De sobra es conocido que los diferentes gobiernos españoles (aunque en realidad de 1978 a esta parte no han sido tan distintos) siempre han tenido palabras (y hechos) contra la Revolución Cubana. Que si esta vulnera los derechos humanos, que es una dictadura… y demás idioteces. Y estas burdas y mentirosas acusaciones fueron y son vertidas por unos gobiernos que nunca le llegaron, ni le llegan, a la altura del tobillo a Cuba revolucionaria en cuestiones de DDHH ni de democracia, dos materias que, por otra parte, van cogidas de la mano.

A pesar de que la vulneran de manera sistemática, los y las defensoras de la “democracia plena” española y la “Marca España” siempre esgrimen su Constitución como algo intocable o invulnerable. Pero resulta que, además, esa Carta Magna fue elaborada a espaldas del pueblo y obvió la demanda del este tras la muerte de Franco: la ruptura democrática con el franquismo que, con la imposición de esa Constitución, nunca llegó a producirse.

Eso que llaman democracia española nació vacía de contenido democrático, y así hoy continúa gracias a las y los políticos institucionales (asalariados del sistema) y a la inoperancia de la desunida izquierda revolucionaria ajena a las moquetas y al confort de las instituciones burguesas.

La realidad cubana es justo la contraria. Aquí el pueblo, como en otras muchas cosas importantes, fue partícipe de todo el proceso en cuanto a la Constitución se refiere. Comparemos ambos casos de manera más o menos breve. Hoy, cuando en ese engendro-cárcel de naciones que llamamos España los defensores del régimen celebran los 43 años de su Constitución, es un buen momento para hacerlo.

La Constitución cubana

La primera Constitución, tras el triunfo revolucionario, se aprobó en 1976. En la discusión del proyecto participaron alrededor de 6.200.000 personas pertenecientes al Partido, los sindicatos, los CDR, la FMC, la ANAP, la FEU, la FEEM, las unidades militares y las misiones cubanas en el extranjero.

Si exceptuamos a los y las niñas y tenemos en cuenta que en 1976 la población de Cuba era bastante menor que la de ahora, llegaremos a la conclusión de que de forma directa y personal prácticamente todos los habitantes participaron en el examen del documento.

5.500.000 se pronunciaron a favor de mantener el texto sin modificaciones, y 16.000 propusieron algunos cambios, que fueron respaldados por algo más de 600.000 participantes.

Enriquecido su contenido por la discusión popular a través de infinidad de asambleas en todo el territorio nacional, la Constitución Socialista fue probada por el Congreso, y, finalmente, mediante referéndum, también por el 97,7% de la población electoral.

Como se sabe, en la actualidad Cuba tiene otra Constitución, aprobada el 24 de febrero de 2019.

El borrador de esta Carta Magna fue elaborado con la participación de representantes de todas las organizaciones de masas y, después, este se sometió a discusión de la población a través de más de 130.000 asambleas en toda la Isla; ejercicio que cambió parte sustancial del texto inicial, lo que demuestra que la participación de la población no es testimonial sino efectiva. Esta democrática actividad culminó, como he señalado, con un referéndum el 24 de febrero de 2019.

Es cierto que esta Constitución contó con algo menos de apoyo que la anterior pero, después de tantos años de asedio por parte del imperialismo yanqui y europeo (con el sufrimiento que esto ha supuesto para la población), el respaldo a la Carta Magna siguió siendo muy elevado. La consulta arrojó el siguiente resultado: Participación electoral: 84.4% de los votantes elegibles. Votaron por el Sí: 86,85%; por el No: 9.0%; votos en blanco o anulados: 4,5%. Y se debe subrayar que el voto en la tierra de Martí y de Fidel es voluntario y secreto.

La Constitución española

Todos los partidos políticos que han pasado por el gobierno español tras la muerte de Franco (UCD, PSOE, PP y PSOE con UP) han acallado las voces discrepantes, utilizando como arma disuasoria —y represora— a la Constitución de 1978. Y lo han hecho esgrimiéndola como si de una obra maestra se tratara, de la que, por “perfecta”, ni una sola coma se debe cambiar.

En tantos años sólo han modificado lo que les ha interesado. En 2011, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se cambió a espaldas del pueblo y de manera exprés el artículo 135. El cambio lo llevaron a cabo para establecer en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales. Ya lo ven: el pueblo ninguneado y perjudicado por enésima vez.

La Constitución que tanto defienden los principales grupos políticos del Estado español es fruto de una “ruptura pactada” con el franquismo, y no de una “ruptura democrática” con éste, que es lo que se demandaba masivamente en la calle.

La población fue totalmente ninguneada, ya que la redacción del texto fue realizada a sus espaldas. Elaborado de forma casi clandestina, el primer conocimiento que tuvo la ciudadanía acerca del mismo fue a través de una filtración a la revista “Cuadernos para el diálogo”, que publicó el borrador.

La autoría de la Carta Magna se le atribuye a Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero por la UCD —franquista—; Gregorio Peces Barba por un PSOE de ideología decadente, que renunció al marxismo —el 8 de abril de 1978— y se dedicó —y se dedica— a ocupar la mejor “posición” posible a base de lo que haga falta para conseguirlo; Manuel Fraga Iribarne por AP —ministro de Información y Turismo con Franco entre 1962 y 1969, y ministro de la Gobernación en 1976; responsable de numerosos asesinatos durante la ostentación de este último cargo—; Miguel Roca por CIU —de derechas—; y Jordi Solé Tura por un PCE que para poder acceder a la legalidad —el 9 de abril de 1977— hubo de claudicar y pasar a enarbolar en sus mítines la bandera de Franco y de los Borbones, reconocer oficialmente la unidad de España, firmar la Ley de la Reforma Política —18 de noviembre de 1976— y los Pactos de la Moncloa —25 de octubre de 1977—, que supuso un notable retroceso en las conquistas obreras conseguidas con mucho esfuerzo y dolor durante tantos años de lucha. Y todas esas inaceptables concesiones fueron realizadas, según Santiago Carrillo, “por el peligro que se cierne sobre la democracia”.

Estos siete individuos fueron, pues, los que oficialmente frustraron la demandada ruptura democrática con el franquismo, y de aquella negación nació la Constitución que tan orgullosamente exhiben hoy los paladines de la “democracia española”.

A modo de conclusión

Nada que ver. En España la Constitución la redactaron siete personas que representaban prácticamente a lo mismo; de la manera que ha quedado expresada, en Cuba la redactó todo el pueblo.

Esta certeza, sin embargo, no impedirá que el actual y los próximos gobiernos españoles (empeñados en cumplir las órdenes de sus jefes supremos: el gran capital) continúen acusando a Cuba de falta de democracia y de vulneración de DDHH.

Nada que sorprenda. El cinismo y la hipocresía siempre han sido sus banderas, además de la rojigualda, claro, que suprimió a la tricolor imponiéndose tras el golpe de Estado.

(Cubainformación – Baraguá)

Es evidente la necesidad de una nueva Constitución en Cuba. Pero una cosa es decirlo y otra hacerlo.. Se trata de un asunto de alta complejidad, muy ambicioso en sus alcances. Además de la redacción de un texto empapado de las ricas experiencias cubanas en materia de real ejercicio de los derechos humanos en su integralidad, su contenido estaría llamado a incorporar a la institucionalidad las novedosas prácticas democráticas cubanas y canales para su ampliación y perfeccionamiento.  La Constitución actualmente en vigor fue aprobada en referendo popular en 1976, hará pronto medio siglo. Aunque le fueron introducidas modificaciones parciales por la Asamblea Nacional del Poder Popular(ANPP) en 1992 y 2002, su marco histórico ha sido rebasado por los importantes cambios económicos y sociales operados en la isla, sobre todo en los dos últimos quinquenios, particularmente como consecuencia de la implementación de las resoluciones adoptadas en el VI y VII congresos y la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba y de otras medidas gubernamentales adoptadas en los últimos años. Igualmente, por los dramáticos cambios en la situación internacional del último cuarto de siglo y en las formas en que Cuba se relaciona con el mundo. La sociedad cubana de hoy, además, es mucho más culta, diversa y compleja que la de hace medio siglo y ello hace necesario un marco constitucional más inclusivo que lo refleje.

El PCC y el gobierno cubanos le conceden una gran importancia a la elaboración de lo que será la brújula que guíe jurídica y políticamente la normatividad legal del país durante décadas. De tal manera que el Consejo de Estado decidió iniciar ya el proceso de reforma constitucional y, como primer paso, crear una comisión de la ANPP que se encargue de esa encomienda, razón por la que la presidencia del cuerpo legislativo convocó a una sesión extraordinaria para elegirla. En ella, el presidente Miguel Díaz-Canel, en nombre del Consejo de Estado propuso al plenario de diputados que sea Raúl Castro, quien en su condición de líder de la Revolución y primer secretario del PCC la presida. El plenario aprobó los 33 miembros que integrarán la comisión, entre ellos  el propio Díaz-Canel como su vicepresidente; José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del PCC, los líderes de todas las organizaciones de masa, estudiantiles y juveniles, así como de los escritores y artistas y un grupo de diputados, entre ellos juristas y constitucionalistas, que ya habían venido trabajando, por decisión del Buró Político del PCC en los estudios previos para llegar a este paso. 

Diaz-Canel dejó muy claro que los enunciados de la nueva Constitución tendrán en cuenta “los principios de justicia social y humanistas que configuran nuestro sistema político” y considerar como “pilares inconmovibles la irrevocabilidad del sistema socialista”; y, “ahora más que nunca”, “la unidad del pueblo” y el papel dirigente del PCC como “vanguardia organizada y fuerza dirigente superior” de la sociedad y el Estado.  También enumeró como tareas de la comisión el evaluar cuestiones que requieren su inclusión en la nueva carta magna como aquellas derivadas de las experiencias cubanas en la construcción del socialismo, el estudio de los procesos constitucionales desarrollados en diversos países, así como profundizar en la historia y tradición constitucional de la isla.

La encomienda central de la comisión es la redacción de un anteproyecto de Constitución que será sometido a una amplia consulta popular. En ella, el pueblo devendrá cuerpo constituyente a lo largo y ancho del país en todas las comunidades, centros de trabajo, planteles educacionales y unidades militares y del ministerio del interior. Una vez concluya esa fase, se procederá a incorporar al texto las propuestas de la ciudadanía, que en una nueva fase será sometida a la aprobación de la ANPP. Finalmente, el documento retornará, ahora en calidad de proyecto, a la ciudadanía, que será quien le dé su aprobación final en un referendo constitucional. A este respecto, Raúl señaló que esta será “una de las tareas más intensas por su contenido, y gigantesca porque moverá al país”. Citó la consulta popular realizada en 2010 sobre los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución, como un referente para el desarrollo del movimiento que se inicia.

Democracia singular la cubana, que debe desenvolverse con la daga del bloqueo reforzado al cuello y de la insolente hostilidad de Washington.

Twitter:@aguerraguerra

Marcos Rosennman Roitman

En España ocurren cosas inexplicables. Los expedientes X de la política se acumulan. La hasta ahora intocable Constitución, ejemplo de consenso para sus impulsores, se rompe en beneficio de un pacto artero entre el PSOE y el PP con la complicidad de Unión del Pueblo Navarro. Los mismos partidos que hasta hace unos días se negaban a modificar la ley sálica que impide el acceso de una mujer al trono de España, hoy, de prisa y corriendo, chapucera y dejando fuera a 75 por ciento de los partidos con representación parlamentaria, modifican su artículo 135, cuya nueva redacción pone límite a la capacidad de endeudamiento público, bajo el paraguas de conseguir la estabilidad presupuestaria. Según sus promotores, se hace para sanear la economía, disminuir el déficit fiscal y tranquilizar a los mercados. Dicen, es el principio de solución a la crisis y el nacimiento de una nueva era de progreso y crecimiento económico para España. ¡Vamos! La panacea. Y si no lo es, seguro nos pone en el buen camino.

Era una decisión difícil, pero había que ser responsables con los banqueros, el capital financiero y las trasnacionales. Ellos se lo agradecen y nunca olvidarán el detalle. Además no hay motivo para el pesimismo. La población no verá disminuir las prestaciones sociales. Quienes lo plantean buscan sembrar el desconcierto. Los ciudadanos estarán a cubierto. Los recortes presupuestarios, anunciados por agoreros y mal intencionados en sanidad, educación, vivienda social o infraestructuras, son parte de una campaña de intoxicación mediática de izquierdistas y los indignados del 15-M. No hay motivo de alarma. Los cerebros grises de la reforma son unos magos de las finanzas, y no debemos dudar de su palabra, recordemos que hablamos de honorables parlamentarios entre los cuales se encuentra el jefe de la oposición y mismísimo presidente Rodríguez Zapatero con sus ministros.

Fue una imagen obscena ver en el Congreso, minutos antes de la votación, los corrillos formados por los gerifaltes del PSOE y PP intentando conseguir el voto del grupo parlamentario catalán. Les prometieron el oro y el moro y sólo el veto de IU, a la transicional propuesta por los catalanes, frenó el acuerdo de marras. Ahora, el culpable del desaguisado es Gaspar Llamazares. por su culpa no se pudo maquillar la felonía. A pesar de todo, ellos tienen la razón y han dicho la verdad. Son gente de palabra. Lo que no sabemos es ¿cual palabra? La dada hace un año, un mes, una semana, unos días, ayer, hoy mismo. No importa siempre se desdicen. Donde dije digo, digo Diego. No hace falta ser muy avispado para saber que la violarán en cuanto puedan.

Si antes del acuerdo se puso en marcha el plan de estabilidad presupuestaria en las autonomías gobernada por el PP y la derecha catalana, ahora se encuentran legitimados para continuar el camino. En Castilla la Mancha, los recortes para 2012 llegan a 20 por ciento del presupuesto y afectan a todo el sistema básico de prestaciones sociales. En Cataluña, y bajo el pretexto de sanear la hacienda pública, el gobierno de Convergencia y Unión ha clausurado, sólo en Tarragona, el servicio de urgencia nocturno de 54 centros de salud, al tiempo que cierra definitivamente otros 60 centros de salud diurnos. ¡Por suerte no se tocaría la sanidad pública! Palabra dada en la campaña electoral. En Madrid, el PP despide a más de mil profesores interinos y obliga a dictar dos horas más de clase por docente, incrementando, al mismo tiempo, la ratio profesor alumno y eliminando horas de atención al alumno y tutorías con los padres. Eso sí, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, del PP, en un acto de felonía, declara que los maestros trabajan menos que cualquier otro trabajador de la comunidad, enfrentando a los profesores con la opinión pública y confundiendo deliberadamente horas de docencia con jornada laboral, cifrada para el colectivo en 37 horas y media. Los recortes no son pocos. En los ayuntamientos desaparecen actividades que eran una factor de cohesión social. Son los cursos de fotografía, pintura, gimnasia rítmica, cerámica, idiomas, yoga o visitas guiadas para la tercera edad, entre otras. También se limitan los gastos para remozar las instalaciones, con el consiguiente deterioro en el medio y largo plazo. Se despiden a conserjes, vigilantes y tutores. Igualmente se recortan los horarios de atención al público en las bibliotecas municipales. Suma y sigue. En sanidad se privatiza y cierran centros de salud comunitarios. El tijeretazo en las subvenciones a centros que luchan contra la drogadicción, la violencia juvenil y de género supone echar cerrojo al cierre de muchas instituciones que realizaban una labor social que hoy queda al pairo. Se venden inmuebles y se externalizan los servicios esenciales. Y en las ofertas de empleo público, se decide postergar su convocatoria sine die. Menos médicos, enfermeras, celadores, administrativos, profesores. En contrapartida los sueldos y salarios de los trabajadores se congelan como una medida solidaria para pagar los excesos de los mercados.