La llegada del mes de enero y el inicio de la Tarea Ordenamiento no han dejado a nadie indiferente en un país que se ha lanzado a una de sus más grandes transformaciones económicas en los últimos 30 años. Cuando se asientan los primeros polvos levantados por la misma y pueden dilucidarse con más claridad sus implicaciones y defectos, se hace imperioso el análisis crítico de las posibilidades que se abren y las probables consecuencias asociadas. En este trabajo abordaremos los efectos del ordenamiento monetario sobre el llamado sector de la población que comprende los hogares y actividades económicas no estatales — formales e informales — , en especial nos acercamos a los efectos de este sobre el mecanismo económico de distribución de la riqueza social y sobre fenómenos tan complejos y multifactoriales como el desempleo y la inflación. Dejaremos entonces para un trabajo posterior, que completará el presente, las implicaciones del ordenamiento para el sector estatal y las posibilidades que abre para el desarrollo económico de la nación.

El ordenamiento monetario como transformación del mecanismo económico de distribución

Sin lugar a dudas, uno de los debates inolvidables que todo estudiante de Economía en Cuba tiene algún día se da a la altura del segundo año de la carrera — al menos así es en el plan de la Universidad de la Habana — , cuando en una peculiar asignatura llamada «Economía Política de la Construcción del Socialismo» el profesor invita a reflexionar sobre las relaciones de distribución de la riqueza de las economías socialistas — o en tránsito — . En este momento se presenta al estudiante un importante principio teórico — que algunos elevan erróneamente al rango de ley económica — que debería regir la distribución de la riqueza de una sociedad en transición al socialismo: el principio de distribución con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo aportado. Este principio supone que: «la cantidad y calidad del trabajo aportado por cada trabajador deviene el parámetro económico para la distribución de los bienes y servicios creados conjuntamente» (Sánchez Noa, 2007).[1]

En la asignatura se presentaba también a los llamados «fondos sociales de consumo», aquella parte de la riqueza que se distribuía independientemente del trabajo y que tenía el objetivo de cerrar las brechas de ingresos resultado de trabajos dispares, y constituía una seguridad con independencia de la forma en que cada cual se vinculara al proceso de producción. Estos fondos incluían un variado grupo de bienes y servicios, desde la educación, salud y cultura, hasta los bienes básicos de la canasta familiar y los subsidios generalizados al consumo. El mecanismo económico de distribución socialista estaba constituido así por las relaciones que determinaban la forma de distribución de la riqueza social, variando de un modelo a otro en dependencia de las relaciones que otorgaban mayor o menor peso para cada una de las formas de distribución.

Está claro, sin importar qué pudieran decir determinados libros de texto, que en la Cuba de 2019 el trabajo, su calidad y cantidad, no era la fuente fundamental de la distribución de la riqueza en el país. Este elemento contrastaba con las necesidades de nuestra economía de alinear las motivaciones al trabajo y la producción con la realización individual de los trabajadores, en busca de mayores niveles de eficiencia y productividad. Las causas de esta deformación y entendemos por tal una incoherencia con el modelo que desde hace años reconocía la necesidad de este alineamiento — , superaban en gran medida el hecho de ser una herencia del modelo de socialismo cubano de los años ochenta, y se entrelazaban con profundas y complejas distorsiones del entorno monetario-cambiario que hacían imposible avanzar hacia una forma diferente de distribuir la riqueza, aun cuando existiese voluntad política para ello.

Cuando se analizan las economías modernas, un rasgo fundamental que atraviesa a todas ellas, con independencia de su signo político, es la forma monetaria-mercantil en que se desarrolla su proceso de producción. Esta forma implica, entre otro sinfín de elementos, que las economías modernas son economías monetarias de producción y no economías de trueque, por lo que los procesos de producción, distribución, circulación y consumo de la riqueza social — aun siendo momentos indisolubles de un todo — no se dan de forma lineal y automática, sino que se interrelacionan de forma orgánica mediados por un elemento especial: el dinero. En este escenario, la producción y la realización de lo producido — la venta y luego el consumo — están no solo separadas en el tiempo, sino mediadas por un proceso indirecto de distribución en forma monetaria, sujeto a constantes modificaciones y luchas por la riqueza social creada. A diferencia de una comuna agrícola feudal, las economías monetarias modernas distribuyen lo producido bajo la mediación del dinero, de esta manera los mecanismos monetarios se colocan en el corazón de los canales de distribución de la riqueza y justamente dichos canales son los que intentan ser modificados con la Tarea Ordenamiento en el sector de la población.

La disociación parcial implícita en toda economía monetaria-mercantil entre la producción y el consumo, mediada por los procesos de distribución y circulación, da la posibilidad práctica a los organismos rectores de la economía de actuar sobre el primero de estos procesos — la distribución monetaria — para trasformar la forma y las proporciones en que se accede al fondo común de la riqueza social creada. Esta posibilidad, sin embargo, no es una carta abierta para emplear en todo momento y lugar los movimientos monetarios con el propósito de incidir sobre la distribución de la riqueza. Las propias leyes asociadas a la forma mercantil de las economías modernas condicionan que dichos procesos, cuando son aplicados, suelan provocar grandes niveles de inestabilidad macroeconómica — ej.: los déficits fiscales con impuestos inflacionarios — .[2] Sin embargo, la posibilidad que se abre con el ordenamiento de incidir de forma sustancial y permanente sobre la distribución de la riqueza está asentada en una realidad cualitativamente diferente: la existencia en nuestra economía de un mecanismo distributivo en base a subsidios generalizados y defensor de un patrón igualitarista de acceso a la riqueza social.

En este sentido, la modificación de precios, ingresos y subsidios a lo interno del sector de la población persigue reconvertir tal mecanismo de distribución basado en un sistema de subsidios universales en un mecanismo de distribución basado fundamentalmente en la calidad y cantidad del trabajo aportado y complementado con subsidios focalizados. De esta manera se intenta modificar la forma en que los cubanos accedemos al fondo social común de la riqueza creada.

En virtud del actual mecanismo de distribución dicha riqueza es distribuida con arreglo a un principio igualitarista que beneficia a todo ciudadano cubano por el hecho de serlo, y que va en detrimento de las remuneraciones relacionadas de manera directa con el esfuerzo y desempeño en el trabajo. Este mecanismo de distribución, a la par que obviaba en su implementación las diferencias existentes entre aquellos que sí necesitaban en efecto ayudas del Estado y aquellos que no, va en detrimento de la motivación y el interés por el trabajo, que no puede basarse solo en el compromiso social. Asimismo, viola en el proceso un principio histórico del mecanismo de distribución socialista: «de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo».

Como consecuencia del mecanismo de distribución vigente en la economía nacional, a la par de una tasa de cambio — 1×24 — que históricamente premió a las remesas en detrimento de los ingresos nacionales, se condicionó un sistema de niveles de precios y salarios que beneficiaba a los receptores de ingresos desde el exterior, al acceder mediante estos a un volumen sustancial de productos centralmente subsidiados. Esto constituía un subsidio indirecto — en los bajos precios — a dichos flujos de ingresos externo. Asimismo, el esquema de distribución, a la par del régimen cambiario empleado por las empresas estatales — fijo 1×1 — , dificultaba la posibilidad de incurrir en un incremento sustancial de los salarios que los pusiera en un nivel coherente con el costo de la vida en el país, dado que este incremento afectaría tanto la rentabilidad de las empresas — donde 1USD = 1CUP — , como el equilibrio macroeconómico de la población — ingresos y gastos — , donde permanecían un cúmulo enorme de productos subsidiados, tanto directamente desde el presupuesto, como indirectamente desde la tasa de cambio.

En última instancia, no es solo que el pago del salario estuviera limitado por el crecimiento de la riqueza, sino que lo estaba por la forma en que esta se distribuía, forma que iba contra el salario mismo y en favor tanto de los flujos externos como del igualitarismo. En relación con los flujos de remesas formales, es válido hacer notar que las mismas en 2019, según estimados de Carmona (2020),[3] fueron de 2.177 millones de USD (52.248.000.000 CUP) y representaron 1,8 veces (180 por ciento) el fondo de salarios estatales base anterior a la tarea ordenamiento (28.368.000.000 CUP),[4] mientras que solo representarían el 37 por ciento del nuevo fondo de salario (139.000.000.000 CUP) posterior a la Tarea Ordenamiento.[5] Cambiar el mecanismo de distribución que sostiene estas distorsiones se convierte entonces en una tarea de primer orden en los esfuerzos por poner a la economía cubana en la senda del desarrollo y el progreso.

Una pregunta válida en este sentido podría ser: ¿por qué conociéndose las distorsiones y los beneficios de solucionarlas no se había realizado con anterioridad esta transformación del mecanismo de distribución? Más allá de las razones, justificadas o no, que dilataron el proceso de ordenamiento, la modificación del esquema de distribución era muy compleja de realizarse fuera de este proceso, porque en el notable entramado de subsidios e impuestos en la economía cubana, obligados por la sobrevaluación cambiaria en las empresas — 1USD=1CUP — , la gran mayoría de los subsidios que sostenían dicho esquema de distribución igualitaria estaban contenidos de forma implícita en la tasa cambiaria que subsidiaba al importador, a las empresas del comercio minorista — incluyendo la canasta normada — , los servicios eléctricos, el transporte, etcétera. La corrección devaluatoria en las empresas era y es un elemento necesario y precedente del reordenamiento del mecanismo de distribución, en especial del esquema de subsidios generales, pues permitía transparentar los mismos — nos permite ver cuánto estamos subsidiando — , de manera que estos quedan como una decisión soberana de política económica: en nuestro caso la opción elegida fue una trasformación profunda y radical de dicho esquema.

La idea de que es absolutamente necesario un aumento de la oferta para poder realizar una modificación de los mecanismos de distribución como la comentada no es correcta en rigor, aunque la capacidad de tener respuesta de oferta adicional permite a los decisores de política un mayor margen de acción que en condiciones más restrictivas. Transformar el mecanismo de distribución vigente supondría que, en términos de valor — y por tanto de riqueza — , lo que hoy se reparte mediante ese mecanismo universalista a más de once millones de personas será concentrado en el salario y otras remuneraciones de los poco más de tres millones de trabajadores estatales y cerca de un millón setecientos mil pensionados y asistenciados en el país. Desde esos salarios y pensiones fluiría — se redistribuirá — parte de la riqueza hacia el resto de las actividades del sector de la población — sector privado, asalariados no estatales, agricultura, etcétera — , espacios donde ahora se concentra tal riqueza y que antes era distribuida en base a un mecanismo de subsidios generalizados.

Hablamos aquí de una reconversión del canal de distribución, una modificación de las proporciones en que la riqueza social se reparte, mas para un mismo nivel de riqueza. Las herramientas de dicho mecanismo ya han sido anunciadas: la variación de los precios del comercio minorista — no solo la libreta — y los servicios públicos resultado de la devaluación y la eliminación de subsidios, así como el incremento de los ingresos del sector estatal y pensionados. Como varias veces ha recalcado el compañero Murillo, es en verdad difícil y prejuicioso analizar ambos procesos por separado. El incremento de precios es una consecuencia directa de la eliminación de subsidios explícitos e implícitos — mediante la corrección cambiaria — , a la vez que el incremento de ingresos es una redistribución secundaria de esa riqueza social que antes estaba concentrada en los subsidios y que ahora se redireccionará, vía salarios estatales y pensiones, hacia un grupo mucho menor de los que antes eran subsidiados. Comprender las condiciones de posibilidad teóricas — desde la economía política — y prácticas de este proceso es fundamental para poder analizar las implicaciones del «truco de circulación» que sirve de base para el mismo, así como los posibles riesgos asociados que pueda conllevar su implementación en una situación tan tensa como la actual.

Sin entender este carácter redistributivo de la Tarea Ordenamiento es difícil comprender cómo en un contexto de escasez se pueda hablar de una medida que permita aumentar — aunque sea ligeramente — el nivel de poder de compra de los salarios y pensiones en términos reales, sin para ello poder contar con un aumento consecuente de la oferta real. Esta es, sin lugar a duda, una interrogante legítima sobre la que vale la pena reflexionar.

Entonces, como todo proceso redistributivo que supone un incremento de suma cero, el intento de lograr un aumento del poder de compra efectivo en algunos agentes — asalariados y pensionistas — trae implícita la pérdida de poder de compra de otros actores económicos o flujos monetarios. En un sentido práctico se desarrolla así un «traspaso» de riqueza de forma muy similar a lo acontecido en un «impuesto inflacionario», donde a determinados agentes de la economía se les reduce el monto real de su riqueza — en relación a los ingresos que percibe y los ahorros — mediante el incremento de los precios de bienes y servicios, y dicha riqueza es canalizada a otros agentes mediante el incremento de sus ingresos.

En otro sentido, este traspaso es una medida que no favorece el poder de compra de los ahorros, pero su impacto real no es homogéneo — el aumento de precio no se da en todos los bienes — y por tanto es menor que en otros escenarios. Muchos de los incrementos de gastos corrientes en CUP de los trabajadores y pensionados — servicios básicos, la canasta normada, etcéteraétera — deben ser cubiertos con el incremento de sus ingresos y, en términos prácticos, una parte significativa de los ahorros no suelen emplearse para gastos corrientes de este tipo.

En la práctica, para la gran mayoría de los trabajadores cubanos, para quienes los niveles salariales han rondado siempre los mínimos de subsistencia, si bien el ajuste en el ahorro es negativo, la compensación del incremento del salario real podría tender a la larga a compensar dicho ajuste de forma positiva y en general su posición respecto al consumo cotidiano.

La conclusión aquí es que, si bien el efecto sobre los ahorros es negativo, no es homogéneo y en la práctica será mucho menor para aquellos compensados en la medida.

Las remesas son otro de los flujos monetarios que se ven perjudicados en un entorno de ordenamiento. Las mismas pierden, en términos de moneda doméstica y poder de compra, el subsidio implícito que recibían al acceder a bienes y servicios en un entorno subsidiado y con precios formados mediante una tasa de referencia — 1×1 — sobreevaluada. Al crecer los precios domésticos, pero no los ingresos monetarios en moneda doméstica de las remesas, estas se ven en la práctica afectadas en términos reales.

Es válido señalar, sin embargo, que bajo un esquema de dolarización parcial esta forma particular de ajuste pierde mucho alcance. En la práctica, las ventas en los circuitos de Moneda Libremente Convertible — MLC — no sufren esta pérdida de poder de compra y en gran medida las remesas informales descontarán en la tasa de cambio informal — que ronda los 40cup x USD al día de hoy — gran parte o todo el aumento de precios internos. En un contexto donde la tasa de cambio informal es mucho más atractiva para las remesas que la tasa formal, buena parte de estas irán a parar a dicho mercado, con lo cual se protegen de la pérdida de poder de compra resultado de la medida. Asimismo, a medida que este mercado cambiario internalice la mayor demanda de dólares para comprar en tiendas MLC e importaciones informales provenientes del incremento de los ingresos de los asalariados, puede conllevar a una mayor depreciación de la tasa informal, lo que convertiría a este en un mecanismo que revierta el efecto expreso de la medida y que termine por transferir poder adquisitivo de los salarios a las remesas y no en sentido contrario como hemos argumentado hasta aquí. Solo de lograrse una superación del esquema de dolarización parcial — tiendas en MLC al menos — , elemento este que no se vislumbra por el momento, cobraría mayor sentido y eficacia este ajuste en favor de los salarios.

En términos generales, no podemos hablar aquí de una mejora de la utilidad general en donde nadie se perjudica o donde todos los perjudicados son compensados al menos en el mismo nivel que antes de adoptarse la medida.

El reordenamiento de ingresos y precios del sector de la población implica un proceso de pérdidas sin compensación, y el éxito redistributivo de la medida en favor de los salarios y pensiones depende en gran parte de que esto se logre así. En última instancia, no puede obviarse el enfoque clasista de la medida, su objetivo de ser, aún en las difíciles condiciones actuales, un movimiento en favor de la clase trabajadora y de los salarios como su principal fuente de ingresos.

Aun así, más allá del entusiasmo que pueda generar para los trabajadores lo comentado hasta aquí, no se puede negar el difícil contexto en que se realiza esta tarea y que muchas veces las mejores intenciones no siempre son acompañadas por las condiciones objetivas del escenario en donde deben realizase. No se puede olvidar que, en última instancia, estos reajustes de precios y salarios dentro del ordenamiento monetario constituyen reajustes en los canales de distribución y circulación en base a una oferta agregada que no debe crecer en el corto plazo. Estas condiciones pueden transformar el efecto dinámico de la medida en un escenario de pugnas redistributivas entre diversos actores económicos, en especial en los mercados no regulados, que reduzca el efecto positivo de la misma. El ajuste dinámico del sector no estatal y el mercado informal ante un incremento de la demanda, sus costos y una caída de sus ingresos reales, será un factor de gran importancia a tener en cuenta, pues su impacto será vital para determinar el efecto final sobre los ingresos de la Tarea Ordenamiento en el sector de la población.

Ordenamiento y precios no regulados: los ajustes de circulación y redistribución de la riqueza en el sector no estatal

Como es de esperarse, los ingresos nominales del sector no estatal son otros que se ven perjudicados en términos reales al realizarse el «proceso de ordenamiento». En el mismo no solo se incrementan los costos directos de su actividad económica, sino que enfrentan el incremento general del costo de la vida. Es necesario analizar más a fondo el impacto del incremento de precios sobre los ingresos del sector no estatal, análisis que es en la práctica mucho más complejo que el de remesas y ahorros porque implica considerar el posible ajuste dinámico de los precios de este sector. Este ajuste dinámico es vital en un análisis integral de la medida, pues del mismo depende gran parte del éxito redistributivo de la misma. Veremos entonces algunos elementos que pueden caracterizar dicho proceso.

a) Equilibrio macroeconómico y presiones de demanda agregada

Un tema en el que se ha insistido mucho por parte de los funcionarios implicados en la Tarea Ordenamiento es que la misma se realiza respetando en todo momento los equilibrios macroeconómicos del sector de la población, esto es, en principio el balance de ingresos y egresos de la misma, la disponibilidad de la oferta agregada minorista contra la variación de los ingresos monetarios. Dada la insuficiencia en datos notables — aunque existen algunos como el incremento de la oferta minorista y los ingresos salariales y pensiones — que permitan evaluar, de forma más o menos aproximada, las variaciones en dicho equilibrio agregado que respalda la modificación del mecanismo de distribución antes comentado, sería válido asumir que la medida, dado que fue diseñada de una forma consciente y administrativa, respeta en su mayoría los equilibrios agregados de la población y no incurre en una emisión monetaria superior al incremento proyectado de los egresos nominales — ventas del sector estatal, servicios, impuestos, amortización de créditos, etcétera — ,

Si se analiza a nivel agregado, una compensación de ingresos monetarios — salarios y pensiones — y egresos del sector de la población deja inalterada la cantidad de dinero excedente en circulación (M) y, por tanto, a primera vista pareciese que un ajuste de este tipo no lleva aparejado mayor presión de demanda sobre los mercados no regulados. Nos referimos en lo fundamental a tres de estos mercados: mercado del sector privado urbano, mercado agropecuario y mercado informal.

Si los incrementos de ingresos monetarios — salarios y pensiones — superaran los egresos — incremento de la oferta estatal vía precios — aumentarían las presiones de demanda sobre los mercados no regulados — sector privado — , pues quedaría una demanda excedente que presionase en principio sobre los mismos. De darse el caso contrario — ingreso < egresos — , se lograría entonces una reducción de los actuales desequilibrios agregados. Analizaremos el escenario posterior al ajuste de ingresos y precios bajo el supuesto más plausible, y que hemos sostenido hasta aquí, de que los ingresos crecerán al mismo nivel que los egresos planificados y que, por tanto, no se espera que la medida genere nuevas presiones de demanda agregada.

Si bien las presiones de demanda suponen ser las causas fundamentales bajo las que se analiza el incremento de los precios en la mayoría de las economías, un proceso tan complejo de reordenamiento de precios relativos e ingresos como el que pretende realizarse creará importantes espacios para la aparición de otros tipos de presiones inflacionarias, desde las presiones de costo hasta presiones por vía de expectativas, pasando por las clásicas presiones estructuralistas — pujas distributivas, cuellos de botella, demandas sectoriales inelásticas — y presiones asociadas al incremento de la demanda en determinados mercados por variaciones de los precios relativos — modificación de preferencias y distribución de demanda — . Si bien en un primer momento el incremento de los precios estatales deja determinado margen excedente de poder de compra — redistribuido — para los ingresos incrementados de salarios y pensiones — que vimos antes — , un crecimiento acelerado de los precios no regulados podría eliminar tal efecto positivo e incluso llevar a un empeoramiento del poder de compra de los asalariados y pensionados si estas presiones inflacionarias no se gestionan de manera correcta.

b) Variaciones de precios relativos, preferencias y demandas sectoriales

Un incremento simultáneo de precios e ingresos, más allá de que en sus proporciones se sostengan determinados equilibrios agregados, distorsiona de manera notable la correlación de precios y preferencias entre los diferentes mercados de la economía y ese efecto no puede tomarse por descontado. La idea subyacente aquí es la siguiente: si un producto del comercio minorista en CUP comienza a costar 5 o 10 veces más, hay quienes elegirán dejar de comprar ese producto para demandar productos en la TRD, en el sector privado de la agricultura o como producto importado de manera informal. Muchos consumidores pueden reducir su consumo de aquellos servicios subsidiados — como la electricidad — o bienes que hoy se ofertan en CUP y aumentan de precio una vez que se eliminen los subsidios implícitos o explícitos que sostenían dichos precios.[6] Las combinaciones para este ajuste pueden venir de muchos productos y será muy diferenciada de consumidor a consumidor dada su distribución de preferencias y el ingreso que perciba en el nuevo escenario, lo que sí es imposible negar a la larga es que existirán tensiones para dicho reacomodo. En la práctica, el aumento de la demanda sectorial sobre el comercio minorista — antes en CUC — y los mercados de precios no regulados, crea un escenario propicio para el incremento de fenómenos como la inflación reprimida, colas y escasez en los primeros, así como aumento de precios formales o informales en los segundos.

La cuestión central aquí es: al incluirse en el paquete el aumento de pensiones y salarios más allá del incremento de los precios, se condiciona un escenario donde un grupo nada despreciable de consumidores tendrá una capacidad de demanda sobrante que redireccionar sobre nuevos mercados. Como resulta evidente, existe un grupo de consumidores que tendrá menos poder de compra, aquellos que no reciben ajuste nominal, pero en muchos de los mercados estatales y no estatales no podrá evitarse un incremento de las presiones de demanda, aun en virtud de que se reducirá la demanda en otros mercados. En este sentido, incluso si no existen cambios derivados de la modificación de precios relativos y preferencias, ese mayor poder adquisitivo presionaría a los precios no regulados y al mercado informal de divisas.

c) Puja redistributiva a lo interno del sector de la población

Se da así un proceso bastante complejo: por un lado, el incremento de los precios minoristas reduce el poder real de los ingresos de forma generalizada; sin embargo, el ajuste nominal permite crear una demanda excedente para un grupo de consumidores. Hay que tomar en cuenta que, si bien los asalariados y pensionados son parte de los grupos compensados, los productores privados, agropecuarios y el mercado informal en general — que dada las condiciones de los mercados minoristas cubanos tienen una enorme capacidad para la fijación de precios — se encuentran entre los grupos que ven su ingreso real afectado por la medida. Esos actores de los mercados no estatales no solo verán un incremento de sus costos reales para algunos insumos, sino que verán un incremento no compensado de los costos de vida a los que deben enfrentarse en los mercados estatales. Este no es un proceso menor, pues se da así la conjunción de que aquellos a los que se les otorga mayor poder de compra son demandantes netos, mientras buena parte de los no compensados por la medida son productores, oferentes y fijadores de precios.

Este análisis supone que, aunque a nivel agregado no se crean presiones de demanda sobre los mercados no regulados, en la práctica el proceso de recolocación del poder de compra antes visto y en un escenario donde los productores están entre los afectados y los demandantes entre los compensados, crea condiciones para una compleja pugna redistributiva que intente recolocar de nuevo el poder de compra, vía dinámica de precios no estatales, en las formas anteriores a adoptarse la medida. Esta pugna redistributiva es un proceso muy común en las economías latinoamericanas, en los procesos de devaluación o en la indexación[7] nominal de los salarios. En condiciones de mercados imperfectos, con características oligopólicas, dominados por la oferta y con un excedente de demanda de los consumidores, están creadas todas las condiciones para un incremento de precios en el sector no estatal que reduzca el poder de compra excedente que en un principio la medida pareciera haber otorgado a los asalariados.

d) Aumento de costos del sector no estatal. Insumos y costos laborales.

Por otra parte, existe un proceso ya comentado por el propio jefe de la Comisión de Implementación como una de las posibles presiones del aumento de precios en el sector no estatal: el incremento de costos en los insumos del sector. La respuesta dada por el compañero Murillo sobre cómo gestionar dicho escenario, bajo condiciones de imposibilidad de aumentar la oferta doméstica, se centró en un ajuste de la carga tributaria del sector privado y la alusión a que el mercado no siempre permitirá transmitir una elevación de costos sustancial.

Sin embargo, hay que sumar a lo anterior que el sector no estatal enfrenta un shock de costos más allá del efecto directo sobre el costo de los insumos y el efecto indirecto del aumento del costo de la vida. El sector no estatal enfrenta un aumento de costos laborales, al aumentar tanto el salario mínimo como los pagos del mayor demandante de fuerza de trabajo en nuestra economía, el sector estatal. Este proceso fuerza el alza de los costos salariales del sector no estatal en función de retener y ampliar mano obra, costos que a la larga intentarán traspasar a los consumidores en un contexto de exceso sectorial de demanda. Un incremento salarial en el sector estatal representa siempre un ajuste indirecto sobre el resto de los salarios en la economía y una forma de regular igualmente el pago de un salario digno en todas las formas de propiedad, pero este ajuste en presencia de mercados asimétricos donde los productores sostienen amplias facultades para traspasar sus costos a los consumidores finales, puede recaer en una mayor presión de incremento de precios en los mercados no estatales.

d) Presiones estructuralistas sobre el sector agropecuario

En un sentido similar al proceso de recolocación de demanda antes comentado, está un tipo de presiones de corte estructuralista. Las mismas están dadas por el incremento acelerado de la demanda urbana, donde se concentra la mayor parte de los salarios del sector estatal, lo que repercutirá en un incremento acelerado de la demanda de bienes agrícolas. Más allá de la recolocación de demanda en virtud del efecto del cambio de precios relativos, no es posible olvidar que el incremento de salarios y pensiones ocurre sobre los estratos más bajos en términos de ingreso de nuestra sociedad, donde la propensión marginal al consumo, es decir, la parte del ingreso destinado al consumo y no al ahorro, es mucho mayor y donde la gran mayoría de los gastos están orientados hacia la alimentación y bienes de primera necesidad. En este contexto se crean todas las condiciones para una inflación estructuralista en los precios del sector agrícola, donde el rezago de la oferta ante un crecimiento sustancial de la demanda se reconvertirá en una presión excedente sobre el ya deprimido agro cubano.

El crecimiento de los ingresos urbanos, tanto industriales como de servicios, por encima del incremento de la oferta agraria, más allá de que se logre un equilibrio macro, tenderá a modificar los precios de intercambio relativo entre el campo y la ciudad en favor de un aumento de los precios de los productos del primero.

Este proceso se maximizará más aun en el corto plazo, en donde la producción agraria, a diferencia de la pequeña producción industrial, manufacturera o de servicios, se encuentra limitada por una oferta inelástica — que aun con la existencia de insumos estará limitada para crecer por las propias características de los plazos del ciclo productivo en dicha rama — y sujeta a los rendimientos marginales decrecientes de la tierra.[8]

e) Mercado informal, cambiario y de bienes importados.

Por último, es válido llamar la atención sobre el posible efecto de la Tarea Ordenamiento sobre el mercado informal de divisas y de este sobre el consumo, pues no puede desestimarse el papel fundamental de este mercado en la determinación del poder de compra real de los trabajadores y pensionados, más aún en una economía parcialmente dolarizada como la nuestra. Es incuestionable que en un escenario de inestabilidad de la oferta interna en moneda local, tanto de insumos como de bienes de consumo, y en presencia de una oferta mucho mayor y atractiva en MLC en el comercio minorista estatal y de productos importados informales, existirá una tendencia al redireccionamiento de desequilibrios sobre el mercado informal de divisas, asociados al crecimiento exponencial de los ingresos en moneda doméstica y la consecuente demanda de moneda extranjera para los fines antes planteados.

Este movimiento presupone un muy probable escenario de depreciación cambiaria informal y encarecimiento, en términos de moneda doméstica, de bienes importados informales y en venta en el comercio en MLC, lo que supondrá de forma implícita un efecto reductor sobre el consumo real de los ingresos en moneda local.

Este proceso de pérdida de poder de compra de los ingresos en moneda doméstica con motivo de la depreciación cambiaria informal tendería a realizarse en las más disímiles ramificaciones. Desde el ya comentado encarecimiento directo de productos importados informales, de las compras en MLC en términos de ingresos en moneda nacional, hasta el crecimiento de los costos en moneda doméstica para la adquisición de insumos del sector no estatal y la consecuente presión sobre los precios finales de los productos. Ya vimos que, en este escenario, flujos tales como las remesas y otros ingresos informales en moneda externa — como los asociados al turismo — recibirán un mercado para descontar en la tasa de cambio el aumento de los precios internos y revertir en alguna medida — o incluso en su totalidad — el efecto positivo de la Tarea Ordenamiento sobre salarios y pensiones. En este escenario la tasa de cambio informal, como variable de política económica, no puede dejar de ser tomada en cuenta para la evaluación integral de los efectos conjuntos de la medida y las posibles correcciones de política para la mitigación de los efectos negativos asociados a la misma.

Comentarios finales sobre la Tarea Ordenamiento en el sector de la población

Como hemos visto, el ordenamiento monetario abre un nuevo periodo en lo que corresponde a las relaciones económicas socialistas de distribución, ponderando el peso del ingreso relacionado con la calidad y cantidad del trabajo sobre la distribución mediante fondos de consumo social y un mecanismo universalista de subsidios generalizados. Desde esta perspectiva, el ordenamiento no solo da hoy un impulso importante en favor de la eficiencia y la motivación al trabajo, sino que crea las condiciones para que cada incremento de la riqueza social en el futuro sea distribuido de una forma más justa y adecuada con las necesidades del desarrollo del país en el largo plazo.

Si bien a nivel agregado se puede lograr la apariencia de una compensación de ingresos y egresos, a nivel micro existen condiciones reales para un incremento de precios del sector no estatal — privado urbano, agrícola y cambiario informal — , incluso más allá del diseño planificado, que opere en sentido contrario a los beneficios en términos de poder de compra que la medida trata de otorgar a los trabajadores estatales. De igual forma, elementos tales como mayor inflación reprimida y ahorro forzoso ante la imposibilidad de realizar los nuevos ingresos en el comercio minorista estatal serían igualmente efectos negativos y no cuantificables asociados al reacomodo de la demanda doméstica derivada del incremento de los ingresos y los cambios de precios relativos.

Esto en ningún momento supone un llamado a la satanización del sector no estatal ni a la implantación de controles de precios indiscriminados y eternos en los mercados no estatales agrícolas y urbanos, aun cuando es atributo de la soberanía implementar tales regulaciones en determinadas etapas del proceso. Se trata, ante todo, de un intento de sistematizar las complejidades que un proceso como este tiene en las condiciones tan difíciles de nuestra economía actual. Es necesario tener claro que llevar adelante una política tan ambiciosa, que pretenda mejorar, al menos ligeramente, la capacidad de compra de asalariados estatales y pensionados, en las condiciones actuales supone una tarea harto compleja y llena de dificultades que pueden no desaparecer en el corto plazo.

El carácter de redistribución monetaria bajo una oferta inelástica — que no crece para responder a la demanda — de la reforma, la convierte en un proceso de reorientación del poder de compra bajo un juego de suma cero. En el mismo, los oferentes del sector no estatal con capacidad de fijar precios participarán, de conjunto con demandantes con capacidad de compra incrementada, en la redistribución final de un producto social finito en donde tendrán un papel fundamental la reacción de los precios de los mercados no regulados y la depreciación de las divisas informales. Si bien es indudable el carácter clasista de la medida en favor de los asalariados y pensionados, las pugnas redistributivas a lo interno del sector de la población son difíciles de manejar sin la capacidad de aumentar la oferta estatal — comercio minorista en general — como mecanismo regulador de esta pugna en favor de los trabajadores.

Es imposible dejar de anotar que, si bien a nivel teórico las potencialidades de esta redistribución interna son muy positivas y alentadoras, el escenario tan complejo en el que debe ser implementada arroja muchas sombras sobre las expectativas a tener en un proceso tan difícil como este. Como toda tarea humana el ordenamiento será un proceso no exento de errores. La posibilidad de una redistribución en favor de los salarios y pensiones tiene que concretarse con una implementación fina que, si bien puede no lograr todos los beneficios que se hubiesen alcanzado en mejores condiciones, dado el escenario actual, debe crear las bases para avanzar de forma más expedita y redistributivamente más justa y eficiente en el futuro.

La grandeza y éxito del ordenamiento no estará, en definitiva, en lo perfecto y meticuloso del «diseño» realizado, sino en la capacidad de adaptarse y corregir lo que no se vio. Impera entonces ser humildes en este sentido y reconocer la importancia del control popular y la democracia participativa en la implementación de un proceso que no puede tener éxito si se realiza de espaldas al pueblo.

Como revolucionario e hijo de familia obrera y asalariada estatal no puedo sino esperar y desear el éxito de la medida. Pero como economista tengo que cuestionarme también las capacidades reales de éxito que tenemos, en vistas de que nos encontramos en el peor escenario económico que ha enfrentado el país en los últimos 20 años. Sin dejar de reconocer la necesidad histórica — como una cuestión de justicia con la clase trabajadora que es la que sostiene este proyecto de país — y audacia en las condiciones actuales, un análisis general me hace ser cauteloso en torno a las expectativas sobre el proceso, mas esto no me impide tener esperanza en el futuro que abre para el desarrollo de la Patria.

Notas:

[1] Sánchez Noa, Ramón (Coordinador) (2007): Economía Política de la Construcción del Socialismo: Fundamentos Generales. La Habana. Editorial Félix Varela.

[2] En un sentido práctico, una forma común de redistribución de las riquezas mediante movimientos monetarios son los llamados «impuestos inflacionarios» en que incurren los gobiernos al financiar los déficits fiscales con la creación de dinero (monetización). En estos procesos la nueva riqueza social que pasa a manos del gobierno al incurrir en dichos déficits es, en muchos sentidos (déficits es, en muchos sentidos), equivalente a la pérdida de riqueza en otros sectores producto del incremento de precios asociados a los mismos.

[3] Carmona Seguí, Michel (2020): Mercado informal de divisas en cuba. Tesis de Grado de Diploma. Facultad de Economía.

[4] Murillo, M. (2020). Mesa redonda del 11 de diciembre de 2020.

[5] Cubadebate (2020): Claves sobre la implementación del ordenamiento monetario. Recuperado de: www.cubadebate.com

[6] Nos referimos aquí al efecto sustitución de la ecuación de Slutsky: la variación de la demanda (sobre cada mercado) provocada por una variación de los precios relativos entre dos bienes.

Varian, Hal (2010): Microeconomía Intermedia. España. Antoni Bosch, editor, S.A

[7] Un esquema donde los salarios se indexan a los precios y por ello los incrementos de estos (normalmente medidos en el IPC) conllevan un incremento nominal de los salarios en el periodo siguiente.

[8] Ampliar la producción agrícola implica en muchas ocasiones pasar a la explotación de peores tierras en donde será necesario una mayor inversión de capital para obtener un mismo nivel de producto, a este proceso David Ricardo le llama «rendimientos marginales decrecientes» en la agricultura.