A raíz de recientes acontecimientos políticos en Latinoamérica y la lectura mediática que de ellos se hace, retomo este artículo que Guillermo Castro Herrera nos enviara a La pupila insomne hace poco más de un año. 

Sobre la geometría política de nuestro tiempo

Guillermo Castro Herrera

Un chiste amargo, como suelen serlo los de la política en estos tiempos, cuenta que los socialdemócratas se presentan como de izquierda, se imaginan como de centro, y en el gobierno aplican políticas de derecha.

El chiste puede ser el producto de la exageración – en eso, entre otras cosas, consiste lo chistoso – pero tiene un claro asidero en lo que han venido a ser los partidos que se llaman a sí mismos socialdemócratas de Estados nacionales como Inglaterra, Francia y España.

Ese venir a ser, a su vez, resulta de esa geometría política (así la llamaba el General Omar Torrijos), establecida a partir de la Revolución Francesa a nuestros días, a escala Noratlántica primero – cuando quienes así la ejercían eran apenas un puñado de potencias coloniales -, y del sistema internacional entero, tras la II Guerra Mundial.

Dentro de esa geometría, izquierda, centro y derecha constituyen opciones de política y maniobra al interior de cualquier régimen estatal establecido dentro del moderno sistema mundial.

Ninguno de esos costados constituye, en verdad, una opción con respecto al régimen que se estructura en torno a ellos – y a través de esa estructura procesa sus contradicciones internas -, aunque en algunas de sus formas extremas puedan parecerlo, o favorecer con su accionar la transformación de ese régimen en otro.

Este modo de concebir y ejercer la política constituye uno de los grandes logros del liberalismo, como lo es el de la separación de poderes y las relaciones de equilibrio y control entre los poderes constitutivos del Estado.

No ha sido tan universal como lo hubiera querido el liberalismo, sin embargo.

Así, por ejemplo, frente al capitalismo y el Estado burgués de su tiempo – que fue por excelencia el del liberalismo triunfante -,Marx no se consideró nunca a sí mismo como un político de izquierda, sino como un antagonista que luchaba por un régimen económico y un ordenamiento estatal distintos en forma y propósito.

Lo mismo puede decirse de las otras personalidades que dieron forma y proyecto a la filosofía de la praxis en las condiciones de la transición del siglo XIX al XX, desde Rosa Luxemburgo y Vladimir Lenin hasta Antonio Gramsci.

Por contraste con ellos, por la misma época pasaron a ser “de izquierda” aquellos de sus compañeros de ruta que buscaron y encontraron un lugar para sí mismos como segmento crítico del mismo régimen que los socialistas y comunistas de origen buscaban derrocar.

La labor de deslinde entre ambas tendencias constituye una importante fuente para el estudio de la transformación de la filosofía de la praxis en una guía para la acción política.

El texto que Lenin tituló “La revolución proletaria y el renegado Kautsky” es una de sus expresiones más características.

Todo esto, además, tendría que ser examinado a la luz de las experiencias de aquella gran mayor parte de la Humanidad que sólo conoció del liberalismo triunfante sus rasgos más conservadores, y que no consiguió expresar en aquellos términos sus propias aspiraciones.

Tal el caso del General Torrijos, con su consigna de “Ni con la izquierda ni con la derecha: con Panamá.”

Tal el de Emiliano Zapata con su “Tierra y Libertad”.

Y tal, sobre todo, el de José Martí, con su advertencia de que no existía entre nosotros – como lo proclamaban los liberales – una batalla “entre la civilización y la barbarie”, sino otra, realmente decisiva en el camino a la construcción de un mundo nuevo, “entre la falsa erudición y la naturaleza.”

La lucha de los europeos y norteamericanos por la reconstrucción del Estado de Bienestar identifica a su izquierda dentro del mundo realmente existente para ellos, hoy bajo control de su derecha.

Nuestra demanda de construir un mundo nuevo – que sea popular por lo revolucionario, y revolucionario por lo democrático que llegue a ser – no es, en esta perspectiva, de izquierda.

Ella corresponde a la naturaleza más profunda de nuestra identidad, de nuestras necesidades y nuestras aspiraciones, definida en la batalla incesante contra la falsa erudición del liberalismo en crisis.

Ni con la izquierda, pues, ni con la derecha: con nuestra gente, en todo lo que ella puede llegar a ser.

Guillermo Castro H. 

La crisis ambiental que hoy encara nuestra América hace parte, sin duda, de la que aqueja a todo el moderno sistema mundial, anunciando su transición a otro que será por necesidad distinto, para mejor o para peor. En nuestra América, esa transición general adopta modalidades específicas, que resultan de la interacción de tres procesos históricos distintos, estrechamente vinculados entre sí.

Uno, de muy larga duración, corresponde al legado de las modalidades de interacción con el medio natural desarrolladas por los humanos en el espacio americano – en particular en Mesoamérica, el Altiplano andino y la Amazonía – a lo largo de al menos 15,000 años anteriores a la Conquista europea de 1500 – 1550.  Otro, de duración media, corresponde al control europeo del espacio latinoamericano entre los siglos XVI y XVIII, mediante la creación de sociedades tributarias sustentadas en formas de organización no capitalistas – como la comuna indígena, el mayorazgo feudal y la gran propiedad eclesiástica -, que ingresaron en un proceso de descomposición a lo largo del período 1750 – 1850. Y el tercero, de corta duración, corresponde al desarrollo de formas capitalistas de relación entre los sistemas sociales y los sistemas naturales entre 1870 – 1970, hasta ingresar desde 1980 a un proceso de crisis aún en curso, en la que emergen viejos conflictos no resueltos, en el marco de situaciones enteramente nuevas.

Tal es el caso de la resistencia indígena y campesina a la incorporación a la economía de mercado del patrimonio natural existente en las regiones interiores de nuestra América, que hasta hace poco han tenido relaciones marginales con la economía de mercado, y que albergan enormes reservas de recursos minerales, forestales, hídricos, energéticos y de tierras aptas para la agricultura. Y tal es, también, el caso de la lucha de los nuevos habitantes urbanos – que constituyen el 80% de la población total – por el acceso a condiciones ambientales básicas para la vida, como el agua potable, la disposición de desechos, la energía y el aire libre de contaminación.

Cabe decir, atendiendo a lo anterior, que la mayor dificultad para comprender el carácter y el alcance de la crisis ambiental que encara nuestra América radica en el modo en que en ella operan todos los tiempos del proceso histórico que la ha generado, como en el período de transición que esa crisis inaugura. Aquí, en efecto, todo el pasado actúa en todos los momentos del presente, de un modo que no puede sino recordar lo planteado por Antonio Gramsci en cuanto a que

toda fase histórica real deja huella de sí en las fases posteriores, que en cierto sentido llegan a ser su mejor documento.  El proceso de desarrollo histórico es una unidad en el tiempo, por el cual el presente contiene todo el pasado, y en el presente se realiza del pasado todo lo que es “esencial”, sin residuo “incognoscible” que sea la verdadera “esencia”.[1] 

En este panorama va tomando forma una cultura de la naturaleza que combina reivindicaciones democráticas de orden general con valores y visiones provenientes de las culturas indígenas, las afroamericanas, y las de una intelectualidad de capas medias cada vez más vinculada al ambientalismo global. Esa cultura, en lo más elaborado de sí, se expresa en campos del saber como la ecología política, la economía ecológica, la historia ambiental y la ecología moral, desde los cuales enfrenta a políticas estatales a menudo asociadas a los intereses de organismos financieros internacionales, y a complejos procesos de búsqueda de acuerdos sobre problemas ambientales globales en el sistema interestatal. Aquí, la razón técnica que alegan las políticas estatales se enfrenta a la legitimidad histórica y cultural de los movimientos que las confrontan, hasta dejar en evidencia que, siendo ambiente es el resultado de las interacciones entre la sociedad y su entorno natural a lo largo del tiempo, si se desea un ambiente distinto es necesario crear sociedades diferentes. Este es el desafío fundamental que nos plantea la crisis ambiental, en América Latina como en cada una de las sociedades del planeta.

Guillermo Castro Herrera

I

La naturaleza no es en sí misma capital natural. Su aprovechamiento por parte de los humanos sólo ha estado dedicado a la producción de ganancias y la acumulación de capital en un sistema histórico específico: aquel creado a lo largo de los últimos cinco siglos, a partir del desarrollo del capitalismo como sistema de escala planetaria, mediante la formación del primer y único mercado mundial que ha conocido la Humanidad. En esta perspectiva, iniciativas como el Pago por Servicios Ambientales constituyen herramientas que la sociedad capitalista contemporánea – esto es, aquella que enfrenta hoy en la crisis ambiental las consecuencias de sus intervenciones en los ecosistemas de ayer – utiliza para culminar el proceso de transformar el patrimonio natural de la Humanidad en capital natural mediante la organización de mercados de bienes y servicios ambientales, que pasan a constituirse a su vez en un subsistema del mercado mundial.

El subsistema ambiental del mercado mundial, sin embargo, se distingue de todos los demás – extractivo, agrícola, industrial, comercial y financiero – en cuanto su función fundamental consiste en poner a la disposición de aquellos otros condiciones que son imprescindibles para su funcionamiento. Esas condiciones de producción – para designarlas como lo hiciera el antropólogo Karl Polanyi en su obra clásica La Gran Transformación – incluyen, además del acceso a los elementos naturales imprescindibles para cualquier actividad productiva – agua, aire, tierra y energía -, la producción de la fuerza de trabajo capaz de transformar esos elementos en recursos para otras actividades productivas, y la organización del espacio en que esas actividades tienen lugar – esto es, la gestión integrada del ambiente y el territorio.

La organización de los procesos necesarios para la producción de esas condiciones de producción es una responsabilidad fundamental del Estado, y la forma en que cada uno la ejerce expresa con especial claridad el carácter social de ese Estado, esto es, los intereses y valores que rigen sus relaciones con su propia sociedad. La organización de tales procesos, en efecto, abre todo un abanico de opciones. En un extremo de ese abanico, el Estado puede asumir el monopolio de todas las funciones relacionadas con la producción de esas condiciones y con el acceso a las mismas de otros productores. Tal fue el caso del Estado soviético. En el otro extremo, el Estado puede transferir la mayor parte de esas funciones a operadores privados,  reteniendo para sí algunas tareas de regulación y control del cumplimiento de las mismas. Tal ha sido, hasta ahora, el caso de la gestión de esos servicios en el caso de los Estados neoliberales.

Entre ambos extremos, naturalmente, hay múltiples combinaciones intermedias. En todas ellas, sin embargo, el Estado conserva una función de intermediación política entre todas las partes involucradas, la cual puede ir desde la gestión de conflictos por vía de la negociación, hasta la represión de expresiones de descontento asociadas a tales conflictos. Lo esencial, en todo caso, es que el éxito o el fracaso del Estado en el cumplimiento de esa función dependerá de la relación general de fuerzas – o debilidades – que se derive del grado de desarrollo cultural y organizativo de cada una de las partes involucradas, incluyendo por supuesto a las agencias gubernamentales directamente implicadas. Dado que todos estos elementos son el producto de complejos procesos de formación y transformación a lo largo del tiempo, su análisis en perspectiva histórica puede aportar valiosos elementos de juicio respecto a la viabilidad y la eficacia de las diversas opciones para la creación de mercados de bienes y servicios ambientales en nuestros países.

II

Aquí conviene empezar con una precisión. Mientras en el resto de Occidente las abreviaturas AC y DC sirven para ordenar el tiempo en un antes y un después del nacimiento de Cristo, entre nosotros sirven además para ordenar nuestra propia historia en sus dos momentos fundamentales: antes y después de la Conquista europea. Así, la extraordinaria complejidad ecosistémica, social y cultural de América Latina tiene su origen en el período 1500 – 1550, cuando la región se vio incorporada – mediante la violencia ejercida por los últimos grandes enclaves de poder feudal en Europa -, al proceso de formación del moderno sistema mundial, como proveedora de alimentos y materias primas y como espacio de reserva de recursos. Esa modalidad de inserción definió, a su vez, una estructura de larga duración que opera con tiempos y modalidades distintas en tres sub regiones diferentes – que a menudo se sobreimponen a las estructuras político – administrativas de los Estados de la región – , y en todos los planos de la interacción entre los sistemas sociales y naturales presentes en cada una de ellas.

Las subregiones a que hacemos referencia se despliegan entre los siglos XVI y XIX, de acuerdo a la forma fundamental de organización de las interacciones entre los sistemas sociales y naturales en el espacio americano. Una se articula a partir del trabajo esclavo, asociado sobre todo – pero no exclusivamente – a actividades de plantación. Otra se constituye a partir de distintas modalidades de trabajo servil – desde la encomienda al peonaje -, destinado sobre todo a la producción de alimentos y a la explotación minera. Y otra más toma forma a partir de  una amplia modalidad de actividades de subsistencia en los inmensos espacios de la región que escapan a la articulación directa en el mercado mundial durante un período más o menos prolongado, como la Amazonía, la Orinoquia y el litoral Caribe mesoamericano.

La primera de esas regiones tiene, así, un claro carácter afroamericano, asociado con frecuencia a una gran debilidad organizativa de los sectores más pobres. La segunda tiene un carácter indoamericano, en el que persisten a menudo importantes tradiciones de organización campesina y comunitaria. La última, de carácter indígena y mestizo, sin tradiciones relevantes de producción para un mercado que en el mejor de los casos sólo ha tenido una importancia complementaria, nunca central, en sus actividades económicas y sociales, pasó a constituirse así en una frontera interior de recursos sometida a una constante presión por parte de las otras dos.

Esas regiones, ciertamente, constituyen una realidad en constante transformación. Así, el tránsito del siglo XIX al XX es testigo de la formación de mercados de trabajo y de tierra constituidos mediante procesos masivos de expropiación de territorios sometidos a formas no capitalistas de producción, para  crear las premisas indispensables a la apertura de la región a la inversión directa extranjera y la creación de economías de enclave en el marco del llamado Estado Liberal Oligárquico. Los ciclos posteriores – populista, desarrollista y neoliberal – marcarán el camino hacia el siglo XXI entre las décadas de 1930 y 1990.

Hoy, asistimos a lo que bien podría ser la incorporación de las últimas fronteras de recursos a la economía global. Esto explica la creciente importancia que adquieren en nuestras sociedades los conflictos de origen ambiental – esto es, aquellos que surgen del interés de grupos sociales distintos en hacer usos excluyentes de los ecosistemas que comparten –.  Y esto hace necesario, también, entender que esos conflictos no se reducen al enfrentamiento entre ricos y pobres, mestizos e indígenas, grupos rurales y urbanos, o capitalistas nacionales y extranjeros, sino que expresan todo eso y mucho más.

La transformación de las fronteras de exclusión de anteayer en las últimas fronteras de recursos de hoy, asociada a menudo a la inversión masiva en megaproyectos de infraestructura, no es tanto el resultado del desarrollo interno de nuestras propias sociedades sino, y sobre todo, del fomento de procesos de producción de condiciones de producción de alcance global con apoyo técnico, financiero y político de instituciones financieras internacionales. Dicho proceso – que incluye la formación de una fracción “verde” del capital transnacional y nacional – opera a menudo en contradicción, y a veces en conflicto, con las fracciones extractiva, agraria, industrial y financiera, más tradicionales en nuestros países.

III

El panorama descrito se expresa con especial claridad en el caso de Panamá. Aquí, a lo largo de diez mil años, la gestión del ambiente y el territorio ha concedido una importancia de primer orden al tránsito interoceánico como elemento articulador de la actividad humana en el Istmo. Así, en el momento de la Conquista europea el territorio panameño estaba organizado en cacicazgos asociados al control de corredores interoceánicos de orientación Sur – Norte. Esos corredores definían territorios estrcuturados a lo largo de grandes cuencas – como las de los ríos Santa María, Coclé, Bayano y el sistema Chucunaque – Tuira – que facilitaban en su parte alta el tránsito interoceánico, y ofrecían tanto el acceso tanto a una multiplicidad de ecosistemas y recursos – desde los manglares de las zonas de grandes mareas del Pacífico, hasta el bosque tropical húmedo y los yacimientos de oro aluvial del Atlántico -, como a rutas de intercambio comercial entre los mundos chibcha y maya, por las que circulaba una abundante riqueza.

Tras la Conquista, en cambio, fue establecido un eje central de organización orientado en dirección Este – Oeste, a partir de un corredor agroganadero a lo largo de las sabanas antrópicas ya existentes entre Chepo y Natá, con prolongaciones posteriores en dirección a la Península de Azuero y a Centroamérica, en la región Sur – Occidental del país. Al propio tiempo, el establecimiento del monopolio del tránsito por el valle del Chagres llevó a la clausura de las demás rutas anteriormente en uso, y a la creación de una extensa frontera interior que segregó la mayor parte del litoral Atlántico y del Darién del territorio considerado “útil” en el nuevo ordenamiento creado por la Conquista. Esa utilidad, por otra parte, era percibida a partir de una nueva cultura de la naturaleza, que privilegiaba la sabana ganadera por sobre el manglar y el bosque húmedo, promovía la explotación extensiva de un número mucho más reducido de recursos específicos por sobre el manejo de ecosistemas complejos, y valoraba esos recursos por su demanda en la zona de tránsito y en el mercado exterior.

El principal centro de población pasó a estar ubicado en la zona articulada por la ciudad de Panamá, conectada al Este y el Oeste con su nuevo hinterland. La población indígena que sobrevivió a la Conquista o que migró al Istmo después fue desplazada a tierras marginales, o contenida más allá de la frontera interior, y la fuerza de trabajo fundamental pasó a estar constituida por esclavos africanos, primero, y por sus descendientes y la población mestiza del siglo XVIII en adelante. De este modo, el contraste contemporáneo entre los paisajes sociales y naturales del corredor interoceánico y los del interior del país no se debe a que haya en el Istmo varios países en uno. Se trata, por el contrario, de la expresión territorial de una de una misma sociedad integrada por grupos sociales que organizan sus relaciones con la naturaleza en el marco de una estructura de poder tan contradictoria y conflictiva como para generar y sostener el proceso de crecimiento económico con deterioro social y degradación ambiental que hoy conoce el país.  Estamos, en suma, ante un extraordinario ejemplo de una estructura que genera procesos de larga duración.

Para comienzos del siglo XXI, sin embargo, la creciente escasez relativa de tierra y agua en Panamá genera tensiones sociales que tienden a encarecer los costos económicos, sociales, políticos y ambientales de la actividad de tránsito, bloquean el fomento de nuevas ventajas competitivas, e impiden un aprovechamiento integral y sostenido de los recursos humanos y naturales del país. En ese marco, la operación sostenida del Canal demanda hoy el desarrollo sostenible del país. Y esto, a su vez, supone la necesidad de encarar las dificultades inherentes al hecho de que solo puede ser sostenible una sociedad democrática; que solo puede ser democrática una sociedad culta, y que solo puede llegar a ser plenamente culta y democrática una sociedad que sea a la vez próspera y equitativa.

Hoy, una mirada al país desde el futuro que deseamos para nuestra gente revela ya posibilidades y capacidades para construir una sociedad así mediante el fomento de los recursos humanos y naturales que la sociedad insostenible que tenemos ha  despilfarrado por más de cuatro siglos. Nuestra propia gente, el agua y la biodiversidad de los ecosistemas que garantizan su presencia en el Istmo son los principales recursos de Panamá. Y la unidad fundamental de interacción de esos recursos está constituida por cada una de las 52 cuencas hidrográficas que organizan desde sí mismo el territorio de la nación.

La resistencia al cambio, en este plano, hunde sus raíces tanto en las estructuras de relación con la naturaleza gestadas por la orgaización del tránsito interoceánico vigente desde el siglo XVI, y sustentadas por las estructuras de gestión pública asociadas a esa relación. Así, por ejemplo, la estructura político – administrativa vigente en el país da lugar a que en la Cuenca del Canal – la de más urgente necesidad de una gestión territorial y ambiental integrada – coincidan 3 provincias (Coclé, Panamá y Colón), una decena de Distritos y unos 48 Corregimientos. Y a ello se agrega que todos los Distritos y corregimientos ubicados en el perímetro de la Cuenca incluyan territorio situado fuera de ésta. Las dificultades que esto supone son fáciles de imaginar.

Todo esto nos dice que ha llegado ya la hora de empezar a discutir la transformación del Estado panameño, para ponerlo en condiciones de contribuir realmente a la transformación de la sociedad a la que debe servir. Si quiere ser eficaz, esa transformación deberá encarar las afinidades y contradicciones entre las estructuras naturales del país y la de las regiones geo económicas presentes en el territorio nacional. Y esto, en lo más esencial, supone que ambas estructuras – las naturales y las históricas – pueden converger o divergir en el proceso de reordenamiento del territorio para su gestión integrada, pero que en última instancia serán las naturales las que predominen. El país que emerja de una transformación semejante será sin duda muy distinto al que nos legara la Conquista, pero sin duda será también mucho más semejante a sí mismo y mucho más capaz, por eso, de conocerse, ejercerse y crecer desde sí.

Es bajo esa luz que cabe considerar el papel que viene desempeñando el Estado panameños en la gestión del proceso de organización del mercado de bienes y servicios ambientales en nuestro país. Aquí no sólo se trata de que el Estado apenas ha iniciado el esfuerzo de deslinde de la trama – cada vez más complicada – de sus propias estructuras de administración en la materia, incluyendo la creación de las capacidades técnicas y culturales necesarias para una gestión integrada del territorio y el ambiente. Se trata, sobre todo, de que esas tareas son más importantes y complejas que nunca, dado el hecho de que las principales áreas de provisión de los servicios ambientales de los que depende la sostenibilidad del desarrollo en Panamá se ubican en las regiones de menor nivel de desarrollo del país, en las que la pobreza afecta a entre el 60 y el 90 por ciento de la población, y coinciden los más altos niveles de incultura con los más bajos niveles de organización social.

Precisamente por esto, la comprensión de los riesgos y las oportunidades que se abren ante nosotros en esta circunstancia exige pasar de un enfoque estructural, referido a modelos de gestión más o menos bien definidos a priori, a otro de carácter sistémico, referido a relaciones de interdependencia entre factores múltiples en cambio constante, en el análisis de los problemas ambientales. Y dado que toda nuestra educación ha tendido a formarnos en torno a una concepción estructural y funcionalista de la realidad, el hecho de reconocer y enfrentar esta necesidad representa ya un importante logro cultural y político. Cultural, porque dispondremos de mejores respuestas en la medida en que seamos capaces de producir mejores preguntas. Y político, porque empezamos a entender que si queremos un ambiente distinto necesitamos crear una sociedad diferente.

En política, a fin de cuentas, sólo podemos escoger entre inconvenientes. En este caso, se trata de optar entre los problemas que origina la ausencia de un mercado de bienes y servicios ambientales bien regulado y equitativo, y los que inevitablemente acarreará la organización de ese mercado. A fin de cuentas, la libertad consiste en poder decidir con qué problemas queremos vivir, y con cuáles no estamos dispuestos a hacerlo, y en atenernos a las consecuencias de lo que decidamos al respecto.

Fundación Ciudad del Saber, Panamá

Julio 2008 – agosto 2013

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