kong o China. Los editoriales del New York Times no mencionaron esta financiación ya que sería una complicación para su desestimación como un “chisme” de la participación extranjera en las protestas de Hong Kong.

Sin embargo, los medios (por ejemplo, Voice of America, 10/11/19; Miami Herald, 10/9/19; Reuters, 10/9/19) se están tomando en serio la acusación de que las protestas ecuatorianas son, de hecho, dirigidas desde extranjero por el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, con The Guardian (10/8/19) yendo tan lejos para describir a los ecuatorianos no como personas “de mentalidad democrática”, sino “alborotadores”, una etiqueta que no aparece en relación con Hong Kong, excepto como una acusación proveniente de los funcionarios chinos (Time, 10/2/19; CNN, 10/22/19), quienes están casi universalmente condenados en las coberturas como que son parte de una “dictadura” represiva (New York Times, 8/29/19).

En los casos de las protestas menos cubiertas, las personas “equivocadas” protestan y los gobiernos “equivocados” reprimen. Como señaló el Washington Post (14/10/19) sobre Haití:

Un factor que mantiene a Moïse en el poder es el apoyo de los Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses han sido parcos en sus comentarios públicos sobre las protestas. 

Sobre Ecuador, el Departamento de Estado ha sido más comunicativo, emitiendo un respaldo completo al paquete de austeridad neoliberal de Moreno:

Estados Unidos apoya los esfuerzos del presidente Moreno y del gobierno de Ecuador para institucionalizar las prácticas democráticas e implementar las reformas económicas necesarias … Continuaremos trabajando en asociación con el presidente Moreno en apoyo de la democracia, la prosperidad y la seguridad.

En otras palabras, no espere editoriales enojados que denuncien estados clientes de Estados Unidos como Haití o Ecuador, o argumenten que la represión del gobierno chileno de su movimiento de protesta muestra la bancarrota moral del capitalismo. De hecho, los medios corporativos (por ejemplo, Guardian, 10/10/19; CNN, 8/10/19; USA Today, 10/10/19) enfatizaron la violencia de los manifestantes ecuatorianos mientras restaba importancia a la de Hong Kong, —el New York Times (6/30/19) incluso inventó la frase “no violencia agresiva” para describir las acciones de los manifestantes de Hong Kong, tan ansioso estaba por enmarcar las manifestaciones contra China como incuestionablemente loables.

Los movimientos de protesta que interesan a los medios corporativos tienen poco que ver con su rectitud o popularidad, y mucho más con quienes están protestando. Si están luchando contra el poder corporativo o la corrupción en un estado cliente de EE. UU., no espere que aparezcan muchas cámaras de televisión; esa revolución rara vez es televisada.

(Traducción para La  pupila insomne: Juan Alfonso Fernández González)

(The revolution isnt being televised)

José Manzaneda*

Mauricio Vicent

Más de tres millones de personas de 34 países –principalmente de América Latina- han sido operadas de la visión, en los últimos 10 años, gracias a la llamada Operación Milagro, programa de solidaridad de los Gobiernos de Cuba y Venezuela (1). Tres millones de personas sin recursos para costear una operación que hoy –en su mayoría- seguirían ciegas.

La noticia es espectacular. Pero más espectacular es… que no haya sido noticia en ningún gran medio internacional. Es la censura implacable a cualquier información positiva sobre Cuba o Venezuela.

La que aplica, por ejemplo, el diario español El País. Recientemente, este diario publicaba una serie de 10 crónicas y fotorreportajes sobre la cooperación internacional en Haití, firmadas por Mauricio Vicent (2). Curiosamente, quien por ser corresponsal en La Habana durante 20 años conoce a la perfección el papel solidario de Cuba en Haití, no mencionaba ni una sola vez a Cuba en los citados 10 trabajos.

Recordemos que cada crónica de Mauricio Vicent desde La Habana era un dardo contra el Gobierno cubano, a quien, de manera sistemática, responsabilizaba de cada problema económico y social en el país (3). En sus crónicas sobre Haití, por el contrario, las calamidades sociales de las que informa no son responsabilidad ni de los gobiernos, ni del sistema (capitalista), ni del modelo económico neoliberal y neocolonial impuesto durante décadas.

Vicent compara los bajísimos índices de desarrollo humano de Haití con los de República Dominicana, pero no con los de Cuba (4). Califica la tasa de mortalidad infantil de Haití como “escandalosa”: 70 por cada 1000 nacidos vivos, frente a los 21,3 de República Dominicana. Ni mencionar por supuesto los 4,2 de Cuba, el país cuyo sistema político y social denostó durante años: una tasa diecisiete veces menor a la de Haití, cinco veces menor a la de Dominicana, e inclusive inferior a las de EEUU y Canadá (5).

El País ensalza la labor en Haití –sin duda positiva- de Médicos del Mundo (6), de Fe y Alegría (7) y de las Hermanas de la Caridad (8). Pero de la gigantesca solidaridad de Cuba, ni una palabra. Y censura datos que merecerían sin duda una amplia cobertura informativa internacional. Por ejemplo:

- Desde 1998, han pasado por Haití más de 11 mil cooperantes de Cuba, la mayoría médicos (9). Han atendido a más de 20 millones de pacientes, 680 mil en sus propias viviendas (10). Han realizado más de 373 mil intervenciones quirúrgicas y 150 mil partos, salvando la vida a más de 300.000 personas. 322 mil han sido atendidas en centros de rehabilitación, y más de 60 mil operadas de la visión. Hoy permanecen en Haití cerca de 700 cooperantes (11).

- Esta solidaridad cubana se extiende también a la educación. Más de 250 mil personas han sido alfabetizadas en Haití con programas cubanos (12), y cerca de mil 300 estudiantes se han graduado en universidades de la Isla, con becas por el Gobierno cubano (13). En la actualidad estudian 322, la mayoría en la Escuela Latinoamericana de Medicina, que prepara al alumnado haitiano para después acudir a los lugares más necesitados de su país (14).

- Los acuerdos de la llamada cooperación triangular Sur-Sur entre países de América Latina también han desaparecido de la agenda de los medios. Por ejemplo, Brasil ha financiado tres centros hospitalarios en Haití, atendidos por la cooperación médica cubana (15). Uno de ellos es el Instituto Nacional de Rehabilitación, que da servicio a más de un millón de personas con alguna discapacidad física. Y más de 30 hospitales comunitarios se remodelan o construyen gracias a la colaboración solidaria de Venezuela y Cuba (16).

Pero ni uno solo de estos datos ha aparecido en las más de 10 crónicas sobre la ayuda internacional a Haití firmadas por el excorresponsal de El País en Cuba Mauricio Vicent, hoy aquejado, al parecer, de una preocupante amnesia transitoria (17). (Coordinador de Cubainformación)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lKJOe3lI45E&list=UUtDIaNM2DNYn59qDGYx6gYw]

(1) http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/07/01/mas-de-tres-millones-de-beneficiados-con-operacion-milagro-en-diez-anos/

(2) http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/01/actualidad/1401637603_597975.html

(3) http://elpais.com/diario/2011/01/02/internacional/1293922805_850215.html

(4) http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/31/actualidad/1401568324_956393.html

(5) http://www.telesurtv.net/articulos/2014/01/02/cuba-logra-indices-de-mortalidad-infantil-y-materna-mas-baja-de-su-historia-8001.html

(6) http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/31/album/1401539352_166316.html#1401539352_166316_1401543075

(7) http://internacional.elpais.com/internacional/2014/05/31/album/1401544179_706421.html#1401544179_706421_1401545380

(8) http://internacional.elpais.com/internacional/2014/06/03/album/1401809462_120904.html#1401809462_120904_1401809499

(9) http://www.cadenagramonte.cu/articulos/ver/32835:cuba-y-haiti-afianzan-lazos-de-cooperacion

(10) http://www.cubadebate.cu/opinion/2013/08/28/desde-cuba-se-tiende-un-puente-sanitario-hacia-haiti/

(11) http://www.diario-octubre.com/2014/06/29/haiti-centenares-de-medicos-de-cuba-en-comunidades-de-de-dificil-acceso/

(12) http://www.correodelorinoco.gob.ve/impacto/gobierno-haiti-construye-3-400-viviendas-gracias-a-petrocaribe/

(13) http://www.telesurtv.net/articulos/2013/11/25/crearan-la-universidad-de-las-ciencias-de-la-salud-salvador-allende-en-venezuela-2005.html

(14) http://www.cubaminrex.cu/es/nuevo-grupo-de-estudiantes-haitianos-que-viajara-cuba-firma-el-codigo-de-etica

(15) http://sursur.sela.org/listado-de-noticias/2014/05/haiti-estrena-instalaciones-sanitarias-con-cooperacion-de-cuba-y-brasil/

(16) http://www.telesurtv.net/articulos/2013/10/25/cuba-venezuela-y-haiti-acordaron-terminar-proyectos-de-cooperacion-tripartita-8621.html

(17) http://elpais.com/diario/2011/09/04/internacional/1315087208_850215.html

José Manzaneda

José Manzaneda

Vemos una instantánea tomada en un comedor social (1). Podría corresponder casi a cualquier gran ciudad del mundo: a Nueva York, a Lima, a Madrid o a Bogotá, por ejemplo. Pero si ha sido publicada en decenas de periódicos de América Latina y Europa, en un fotorreportaje de casi 30 imágenes, solo puede corresponder a un lugar sumamente importante para la línea editorial de dichos medios: Caracas, capital de Venezuela (2). Es un trabajo de la agencia Reuters,

presentado en la mayoría de medios con el título “Los rostros del hambre en Venezuela” (3). Otros diarios, como El Comercio de Perú, han preferido dejar a sus lectores aún más claro el mensaje político: “Hambre en Venezuela: Los rostros de la debacle del socialismo” (4).

Curiosamente, este diario, el más importante de Perú, argumenta la supuesta “debacle del socialismo” con unas fotografías que podrían haber sido tomadas en cualquier comedor social de su propio país, con un consolidado sistema capitalista. Un país donde, según la FAO –y a pesar de recientes avances- la subnutrición aún alcanza al 11,8 % de la población (5), mientras en Venezuela está ya por debajo del 2,4 % (6).

Este mismo diario peruano atacaba también, recientemente, a otro país con proyecto socialista, Cuba. En un agresivo editorial aseguraba que “si algún lugar en nuestra región es un ejemplo de pobreza y marginación (…) ese es (…) Cuba” (7). La argumentación, como en el caso de las fotografías tomadas en Caracas, era un dato sacado de contexto: que el “salario promedio” en la Isla –nos dice- es de 25 dólares, hecho que demostraría que es “uno de los ingresos per cápita más bajos en la región”. Un argumento tan manido como falso, que ignora el conjunto de servicios y productos garantizados, gratuitos o altamente subsidiados que hacen que Cuba (8), a pesar de sus serias dificultades económicas, no presente las bolsas de pobreza severa y miseria existentes en Perú (9).

El Comercio tampoco explica cómo Cuba, el país de la supuesta “pobreza y marginación”, es el único, según UNICEF, con desnutrición infantil cero (10), mientras la de Perú –según datos aparecidos en su propio diario- se sitúa hoy en el 18,1% (11). O por qué –según la FAO- los dos países con mayores niveles de hambre en la región no son precisamente “socialistas”: Haití, con el 49,8%, y Guatemala con el 30,5% (12).

Por el contrario, la FAO ha reconocido en numerosas ocasiones las políticas a favor del derecho a la alimentación llevadas a cabo por Cuba y por Venezuela (13). El pasado año, realizó un reconocimiento público al Gobierno bolivariano por su reducción drástica del hambre (14).

El citado fotorreportaje fue realizado en el comedor Madre Teresa de Calcuta, un centro religioso de Caracas, con un mensaje evidente: que es la Iglesia la que ayuda a paliar el hambre que no soluciona el Estado. Pero no nos dice que esta acción de la Iglesia –sin duda positiva- es mínima si la comparamos con la del conjunto de programas estatales enmarcados en la llamada Misión Alimentación. 6.000 Casas de alimentación, creadas por el Gobierno bolivariano en 2003, ofrecen comida gratuita, cada día, a 980.000 personas en situación de especial vulnerabilidad, contando para ello con una enorme red social formada por amas de casa de barrios populares (15).

Pero, además, en Venezuela han sido creados 21.130 supermercados de la red Mercal, donde el precio de los alimentos está subsidiado hasta en un 80 % (16). En estos establecimientos del Estado compran cada día 17 millones de personas (17) y el 61% de los hogares del país (18).

Los 13 diarios del grupo español Vocento también publicaron el citado fotorreportaje de Caracas, al que añadían una explicación cargada de cinismo e intencionalidad política: “La situación en el país latinoamericano es cada vez más preocupante. La subsistencia es cada día más difícil” (19). Teniendo en cuenta que tres millones de personas sufren pobreza severa en el territorio español (20) y que 30.000 familias tienen dificultades para alimentar a sus hijos e hijas, sería de esperar que ahora Vocento publicara un nuevo publirreportaje, que bien podría titularse “Los rostros de la pobreza en España” (21). El diario peruano El Comercio bien podría titular el suyo “Los rostros de la debacle del capitalismo en Perú”.

*Coordinador de Cubainformación

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=F5Ut4d1ufVc&list=UUtDIaNM2DNYn59qDGYx6gYw]

(1)          http://www.infobae.com/2014/04/29/1560744-los-rostros-del-hambre-venezuelaç

(2)          http://www.leanoticias.com/2014/04/30/fotoreportaje-los-rostros-del-hambre-en-venezuela/

(3)          http://www.eldeber.com.bo/2011/fotogalerias/index.php?id=800

(4)          http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/hambre-venezuela-rostros-debacle-socialismo-noticia-1725990

(5)          http://www.fao.org/docrep/019/i3520s/i3520s.pdf

(6)          http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/la-fao-premia-a-venezuela-por-reducir-el-hambre-a-.aspx

(7)          http://elcomercio.pe/opinion/editorial/humor-negro-noticia-1706571

(8)          http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article1261

(9)          http://www.gerenciapublica.org.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=880&catid=35&Itemid=50

(10)     http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2010/01/100126_1823_unicef_cuba_gz.shtml

(11)     http://elcomercio.pe/economia/peru/peru-cumple-metas-fao-lucha-contra-hambre-mundial_1-noticia-1589923

(12)     http://www.fao.org/archive/from-the-field/detail/es/c/209274/

(13)     http://www.fao.org/news/story/es/item/175508/icode/

(14)     http://www.rlc.fao.org/es/paises/venezuela/noticias/reconocimiento-de-la-fao-a-venezuela/

(15)     http://venezuelasocialista.avn.info.ve/

(16)     http://www.el-nacional.com/economia/Ejecutivo-empresarios-proponen-afrontar-escasez_0_394760605.html

(17)     http://venezuelasocialista.avn.info.ve/

(18)     http://www.elmundo.com.ve/noticias/actualidad/noticias/la-fao-premia-a-venezuela-por-reducir-el-hambre-a-.aspx

(19)     http://www.elcorreo.com/vizcaya/multimedia/fotos/mundo/20140429/rostros-hambre-venezuela-308825634494-mm.html

(20)     http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-10-14/espana-2013-parejas-jovenes-en-la-indigencia-desempleo-y-pobreza-severa_40370/

(21)     http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/cerca-dos-millones-ninos-pasan-hambre-espana_2013080700305.html

Carlos Fernández Liria

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.

Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (² ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.

Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.

Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (⁵ ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.

Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.

Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.

Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.

Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.

Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.

La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.

La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.

El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.

Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.

Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.

1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.

*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla

Carlos Fernández Liria

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.

Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (² ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.

Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.

Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (⁵ ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.

Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.

Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.

Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.

Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.

Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.

La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.

La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.

El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.

Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.

Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.

1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.

*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla

José Manzaneda*

Grandes medios internacionales llevan semanas hablando sobre un brote de cólera en Cuba, que habría afectado también a varios turistas extranjeros (1).

Curiosamente, en la República Dominicana –país vecino- se ha registrado un brote similar, con un 86% de los casos ubicados en la provincia de La Altagracia, donde está situado el conocido complejo turístico de Punta Cana (2).

La existencia de cólera en la República Dominicana, sin embargo -salvo excepciones-, no ha sido noticia en la prensa internacional. El diario español ABC, por ejemplo, publicaba, en apenas semana y media, hasta cuatro noticias sobre el brote de cólera en Cuba, pero ninguna sobre el de República Dominicana. Su información, además, tenía un evidente sesgo alarmista, con un claro mensaje desmotivador para posibles viajeros a Cuba: “Dos turistas españoles, entre los infectados por un brote de cólera en Cuba”, titulaba el 27 de agosto (3). Y al día siguiente leíamos “Toda precaución es poca porque en Cuba vuelve a haber cólera” (4).

Este diario español y otros de Miami y América Latina resaltaban la alerta emitida por el Gobierno de EEUU sobre el cólera en Cuba (5), que aparece destacada a su vez en la web oficial de su oficina diplomática en La Habana (6). Por el contrario, en el portal digital de la Embajada de EEUU en Santo Domingo no hay alusión alguna al cólera en República Dominicana (7).

Curiosamente, un informe reciente de la propia Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) asegura que más del 90 % del agua que llega a los hogares de la República Dominicana no es apta para el consumo humano, un factor importante en la propagación de la citada enfermedad (8). En Cuba, por el contrario, la cobertura de agua potable se aproxima al 96 % de la población (9).

Un mensaje que se repite en los medios es el supuesto secretismo del Gobierno cubano en relación al citado brote, por lo que la fuente informativa no serían las autoridades sanitarias de la Isla, sino un informe de la Organización Panamericana de la Salud (10). Pero, curiosamente, los medios que acusan a Cuba de ocultar la información, ocultan que los datos que recoge ese informe fueron aportados a la citada organización por el Ministerio de Salud de Cuba (11).

En dicho informe, que aborda la situación del cólera también en Haití y República Dominicana, comprobamos que en Cuba se produjeron el pasado año 3 defunciones, mientras en República Dominicana, desde noviembre de 2010, se elevan a 454 las personas fallecidas por el cólera (12).

Se observa, además, la profusión de datos aportados por Cuba, en comparación a los de los otros dos países. Podemos conocer el número exacto de personas afectadas, 163; la nacionalidad de los 12 turistas tratados, todos atendidos en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí de La Habana; así como detalles sobre los sistemas y protocolos de prevención y control empleados en el país para frenar el brote.

Por la prensa cubana, por ejemplo, sabemos que, entre muchas otras medidas, se está comenzando a aplicar la vacuna homeopática Prevengho-Cólera en municipios de la provincia de Granma, para después extender el tratamiento a todo el país (13).

Parece evidente que el brote de cólera está siendo utilizado por la maquinaria mediática transnacional para atacar a Cuba, con objetivos muy precisos: uno, afectar el turismo a la Isla; dos, desmitificar su respetado sistema de salud, presentado como incapaz de evitar o detener la enfermedad; y tres, desprestigiar los programas de cooperación médica cubana en otros países. En esta línea, el citado diario español ABC publicaba una entrevista a Pedro Martínez Latuff, médico venezolano antichavista, con un título elocuente: “Los cubanos están trayendo el cólera a Venezuela” (14).

Es conocido el intento, desde los medios de Miami, por frenar el creciente turismo a Cuba de la emigración cubana en EEUU, tras el levantamiento -por parte del Gobierno de Obama- de las prohibiciones de viaje a este sector. Varios medios publicaban el testimonio de Alfredo Gómez, un supuesto emigrado cubano de vacaciones en La Habana, afectado por el cólera, que denunciaba haber sido presionado para pagar 4.700 dólares en el centro médico donde fue atendido (15). Otro turista también afectado, el alemán Volker Hermsdorf, publicaba días después un artículo en el que calificaba de estafa y montaje mediático el testimonio del citado Alfredo Gómez, y en el que alababa la profesionalidad del personal médico cubano por el que fue atendido (16). Por supuesto, este segundo testimonio no ha interesado lo más mínimo a los citados medios.

Y es que el brote de cólera de Cuba no es nada en comparación a la epidemia de cinismo, doble moral, censura y manipulación que propagan a diario los grandes medios internacionales (17).

*Coordinador de Cubainformación

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=amlLQ68ie7o&feature=c4-overview&list=UUtDIaNM2DNYn59qDGYx6gYw]

(1)http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/ops-cuba-exporto-casos-de-colera-a-italia-venezuel.aspx

(2)http://eldia.com.do/nacionales/2013/8/25/122847/Salud-alerta-por-colera-y-dengue

(3)http://www.abc.es/sociedad/20130827/abci-espanoles-brote-colera-201308271824.html

(4)http://www.abc.es/videos-internacional/20130828/vuelve-colera-2633271814001.html

(5)http://www.abc.es/internacional/20130821/abci-cuba-colera-eeuu-201308212354.html

(6)http://photos.state.gov/libraries/havana/231771/PDFs_001/Brote-de-Colera-08-20-13.pdf

(7)http://spanish.santodomingo.usembassy.gov/nprensa.html

(8)http://www.elnacional.com.do/nacional/2013/8/21/169969/Advierten-agua-RD-no-esapta-para-consumo

(9)http://www.radiorebelde.cu/noticia/la-cobertura-agua-potable-cuba-se-aproxima-96-por-ciento-20100329/

(10)http://www.martinoticias.com/content/cuba-colera-epidemia-medidas-secretos-estado/26684.html

(11)http://www.cubainformacion.tv/index.php/la-columna/210-edmundo-garcia/51729-los-que-en-miami-querian-una-invasion-a-cuba-ahora-quieren-el-colera

(12)http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=22754&Itemid

(13)http://www.lademajagua.co.cu/index.php/sociedad/23962-aplican-vacuna-homeopatica-contra-el-colera-en-granma-cuba

(14)http://www.abc.es/internacional/20130830/abci-cubanos-traen-colera-venezuela-201308292234.html

(15) http://www.martinoticias.com/content/article/26825.html

(16)http://www.cubainformacion.tv/index.php/manipulacion-mediatica/51745-periodista-aleman-que-enfermo-en-cuba-colerico-con-el-nuevo-herald

(17)http://www.telemundo51.com/mi-pais/El-colera-cobra-fuerza-en-Cuba-221802981.html

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Elier Ramírez Cañedo

La actividad diplomática de los Estados Unidos contra la Anfictionía
Uno de los sueños más hermosos y visionarios de Bolívar fue la unión de los países hispanoamericanos independizados en una gran confederación de estados. Para él, esa era la única vía que podía mantener la invulnerabilidad de la independencia alcanzada frente a los apetitos imperiales de la época, sobre todo frente a los que ya se veían venir desde el Norte.

Desde su célebre Carta de Jamaica (1915), Bolívar dio muestras de un profundo conocimiento de la realidad americana, de sus virtudes y defectos, y de los elementos que unían y dividían a sus pueblos. En este trascendental documento El Libertador adelantó su idea de una América unida en gran confederación de naciones libres, guiadas por aspiraciones internacionales comunes, pero sin menoscabo de las individualidades:

“Yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente, tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse; más no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes, dividen a la América ¡Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que Corinto fue para los griegos! Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso (…)” .

La tarea de confederar a las repúblicas hispanoamericanas la inició Bolívar poco después de la creación en 1819 de la Gran Colombia, cuando envió dos emisarios al Perú, Chile, Buenos Aires y México con la misión de negociar y suscribir tratados de “unión, liga y confederación perpetua”. El senador Joaquín Mosquera firma el primero el 6 de junio de 1822 con el encargado de Relaciones Exteriores de Perú, Bernardo Monteagudo; el segundo el 23 de octubre de 1823 con los representantes de Chile, Joaquín Echeverría y José Antonio Rodríguez. Miguel Santamaría suscribe el tercer tratado confederativo el 3 de diciembre de 1823 con el canciller mexicano Lucas Alamán; luego de la independencia de Centroamérica, Pedro Molina, enviado de ese país, firma uno similar el 15 de marzo de 1825 con Pedro Gual, canciller colombiano.

El 7 de diciembre de 1824, desde Lima, Bolívar convocó oficialmente al Congreso de Panamá, en circular a los Gobiernos de la América del Sur:

“Después de quince años de sacrificios consagrados a la libertad de América por obtener el sistema de garantías que, en paz y en guerra, sea el escudo nuestro destino, es tiempo ya que los intereses y relaciones que unen entre sí a las repúblicas americanas, antes colonias españolas, tengan una base fundamental que eternice, si es posible, la duración de estos Gobiernos. Entablar aquel sistema y consolidar el poder de este gran cuerpo político pertenece al ejercicio de una autoridad sublime, que dirija la política de nuestros gobiernos, cuyo influjo mantenga la uniformidad de sus principios y cuyo solo nombre calme nuestras tempestades. Tan respetable autoridad no puede existir sino en una asamblea de plenipotenciarios nombrados por cada una de nuestras Repúblicas y reunidos bajo los auspicios de la victoria obtenida por nuestras armas contra el poder español”.

Por supuesto, este fue unos de los proyectos que recibió el mayor antagonismo de los Estados Unidos. Washington aplaudía cualquier iniciativa que significara unir la política del sur con la del norte bajo su liderazgo y sin intervención europea, más se negaba a aceptar una confederación cuyo protagonismo correspondiera a la Gran Colombia de Bolívar. Joel Roberts Poinsett, representante diplomático de Estados Unidos en México, llegaría a proferir en una ocasión: “…sería absurdo suponer que el presidente de los Estados Unidos llegara a firmar un tratado por el cual ese país quedaría excluido de una federación de la cual él debería ser el jefe”.

En el largo pliego de instrucciones –casi 40 páginas- entregado por Clay a sus enviados al Congreso de Panamá se distingue con facilidad la animadversión de Washington con los propósitos fundamentales que Bolívar aspiraba se lograsen en la magna cita: “Se desecha la idea de un consejo anfictiónico, revestido de poderes para decidir las controversias que suscitaren entre los Estados americanos, o para arreglar, de cualquiera manera, su conducta”.

El problema de dicha ojeriza residía en que esos propósitos chocaban con los intereses hegemónicos de los Estados Unidos. Por ejemplo, la idea de una alianza ofensiva y defensiva entre los países concurrentes –uno de los mayores objetivos de Bolívar- evidentemente podía a largo plazo entorpecer las ambiciones estadounidenses de dominio sobre toda la región de América Latina y el Caribe. Clay instruyó sus representantes que defendieran en el cónclave  la idea de que no existía la necesidad de una alianza ofensiva y defensiva entre las naciones americanas, pues ya se había despejado el  peligro de un ataque de la Santa Alianza contra las Repúblicas americanas. “Sea cual fuere la conducta de España, la acogida favorable que ha dado el Emperador de Rusia a las propuestas de Estados Unidos, con la conocida inclinación que tienen Francia y demás potencias europeas a seguir nuestro ejemplo, nos hace creer que la Santa Alianza no tomará parte en la guerra, sino que conservará su actual neutralidad. Habiendo, pues, desaparecido el peligro que nos amenazaba desde aquel punto, no existe la necesidad de una alianza ofensiva y defensiva entre las potencias americanas, la que sólo podrá justificarse en el caso de la continuación de semejante peligro. En las actuales circunstancias ese alianza sería más que inútil, pues sólo tendría el efecto de engendrar en el Emperador de Rusia y en sus aliados sentimientos que no debían provocarse inútilmente”.

Otro tema de la agenda del Congreso de Panamá que seguramente  –no aparece aludido en las instrucciones citadas- disgustaba al gobierno de los Estados Unidos era la propuesta bolivariana de abolir la esclavitud en el conjunto del territorio confederado.

Pese a que en cónclave de Panamá hubo resistencias de algunas delegaciones a aceptar la propuesta de Bolívar de formar un ejército continental hispanoamericano, respuesta natural a los proyectos agresivos de la Santa Alianza favorecidos con la restauración del absolutismo en España, al final se aceptó una tácita coordinación como parte de los cuatro tratados signados. El más importante de esos acuerdos fue el de la Unión, Liga y Confederación Perpetua -abierto a la firma de los restantes países de Hispanoamérica-, “cual conviene a naciones de un origen común, que han combatido simultáneamente por asegurarse los bienes de libertad e independencia”, pero que más tarde no fue ratificado por los gobiernos representados en Panamá, con excepción de Colombia. Este tratado tenía 32 artículos y uno de ellos especificaba: “El objeto de este pacto perpetuo será sostener en común, defensiva y ofensivamente si fuese necesario, la soberanía e independencia de todas y cada una de las potencias confederadas de América contra toda dominación extranjera (…)”.

Desde la contemporaneidad es fácil advertir el error cometido por las naciones de América Latina y el Caribe al no haber suscrito un tratado de este tipo que las protegiera de los ataques y la dominación de potencias extra regionales. Lamentablemente muy pocos de los líderes latinoamericanos tenían la claridad meridiana de Bolívar respecto a los mayores peligros que enfrentaban los países hispanoamericanos recién independizados. No pasaría mucho tiempo en que se hiciera ostensible que el mayor de ellos venía del Norte. De ese Norte que se presentaba como protector de los intereses de hemisféricos, pero que lo único estaba salvaguardando eran sus propios intereses, y  estos; nada tenían que ver con los del resto de los países de la región. Esa era la verdad que se escondía detrás de algunas de las instrucciones que dio Clay -en nombre del presidente de los Estados Unidos- a sus enviados al congreso de Panamá: “Deben, pues, rechazar todas las propuestas que estriben sobre el principio de una concesión perpetua de privilegios comerciales a una potencia extranjera”.  También cuando orienta a los mismos que se adscribieran a cualquier declaración “dirigida a prohibir la colonización europea dentro de los límites territoriales de las naciones americanas”.

Por igual, fueron cínicas y denigrantes las instrucciones de Clay al plantear el rechazo estadounidense al reconocimiento de la independencia de Haití: “Las potencias representadas en Panamá, tal vez propondrán como un punto de consideración si se debe o no reconocer a Haití como un Estado independiente. (…) El Presidente es de la opinión, que en la actualidad Haití no debe ser reconocida como una potencia soberana independiente.”

Clay explica esta posición señalando que Haití había hecho tales concesiones a su antigua metrópoli que no podía proclamarse soberana. Lo de las concesiones era cierto, pero la explicación de fondo de dicha conducta norteamericana era su disgusto porque esas concesiones eran para Francia y no para los Estados Unidos, lo cual podía crear un mal precedente en el sentido de que los países hispanoamericanos recién independizados hicieran lo mismo, pero con Inglaterra. Eso era simplemente inadmisible para el gobierno de los Estados Unidos  en disputa ya con Albión por el predominio económico del continente.

Los primeros ministros que destaca Washington a Hispanoamérica fueron instruidos concretamente sobre el Congreso Anfictiónico.  John Quincy Adams, en ese momento secretario de Estado de Monroe, dice el 17 de mayo de 1823 en documento enviado a César Rodney, quien había sido nombrado ministro en Buenos Aires: “Bajo los auspicios del nuevo gobierno de la República de Colombia se ha proyectado una Confederación más extensa…comprende tanto al Norte como el Sur de América para lo que se le traza al Gobierno de los Estados Unidos una proposición formal a fin de que se una y tome su dirección…Este Gobierno tendrá tiempo de deliberar respecto a lo que le concierne cuando se le presente en forma más precisa y específica. Por ahora indica más claramente el propósito de la República de Colombia de asumir un carácter director en este Hemisferio que cualquier objeto factible de utilidad que pueda se discernido por nosotros. Con relación a Europa se advierte sólo un objeto en el cual los intereses y deseos de los Estados Unidos pueden ser los mismos de las naciones suramericanas, cual es el de que todas sean gobernadas por instituciones republicanas, política y comercialmente independientes de Europa. Para una Confederación de las provincias hispanoamericanas con ese fin, los Estados Unidos prestarán su aprobación…”.

Diez días después, las instrucciones de John Quincy Adams a Richard C.Anderson, nombrado ministro de los Estados Unidos en Bogotá, son más explícitas: “Durante algún tiempo han fermentado en la imaginación de muchos estadistas teóricos los propósitos flotantes e indigestos de esa gran Confederación americana…Mientras la propuesta confederación colombiana tenga por objeto un régimen combinado de independencia total e ilimitada de Europa…merecerá la más completa aprobación y los mejores deseos de los Estados Unidos; pero no requerirá acción especial de ellos para ser llevada a efecto. Mientras sus propósitos consistan en realizar una reunión que los Estados Unidos presidan para asimilar la política del sur con la del norte, se necesitará tener una opinión más precisa y exacta…para resolver acerca de nuestra asistencia…”.

Lima fue otro foco de intrigas contra los proyectos integracionistas de Bolívar. Allí actuaba William Tudor como encargado de negocios de los Estados Unidos. El 15 de junio de 1826 este le escribe a Clay: “De los resultados de la primera sesión del Congreso de Panamá necesito decir poco…Algunas de las medidas del Congreso han producido gran enojo y desilusión aquí, habiendo existido la intención de trasladar sus sesiones a esta ciudad. La traslación a México demuestra el celo sentido por esa república y por Guatemala por los planes de Bolívar: Chile y Buenos Aires enviarán ahora sus delegados al mismo y todos esos Estados se unirán para oponerse a la influencia del dictador”.

Finalmente la idea anfictiónica de Bolívar no concluyó en Panamá, sino en Tacubaya, México. Allí sesionó hasta el 9 de octubre de 1828, cuando se dio por finalizada al no aprobar los gobiernos, exceptuando Colombia, las convenciones del Congreso. Al parecer, Poinsett estuvo detrás del inmovilismo de las Cámaras legislativas mexicanas en el asunto de la no ratificación de los acuerdos del Congreso.

Como en juicio docto señaló el destacado intelectual cubano Francisco Pividal: “Con paciente laboriosidad, los Estados Unidos demoraron 63 años para desvirtuar el ideal del Libertador, concretado en el Congreso Hispanoamericano de Panamá. Durante todo ese tiempo fueron llevando al “rebaño de gobiernos latinoamericanos” al redil de Washington, hasta que en 1889 pudieron celebrar la Primera Conferencia Americana, haciendo creer que, entre las repúblicas hispanoamericanas y los Estados Unidos, podían existir intereses comunes”.

La conspiración contra Colombia
La Gran Colombia fue en realidad la primera realización práctica de Simón Bolívar en cuanto a sus ideales unitarios. La misma había nacido el 17 de diciembre de 1819 como República de Colombia durante el Congreso de Angostura, con la unión de los territorios de Venezuela y Nueva Granada, quedando designado Bolívar como presidente y como vicepresidentes Francisco de Paula Santander y Juan Germán Roscio para Cundinamarca y Venezuela, respectivamente. Luego del congreso de Cúcuta celebrado en 1821 se le conocería como la Gran República de Colombia, integrada por los territorios de Venezuela, Nueva Granada y Quito. Ese mismo año se le incorporaría el territorio comprendido en el ayuntamiento de Panamá, luego de proclamada su independencia.

Sin embargo, pronto los estrechos y egoístas intereses de las oligarquías locales, los celos entre neogranadinos y venezolanos y las ambiciones de poder de José Antonio Paéz y Francisco de Paula Santander, comienzan a mellar la obra unificadora de Bolívar. En abril de 1826 Paéz encabeza una sublevación separatista en Venezuela. En enero de 1827 Bolívar logra aplacar las intenciones de Paéz, pero al dejarlo sin castigo se gana el rencor de Santander quien sentía gran aversión hacia Paéz. Apenas resuelta la crisis provocada a causa de las acciones de Paéz en Venezuela, estalla el 26 de enero una rebelión de soldados colombianos en la ciudad de Lima bajo las órdenes del sargento Bustamante. Con fuegos artificiales es celebrado el hecho en Bogotá por los santanderistas.

Santader escribió inmediatamente a Bustamante ofreciéndole garantías y todo su apoyo: “Ustedes uniendo su suerte, como la han unido, a la nación colombiana y al gobierno nacional bajo la actual Constitución, correrán la suerte que todos corramos. El Congreso se va ha reunir dentro de ocho días, a él le informaré del acaecimiento del 26 de enero; juntos dispondremos lo conveniente sobre la futura suerte de ese ejército, y juntos dictaremos la garantía solemne, que a usted y a todos los ponga a cubierto para siempre”.  De manera ruin y con tono vengativo le escribiría también al Libertador: “En mi concepto el hecho de los oficiales de Lima es una repetición del suceso de Valencia, en cuanto al modo, aunque diferente en cuanto al fin y objeto. Aquel y los que se repitieron en Guayaquil, Quito y Cartagena, ultrajaron mi autoridad y disociaron la República; el de Lima ha ultrajado la autoridad de usted con la deposición del jefe y oficiales que usted tenía asignados. Ya verá usted lo que es recibir un ultraje semejante y considerará cómo se verá un gobierno que se queda ultrajado y burlado”.

No pasaría mucho tiempo en descubrirse que la rebelión de este oscuro sargento, lejos de buscar la defensa del orden constitucional había sido una traición a la patria, bien pagada por la aristocracia de Lima, que deseaba que las tropas colombianas defensoras de la Confederación de Colombia y el Perú abandonaran su territorio, para así apuntalar el “feudalismo peruano”.

Lo interesante de esta rebelión es que la correspondencia de William Tudor, cónsul estadounidense en Lima, revela claramente que éste estuvo estrechamente vinculado a los acontecimientos. Al informar el 3 de febrero de 1827 a su secretario de estado, Henry Clay, expresó:

“Usted supondrá que ese movimiento se realizó de acuerdo con algunos de los principales patriotas peruanos…

…Realmente, la grandísima responsabilidad que han asumido, ha sido inducida por los más nobles principios del patriotismo y de la fidelidad a su país, siendo admirables la habilidad y vigor con que han procedido.

Entre los papeles de Lara se encontraron muchas importantísimas cartas de Bolívar, de Sucre y de otros generales, las cuales arrojan considerable luz sobre los designios del primero y serán una ayuda poderosa para Santander en sus esfuerzos para proteger la Constitución de Colombia contra los pérfidos designios del Usurpador”.

Se desprende del documento citado que el gobierno de los Estados Unidos había visto en Santander el hombre clave que podían utilizar para enfrentar los “subversivos” planes de Bolívar. Mas adelante continúa Tudor revelando su animosidad hacia Bolívar y a sus ideas más revolucionarias:

“La esperanza de que los proyectos de Bolívar están ahora efectivamente destruidos, es una de las más consoladoras. Esto no es solo motivo de felicitación en lo relativo a la América del Sur, liberada de un despotismo militar y de proyectos de insaciable ambición que habrían consumido todos sus recursos, sino que también los Estados Unidos se ven aliviados de un enemigo peligroso en el futuro…si hubiera triunfado estoy persuadido de que habríamos sufrido su animosidad.
(…)
…su fe principal (la de Bolívar) para redimirse ante el partido liberal del mundo la tiene depositada en el odio a la esclavitud y el deseo de abolirla. Leed su incendiaria diatriba contra ella en la introducción a su indescriptible Constitución; tómese en consideración las pérdidas y destrucción consiguientes a la emancipación y que el régimen no podrá jamás ser restablecido en estos países; téngase presente que sus soldados y muchos de sus oficiales son de mezcla africana y que ellos y otros de esa clase tendrán después un natural resentimiento contra todo el que tome eso de argumento para su degradación; contémplese el Haití de hoy y a Cuba (inevitablemente) poco después y al infalible éxito de los abolicionistas ingleses; calcúlese el censo de nuestros esclavos; obsérvese los límites del negro, triunfante de libertad y los del negro sumido en sombría esclavitud, y a cuántos días u horas de viaje se hallan el uno del otro; reflexiónese que … la gravitación moral de nuestro tiempo…es la afirmación de los derechos personales y la abolición de la esclavitud; y, además, que, por diversos motivos, partidos muy opuestos en Europa mirarían con regocijo que “esta cuestión se pusiera a prueba en nuestro país”; y luego, sin aducir motivos ulteriores, júzguese y dígase si el “loco” de Colombia podría habernos molestado. ¡Ah, Señor, este es un asunto cuyos peligros no se limitan a temerle a él…¡”.

Pero las aspiraciones de la aristocracia de Lima no estaban centradas solamente en expulsar a las tropas colombianas de su territorio sino también en lograr sus viejos sueños de adueñarse de Guayaquil. Por eso, en coordinación con la salida del ejército colombiano de Lima ordenada por Bustamante se produce en Guayaquil un movimiento federalista, evidentemente estimulado por los peruanos, el cual culminó en la proclamación de la independencia de aquella provincias de la República de Colombia y la elección, por una junta convocada por el Cabildo, del Gran Mariscal del Perú, don José de La Mar, como jefe civil y militar de aquella “republiqueta”.  Posteriormente, el Congreso de Lima eligió como presidente a La Mar en sustitución de Bolívar y casi simultáneamente a la toma del mando del mariscal se enviaron contingentes peruanos a los linderos de Bolivia y a las fronteras del sur de Colombia, para estimular focos de insurrección latentes en las provincias del Ecuador y tratar de emplear en las tropas que, bajo el mando de Sucre aún permanecían acantonadas en Bolivia, los mismos métodos que habían llevado al levantamiento de Bustamante.  Para esta misión el gobierno peruano designó al antiguo intendente del Cuzco, general Agustín Gamarra, quien al mismo tiempo logró reclutar para tan innobles fines al sargento José Guerra. De esta manera, en la madrugada del 25 de diciembre dicho sargento al frente de un numeroso contingente de tropas se rebeló contra sus jefes y las autoridades de la provincia a gritos de ¡Viva el Perú¡ Los sublevados se apoderaron de los dineros depositados en las arcas públicas y emprendieron la fuga hacia el Desaguadero, en busca de la protección de su cómplice: el general Gamarra. En el trayecto fueron alcanzados y derrotados por las tropas colombianas leales.

Durante todos esos meses, de febrero a diciembre de 1827, el cónsul de los Estados Unidos en Lima estuvo detrás de la conspiración contra Bolívar y sus planes unitarios. Al leer la correspondencia que dirigía al Departamento de Estado, tal parece que Tudor tenía en sus manos todos los hilos que tejían la conjura. A él llegaban casi todas las cartas de los distintos frentes y le informan los jefes militares el cumplimiento del plan de operaciones sobre Bolivia y Ecuador.

El 21 de febrero de 1827 Tudor dice en un despacho confidencial: “Calcúlese que tendrán que pasar aún tres semanas antes de que puedan recibirse noticias de Bolivia concernientes a los pasos que se den allí; pero generalmente se cree que las tropas colombianas se sentirán ansiosas de seguir los pasos de sus compañeros de aquí y estarán preparadas, por previo concierto, para adoptar las mismas medidas”.

El 23 de mayo del propio año señala: “Ayer recibí una carta del coronel Elizalde, quien manda la División que entró a Guayaquil…Me informa que todo marcha de la manera más favorable; que el 27 despachó una columna con dirección a Quito para que se una a la División mandada por Bustamante, quien entró el 25 del mismo mes, todos los cuales están ahora indudablemente en Quito. Bravo, el oficial que fue enviado de aquí con los jefes arrestados y los documentos para el gobierno, también había llegado a Cuenca a su regreso a Bogotá. El General Santander habría recibido la noticia del movimiento de aquí con satisfacción y le habría escrito a Bustamante aprobando su conducta y que enviaría a Obando a tomar el mando de la División”.

Pero Tudor, en su maquiavélica intriga, llega incluso a proponerle a los líderes peruanos enemigos de Bolívar que soliciten la intervención directa de los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra para derrotar definitivamente al Libertador. Así queda demostrado en su despacho del  20 de noviembre de 1827 al secretario de Estado: “Aquí se ha recibido la información auténtica de las órdenes que ha dado (Bolívar) para levantar en Guayaquil una fuerza para la invasión del Perú…Reflexionando sobre estos asuntos y el carácter sin principios de la guerra con que ahora él amenaza, ocúrreseme que la mediación de Estados Unidos e Inglaterra, conjunta o separadamente podría ser obtenida…Cada una de las potencias nombradas posee motivos peculiares para desear que estos países gocen de paz y prosperidad, además de las poderosas razones de Estado comunes a ambas contra el engrandecimiento excesivo y la perniciosa acumulación de poderes en manos de un individuo arrogante. Bajo todas estas circunstancias y debido a la gran confianza y franqueza con que me honran el General La Mar y su consejero más íntimo, el Dr. Luna Pizarro, solicité una entrevista privada con ambos y en ella les expuse las razones por las cuales creía que el Perú obraría políticamente si apelara a esas naciones igualmente amigas, haciéndoles una relación sucinta de la conducta del General Bolívar en este país y una reseña del estado actual de cosas y de la guerra con que él lo amenaza…Ambos convinieron en la corrección de mis insinuaciones, habiéndose convenido en una segunda entrevista y se prepararon inmediatamente los documentos necesarios…si la situación de estos países, el carácter y las miras de Bolívar así como las consecuencias que se sucederían a su triunfo, fueran plenamente comprendidos, tanto los Estados Unidos como Inglaterra no sólo ofrecerían su mediación, sino que, siendo necesario, la acompañarían con una alternativa que forzaría su aceptación”.

Aprovechando que el conflicto interno en Colombia, absorbía prácticamente todo el tiempo del Libertador, el gobierno peruano presidido por el mariscal don José de La Mar, creyó llegado el momento de expulsar a las tropas colombianas de los sectores centrales del continente e imponer el predominio del Perú en las provincias de Ecuador y en la República de Bolivia. Finalmente, a fines de 1828 se produce la invasión de las fuerzas peruanas al territorio boliviano y posteriormente -enero de 1829- al Distrito sur de la Gran Colombia por la provincia de Guayaquil. Paralelamente, los coroneles José María Obando y José Hilario López, por mandato de Santander y en apoyo a la invasión peruana a Bolivia se habían levantado en armas en Popayán, dando inicio a un nuevo estado de guerra civil, esta vez en Nueva Granada.

El 11 de noviembre de 1828 el general José Maria de Córdova y Bolívar vencieron a las fuerzas antibolivarianas de Obando y López en los ejidos de Popayán. Posteriormente, Sucre derrotaría definitivamente a las tropas de La Mar en Portete de Tarqui (hoy  territorio Ecuatoriano) el 27 de febrero de 1829, garantizando momentáneamente la integridad de la Gran Colombia amenazada por los apetitos expansionistas del gobierno de Lima.

Sin embargo, los dolores de cabeza no terminarían para Bolívar, en 1829 se enteraría de un suceso que le llenó de alarma y sorpresa: la insurrección contra el gobierno, iniciada en la provincia de Antioquia por uno de los oficiales a quienes más afecto había profesado y cuya lealtad nunca había sido motivos de dudas para él: el general José María de Córdova. En Córdova habían influido maliciosamente para indisponerlo con Bolívar, José Hilario López y Obando –los mismos hombres que había derrotado militarmente-, Santander y el cónsul británico en Bogotá, míster Henderson. La hija de este último había aceptado los galanteos del joven general.  No era nada casual que Herderson tuviera estrechos vínculos con William Henry Harrison, ministro de Estados Unidos en Bogotá. Al cónsul británico ofreció Córdova un caudal de información estrictamente confidencial de la Gran Colombia y de los planes del Libertador.

La documentación confidencial de Harrison, la cual enviaba a Clay y al presidente Adams, da muestras de que el espionaje estadounidense estaba en todos los rincones de la Gran Colombia y que sus redes conspirativas contra Bolívar estaban muy bien articuladas y que mucho tuvieron que ver con la rebelión de Córdova.

22 de junio de 1829: “Tengo el honor de adjuntar copia de una carta del General Bolívar para uno de sus amigos íntimos que demuestra francamente que sus designios con respecto al Perú no son de ese carácter desinteresado que su última proclama revela tan explícitamente.

No creo hallarme en libertad para revelar la manera por la cual llegué a poseer este documento singular; pero me comprometo a responder por su autenticidad…”.

28 de junio de 1829: “Por el mismo conducto que me ha proporcionado la carta, copia de la cual tuve el honor de adjuntar en clave a mi despacho No. 14, he podido leer una carta de una persona de alto rango quien ha disfrutado de toda confianza de Bolívar; pero quien ahora le hace oposición a todos sus proyectos…”.

7 de septiembre de 1829: “El drama político de este país se apresura rápidamente a su desenlace…En carta recibida la semana pasada y dirigida a un miembro de la Convención, residente en esta Ciudad, Bolívar propone la presidencia vitalicia…Los Ministros están muy alegres con sus perspectivas de éxito. Confían en que no habrá la más ligera conmoción y que este importante cambio se realizara con la aquiescencia casi completa del pueblo…

Pero su confianza será su ruina. Una mina ya cargada se halla preparada y estallará sobre ellos dentro de poco. Obando se encuentra en el campamento de Bolívar seduciendo a sus tropas. Córdova ha seducido al batallón que está en Popayán y se ha ido al Cauca y a Antioquia, las cuales están maduras para la revuelta. Una gran parte de la población de esta ciudad está comprometida en el plan. Se distribuye dinero entre las tropas, sin que el gobierno tenga todavía conocimiento de estos movimientos.

Córdova procederá con prudencia. Espérase que en el curso de octubre o en los primeros días de noviembre principiará por publicar una proclama dirigida al pueblo”.

Cuando el gobierno de Colombia comenzó a descubrir a los soterrados autores vinculados a la insubordinación de Córdova salió a la luz que Torrens, el encargado de negocios de México, Henderson, Harrison y otras personas particulares, sabían de la rebelión de Córdova desde antes que estallara; que algunos tenían correspondencia con él, y concurrían a juntas clandestinas en que se declamaba fuertemente contra el Libertador y su gobierno.
Las actividades del representante de México en Bogotá eran muy bien acogidas y reproducidas por Poinsett, ministro de Estados Unidos ante el gobierno mexicano. Torrens continuamente enviaba información falsa a su gobierno, señalando entre otras cosas que Bolívar pretendía sojuzgar a México para dominar la América española. A Poinsett esta calumnia le venía como anillo al dedo, pues contribuía con su divulgación a dividir a los pueblos hispanoamericanos.

Al tiempo que sucedía la rebelión de Córdova, Santander desde el exterior –había sido   expulsado de Colombia a raíz de sus vínculos con el fallido intento de asesinar a Bolívar en septiembre de 1828- se convertía en el máximo calumniador sobre la figura de Bolívar. La prensa estadounidense y europea se hacía eco de dichas difamaciones. Al respecto señaló Bolívar: “crecerán en superlativo grado las detracciones, las calumnias y todas las furias contra mí. ¡Que no escribirá ese monstruo y su comparsa en el Norte (de América), en Europa y en todas partes¡ Me parece que veo ya desatarse todo el infierno en abominaciones contra mí”.

Culminada la investigación sobre la conspiración de Córdova el Consejo de Estado de la Gran Colombia ordenó que los agentes extranjeros que habían tomado parte en ella fueran expulsados del país. No obstante, Obando atacó a Bolívar por el asesinato de Córdova y otro tanto hicieron los enemigos del Libertador en Venezuela y otras partes. El lamentable hecho, amargó a Bolívar, ordenando que Ruperto Hand, el asesino de Córdova, fuese execrado, expulsado del ejército y desterrado  de Colombia. Al mismo tiempo, ratificó la amnistía concedida por O Leary a los seguidores del manipulado general.  William Henry Harrison, había llegado a Colombia como coronel y regresaba a su país como general. Posteriormente sería presidente de los Estados Unidos.

La documentación de los representantes del gobierno de Washington revela, salvando pocas excepciones, un odio visceral hacia Bolívar.  “¡La maligna hostilidad de los yanquis hacia el Libertador es tal –escribió el procónsul inglés en Lima a su secretario de Estado-, que algunos de ellos llevan animosidad hasta el extremo de lamentar abiertamente que allí donde ha surgido un segundo César no hubiera surgido un segundo Bruto¡ Pero, ¿a qué se debía tal animadversión? El racista ministro de Estados Unidos en España, Alexander H. Everett, dio en 1827 algunas de las claves: “Difícilmente podría ser la intención de los Estados Unidos alentar el establecimiento de un despotismo militar en Colombia y Perú, cuyo primer movimiento sería establecer un puesto de avanzada en la isla de Cuba. Si Bolívar realiza su proyecto, será casi completamente con la ayuda de las clases de color; las que naturalmente, bajo esas circunstancias, constituirían las dominantes del país. Un déspota militar de talento y experiencia al frente de un ejército de negros no es ciertamente la clase de vecinos que naturalmente quisiéramos tener…vacilaría mucho acerca de si estaría bien insistir por más tiempo sobre el reconocimiento de la República de Colombia como cosa agradable para los Estados Unidos”.

Los diplomáticos del gobierno de los Estados Unidos tildaban a Bolívar de “loco”, “usurpador”, “ambicioso”, “dictador”, etc, etc. Ironías de la historia, lo mismo han dicho y dicen en la contemporaneidad de Fidel Castro y Hugo Chávez.

Tildar a Bolívar como un déspota, como un dictador ambicioso, era una de las bajezas más atroces que podían llevar a cabo las autoridades norteamericanas contra el hombre que había declarado su intención de revocar, “desde la esclavitud para abajo, todos los privilegios”.  Ese Bolívar que calificaban de tirano era el mismo que una y otra vez había rechazado las propuestas que le habían hecho de coronación. A su amigo Briceño Méndez le había expresado: “Ese proyecto va a arruinar mi crédito y manchar eternamente mi reputación”.  Asimismo, le había dicho a Santander refiriéndose a las insinuaciones de Páez dirigidas a que aceptara coronarse: “me ofende más que todas las injurias de mis enemigos, pues él me supone de una ambición vulgar y de un alma infame”. Según esos señores –agrega- “nadie puede ser grande sino a la manera de Alejandro, César y Napoleón. Yo quiero superarlos a todos en desprendimiento, ya que no puedo igualarlos en hazañas”.  Y al contestarle directamente al general Paéz, rechazando por completo sus ofrecimientos le expresa que “el título de Libertador es superior a cuantos ha recibido el orgullo humano y me es imposible degradarlo”.  Al mismo tiempo le envía su proyecto de Constitución, indicándole que sólo por la soberanía popular y la alternabilidad en el gobierno es como puede buscarse solución adecuada para los conflictos nacionales americanos.

A modo de conclusión
Finalmente, contra los propósitos históricos de Bolívar se levantaron las propias clases dirigentes de las distintas comunidades americanas, interesadas en conservar sus privilegios tradicionales. Como consecuencia, se desató un proceso centrípeto que llevó al fracaso de la Gran Colombia, convertida en 1830 en tres estados independientes: Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, la división de la Confederación Peruana-Boliviana (1839), y la disolución en cinco repúblicas, -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica- de las Provincias Unidas del Centro de América (1839-1848). También puede incluirse la desarticulación, entre 1813 y 1828, del antiguo Virreinato del Río de la Plata en otros cuatro países: Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, así como la división de la isla de La Española en dos pequeños estados: Haití y República Dominicana, aun cuando en este caso se trataba de dos territorios que habían pertenecido a dos potencias distintas.

El seudonacionalismo que dividió al continente y aseguró la hegemonía de las minorías criollas que buscaron la independencia sólo para sustituir a los españoles en sus privilegios, no ofreció solución valedera a los problemas sociales y políticos que determinaron el movimiento de emancipación; por el contrario, creó el clima propicio para que los peores defectos del régimen colonial pudieran sobrevivir, agravados a partir de ese momento por falsas esperanzas y engañosos disfraces. Al mismo tiempo,  no se pudo despejar el camino para un desarrollo verdaderamente independiente, en lo que no sólo influyeron las clases reaccionarias del continente, sino también las grandes potencias de la época, especialmente la potencia en ascenso del Norte, interesada en el mayor desmembramiento posible del hemisferio, para consiguientemente, facilitar su dominación a través de nuevos mecanismos, tan sofisticados, que no necesitaba clavar directamente sus banderas en los nuevos estados emanados. Así, ante el fracaso de los esfuerzos unificadores de Bolívar, el antiguo imperio español de ultramar se dividió en varias repúblicas, desvinculadas entre sí, lo que facilitó el proceso recolonizador que no tardó en convertirlas en simples apéndices de los centros del capitalismo mundial.

Entre los factores que contribuyeron a este fatídico proceso, además de las ya analizados, podemos añadirle: la accidentada geografía de las distintas regiones hispanoamericanas que hacía incomunicables muchas de sus zonas, las inmensas diferencias económico-sociales, la falta de voluntades políticas más allá de Bolívar y de algunos pocos de sus seguidores (entre ellos se destacaron los generales Andrés de Santa Cruz y Francisco Morazán), la carencia de complementariedades económicas entre los distintos territorios, y la ausencia de una burguesía con un proyecto nacional integrador.

La imposibilidad de llevar a vías de hecho los planes unitarios por los que Bolívar abogaba, y que tenían como epicentro fundamental la intención de crear una América fuerte y democrática después de la independencia, capaz de asegurarse una existencia perdurable en el contexto internacional decimonónico, donde se movían los insaciables apetitos colonialistas de las potencias de la época, dejó consecuencias funestas que llegan hasta nuestros días. Pese a las coincidencias en idioma, orígenes, religión y destinos, los países hispanoamericanos carecieron durante el todo el siglo XX de un núcleo común que las ligara y diera fuerza, quedando en cierta manera escuálidos ante las pretensiones neocolonizadoras del imperialismo estadounidense.

Estados Unidos logró los objetivos fundamentales de su política exterior hacia América Latina y el Caribe en el siglo XIX: su expansión territorial a costa de más del 50% del territorio mexicano; la posesión de la Florida; hacer permanecer a Cuba y Puerto Rico en manos de España, en espera de la hora oportuna en que pudiera adueñarse de ellas; frustrar los propósitos unitarios de Bolívar y sembrar las discordias y la división entre los países recién independizados de España para conducirlos a la idea del panamericanismo, en la cual Estados Unidos tendría absoluto control; y comenzar a desplazar a Inglaterra del dominio económico de la región. Por supuesto, todo ello fue posible gracias al apoyo que recibió el gobierno de los Estados Unidos de los caudillos políticos y militares de la región que por intereses pigmeos y egoístas se opusieron a los más hermosos anhelos de independencia, libertad, unidad y progreso de nuestra América.

Los objetivos de dominación política, económica y cultural de nuestros pueblos por el gobierno de los Estados Unidos han sobrevivido hasta nuestros días, refinándose los mecanismos por los cuales estos se ejecutan. Mas si no conocemos cómo históricamente los Estados Unidos se comportaron ante los procesos independentistas de nuestros pueblos, así como frente a sus más elaborados proyectos de unidad, no podemos visualizar en profundidad cuáles son hoy los objetivos del imperio del Norte y cuán importante continúan siendo los sueños que defendieron Bolívar, Martí y otros próceres de Nuestra América. La hora decisiva de la segunda y definitiva independencia ha llegado. O nos unimos o morimos para siempre. Con los peligros que enfrenta hoy la humanidad no hay oportunidad para una tercera independencia. Para los que consideran imposible el triunfo habría que recordarles las palabras de Bolívar en 1819 cuando señaló: ¡Lo imposible es lo que nosotros tenemos que hacer, porque de lo posible se encargan los demás todos los días!

Notas:

[1] Citado por Sergio Guerra Vilaboy  y Alejo Maldonado Gallardo en: Laberintos de Integración latinoamericana. Historia, mito y realidad de una utopía, Caracas, Editorial Melvin, 2006, p.39.

[1] Germán A. de la Reza, Documentos sobre el Congreso Anfictiónico de Panamá, Fundación Biblioteca Ayacucho y Banco Central de Venezuela, 2010, p.XI.

[1] Emilio Roig de Leuchesering, Bolívar, El Congreso Interamericano de Panamá, en 1826, y la independencia de Cuba y Puerto Rico, La Habana, Oficina del Historiador, 1956, p.23.

[1] Manuel Medina Castro, Ob.Cit, p.182.

[1] Germán A de la Reza, Ob.Cit, p.109.

[1] Citado por Germán A. de la Reza, Ob.Cit, p.113.

[1] Citado por Sergio Guerra y Alejo Maldonado, en: Ob. Cit, p. 44.

[1] Ibídem.

[1] Germán A de la Reza, Ob.Cit

[1] Ibídem, p.115.

[1] Ibídem, p.131-132.

[1] Ibídem, pp.174-175.

[1] Ibídem, p.175.

[1] Ibídem, p.180.

[1] Germán A. de la Reza, Ob.Cit, p.LXIV.

[1] Francisco Pividal, Ob.Cit, p.204.

[1] Sergio Guerra Vilaboy, Cronología del Bicentenario, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2010, p.119.

[1] Ronald Muñoz, El regreso de los realistas y su derrota final ante los pueblos, Fundación Editorial El perro y la rana, Caracas, 2010, p.33.

[1] Indalecio Liévano Aguirre, Bolívar, Editoriales Ciencias Sociales y José Martí, La Habana, 2005, p.392.

[1] Citado por Indalecio Liévano, en: Ob.Cit, p.393.

[1] Ibídem.

[1]Manuel Medina Castro, Ob.Cit, p.223.

[1] Ibídem, p.225.

[1] Indalecio Liévano, Ob.Cit, p.392.

[1] Ibídem, pp.396-397.

[1] Ibídem, p.397.

[1] Ibídem, p.226.

[1] Ibídem, p.227.

[1] Manuel Medina Castro, Ob.Cit, pp.228-229.

[1] Sergio Guerra Vilaboy, Cronología…, Ob.Cit, p.152.

[1] Juvenal Herrera Torres, Bolívar, El Hombre de América. –Presencia y Camino-, Ediciones Convivencias, Medellín, 2001, t.2, p.497.

[1] Ibídem, p.232.

[1] Ibídem, pp. 232-233.

[1] Ibídem, p.233.

[1] José Manuel Restrepo, Historia de la Revolución en Colombia, Edición en 6 tomos, Medellín, 1974.

[1] Juvenal Herrera Torres, Ob.Cit, p.514.

[1] Citado por Juvenal Herrera Torres, Ob.Cit, p.515.

[1] Juvenal Herrera Torres, Ob.Cit, p. 517.

[1] Citado por Juvenal Herrera Torres, Ob.Cit, p.571.

[1] Ibídem, p.521.

[1] Citado por Indalecio Liévano, en: Ob.Cit, p. 365.

[1] Emilio Roig De Leuchesenring, Bolívar, El Congreso Interamericano de Panamá, en 1826, y la Independencia de Cuba y Puerto Rico, Oficina del Historiador de la Ciudad, Municipio de La Habana, 1956,  p.71.

[1] Ibídem, p.71.

[1] Ibídem, p.71.

[1] Sergio Guerra Vilaboy, Breve historia de América Latina, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2006, p.130.

[1] Citado por Juvenal Herrera Torres, en: Ob.Cit, p.560.

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Elier Ramírez Cañedo

“¿…, y los Estados Unidos que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad? (Carta de Simón Bolívar al coronel Patricio Campbell, Guayaquil, 5 de agosto de 1829)

De cualquier manera, la independencia de Hispanoamérica también amenazaba los fuertes intereses expansionistas de los Estados Unidos, con miras inmediatas en las Floridas, México, Cuba y Puerto Rico, aunque ya algunos de sus líderes añoraban ser los dueños del mundo. “La gente de Kentucky –destacaba el ex presidente John Adams (1797-1801) en 1804- esta llena de ansias de empresa y aunque no es pobre, siente la misma avidez de saqueo que dominó a los romanos en sus mejores tiempos. México centellea ante nuestros ojos. Lo único que esperamos es ser dueños del mundo”. [5]

Los elementos anteriores explican el porqué los Estados Unidos, bajo la presidencia de Thomas Jefferson (1801-1809), negaron en 1806 el apoyo al venezolano Francisco de Miranda, cuando éste preparaba una expedición para iniciar la lucha independentista en Venezuela. Ello, a pesar de que Miranda había prestado una inestimable ayuda en la independencia de las Trece Colonias.[6] El 10 de diciembre de 1810 el Congreso de los Estados Unidos aprobó una Resolución Conjunta. En su parte dispositiva señalaba entre otras cosas “que, como vecinos y habitantes del mismo hemisferio, los Estados Unidos sienten profunda solicitud por su bienestar; y que, cuando esas provincias hayan logrado la condición de naciones, por el justo ejercicio de sus derechos, el Senado y la Cámara de Representantes se unirán al Ejecutivo para establecer con ellas, como estados soberanos e independientes, aquellas relaciones amistosas y comerciales…”.[7]

Se desprende de dicha resolución que los revolucionarios hispanoamericanos tenían que luchar solos contra España y vencer totalmente a esta, para entonces ser reconocidos por los Estados Unidos. Esa fue la “solidaridad” que prestó el gobierno de Washington a la independencia de Hispanoamérica. Bolívar, en su célebre Carta de Jamaica de 1815, refiriéndose a la posición del gobierno de los Estados Unidos señaló: “…hasta nuestros hermanos del norte se han mantenido inmóviles espectadores de esta contienda, que por su esencia es la más justa, y por sus resultados la más bella e importante de cuantas se han suscitado en los siglos antiguos y modernos…”.[8]

El 3 de marzo de 1817,  a iniciativa del presidente norteamericano James Madison (1809-1817), el Congreso de los Estados Unidos aprobó una nueva ley de neutralidad, dirigida abiertamente contra la revolución Hispanoamericana. Madison había cedido ante las presiones del ministro español Luis de Onís. Según esta nueva ley, cualquier ciudadano que armara un buque privado que pudiese ser utilizado contra un estado en paz con los Estados Unidos, sería castigado con 10 años de prisión y 10 mil dólares de multa. William Cobbett, periodista británico, preguntaba en un folleto publicado en esos días, si realmente era neutral negar armas a un hombre desarmado que peleaba contra otro bien armado. [9]

Mas por si fuera poco, el gobierno de los Estados Unidos no solo se declaró “neutral” ante el conflicto entre España y la Revolución Hispanoamericana, sino que dejó se le prestara a España todo el apoyo logístico necesario, negándose a tomar medidas represivas contra los infractores de la “neutralidad”. Las reprimendas solo se producían si se trataba de alguna acción que favoreciera a los patriotas. Cuando el gobierno republicano de Venezuela dispuso por decreto del 6 de enero de 1817, el bloqueo de Guayana y Angostura, decreto que fue publicado incluso en los Estados Unidos, los buques mercantes norteamericanos hicieron caso omiso al mismo y burlaron sistemáticamente el bloqueo. En ese mismo año fueron capturadas por las fuerzas marítimas de Venezuela las goletas norteamericanas “Tigre” y “Libertad”, cuando llevaban recursos bélicos a los realistas. Este hecho conllevó a un duelo epistolar entre el agente diplomático de los Estados Unidos en Venezuela, Bautista Irvine, y Bolívar, a lo largo de 1818. El 20 de agosto de 1818 le escribe Bolívar a Irvine:

“Si es libre el  comercio de los neutros para suministrar a ambas partes los medios de hacer la guerra, ¿por qué se prohíbe en el Norte? ¿Por qué a la prohibición se añade la severidad de la pena, sin ejemplo en los anales de la República del Norte? ¿No es declararse contra los independientes negarles lo que el derecho de neutralidad les permite exigir? La prohibición no debe entenderse sino directamente contra nosotros que éramos los únicos que necesitábamos protección. Los españoles tenían cuanto necesitaban o podían proveerse en otras partes. Nosotros solo estábamos obligados a ocurrir al Norte así por ser nuestros vecinos y hermanos, como porque nos faltaban los medios y relaciones para dirigirnos a otras potencias. Mr.Cobbett ha declarado plenamente en su semanario la parcialidad de los Estados Unidos a favor de la España en nuestra contienda. Negar a una parte los elementos que no tiene y sin los cuales no puede sostener su pretensión cuando la contraria abunda en ellos es lo mismo que condenarla a que se someta, y en nuestra guerra con España es destinarlos al suplicio, mandarnos a exterminar. El resultado de la prohibición de extraer armas y municiones califica claramente esta parcialidad. Los españoles que no las necesitaban las han adquirido fácilmente al paso que las que venían para Venezuela se han detenido”.[10]

Las discusiones acerca de la devolución o indemnización de los barcos confiscados se dieron por concluidas cuando Bolívar ofreció someter el caso al arbitraje internacional. Irvine desatendió el ofrecimiento y pasó a la amenaza, haciendo valer el poderío de su nación. El 7 de octubre de 1818 le respondió Bolívar de manera enérgica: “…protesto a usted que no permitiré que se ultraje ni desprecie el Gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende”.[11]

Un hecho relevante ocurrido en 1817 puso también en evidencia la simulada neutralidad de los Estados Unidos frente al conflicto entre la metrópoli española y sus colonias americanas. El 29 de junio, más de un centenar de patriotas suramericanos dirigidos por MacGregor, ocuparon la Isla Amelia, frente a la costa norte de la Florida, y proclamaron la República Libre de las Floridas y establecieron la capital en Fernandina, su punto principal. Los revolucionario venezolanos izaron la bandera venezolana, constituyeron el gobierno civil y designaron autoridades militares y navales. La posesión de este punto en la Florida era de mucha importancia para los patriotas venezolanos en términos de comunicación de las fuerzas independentistas con Estados Unidos y con todos los recursos allí existentes. Al mismo tiempo era casi una posición imprescindible para garantizar el cumplimiento de las medidas de bloqueo de Guayana y Angostura dictadas por Bolívar, pues desde allí se podía detener todo cargamento con destino a los realistas.  De hecho, gracias a esta posesión  fue posible capturar las goletas Tigre y Libertad cuando se disponían a abastecer a los realistas en Venezuela, suceso referido anteriormente. Además, la pérdida de la Florida por parte de España y la ocupación subsiguiente de ésta por fuerzas insurgentes, colocaba al ejército español en una difícil disyuntiva militar: concentraba sus fuerzas en la protección de México o de Cuba. Obligado MacGregor a retirarse por con sus hombres por falta de recursos, le sucedió unos días después la flota de Luis Aury que, el 17 de septiembre de ese mismo año, ocupó el territorio (Isla Amelia y Fernandina) a nombre de los insurgentes de México, pues el marino francés acababa de dejar en Nueva España la expedición de Mina.[12]

La República de la Florida sólo tuvo sesenta y seis días de existencia. El presidente estadounidense James Monroe (1817-1825) y su secretario de Estado, John Quincy Adams ordenaron al ejército norteamericano desembarcar fuerzas navales y terrestres con las cuales invadieron la isla Amelia y ocuparon la capital Fernandina. Estados Unidos no podía permitir que los patriotas del sur frustraran sus planes expansionistas. A partir de este incidente Washington aceleró las acciones para lograr la anexión definitiva de las Floridas a su territorio.

Lo sucedido con las goletas Tigre y Libertad y la expulsión de los patriotas latinoamericanos de la Florida son sólo dos ejemplos de los tantos acontecimientos que pusieron al desnudo la falacia de la proclamada neutralidad. Todavía en 1826 –señala Manuel Medina Castro-, los barcos norteamericanos seguían introduciendo contrabando de armas para los realistas. Al respecto le escribió Bolívar a Santander el 13 de junio de 1826: “…yo recomiendo a usted que haga tener la mayor vigilancia sobre estos (norte) americanos que frecuentan las costas; son capaces de vender Colombia por un real”.[13]

El no reconocimiento de la independencia.

Por si fuera poco la falsa neutralidad del gobierno de los Estados Unidos ante los movimientos independentistas de América del Sur, el gobierno de Washington se negó continuamente a recibir oficialmente a los enviados diplomáticos de Hispanoamérica.

La Junta Suprema de Caracas fue la primera en enviar sus comisiones a Estados Unidos en busca del reconocimiento y de apoyo a la causa independentista. La misión fracasó, pues los enviados no pudieron obtener armas porque las fábricas se habían comprometido con otras naciones y no se logró el reconocimiento. El presidente norteamericano Madison prometió enviar a Caracas un cónsul (agente), después que se decretara la libertad de comercio. Es decir, Estados Unidos no reconocía a la Junta Suprema, pero esta debía reconocer al gobierno de los Estados Unidos recibiendo a su agente diplomático y ofreciéndole a su nación la libertad de comercio.

También, para esa época, Manuel Palacio Fajardo, a título del Gobierno de Cartagena de Indias (Colombia), quiso establecer relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. A esos efectos, inició las oportunas gestiones, pero la Cancillería en Washington las rechazó. El mismo rechazo se le dio a las comisiones de Chile y de Buenos Aires, al tiempo que se le ponía como precondición a Buenos Aires que para llevar a efecto su reconocimiento debía otorgarle a los Estados Unidos la cláusula de nación más favorecida. Paradójicamente Monroe, siendo secretario de Estado de Madison, al único que recibió cortésmente y de inmediato fue al enviado de México, Gutiérrez de Lara, pero para proponerle se interesara por la incorporación de México a los Estados Unidos. [14]

En Sudamérica, a diferencia de los Estados Unidos se recibía con respeto y buen trato a los agentes diplomáticos de los Estados Unidos. Entre otros, Buenos Aires recibió a Joel Roberts Poinsett, como cónsul general, en 1811; Caracas recibió a Alerxander Scout como agente en 1812; Cartagena recibió a Cristopher Hughes como agente especial en 1816; y Buenos Aires, Santiago y Lima recibieron a John B. Prevost como agente especial en 1817.[15]

Sólo después de transcurridos doce años de que llegaran los primeros agentes hispanoamericanos a su territorio y siguiendo todo el tiempo una política de frío cálculo,  fue que el gobierno de ese país reconoció la independencia de la Gran Colombia (lo que hoy comprende los territorios de Venezuela, Ecuador, Panamá, y Colombia), el 8 de marzo de 1822.[16] Es conocido que, años después, Cuba se desangraría durante 30 años en su lucha por la independencia y solo sería reconocida por Washington después de haberle cañoneado la Enmienda Platt. Vergonzoso apéndice a la constitución cubana que convirtió a la Isla en una neocolonia yanqui. No debe olvidarse que Haití fue libre desde 1804 y solo fue reconocida de facto en 1862 por el gobierno de Estados Unidos. Cincuenta y ocho años después. Sin embargo, como bien señaló en un excelente libro el ecuatoriano Manuel Medina Castro, la República de Texas se independizó el 2 de marzo de 1836 y fue reconocida exactamente un año después. William Walker desembarcó en El Realejo, en Nicaragua, en julio de 1855, y su gobierno fue reconocido el 10 de noviembre del mismo año, con intercambio de ministros y todo. Panamá se independizó de Colombia el 3 de noviembre de 1903 y, debido a los intereses de Estados Unidos por construir un canal interoceánico por esa zona, fue reconocida tres días después.[17] Los ejemplos anteriores son una muestra ostensible de que la política exterior de Estados Unidos siempre se ha explicado por los intereses del capital y por la necesidad de expandir su hegemonía. Lo demás es pura retórica y falsa diplomacia.

En ningún momento median razones de principio y de verdadera simpatía, en el reconocimiento del año 1822. Washington solo reconoció la independencia de los países del sur cuando calculó los beneficios económicos que podía obtener del comercio con los mismos, sobre todo para los grandes intereses agropecuarios de los estados del Oeste. También cuando valoró que la victoria de las fuerzas patriotas era inexorable, así como su capacidad de mantenerse independientes.

El 25 de mayo de 1829, Bolívar escribió a José Rafael Revenga: “Jamás conducta ha sido más infame que la de los norteamericanos con nosotros: ya ven decidida la suerte de las cosas y con protestas y ofertas, quien sabe si falsas, nos quieren lisonjear para intimar a los españoles y hacerles entrar en sus intereses. El secreto del Presidente (de los Estados Unidos) es admirable. Es un chisme contra los ingleses que lo reviste con los velos del misterio para hacernos valer como servicio, lo que en efecto fue un buscapié para la España; no ignorando los norteamericanos que con respecto a ellos los intereses de Inglaterra y España están ligados. No nos dejemos alucinar con apariencias vanas; sepamos bien lo que debemos hacer y lo que debemos parecer.

Mas adelante profirió el Libertador: “Yo no sé lo que deba pensar de esta extraordinaria franqueza con que ahora se muestran los norteamericanos: por una parte dudo, por otra me afirmo en la confianza de que habiendo llegado nuestra causa a su máximo, ya es tiempo de reparar los antiguos agravios. Si el primer caso sucede, quiero decir, si se nos pretende engañar; descubrámosles sus designios por medio de exorbitantes demandas; si están de buena fe, nos concederán una gran parte de ellas, si de mala, no nos concederán nada, y habremos conseguido la verdad, que en política como en guerra es de un valor inestimable. Ya que por su anti-neutralidad la América del Norte nos ha vejado tanto, exijámosle servicios que compensen sus humillaciones y fratricidios. Pidamos mucho y mostrémonos circunspectos para valer más…”.[18]

Notas

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Ángel Guerra Cabrera

Chile y otros países abogaron en la cumbre Unión Europea(UE)-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños(CELAC) –previa a la de la Celac misma- por conformar una alianza estratégica entre ambas regiones. Pero tal propósito es inviable a menos que la UE cambiara radicalmente su actitud pues mientras más se hunde bajo el peso de la crisis capitalista y de su senectud más insiste en sus aires colonialistas. Lo hemos visto en la conducta de sus transnacionales –y por supuesto las de Estados Unidos- en América Latina y el Caribe, que sólo se detienen ante autoridades que le pongan coto a sus prácticas saqueadoras y depredadoras o bajo la presión de vigorosas protestas sociales. Lo comprobamos con sus intervenciones militares en Afganistán, Irak, Libia, Siria y Malí y lo confirmaron también sus pretensiones en la citada reunión.

La UE recibió un parón de Argentina, apoyada por los países de la Alba, cuando pretendía mantener en la declaración el derecho a la seguridad jurídica sobre las inversiones pero sin mencionar el contrapeso de las regulaciones, prerrogativas inalienable a que pueden recurrir los Estados bajo el amparo del derecho internacional en defensa de sus intereses, como son las nacionalizaciones. Antes y durante la reunión sus voceros mediáticos y académicos entonaron las acostumbradas loas neoliberales a los tratados de libre comercio como si de algo virtuoso y no de la ley del embudo se tratara. La UE ha logrado este tipo de acuerdos con Chile, Perú, Colombia y México y sus jerarcas están “ansiosos”(Van Rompuy dixit) por alcanzarlo con el Mercosur. Ah, pero eso sí, sin comprometerse a levantar los fuertes subsidios a su agricultura. Al respecto, la mandataria argentina Cristina Fernández dijo que un acuerdo con el Mercosur debe tener en cuenta las asimetrías… “una relación donde solamente ganaba uno no puede ser más”, tiene que ser una “donde ganemos ambos” y subrayó la necesidad de tener en cuenta la “incipiente industria de los países emergentes”.

No obstante los desacuerdos, el foro biregional se pronunció a favor de los principios de soberanía, autodeterminación y no uso de la fuerza en las relaciones internacionales, se opuso al bloqueo contra Cuba y consiguió que los europeos aceptaran proporcionar asistencia a los países de Celac –especialmente a los caribeños- en materia de mitigación y adaptación a las consecuencias del cambio climático.

Pero no ya la Unión Europea. Tampoco Estados Unidos, cuya economía está en terapia intensiva, puede imponer su voluntad a los gobiernos de América Latina y el Caribe como acostumbraba hacerlo hasta hace unas décadas. Ello se explica, sobre todo, por los mecanismos de unidad e integración(Alba, Unasur, Mercosur, Petrocaribe) propiciados por los cambios sociales y políticos en nuestra región y también por la pérdida relativa de hegemonía yanqui en un mundo donde han emergido vigorosos los BRICS y avanza sin pausa el multilateralismo. Esos mecanismos y otros existentes anteriormente, como el Caricom, permiten llegar a consensos entre gobiernos diferentes. Entre los más fuertes y los más débiles. Entre neoliberales(más proclives a ceder) y los que defienden el interés nacional y popular. Si los gobiernos derechistas no comprendieran que el disponer de un foro como Celac les otorga mayor capacidad de maniobra e independencia en el incierto mundo en que vivimos no habrían estado de acuerdo en impulsarla.

El mandato presidencial encargado a Cuba(2013-14) por Celac, en sí mismo expresa el enorme cambio político operado en América Latina, un hecho que aunque esperado ha resultado telúrico. En esa misma dirección apuntan el programa de alfabetización y el de lucha contra el hambre acordados en el Plan de Acción de Caracas y ratificados en Santiago, que bajo la presidencia cubana recibirán un renovado impulso. La Declaración de Santiago –hecho muy relevante- declara el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y de interés de la Celac las resoluciones sobre la isla hermana adoptadas por el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Se pronuncia por una solución pacífica en Siria sin intervención extranjera, por la consolidación de nuestra región como zona desnuclearizada y de paz y por la protección al conocimiento tradicional de los pueblos originarios. El Caricom –representado por Haití- quedó incorporado a la troika con la intención de que los pequeños estados del Caribe participen de sus decisiones.

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José Manzaneda

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Un ejemplo reciente del habitual doble rasero en las informaciones sobre la emigración nos los ofrece ABC, diario español con una tirada diaria de 314.271 ejemplares (1). El 10 de diciembre pasado, titulaba “Mueren cinco balseros al tratar de huir” (2). En este encabezado, el periódico ni se molesta en indicar la nacionalidad de los fallecidos, dando a entender como exclusiva de Cuba una figura migratoria de tintes dramáticos –la de los “balseros”- que es común a otros países del Caribe, como República Dominicana o Haití. Además, emplea el verbo “huir”, un término que solo asigna en sus informaciones al hecho migratorio de Cuba.

Unos días después, el 25 de diciembre, el mismo diario ABC informaba de una tragedia migratoria mucho mayor, esta vez de balseros procedentes de Haití que llegaron –curiosamente- a las costas cubanas. Su titular era: “Mueren 38 haitianos tras naufragar su embarcación en las costas de Cuba” (3).

En la primera nota, la periodista Carmen Muñoz denominaba “huida” a un hecho que es común a los países de la región –la emigración por motivos económicos a EEUU- e inventaba una causa política: un supuesto “aumento de la represión contra la disidencia” en Cuba. En la segunda nota (sobre Haití), por el contrario, ni siquiera menciona la más que evidente causa del hecho migratorio: las condiciones de miseria en un país que cuenta –por cierto- con un modelo de economía de mercado capitalista.

Al informar sobre los balseros de Cuba, el ABC olvida mencionar algunos de los factores que impulsan la emigración cubana a EEUU, como el bloqueo económico que sufre el país, o la Ley de Ajuste Cubano, única en el mundo, por la que el Gobierno norteamericano premia con la residencia y protección social a los balseros cubanos que llegan a las costas de la Florida, mientras expulsa por sistema al resto de migrantes, como es el caso de los balseros haitianos (4).

El buscador de noticias del diario español ABC nos ofrece, a finales de diciembre, 4 veces y media más noticias sobre Cuba que sobre Haití, a pesar de que en Cuba escasean los sucesos de intenso dramatismo social o político que son tan rentables para la prensa y que, desgraciadamente, sí abundan en Haití. Pero el ABC, mientras incorpora tonos sombríos y hasta tenebrosos a cualquier información relacionada con Cuba, prefiere despertar los más “elevados” sentimientos caritativos en sus noticias sobre Haití, centradas en su mayoría en las ayudas a este país caribeño de adinerados deportistas (5), presentadores (6), cantantes (7) y monarcas (8). (Tomado de Cubainformación)

*Coordinador de Cubainformación

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(1) http://es.wikipedia.org/wiki/ABC_(periodico)

(2) http://www.abc.es/20111210/internacional/abcp-mueren-cinco-balseros-tratar-20111210.html

(3) http://www.abc.es/20111225/internacional/abci-naufragio-haitianos-cuba-201112250845.html

(4) http://www.cubainformacion.tv/index.php/otros-especiales/dicen-que-en-cuba/337-ila-poblacion-cubana-qhuyeq-del-pais

(5) http://www.abc.es/20110904/internacional/abci-haiti-pais-famosos-201109040849.html

(6) http://www.abc.es/20111202/gente/abcp-rosa-cumple-sueno-20111202.html

(7) http://www.abc.es/hemeroteca/historico-27-03-2010/abc/Cultura/shakira-alejandro-sanz-y-otros-23-cantantes-componen-una-cancion-por-los-damnificados-de-haiti_124490448269.html

(8) http://www.abc.es/videos-estilo/20110707/famosos-acuden-gala-benefica-1041542406001.html