Recientes debates en entre foristas de este blog me han hecho regresar a este texto de Carlos Fernández Liria, escrito hace más de una década pero de ceciente actualidad. 

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes. Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”. El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar. Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (⁴ ). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

Texto completo en A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración ey el socialismo.  

Hace más de diez años, luego de un viaje a Cuba, el filósofo español Carlos Fernández Liria escribió un ensayo con el título “A quien corresponda. Sobre Cuba, la ilustración y el socialismo” del que tomo este fragmento a propósito del recién pasado Día Mundial de los Derechos Humanos. 

Intentaré, pues, centrarme en anécdotas y detalles empíricos que llamen la atención –al fin y al cabo, algunos ya nos hemos pasado media vida negociando con razones para hablar de Cuba.

Por ejemplo, un detalle pintoresco: los dientes de la gente. En Cuba, llama poderosamente la atención que su población, casi sin excepción, tiene los dientes sanos. Probablemente algo más sanos que en España, pero, para alguien que, como yo, ha vivido en Chiapas, El Cairo o Túnez y ha viajado por muchos otros países del Tercer mundo, el ver dentaduras cuidadosamente empastadas y vigiladas por un dentista, resulta impactante. Ocurre que el famoso mito de la sanidad cubana no es ningún mito.

He hablado con gente de todo tipo y de muy distintas cataduras y no he encontrado la menor reticencia hacia el sistema sanitario. Ni siquiera me han hablado de listas de espera. En comparación, la cobertura en sanidad del ciudadano medio en EEUU es, sin duda, tercermundista, y la española queda también muy a la zaga. Otra cosa que salta a la vista son los niños, “en la escuela y con zapatos” sin excepción. Ni un solo niño descalzo o mal vestido, ni uno solo pidiendo limosna, ninguno desnutrido.

Tanto se ha repetido que Cuba presenta uno de los índices de analfabetismo más bajos del planeta que la cosa parece propaganda. Ahora bien, es un milagro poco habitual esto de que en Cuba se pueda hacer propaganda diciendo la verdad. La población cubana es culta y está sana. Estos dos tópicos mil veces repetidos tienen la particularidad de que son ciertos. Y lo que se impone no es encogerse de hombros diciendo que eso ya lo sabe todo el mundo, que no hay que ir a Cuba para descubrirlo.

Muy al contrario, al llegar a Cuba sorprenden, ante todo, los efectos empíricos tan poderosos que tiene eso de que la población sea culta y esté sana. ¡Hay que verlo para creerlo! Aquí, la evidencia empírica tiene la virtualidad de corregir muy eficazmente algunos malos planteamientos del problema.

Por ejemplo, ese de que si bien “nadie pone en duda los logros en sanidad y educación”, eso no disculpa la ausencia de democracia y de participación ciudadana, la falta de libertad de expresión, la militarización ideológica de las conciencias, etc. Se trata de un mal planteamiento que suele enmascarar el hecho de que la salud y la educación tienen mucho que ver con la democracia y la libertad, porque son, en realidad, su presupuesto imprescindible.

La salud y la educación son el principal activo del que un pueblo puede disponer para la práctica de la democracia, aunque es verdad que uno no suele darse cuenta de ello hasta que no se da empíricamente de narices con evidencias como la realidad cubana. Lo importante es que es muy difícil cerrar la boca a un pueblo sano y educado. Ya que estamos hablando de impresiones empíricas: en Cuba no llama la atención la ausencia de democracia, sino todo lo contrario; uno tiene la sensación de vislumbrar, más bien, lo que podría ser un ejercicio democrático efectivo y regular. Más que nada, por lo culta que es la gente y por lo muy acostumbrada que está a argumentar y ver argumentar… incluso, por cierto, a su Jefe de Estado, cosa, desde luego, que se ve muy raramente en este mundo. No creo que haya habido en la historia muchas otras sociedades en las que el espacio político y la argumentación estén tan vinculadas como en Cuba.

Los ciudadanos de nuestras democracias parlamentarias, por ejemplo, no se representan –y con toda la razón- al Parlamento como un espacio para la argumentación y la contrargumentación, sino como un espacio para la negociación de intereses entre distintas facciones de una casta especial, la de los políticos, que es, a su vez, una especie de correa de transmisión de grandes corporaciones económicas que dirimen en el espacio político sus correlaciones de fuerzas, de las cuales depende, en realidad, todo lo verdaderamente importante. De ahí que, excepto en casos muy puntuales, la población no espera de sus representantes políticos que razonen, sino más bien que defiendan con éxito determinados intereses específicos.

Por supuesto que, para ello, es mucho más fundamental la propaganda que la persuasión racional, y así lo entiende todo el mundo en cada campaña electoral. En Cuba, por el contrario, se vincula instintivamente el espacio político con un espacio para la argumentación (incluso cuando se espera que, en último término, salga Fidel y explique lo que ha pasado). Y como lo que se espera encontrar ahí, en la política, son argumentos, resulta que, contra lo que suele creerse, la penetración del adoctrinamiento ideológico en la conciencia de la ciudadanía cubana es mínima. Al fin y al cabo, la Ilustración tenía razón en eso: una mente acostumbrada a razonar es una mente mayor de edad, que acepta difícilmente la sumisión ideológica.

En comparación con Cuba nosotros estamos acostumbrados a niveles de Ilustración de muy baja intensidad, en los que las posibilidades de control ideológico son mucho más creíbles. Se dicen cosas como que el apoyo de la población cubana a Fidel Castro no resulta más significativo ni relevante que el apoyo al franquismo que indudablemente caracterizó a una mayoría del pueblo español en los años sesenta. Hace falta sumergirse en la madurez cultural de la población cubana para advertir el absurdo de esta comparación.

La atmósfera de la ciudadanía cubana es increíblemente transparente. En comparación con ella, los ciudadanos europeos respiramos un aire público muy cargado ideológicamente, viciado hasta límites sofocantes. La ausencia de razonamientos políticos, entre nosotros, viene a ser ocupada por una sobrecarga de tejemanejes ideológicos –aquel “macizo ideológico” del que hablara Althusser- que sumen al ciudadano en una especie de minoría de edad inducida. No se ha reflexionado lo suficiente, por ejemplo, sobre el hecho de que las calles y la televisión cubanas están limpias de publicidad.

En realidad, esta es una de las cosas que más llaman la atención, como si en Cuba uno estuviera sometido a un fenómeno acústico paranormal. Se tiene la sensación de que en Cuba reina un misterioso y enigmático silencio. Se dirá lo que se quiera, pero ese silencio no puede ser malo para la inteligencia; y de hecho, frente al contraste cubano, uno se pregunta alarmado cuánto daño hará a nuestra inteligencia ese bombardeo publicitario tan inusitadamente infantil y ridículo al que estamos sometidos desde que nacemos en los países capitalistas.

El vocerío ideológico en el que se educan nuestras conciencias actúa muy eficazmente como una especie de escuela invertida, generadora de minoría de edad y deficiencia mental. Y es precisamente por eso por lo que la sociedad cubana nos parece, a nosotros, una sociedad adoctrinada. No estamos acostumbrados a ver circular razones en el espacio público, porque no estamos acostumbrados a una ciudadanía mayor de edad, de modo que toda argumentación nos parece paternalista. Es increíble, por no decir de risa, lo fácilmente que hemos caído en la trampa de asociar el ejercicio de la razón a un lavado de cerebro.

Por lo visto, de una mente vapuleada por la publicidad y la televisión basura, se puede esperar que, de natural, razone madura y críticamente; mientras que de una mente esculpida por razonamientos sólo puede esperarse sumisión. Ya no hay tanta gente que lea el Reader Digest, pero el viejo tópico sigue resultando eficaz.

Y, sin embargo, las cosas son exactamente al revés: el adoctrinamiento político, en Cuba, no tiene muchos más instrumentos para la penetración ideológica que la solidez de las argumentaciones. Sin duda se trata de un caso único en la historia de la humanidad, aunque tenga sus precedentes (el laicismo republicano francés, aunque mucho más viciado y pervertido, arranca, en sus orígenes, de una situación muy semejante). Un poder obligado a convencer a sus ciudadanos. Eso es lo que nosotros creemos que tenemos, pero no es verdad.

En el fondo, sabemos que las corporaciones económicas que nos dominan no necesitan convencernos de nada, ya que nos tienen agarrados por los huevos. Y la clase política no tiene otra función que la de disimular esta cruda y cruel realidad con la apariencia de un cierto pluralismo. Naturalmente, este pluralismo aparente no puede permitirse argumentaciones, puesto que, en realidad, no tiene nada sobre lo que argumentar -pues “el argumento” de la cosa ya lo dicta por ellos todos los días, a través de su ministro, Nuestra Señora Economía. De ahí que el mero hecho de intentar introducir algún argumento en nuestro espacio político sea mirado con desconfianza: es lo que en España podría llamarse el “síndrome de Anguita”. Se trata, en efecto, de un caso emblemático; Anguita intentó juntar la A con la B y se le acusó de aburrir al electorado con tediosos razonamientos escolares y, por supuesto, cómo no, se le acusó de aspiraciones totalitarias. Para evitar el totalitarismo, es lógico que la democracia se dote a sí misma de un espacio institucional en el que toda argumentación pueda ser contrargumentada.

Pero hace falta estar muy en la luna para pretender que eso es lo que tenemos en nuestros Parlamentos. Muy al contrario, en el Parlamento, un argumento sería como una bomba de relojería porque, tirando del hilo, podría romper el Velo de Maya y mostrar a las claras que, en una sociedad capitalista, no se trata jamás de razones, sino de intereses; que, en todo caso, hay que decir que la economía capitalista tiene siempre sus propias razones, suficiente número de razones y razones lo suficientemente poderosas como para que el juego de las razones (de los hombres) en el Parlamento pueda ser otra cosa que un entretenimiento supersticioso.

Viendo la forma encarnizada y rabiosa con la que todos los periodistas y políticos de este país perpetraban el linchamiento de Anguita, uno se preguntaba que qué habría hecho ese hombre de tan imperdonable, pareciendo como parecía tan inofensivo. ¡Parecía un maestro de escuela, así es que no cabe duda de que albergaba aspiraciones totalitarias! Así son las cosas. Escarmentados por la historia de un capitalismo que ha suplantado toda posibilidad de democracia, estamos tan desacostumbrados a ver argumentar en el Parlamento que cuando vemos a alguien esbozar un argumento sospechamos que tiene algo no contra el argumento contrario, sino contra el Parlamento mismo. Es así como argumentar se ha convertido en un signo de totalitarismo. No es extraño que Cuba, acostumbrada a razonamientos que han llegado a durar más de seis horas, aparezca así como una dictadura personal. Y, no obstante, habría mucho que reflexionar sobre el hecho de que en Cuba no hay, en absoluto, culto a la personalidad.

De hecho, casi da la impresión de que tal cosa estuviera prohibida, de tan difícil que es encontrar expuesta una foto de Fidel Castro (sin duda más difícil que encontrar aquí un retrato de nuestro Jefe de Estado) . Sea como sea, el socialismo cubano no ha contraído esa enfermedad ideológica que fue la seña de identidad de la URSS y de la China maoísta. Pero lo interesante es advertir que en Cuba, donde no hay revistas del corazón, ni familias reales, ni programas basura en la TV, uno se acuerda de pronto, por comparación, de hasta qué punto el culto a la personalidad es un cáncer que corroe también a la ciudadanía occidental. Recordando el abigarrado, chillón y obsceno culto a la personalidad que circula entre las masas y las élites de nuestras sociedades capitalistas desarrolladas, la relación del pueblo cubano con sus autoridades casi recuerda a un límpido diálogo socrático, en el que siempre son más importantes las razones que las personas.

En resumen, lo que quiero decir es que, por mucho que a uno le entren tentaciones de desconectar al oír hablar de los tan cansinamente cacareados logros educativos y sanitarios de Cuba, al experimentar en directo el resultado, uno se siente seducido por un espectáculo inigualable: choca muy vivamente encontrar un pueblo tan pobre y tan culto y tan sano al mismo tiempo. Esa inhabitual combinación proporciona la imagen arquetípica de lo que la Ilustración consideró una población digna y libre, una ciudadanía, en suma, mayor de edad.

Otros textos de Carlos Fernández Liria

*Fragmento del texto A QUIEN CORRESPONDA, sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo de Carlos Fernández Liria. 

Carlos Fernández Liria

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.

Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (² ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.

Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.

Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (⁵ ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.

Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.

Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.

Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.

Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.

Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.

La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.

La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.

El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.

Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.

Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.

1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.

*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla

Carlos Fernández Liria

Supongo que todos estaremos de acuerdo en que no basta con que la Constitución diga que hay Estado de Derecho para que admitamos que, en efecto, lo hay. Fundamentalmente, decimos que una sociedad está en Estado de Derecho cuando en ella hay una división de poderes, es decir, cuando el poder que legisla, el poder que juzga y el poder que gobierna son independientes entre sí, de modo que, por ejemplo, el gobierno puede ser llevado a los tribunales para ser juzgado con arreglo a unas leyes que no han hecho ni jueces ni gobernantes.

Pero esto es una cosa que decimos, igual que puede decirlo la Constitución. Lo difícil no es estar más o menos de acuerdo con esa definición. Lo difícil es averiguar lo que ponemos en juego para distinguir una sociedad que dice estar en estado de Derecho, de una sociedad que efectivamente lo esté. Así por ejemplo, en el 17 de abril de 1989, Pinochet declaró que Chile ya estaba lo suficientemente maduro para volver a ser un Estado de Derecho, que él ya había matado a suficientes marxistas, comunistas e izquierdistas y, que, por tanto, ya podían convocarse elecciones sin peligro de que ganaran las izquierdas, aunque, desde luego –advirtió-, “si gana una opción de izquierdas o se toca a uno solo de mis hombres, se acabó el Estado de Derecho”. El 17 de abril de 1989, por tanto, los medios de todo el planeta celebraron la vuelta de Chile a la democracia. Y, desde entonces, ha habido democracia y Estado de Derecho en Chile, ya que, puesto que no ha ganado las elecciones ninguna opción de izquierdas, no ha sido necesario volver a dar un golpe de Estado. En 1990 ganó Patricio Alwyn, un antiguo golpista democristiano y, cuando han ganado los socialistas, han seguido, como si tal cosa, haciendo lo que mandaba el FMI, porque durante los dieciséis años de dictadura ya aprendieron eso de que quien manda, manda, y que si no, ya se sabe, “se acabó el Estado de Derecho”.

El caso es que, puesto que se celebran elecciones y no ganan las izquierdas y por tanto no hay golpes de Estado, podemos decir que en Chile hay Estado de Derecho. Lo mismo ocurre en Colombia: durante estas últimas décadas, los paramilitares se han ocupado de matar a tiempo –a veces “justo a tiempo”, el día antes- a todos los que siendo de izquierdas podían ganar las elecciones, de modo que luego los comicios electorales se han podido celebrar sin sacar los tanques a la calle, a causa de lo cual podemos decir en nuestra prensa democrática que Colombia es una democracia y está más o menos en Estado de Derecho (al contrario, ya se sabe, que Cuba). En Haití dejó de haber Estado de Derecho en 1990, a causa de que, por abrumadora mayoría, había ganado las elecciones el peligroso cura izquierdista Aristide, que amenazó en seguida con subir el salario mínimo 20 centavos, por lo que, ante semejante fallo del sistema democrático, se hizo necesario dar un golpe de Estado, implantar una dictadura y matar a varios miles de personas, entre torturas horrorosas; como resulta que no se mató a los suficientes, en el 2000 volvió a ganar las elecciones Aristide, por lo que se hizo necesario otro golpe de Estado en julio de 2001, que, como fracasó, hizo necesario otro más, en diciembre de 2001, que fracasó también, por lo que se recurrió a bloquear todas las ayudas de Banco Interamericano de Desarrollo y todos los créditos del FMI, hundiendo la economía haitiana en un abismo sin fondo, y así hasta el golpe de Estado de este año 2004, que ha triunfado por fin, con la complicidad, por cierto de toda Europa; en cuanto se haya matado a todos los que tengan el propósito electoral de subir el salario mínimo de las Alpha Industries, en Haití se podrá restaurar, sin riesgo, el Estado de Derecho.

La historia de Latinoamérica está plagada de casos así. Pero, los paladines de la democracia y las libertades, como Mario Vargas Llosa, no ven nada raro en todo esto. Sin ir más lejos, aunque Chávez ganó en cuatro años ocho consultas electorales, a sus ojos y los de nuestra prensa democrática no ha cabido duda, en todo este tiempo, de que es un dictador -ya que es de izquierdas. Si hubiera triunfado el golpe “cívico-militar” del 2002, si se hubiera asesinado a Chávez y se hubieran exterminado a unas cuantas decenas de miles de bolivarianos, de modo que ya no se corrieran riesgos electorales, no cabe duda de que a los ojos de nuestros bienaventurados medios de comunicación se habría dejado a Venezuela bien madurita para la democracia y la división de poderes. De hecho, como se recordará, el golpe de Estado de abril del 2002 que colocó por 24 horas al jefe de la patronal en el poder, fue celebrado por El País, El mundo y todos las televisiones españolas y europeas como una “tranquila” “restauración de la democracia”.

Cuento todo esto que siempre suelo contar para que se vea que con semejantes criterios no hay manera de averiguar si las sociedades que dicen estar en Estado de Derecho realmente lo están, de modo que habrá que poner manos a la obra para buscar otro criterio, al menos si no queremos estar hablando por hablar (aunque bien es verdad que es una actividad bastante bien pagada en el Grupo PRISA, en tanto resulte eficaz para impedir que se hable de lo que hay que hablar). En España, por ejemplo, la última vez que ganó una opción electoral lo suficientemente de izquierdas como para molestar un poco a los Botín y los March, fue en 1936, y el desliz se pagó tan caro como todos sabemos. Lo mismo pasó en Grecia (1967). Y en Italia no pasó, porque EEUU ya se encargó de advertir que como pasara invadirían el país. Uno no se puede cansar de repetir que, en toda la historia del siglo XX no ha habido ni una sola vez en que una opción electoral de izquierdas haya podido intervenir en los asuntos del capital sin que el experimento no haya sido corregido por un pinochetazo.

Así ha sido nuestro tan cacareado Estado de Derecho: un Estado de Derecho en el que las izquierdas jamás han tenido derecho a ganar las elecciones. Las izquierdas han tenido derecho -como lo tienen, por ejemplo, hoy día en toda Europa- a intentar ganar las elecciones, eso sí. Pero no a ganarlas, porque entonces se monta la de Dios y “se acabó el Estado de Derecho”. Esto es una cosa que la historia del siglo XX ha grabado en el alma de los votantes con sangre y con fuego: si se quiere que haya democracia y Estado de Derecho, hay que votar a las derechas. También se puede votar a las izquierdas que hagan políticas de derechas. Pero no a las izquierdas que hagan políticas de izquierdas. Así pues, no es que las izquierdas de izquierda se hayan empeñado en ser revolucionarias. De ninguna manera. Es que no se les ha dejado, jamás, otra opción. La opción no ha sido nunca, o Castro o Allende, la opción ha sido o Castro vivo o Allende muerto.

Mirando el siglo XX a lo largo, resulta que a lo que hemos llamado Estado de Derecho no es exactamente a lo que antes definimos como tal, sino más bien a ese paréntesis entre dos golpes de Estado en el que el capital se puede permitir convocar elecciones porque no hay posibilidad de que ganen las izquierdas (suficientemente diezmadas en el golpe anterior: así por ejemplo, en España, para poder gozar de 25 años de democracia que llevamos por ahora, tuvimos que tener 40 de dictadura para purgar las malas hierbas).

Así pues, es de lo más interesante investigar qué diablos es lo que estamos diciendo cuando decimos que en España hay Estado de Derecho y en Cuba no. Porque, en efecto, algo decimos, de todos modos. ¿En dónde reside la fuente de las evidencias empíricas que convierten a los países europeos en Estados de Derecho y a Cuba, en cambio, no? Para dar con alguna evidencia empírica, pensemos, por ejemplo, en lugar de en Vargas Llosa, en ciertos izquierdistas, críticos del castrismo como el que más: “yo, en Cuba, estaría en la cárcel”, suelen argumentar. Yo no estaría tan seguro, pero, vete a saber. Lo interesante, sin embargo, es empezar por reflexionar por qué no están en la cárcel en España y por qué sí lo habrían estado en el Chile de Pinochet. ¿Será porque Chile era una dictadura y España no lo es? ¿O no será más bien al revés, invirtiendo causas y efectos? ¿No será que Chile fue una dictadura porque había que meter en la cárcel a cierta gente? ¿No será que para impedir que las izquierdistas ganaran las elecciones, era necesario que Chile fuera una dictadura y España, en cambio, donde las izquierdas no pueden ganarlas o son tan de derechas como la derecha, no es necesario recurrir a métodos tan contundentes? ¿Para qué meter en la cárcel a los cuatro imbéciles de izquierdas que quedan por ahí haciendo el payaso en Internet? Supongo que se advierte que es muy distinto plantear las cosas de una manera que de otra. En nuestros benditos Estados de Derecho no se nos mete en la cárcel no porque sean Estados de Derecho, sino porque somos inofensivos. Si algún día dejáramos de serlo, se nos arrancaría la piel a tiras. Bastaría con que tuviéramos alguna posibilidad de ganar las elecciones y cumplir, por ejemplo, con nuestra promesa electoral de nacionalizar la banca, para que acabáramos enterrados en cal viva (y no sólo nosotros sino todos los que tuvieran cara de querer subir un centavo el salario mínimo, que así se empieza y no se sabe cómo se acaba).

Si aquí no se mete en la cárcel a ese tal Fulano de tal que siendo tan izquierdista está tan convencido de que “en la dictadura castrista” estaría en la cárcel, seguro que no es porque en España haya libertad de expresión, sino porque seguro que ese Fulano de tal no tiene aquí ninguna posibilidad de hacerse oír ni de influir en nada que tenga importancia. Si un directivo loco pusiera en las manos de ese Fulano la sección de economía del Telediario, le despedirían al día siguiente. Y si entonces bajara un dios de los cielos para hacerle director vitalicio de los Informativos, y él pretendiera seguir siendo tan izquierdista como siempre había sido en esta bendita democracia, a las veinticuatro horas le habrían pegado un tiro en la nuca. Pero nunca es necesario llegar a esos extremos. Normalmente ni siquiera es necesaria la censura. Pero no porque haya libertad de expresión, no. Nadie niega que haya libertad de expresión, pero si no hay censura no es porque haya libertad de expresión: es, más bien, porque todos los periodistas a los que habría que censurar (con la consiguiente merma de la libertad de expresión) están en el puto paro. Es como una vez que me decía un periodista de El País que a él jamás le habían censurado ni le habían llamado de dirección para indicarle lo que tenía que decir. Resultará increíble, pero ni por un momento se le pasaba por la cabeza que era precisamente por eso, por lo muy espontáneamente que su libertad de expresión encajaba con la línea editorial de El País (que ni había que llamarle la atención, oye), por lo que había sido contratado y por lo que no se le ponía de patitas en la calle. Más cómicos aún son los periodistas en paro que siguen creyendo en la libertad de expresión porque nada ni nadie les impide decir lo que quieran en la página web que leen sus amigos.

¿Alguna vez nos hemos preguntado en serio por qué en las democracias europeas o en los EEUU no hay (casi) presos políticos? No hay presos políticos no porque haya libertades políticas, sino porque la política no tiene la menor posibilidad de intervenir en el curso de la realidad. Vivimos en una sociedad hasta tal punto chantajeada por sus estructuras económicas, que se puede permitir el lujo de ser todo lo democrática que quiera, ya que, de todos modos, ninguna intervención democrática tiene ninguna posibilidad de prosperar (² ). Ahí donde la palabra no tiene ninguna posibilidad de intervenir en el curso de las cosas, ¿por qué no decretar la libertad de expresión más absoluta? Ahí donde las asociaciones que no tengan un millón de euros de capital son absolutamente impotentes, ¿por qué no decretar la libertad de asociación y de reunión, el pluripartidismo y su puta madre? Está bien eso de decretar la libertad de prensa en una sociedad como ésta; al noventa y cinco por ciento de los ciudadanos nos tranquiliza de la hostia saber que si tuviéramos tanto dinero como Polanco nada nos impediría decir lo que nos diera la gana en El País o en El Mundo o en El AntiGlobo que decidiéramos fundar. ¿Pero de veras creemos que es así? ¿De verdad pensamos que si tuviéramos tanto dinero como Polanco podríamos ser comunistas en un medio de comunicación que no fuera irrelevante? ¡Vamos, hombre, nada de eso! Si eso fuera así, si los comunistas pudieran tener un imperio mediático (porque, por ejemplo, Georges Soros hubiera tenido el capricho de nombrarles herederos), se prohibiría la libertad de prensa de inmediato, se metería en la cárcel a todos los que abrieran la boca y se les arrancaría con alicates las uñas de los pies. Nunca ha sido de otra forma; eso es lo que ha ocurrido sin excepción cada vez que la izquierda ha tenido, además de la libertad de palabra, la posibilidad de hacerse oír.

De todos modos, su actitud siempre será admirable, comparada con la que pusieron en práctica en las legislaturas del PSOE cuando, al ver que no podían hacer la política de izquierdas para la que habían sido votados, se pusieron, sin más a hacerla de derechas, como Dios manda.

Perra vida ésta en la que nunca ha habido libertades políticas más que bajo la condición de que esas libertades fueran impotentes. En Cuba, por ejemplo, hay, eso es verdad, pocas libertades políticas. Es obvio por qué es así: porque en Cuba las libertades políticas no serían impotentes; por el contrario tendrían unos efectos espectaculares y algunos de ellos, por cierto –como suele pasar en los países en guerra y Cuba lo está-, corrosivos y suicidas.

Así pues, conviene ordenar la cuestión para ver cómo se pueden hacer las comparaciones de manera que tengan sentido. Mientras no se haga este esfuerzo, todas las conversaciones y discusiones sobre Cuba están destinadas a dar vueltas sobre tópicos, estupideces y supercherías. Lo que se suele decir es que en los países capitalistas, así de media, hay muchas libertades (y poca Sanidad y Educación), mientras que en Cuba hay mucha Sanidad y Educación, pero pocas libertades. Pues no, se trata de una simetría mal montada. Lo que tenemos, por un lado, es que, bajo el capitalismo, hay muchas libertades porque el capitalismo mismo garantiza que no será posible hacer nada de importancia con ellas: las libertades no cotizan en Bolsa y, por tanto, el Ministro de Economía no tiene por qué tenerlas muy en cuenta a la hora de explicar al consejo de ministros lo que se puede y no se puede hacer. Y, por el otro lado, en Cuba, hay pocas libertades porque incluso las pocas que hay tienen efectos muy relevantes de los que sería largo hablar.

Pero que conste que no hemos entrado para nada en el tema de si en Cuba hay o no algo parecido a un Estado de Derecho y que soy muy consciente de ello. Me limito a señalar que, si no queremos decir tonterías, a la hora de explicar por qué no hay Estado de Derecho en Cuba conviene que dejemos claro qué es lo que estamos diciendo cuando decimos que sí lo hay, por ejemplo, en España. O mejor, la cuestión resulta aún más llamativa en abstracto: ¿cómo consideramos que una realidad social está “en Estado de Derecho”? ¿Qué entendemos por eso? Existen, al menos, dos posibilidades:

Una. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra del Derecho. (Las cosas “pasan así” porque el derecho exige que pasen así)

Dos. Constatando que se da una coincidencia entre la realidad y el Derecho que es obra de la realidad. (Las cosas “pasan así” y a veces coinciden con lo que exige el Derecho y a veces no, así es que, a la parte en la que se da la coincidencia, la llamamos Estado de Derecho y a la otra la consideramos, por ejemplo, en “vías de desarrollo o de madurez”)

Es importante reparar en el hecho de que sólo la primera posibilidad tiene algo que ver con lo que la Ilustración llamó Estado de Derecho. Y lo más importante es reparar en que nosotros, los que decimos que representamos la punta de lanza del Estado de Derecho en este mundo, desde Bush y Aznar a Uribe y Blair, consistimos en estar siempre en la posibilidad Dos y decir que estamos en la Uno. Esta es nuestra gran mentira, en la que colaboran a diario todos nuestros periodistas (que no están en paro) y la mayor parte de nuestros intelectuales.

La cosa se entenderá rápidamente con un ejemplo. Uno puede hacer un recorrido turístico por los barrios residenciales del norte de Madrid, sin sentir en ningún momento que el curso de las cosas se estrelle o se dé de bofetadas contra el Derecho. Son barrios habitados por gente culta y de clase media alta o alta a secas; en ellos nadie encuentra ningún motivo para violar la ley si por violar la ley se entienden cosas como robar en un supermercado, atracar un banco, trapichear con heroína, en fin, ese tipo de cosas por el que la gente acaba en la cárcel (³ ). En estos barrios, los policías son unos señores que, más que nada, cuando se te pierde el niño te lo traen de la mano con una piruleta para que no llore. Los policías son la instancia que vela por esa milagrosa coincidencia entre cotidianeidad y derecho a la que llamamos ciudadanía. Es en sitios así donde se respira eso a lo que llamamos “Estado de Derecho”; la mejor prueba de ello es que todo el mundo tiene la sensación de que la Ley no está ahí para reprimir su libertad, sino para garantizar sus derechos. Las cosas se mueven con arreglo a derecho, y el derecho se lleva bien con el moverse de las cosas, de tal modo que no tiene que estar todo el tiempo vigilando, reprimiendo, castigando, disciplinando, regañando, interviniendo, en fin, en los asuntos humanos. ¿Cómo no considerar entonces que esos “asuntos humanos” han alcanzado un estatus al que hay que llamar, como quiso siempre el pensamiento ilustrado, mayoría de edad, madurez ciudadana, civilización e Ilustración?

Más o menos, el 15 % de la población mundial es mayor de edad en este sentido. Se trata de un 15 % para el que el curso de sus asuntos no entra en conflicto, sino todo lo contrario, con las exigencias de la razón y del derecho.

Ahora bien, lo verdaderamente ilustrado sería que esta coincidencia entre realidad y derecho se debiera a la capacidad del derecho para actuar sobre la realidad, para educar y enderezar el curso de los asuntos humanos y que, por tanto, el milagro por el que en La Moraleja nadie atraca bancos ni trafica con heroína ni roba en los supermercados (ni los policías pegan palizas si no que llevan piruletas), que todo eso se debiera a la exquisita educación racional de sus ciudadanos o a las virtudes incontestables del régimen político español, y no, como es obvio, a que es absurdo robar un banco del que eres propietario o dar instrucciones a tu criada para que te robe el desodorante al hacer la compra en el supermercado. En La Moraleja, la realidad y el derecho coinciden por la sencilla razón de que ahí no hay motivo alguno para violar la ley. Es una tontería robar cuando te puedes permitir el lujo de pagar. Pero, claro, sería chocante que los vecinos de La Moraleja argumentaran que si a los vecinos de San Blas o del Piti se les suele pillar más a menudo que a ellos robando coches y atracando bancos es porque han recibido peor educación o porque han asumido más torpemente las virtudes de la división de poderes plasmada en el ordenamiento constitucional español.

Sin embargo, por ridículo que resulte ese argumento es exactamente el mismo que utilizamos para considerar que los países europeos o los EEUU están en Estado de Derecho. Es, sin duda, cierto que, entre nosotros, el curso de la realidad no viola demasiado las exigencias de la ley. Pero eso no ocurre en absoluto porque la ley haya encontrado, a través de nuestros inigualables ordenamientos constitucionales, procedimientos adultos y liberales para hacerse respetar y obedecer, sino porque, en una situación económicamente bastante privilegiada, la realidad no tiene mucha necesidad de contradecir lo exigido legalmente. Es el curso de la realidad ─tres siglos de colonialismo, dos guerras mundiales, instituciones económicas y militares tan poderosas como el Banco Mundial o la OTAN, etc.─ el que nos ha puesto en la situación de una casual coincidencia con las exigencias racionales; en absoluto se ha debido a un procedimiento exitoso de la razón o a la eficacia de un modelo político recomendable. Si tuviéramos que explicar a un ama de casa venezolana cómo se llega a ser ciudadana de la Moraleja, o del Estado de Derecho, sería absurdo proponerle un estudio concienzudo de las Constituciones europeas. En la Moraleja, simplemente, se nace con menos ganas de violar la ley que en un suburbio de Caracas. O al menos, se tienen muchas menos posibilidades de que el arte de ganarse el pan de cada día entre en conflicto con el Derecho, es decir, con la policía.

Tras la guerra del Golfo de 1991, Arabia Saudí entregó a Egipto, en concepto de “ayuda humanitaria”, un millón de coranes. Era obvio: si los egipcios querían ser tan ricos como los sauditas, lo que tenían que hacer era respetar tanto como ellos los preceptos del Islam, así es que, en lugar de mandarles pan o petróleo, les mandaron coranes. Igualito igualito es lo que hacemos nosotros cuando nos paseamos por el mundo dando lecciones de Democracia y Estado de Derecho desde nuestras tribunas de opinión. Si los habitantes de las favelas de Río y de los suburbios de Bogotá quieren sentirse ciudadanos, si quieren sentir tan vivamente como si estuvieran en La Moraleja que la policía está ahí para proteger los derechos de la gente y para traer a casa a los niños que se pierden en los centros comerciales, lo que tienen que hacer es aprender de nuestros sistemas constitucionales. ¡No de nuestra historia de genocidios, matanzas y expolios, no! ¡No de nuestros privilegios económicos! ¡De nuestras constituciones, que dan un resultado bárbaro, y gracias a las cuales no cabe duda de que somos todo lo que somos!

Es repugnante la manera en que, en una especie de ritual supersticioso, celebramos todos los días como obra del Derecho lo que en realidad nos han regalado el Mercado y la Historia. Repugnante, pero eficaz. Porque así, utilizando esa misma confusión, podemos recomendar a los demás que, si quieren Derecho, dejen pasar a la Historia y obrar al Mercado. Así es este mundo, en el que el Estado de Derecho no lo trae el Derecho, sino el capital. Flexibilizar el mundo para las necesidades del capital tiene que ser, forzosamente, la mejor manera de extender el Derecho. No importa que toda la historia del siglo XX haya demostrado lo contrario. Los capitalistas de los países capitalistas no se llevan mal con el Derecho, viven en Estado de Derecho, como prueba el hecho de que nunca van a parar a la cárcel. Es más, cuanto más capitalista eres, menos problemas tienes con el Derecho ¿o alguien se imagina a Georges Soros atracando un estanco? Claro que a algunos se nos ocurren siempre maneras de exprimir el Derecho mediante el desarrollo legislativo de ciertos artículos capaces de meter en la cárcel a gente como ésa; pero no hay cuidado, no estamos a punto de ganar las elecciones y si lo estuviéramos, sería tonto pensar que serían ellos y no nosotros los primeros en visitar la cárcel. En tales condiciones, extender el capitalismo o extender el Derecho es prácticamente lo mismo, y si en el reparto final, algunos países en Estado de Derecho, como, por ejemplo, Guatemala, acaban siendo pobres como ratas, pues será, por tanto, porque no tenían derecho a ser ricos. Quizás les faltó iniciativa, trabajo, ahorro, quizás fue debido a la corrupción, o quizás esas gentes no se estudiaron bien nuestros ordenamientos constitucionales y cometieron algún fallo al aplicarlos. ¡Así razona hasta sus ultimas consecuencias una intelectualidad que ha sido capaz nada menos que de soportar a un Rorty!

La cruda verdad es que como nuestra sociedad “en estado de derecho” no ha sido obra ni de la razón ni de la ley, es inútil pretender extenderla por el mundo a base de leyes y de razones. Sin embargo, igual que los pastores de Belén debieron sentirse la mar de satisfechos al contemplar que la razón y la carne –según dicen- coincidían en un recién nacido (cuando pasó eso de que “el logos se hizo carne” que contaba San Juan), la satisfacción que nos produce a nosotros asistir a ese milagro sin igual de la democracia constitucional y la división de poderes, la enorme satisfacción que nos produce el contemplar cómo, día tras día, el curso cotidiano de las cosas y las exigencias del derecho coinciden en La Moraleja, en el Club de Golf del Pardo y en la punta de la polla de Emilio Botín, toda esa satisfacción ante tamaña buena nueva, nos empuja a predicarla por el mundo, cantando las alabanzas de la democracia y la libertad. Resulta un poco ingenuo pensar que eso vaya a levantar las monedas de Argentina, México, Egipto o Senegal, pero qué más da. Nosotros a lo nuestro: mientras se predica en el desierto la buena nueva, lo que efectivamente hacemos es cerrar las fronteras, legislar extranjerías, edificar murallas y fortalezas en las que conservar inmaculada nuestra feliz coincidencia con las exigencias del Derecho. Puesto que es en La Moraleja y no en San Blas o en Getafe donde coinciden de natural la realidad y el derecho, lo lógico es preservar ese bendito lugar de toda contaminación exterior. De este modo, La Moraleja que representa el 15 % de la población mundial se ha encerrado en una fortaleza inexpugnable, a la espera de que los 4.000 millones de personas que, en el exterior, subsisten con menos de dos dólares diarios, terminen de estudiarse la Constitución y aprendan a ser ciudadanos mayores de edad respetuosos de la división de poderes, la libertad de expresión, el pluripartidismo y todo eso. Aunque Oriana Fallaci ya nos ha advertido que esa gente, por mucho que estudie, no tiene remedio… Quizás algún día haya que seguir su consejo (y el de Gabriel Albiac), convertir al 80 % del planeta en un campo de exterminio y gasear a toda esa gentuza. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta las proporciones de la tarea, sale más barato encerrarnos nosotros en La Moraleja y gasear el resto del planeta que llenarlo todo de prisiones y cámaras de gas. La verdad es que la tarea hace ya tiempo que se inició utilizando el arma de destrucción masiva más potente que haya conocido la humanidad: la economía capitalista. Hace ya mucho tiempo que –sin necesidad de leer a Hannah Arendt- dejó de ser un misterio cómo fue eso de que la población alemana conviviera normalmente con Auschwitz , sin hacerse demasiadas preguntas o sin que aflorara escrúpulo alguno que turbara su conciencia ciudadana: probablemente había, entre ellos, periodistas parecidos a los nuestros e intelectuales que cumplían el mismo papel que la plantilla de PRISA. Si esto es posible, nada tiene de extraño que fuera posible aquello.

El que haya una coincidencia entre cómo van las cosas y cómo exige el derecho que vayan no indica para nada que la cosa en cuestión esté en “estado de derecho”. Para que haya Estado de Derecho hace falta que las cosas estén en “estado de derecho” por obra del derecho (y no, por ejemplo, a consecuencia de haber construido un club de golf sobre el campo de una sangrienta batalla). A causa de todas las carnicerías de la historia, se han venido a constituir algunos recintos tan privilegiados que en ellos no queda ya motivo alguno para meterse en líos con la Ley, de tal modo que, siendo la Ley casi superflua no hay ningún problema en configurarla según todas las florituras de la división de poderes, las libertades, la seguridad jurídica y todo el resto de la cantinela. Pero, para que haya derecho a llamar Estado de Derecho a una realidad política, hace falta algo más; hace falta que el sistema político consista, precisamente, en conferir a las leyes la capacidad de modificar, influir o coartar el curso de las cosas. Y no vale decir, cada vez que el curso de las cosas coincide con lo que dicen las leyes que es porque las leyes han obrado o legislado así. En las condiciones capitalistas de producción el gobierno no está atado de pies y manos por la legislación vigente (como exigiría una sana mentalidad ilustrada que, además, remitiría esa legislación, en último término y a través de tribunales competentes, a la Declaración de los Derechos del Hombre); más bien está vendido e hipotecado de por vida a las necesidades de un sistema económico que respira a sus espaldas según designios propios, enfriándose y calentándose según ritmos febriles para los que no hay medicina política, para los que –como dicen siempre en Chicago- la política es muchas veces peor remedio que la propia enfermedad. En esas condiciones el poder económico es el que decide sobre el curso de las cosas y no lo hace precisamente consultando a políticos y jueces, sino, más bien al contrario, haciéndose consultar por ellos sobre el margen de actuación que les queda. El bienintencionado gobierno de Zapatero, por ejemplo, no ha podido aún ni bajar el IVA de los libros de texto y si logra legislar sobre el matrimonio de los homosexuales, será sólo en la medida en que el ministro de economía certifique que eso no será malo para la Bolsa. Resulta patético, pero de lo más esclarecedor, comprobar cómo algunas promesas electorales que parecían anecdóticas han sido ya declaradas imposibles de cumplir por el Ministro de Economía. Nuestro flamante Parlamento, nuestro poderoso gobierno constitucional, democrático y de derecho, respaldado por la soberanía popular y con el tajante veredicto de las urnas aún caliente ¡no ha podido reducir de doce a ocho el número de domingos que abren las Grandes Superficies Comerciales! Según parece, aunque eso sería obviamente muy bueno para los pequeños comerciantes que han hecho esa reivindicación (y a los que se les prometió contemplarla a cambio de su voto) y aunque nadie puede creer que eso fuera terrible para unas Multinacionales forradas hasta los dientes, Solbes ya ha advertido que sería muy malo para la Economía (1). Más claro el agua. Lo mismo pasó con el intento de reformar el impuesto sobre las plusvalías. ¿Y alguien espera alguna Ley que aborde de cara el problema de la vivienda? ¿Sería posible –no digo si conveniente o no, digo si sería posible- una Ley que expropiara todas las segundas viviendas, o al menos las terceras, o al menos las quintas? ¿O que, al menos, obligara a venderlas a un precio justo consensuado en un Parlamento? No, el ministerio de economía dicta lo que es posible y lo que no. Un precio justo tendría que ser un precio legislado y eso es incompatible con los precios de mercado que son la salud de nuestro sistema económico. Ya se ha dicho que, en el asunto de la vivienda, habrá que jugar con el difícil equilibrio de la oferta y la demanda. Quizás, por ejemplo, si se suben las hipotecas, haya menos demanda y bajen los precios… o algo de ese tipo.

Dos palabras, aún, para evitar posibles equívocos, que ya me sé lo que alguno estará pensando. Lo que no estoy pretendiendo decir es algo así como “¿que en Cuba no hay Estado de Derecho? ¿y dónde hay Estado de Derecho?”. No es que esté mal esa línea argumental, pero no es la que viene al caso. Estoy, más bien, intentando llamar la atención sobre el tipo de experimento teórico que sería pertinente para juzgar cuándo una realidad está en Estado de Derecho y cuándo no. Lo que no vale es pasearse por el mundo como hacen nuestros periodistas y comentaristas políticos plantando la medalla del Estado de Derecho, por una parte, a todas las realidades lo suficientemente privilegiadas para no tener que darse de bofetadas con la ley y, por otra parte, a todos los rincones del planeta en los que las libertades políticas son tan impotentes que ni siquiera hace falta reprimirlas. El experimento correcto para decidir sobre el nivel de Derecho en el que está una realidad social tiene que venir a preguntarse si las cosas estarían en otro estado sin el concurso del Derecho. Haría falta, en suma, algún experimento que pudiera mostrarnos en qué medida la Ley ha sido algo más que un papel mojado, en qué medida, en efecto, ha sido un límite del poder ejecutivo y un modelo capaz de conformar la realidad y corregir el curso histórico de las cosas.

Cuba es uno de esos experimentos. Una de las cosas que más llama la atención en Cuba es hasta qué punto –para nosotros insospechado- las leyes son ahí responsables de cómo van las cosas. No hay problema que en Cuba no pudieran remediar las leyes. Es precisamente por esa responsabilidad de la ley en la marcha de las cosas por lo que hay a quienes Cuba les parece una dictadura. Eso ocurre porque nosotros estamos acostumbrados a que la realidad coincida con la ley no por eficacia de la ley, sino por privilegio de la realidad. Es por lo que nosotros tampoco solemos pensar que las malas leyes sean responsables de cómo nos van las cosas y solemos confiar más en otros indicadores, como el estado de la Bolsa o el índice de inflación. No reconocemos ni certificamos un “estado de derecho” más que ahí donde el Derecho es superfluo. Lo mismo pasa con la Política. No reconocemos que haya libertades políticas más que ahí donde la política es impotente. De lo contrario, la política nos parece sospechosa, y su misteriosa eficacia síntoma de oscuras posibilidades totalitarias. Nos negamos a ver que la eficacia de la política (es verdad que característica del fascismo y el totalitarismo, pero, precisamente, porque el fascismo y el nacionalsocialismo fueron la opción política del capital para salvarse del capitalismo ahí donde el capitalismo ya no respetaba ni al capitalismo) es, antes que nada, el presupuesto elemental del pensamiento ilustrado y la base de todo sistema republicano y que es a partir de ahí y no antes desde donde cobra sentido la distinción entre dictadura y libertad. Es solamente ahí donde se ha vencido el totalitarismo de lo económico, donde se abre la posibilidad política de optar entre fascismo o democracia. Pero el gran truco ideológico del siglo XX ha sido el de poner por un lado lo político y lo estatal, presentándolo como lo potencialmente totalitario, y contraponerlo al mundo sin ley de la economía, ahí donde la política es impotente, como el espacio propio de la libertad. Es de este modo como se ha llegado a considerar evidente que no hay libertades políticas más que ahí donde no hay en absoluto política.

En Cuba no ocurre nada de esto. Ocurre más bien todo lo contrario. Una mala ley o una mala decisión política es capaz de hacer adelgazar a la gente a ojos vistas. Hasta tal punto Cuba depende de su Derecho y de su Política que una decisión legislativa o política llega a marcar la estatura de las personas. “Es que ésos son los que nacieron durante el período especial, por eso son bajitos”, se oye decir. En el período especial de principios de los noventa comenzó a faltar de todo en Cuba, no, desde luego, a causa de un error político o legislativo, sino a causa de que, al hundirse la URSS, Cuba vio desaparecer, de golpe, el 85 % de su comercio exterior y evaporarse la única línea de crédito de la que disponía. Pero frente a ese terremoto internacional, Cuba no tuvo, como en tantas otras ocasiones desde el 59, más que un arma disponible: las leyes y la política. Ni las leyes ni la política son todopoderosas; no son capaces, desde luego, de impedir los terremotos, los ciclones o los hecatombes históricas, pero es muy diferente, llegados a estos casos, tenerlas o no tenerlas a mano. Demasiado sabemos lo que ocurre en Haití, o en Guatemala, o en Argentina ante hecatombes bastante menos espectaculares que la desaparición del 85 % de su comercio exterior. Las venas de Latinoamérica se han abierto hasta desangrarse por un derrumbe de un punto en el precio del café o por la desaparición de un arancel del 0,1 %, mientras que, ante semejantes fatalidades, la Ley y la Política no podían hacer otra cosa que cruzarse de brazos rumiando su impotencia. Ya lo dicen el FMI y el BM: lo mejor que puede hacer política y legislativamente el Tercermundo en general es no hacer nada políticamente, suprimir todas sus inoportunas legislaciones y abrirse de piernas frente a los planes de ajuste estructural, que son los buenos y, quién sabe por qué, los legítimos (como demuestra el hecho de que quien no los cumple acaba siendo acusado de terrorismo). Primero la Economía, que después ya habrá tiempo para la Polis. Esos planes de ajuste, por supuesto, no son decididos en la Asamblea general de la ONU, ni en Parlamento alguno del planeta, sino en reuniones herméticas celebradas en búnkeres policiales, en cumbres de altas montañas o, si se llega a terciar, en plataformas submarinas, donde no haya que lidiar con los movimientos antiglobalización. Así se lleva siglos reprimiendo toda intervención política o legislativa y aguardando a que las vías económicas del desarrollo conduzcan a otro sitio que al basurero.

Muy distinta es la cosa en Cuba. Frente a un terremoto natural o histórico, los ojos en Cuba no se vuelven hacia la Bolsa, para leer ahí el destino, sino hacia la legislación y la política. En estas ocasiones, algunos opinan que Cuba entera se convierte en un inmenso Parlamento, en lo que se ha llamado “la parlamentarización” de la sociedad; otros opinan que toda esa hirviente actividad democrática no es sino aparente y que, al final, será desde arriba desde donde se decidirá la política a aplicar. Ahora bien, los cubanos que nacieron en el periodo especial están muy seguros o bien de que son más bajitos de lo normal porque algo no se hizo bien políticamente, o bien de que, habida cuenta de lo que se venía encima, tienen que agradecer a la política el simple hecho de continuar vivos. Quizás había que haber prohibido más eficazmente el sacrificio de reses, quizás, por el contrario, había que haber liberalizado el mercado de vacuno; quizás había que haberse dado más prisa en levantar las prohibiciones sobre el pequeño comercio de subsistencia, quizás había que haber hecho esto o lo otro. Los problemas de Cuba podían y pudieron en todo momento ser discutidos, argumentados, explicados y reflexionados en el Parlamento, en lo que es su Parlamento.

Sea lo que sea a lo que podamos llamar Parlamento en Cuba (⁵ ), lo más curioso es que siempre se asemejará más que nuestros Parlamentos a lo que nuestros Parlamentos pretenden ser: un lugar en el que la política, la argumentación y la contrargumentación, el consenso, el uso público de la palabra, en suma, puede aspirar a tomar las riendas del curso de las cosas mediante una actividad legisladora. La actividad parlamentaria cubana puede presentar muchas deficiencias. Fundamentalmente, es enteramente deficiente debido no a una escasez de democracia, sino a causa de una carencia de división de poderes. En general, en Cuba no falta democracia, sino Derecho. Ya hemos visto antes que eso no es porque los cubanos no tengan el privilegio de vivir en un Estado de Derecho como el nuestro, sino porque en Cuba, al contrario que entre nosotros, el Derecho no es ni impotente ni superfluo. Nosotros nos podemos permitir el lujo de una actividad parlamentaria intachable, pero sólo mientras la actividad parlamentaria no pretenda meterse donde no le llaman, es decir, en cualquier cosa de importancia. Nuestros políticamente intachables Parlamentos sólo tienen un problema: que no están situados en el lugar de la política; que, bajo condiciones capitalistas de producción, la política no está al alcance de la actividad parlamentaria, sino de la negociación de las grandes corporaciones económicas. Protegidos por su superfluidad, nuestros Parlamentos se pueden permitir la casi completa perfección formal y, en cualquier caso, los defectos pasan desapercibidos; en Cuba, por el contrario, no hay déficit del Derecho que no resalte hasta dañar la vista. Pero, no nos engañemos: si en Cuba se ven muchos defectos es porque en Cuba los defectos son importantes.

Ocurre con estos asuntos algo parecido a lo que pasa cuando se están corrigiendo exámenes de filosofía, o mejor aún, cuando se está intentando explicar a un alumno las razones de un suspenso. La mayor parte de los exámenes que merecen suspender no es porque estén mal. Al contrario, algunos, cuando nos encontramos un examen que está mal le ponemos casi siempre notable alto, o por lo menos, aprobado. Los exámenes que merecen el suspenso son aquellos que no logran siquiera alcanzar ese nivel en el que las cosas pueden estar mal. Para que un argumento esté mal hecho tiene que ser un argumento o, como mínimo, parecerlo. Los exámenes suspensos no están ni bien ni mal, sencillamente no tienen la forma en el que las cosas pueden ser verdaderas o falsas. Las equivocaciones, los errores, en filosofía, como en general ha ocurrido en la historia de la ciencia, son siempre fecundos y, a veces, tremendamente difíciles. Lo que para la teoría es impresentable no es el error, sino la ambigüedad, la falta de rigor, la opinión subjetiva, el cambio de tema, la divagación. Por eso es tan difícil explicar a un alumno que ha suspendido por qué ni siquiera merecía suspender, por qué ni siquiera alcanza ese nivel en el cual el aprobado o el suspenso tienen sentido.

Pues bien, a mí no me cabe duda de que en cuestiones de Estado de Derecho, la humanidad en general está suspendida sin vacilación. Pero mientras que Cuba representa un suspenso de esos merecidos, de los que –a la luz de las circunstancias atenuantes- uno acaba por archivar como notables, la realidad parlamentaria española, por ejemplo, representa uno de esos otros suspensos que ni siquiera merecen suspender. Nuestro Estado de Derecho, en efecto, ni siquiera llega a ese nivel en el cual es posible equivocarse.

Así pues, en lugar de pasarse el día, con tanta suficiencia, señalando con el dedo los defectos del régimen político cubano, la humanidad del siglo XX debería haber tenido la decencia de admirar con asombro, perplejidad y respeto, el espectáculo inigualable de una realidad social que dependía a vida o muerte de sus buenas o de sus malas leyes. Nunca como en Cuba se había hecho carne este milagro que condensa el conjunto de aspiraciones de todo el Proyecto Ilustrado desde Sócrates hasta nosotros.

Al declarar la guerra a Cuba, mediante el bloqueo y el terrorismo, lo que se hacía era ponerla en una situación en la que, en general, las leyes tenían que ser bastante malas, o mejor dicho, una situación lo suficientemente inestable como para que las leyes no pudieran nunca asentarse y tuvieran que ser suplidas por caprichosos decretos ejecutivos. Todavía hoy se hacen demasiadas leyes en Cuba como para que puedan ser vividas como leyes. El curso histórico mundial ha obligado a Cuba a acomodarse, defenderse y transigir constantemente mediante revoluciones legislativas continuas. Eso naturalmente es una calamidad para cualquier pretensión de estado de derecho. Las leyes no pueden cambiar a diario, de tal manera que haya que estar muy al tanto leyendo el Granma para ver si hoy es legal esto o lo otro. De hecho, como bien advirtió con contundencia desde el primer momento el lado reaccionario de la Ilustración, una mala ley que dura es siempre mejor que una buena ley reciente. Cuba no se ha podido permitir jamás el lujo de dar tiempo a sus leyes. Y así, desde el principio (y tal y como ocurre invariablemente en todos las situaciones de guerra), los decretos han ocupado el lugar de las leyes y el poder ejecutivo ha sepultado la división de poderes.

Es lo mismo que ocurrió con las jóvenes repúblicas soviéticas, que nacieron en el seno de una guerra mundial y pasaron sus primeros años combatiendo en una guerra mal llamada civil en la que se volcaron todas las potencias del capitalismo internacional. El experimento soviético navegó en realidad, desde entonces, en una guerra permanente, hasta su rendición final con Gorbachov, cuando este creyó tan ingenuamente que al fin se le iba a permitir al Derecho estacionarse sobre la fabricación de mantequilla en lugar de convulsionarse bajo la fabricación de misiles. Ningún país en guerra puede permitirse la división de poderes. El experimento soviético duró, en realidad, un abrir y cerrar de ojos, setenta años, marcados por tres guerras mundiales y decenas de millones de muertos. Es hacer gala de un sorprendente cinismo pretender que en esas condiciones el socialismo podría haber sido compatible con un Estado de Derecho. Pero el verdadero y más rebuscado cinismo se oculta tras la famosa alegación de que los países capitalistas sí lograron, en cambio, funcionar como Estados de Derecho en las mismas condiciones de guerra permanente. El capitalismo se puede permitir el Derecho –cuando se lo puede permitir y donde se lo puede permitir, que suele ser en un 10 % de las ocasiones y de los lugares- porque, normalmente, bajo sus condiciones –y siempre en el aludido 10 %-, el totalitarismo económico que garantiza los privilegios económicos que hacen innecesario violar la ley, convierte, a su vez, en innecesarias a las dictaduras de corte político. La sociedad capitalista no depende de sus leyes, sino de su capitalismo. En el socialismo, en cambio, la sociedad depende por entero de sus leyes. Nada tiene de extraño, así pues, que los países capitalistas más privilegiados se hayan podido permitir el disfrute de una intachable división de poderes, pues lo han hecho en unas condiciones en las que lo que se dividía no era el poder, sino una apariencia de poder. Aquí reside el mito tribal más persistente de lo que llamamos Occidente. Está bien eso de inventar toda suerte de dispositivos para dividir un poder imaginario, mientras el poder real circula de forma salvaje por otros cauces indomeñables. Lo que mueve al vómito es constatar la gran cantidad de buenos cerebros que de Habermas a Enzensberger o Savater se han aplicado en hacer pasar por filosofía la justificación tribal de este mito.

La tarea ilustrada de la división de poderes es bastante más difícil de lo que uno puede llegar a creer leyendo a esos señores. La humanidad no se ha enfrentado en serio a la dificultad real de ese problema más que bajo el experimento de lo que se llamó “socialismo real”. Y el fracaso fue, desde luego, estrepitoso. Y por supuesto que no se reparó en gastos para provocar que lo fuera. Pensemos por ejemplo en la Nicaragua sandinista. Para poner al ejecutivo sandinista en condiciones en las que se viera obligado a censurar unos cuantos artículos de prensa, dañando así la consistencia del Estado de Derecho, fue necesario poner el mundo entero patas arriba, montando una guerra con Irangate incluido y volcando todas los malas artes del Imperio sobre un país pobre y pequeño, en el que no había un solo ascensor que funcionara. Demasiados ejemplos parecidos se podrían poner, pero bastará en los próximos meses con estar atentos a lo que ocurra en Venezuela, en donde todavía no se ha censurado nunca la prensa ni se ha puesto jamás en cuestión la división de poderes, pese a que, en efecto, el mundo entero se ha confabulado para forzar a Chávez a cometer algún desliz de este tipo.

La humanidad no tiene todavía la menor idea de lo difícil que es la división de poderes, ni tampoco de lo apasionante que puede llegar a ser esa aventura a la que llamamos Ilustración. Cuba es pionera en este campo de experimentación política. En Cuba no hay Estado de Derecho, pero a lo mejor algún día nos veremos obligados a reconocer –cuando la historia del siglo XX empiece a contarse bien de una vez- que con ella comenzó para este mundo miserable y mentiroso, la aventura de una vida política conforme a derecho. Para que haya la posibilidad de un espacio político en el que vivir es, ante todo, necesario que la totalidad de las posibilidades humanas no se gasten o se consuman en la aventura de la supervivencia. Hasta el momento, y aunque resulte increíble a la luz del desarrollo tecnológico que hemos alcanzado los seres humanos, supervivir nos ha impedido vivir. No existen posibilidades políticas sin tiempo libre, como se sabe bien desde los tiempos de Pericles. La revolución tecnológica ininterrumpida en la que vivimos tendría que tener por efecto una reducción de la jornada laboral que liberara más y más tiempo para actividades políticas. Pero eso es imposible bajo condiciones capitalistas de producción, como bien demostró Marx hace ya tiempo. El capitalismo ha condenado a la humanidad a la aventura de la supervivencia en condiciones tecnológicas crecientemente más y más privilegiadas. La vida política es incompatible con un sistema económico como el capitalista que se caracteriza por mantener constantemente a los hombres en condiciones mínimas de supervivencia, para concentrar así cualquier adelanto tecnológico en la producción de más adelantos tecnológicos, de modo que la revolución de las condiciones de producción sea siempre máxima. Como decía Wallerstein, el capitalismo produce más para poder producir más. El hambre económica del capitalismo por el máximo de producción ha acogotado a la humanidad con más eficacia que antes lo hiciera el hambre biológica, obligando a la vida social a conformarse con la supervivencia y denigrando toda posibilidad de descanso y tiempo libre bajo la figura abyecta del parado.

El socialismo real fue la punta de lanza de una nueva época para la humanidad, en la que la Política y el Derecho tenían la posibilidad de reinar sobre la Economía y, por tanto, legislar y decidir sobre todos los asuntos humanos de importancia. El socialismo no fue, en este sentido, sino la propia Ilustración, una vez que se había reparado en el imprevisto de un capitalismo al que nadie había invitado y al que no se podía simplemente guillotinar en una plaza pública. Se trata de la aventura más heroica y la causa más verdadera que la humanidad haya emprendido desde que Sócrates, Platón y Aristóteles lanzaran al mundo el reto de una vida política a todos los seres racionales del futuro. La Ilustración que recogió ese guante sólo tuvo una verdadera posibilidad histórica de triunfar bajo el proyecto de las economías socialistas y ya hemos visto lo mal que salió la cosa y la mucha voluntad que se puso en que saliera así de mal. Así, fue como si, bajo el socialismo, la humanidad se hubiera empeñado en demostrar hasta qué punto podía liberarse del chantaje económico a costa de sujetarse a malas leyes y malas políticas. Pero la pura verdad es que, en las ocasiones en que se intentaron hacer las cosas mejor, como con Allende en Chile o con el sandinismo en Nicaragua, los esfuerzos de la política tuvieron que consumirse en la tarea de resistir al sabotaje, el bloqueo y la guerra, en una correlación de fuerzas desigual y condenada de antemano.

Hoy, Cuba es el único testigo que queda de todo aquello por lo que lucharon los esfuerzos de la Ilustración desde la muerte de Sócrates. Cuba es el único testigo de esa posibilidad humana que es el Estado de Derecho. Naturalmente que eso no la convierte ni mucho menos en un Estado de Derecho. Pero, aunque Cuba no es un Estado de Derecho, se sostiene constantemente en esa posibilidad y bastaría con que la dejaran en paz para que las leyes fueran corrigiendo a las leyes hasta instituir un verdadero régimen constitucional. Cuba no es un Estado de Derecho, pero podría serlo, y, además, no dice que lo sea, lo que siempre es un buen comienzo para el Derecho. Cuba es más bien la prueba de hasta qué punto es difícil en este jodido mundo capitalista arrancar una mísera isla de las garras de la Historia, para que la Ley y la Política puedan tomar por una vez la palabra. Cuba es la prueba de la dificultad de introducir una obra de la libertad en el curso fatal de las cosas.

Mucho peor es, desde luego, lo que nos ocurre a nosotros, que no sólo no somos un Estado Derecho sino que tampoco sabemos que no lo somos y, antes bien, nos creemos la encarnación misma del Derecho sobre la tierra, así sea protegidos tras el muro de Sharon. En Cuba tienen la posibilidad de tener malas leyes. Por eso no tienen ninguna necesidad de llamar Ley a la ausencia de Ley, como ocurre entre nosotros. Por lo menos en Cuba no se llama Estado de Derecho a los rincones más privilegiados de esa salvaje carnicería en la que veinticinco multinacionales se arrancan a mordiscos la carne de sus ciudadanos.

1 Acabo de escuchar en la radio que se acaba de iniciar un anteproyecto de revolución legislativa que permitirá a cada Comunidad autónoma pedir permiso por separado a las respectivas multinacionales que operen en su territorio para hacer realidad tan asombrosa utopía.

*Fragmento del libro A quien corresponda. Sobre Cuba, la Ilustración y el socialismo, publicado en 2005. Texto íntegro en La Jiribilla

Carlos Fernández Liria*

Mariano Rajoy en un mitin del Partido Popular en el 2005

Continuamos publicando opiniones de intelectuales españoles sobre la situación de ese país tras el resultado de las elecciones del 20 de noviembre.

Creo que tenemos por delante tiempos muy difíciles, muy duros, quizás terribles. Lo de menos es la victoria aplastante del Partido Popular. Al fin y al cabo, aquí no gobierna el gobierno, ni legisla el parlamento. Es Goldman Sachs quien ahora pone y quita presidentes y quien dicta las leyes. Así ha sido con el PSOE y así seguirá siendo con el PP. Lo sombrío del resultado electoral es el potencial fascista de la población. ¿En qué piensa el votante del PP?

Yo creo que son personas que creen que si se huye hacia adelante en esta crisis económica, podrán salvar sus privilegios, en ocasiones muy modestos. Y para ello están dispuestos a todo. Por ahora, a desmantelar todas las conquistas sociales  materializadas en lo que llamábamos el “estado del bienestar”. Pero, enseguida se verá que están dispuestos a mucho más.

Los mercados no se van a conformar con eso. Lo mismo que fueron insaciables en Latinoamérica, lo serán ahora que tienen a los países europeos atrapados en la trampa de la deuda. Y entonces se verá que lo escondía el voto del PP era el fascismo.

• Leer “La España que viene (I): La desconfianza de los mercados es la solidaridad de los pueblos”

*CarlosFernández Liria (Zaragoza, 1959) Filósofo, escritor, guionista, ensayista y profesor de filosofía Profesor Titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Metafísica y Teoría del conocimiento. Durante los años ochenta trabajó como guionista televisivo, destacando su participación en el programa La bola de cristal. Además de su labor docente como profesor de filosofía ha publicado varios libros de ensayo –difundidos en España y América Latina- sobre disciplinas como filosofía, antropología y política, además de colaborar en varias revistas y medios de comunicación como Gara, Público, la revista Archipiélago, entre otros.

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Iroel Sánchez

Carlos Fernández Liria

Por su libro El orden de El capital, el filósofo español Carlos Fernández Liria ha obtenido –junto a su colega Luis Alegre Zahonero- el Premio Libertador al pensamiento crítico.

Se trata de uno de los más importantes galardones que a nivel internacional se otorgan por obra publicada, pero como dice el entrevistado “la noticia del Premio no ha salido en ningún medio de comunicación español, pese a que  es un premio internacional de ensayo (con una dotación que es el doble de la que entrega nuestro innombrable príncipe de Asturias con sus afamados galardones)  que, después de todo, ha sido otorgado a dos profesores universitarios españoles.” En esta entrevista, Carlos aborda el por qué de ese silencio, los contenidos y propósitos de su trabajo intelectual, así como su relación con la más candente actualidad.

Acabas de ganar en Venezuela -junto a Luis Alegre, por el libro El orden de El Capital- el Premio Libertador al pensamiento crítico que quizá sea el más importante galardón que se otorga a la producción intelectual de izquierda en habla española y que han obtenido pensadores tan prestigiosos como István Mészároz ¿Qué lectura haces de este hecho y cómo piensas que contribuya a la divulgación de las tesis que has venido defendiendo a lo largo de toda tu obra?

Luis y yo estamos muy agradecidos. Por supuesto al gobierno venezolano, al ministro de cultura y al presidente Chávez, quien creó este premio que permite al pensamiento crítico y de izquierdas ser reconocido rompiendo con la hegemonía cultural del neoliberalismo. También estamos muy reconocidos a Atilio Borón, al que no conocemos, pero al que admiramos muchísimo, y a todos los otros miembros del jurado. Queremos dar las gracias especialmente a Farruco Sesto y a Carmen Bohorquez, porque desde hace años nos han honrado con su confianza. Como tú dices, lo mejor del premio es que así el libro tendrá una mayor difusión. Nuestra esperanza es que eso sirva para aportar un grano de arena en las luchas que vamos a tener que afrontar en los próximos tiempos, que yo creo que van a ser muy duras. Lo que tenemos por delante, a nivel mundial, es una batalla frontal con el capitalismo. En los próximos veinte años no vamos a tener opción. Eso de “socialismo o muerte” va a cobrar un nuevo sentido, porque o acabamos con el capitalismo o el capitalismo acaba con nosotros.  Mira lo de Japón, por ejemplo. Si la ola del tsunami hubiera sido diez metros más alta o el terremoto un punto más fuerte (¿y por qué no habría de haber sido asÍ?), una docena de reactores nucleares se habrían fundido y habría sido el fin para decenas de millones de personas. Habría sido necesario desalojar Japón. Estamos sentados sobre un polvorín controlado por dementes y criminales. ¿Quiénes son esos a los que llaman “mercados”? En cualquier caso, están locos, juegan a la ruleta rusa con el planeta, sacrifican poblaciones enteras, cambian de opinión a cada minuto, hundiendo y salvando países como quien juega a los barcos. Nunca hubo dictadores más sordos y más dementes. Ni Calígula, ni Nerón estaban tan chiflados. Y ni mucho menos tenían tanto poder.

"El orden de El Capital", publicado en España por Ediciones Akal

En varios de tus libros, tanto en solitario como junto a Luis, –y este no parece ser una excepción- has venido insistiendo en el análisis crítico del concepto de ciudadanía, la subversión de lo que se entiende tradicionalmente como “Estado de Derecho”, y tratando de demostrar la  imposibilidad de su realización bajo el capitalismo. Ahora lo haces desde el análisis de la obra más estudiada de Marx –El Capital-: ¿Qué cambia o se profundiza en este libro con respecto a tus trabajos a anteriores?

Las tesis que hemos mantenido insistentemente Luis Alegre y yo en todas nuestras publicaciones anteriores no necesitaban, me parece, de mayor aclaración.  Como tú dices, nos hemos empeñado en demostrar que la democracia y el estado de derecho son impracticables bajo condiciones capitalistas de producción, y que, en cambio, serían perfectamente asumibles bajo unas condiciones socialistas. Esto implicaba, además, que los comunistas no teníamos por qué inventar nada nuevo ni mejor respecto a los conceptos de la tradición republicana y del pensamiento de  la Ilustración. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer es reivindicar como propios los conceptos de “ciudadanía” y de “estado de derecho”, en lugar de regalárselos al enemigo como si se tratase de escoria burguesa destinada a ser superada por la historia. Todo esto, como dices, lo habíamos repetido ya en diversos formatos, procurando ser lo más pedagógicos posible. Pero faltaba algo muy importante por hacer: demostrar que esas tesis eran compatibles con Marx. Y para ello era preciso leer a Marx y proporcionar una interpretación rigurosa de su obra. Nos ha llevado quince años lograrlo. Pero creemos haber demostrado que se entiende mucho mejor El Capital si lo integramos en la tradición de la Ilustración y el pensamiento republicano, que si lo encorsetamos en los moldes de la escolástica marxista. Y que, además, el resultado es mucho más útil para entender el desastre humano al que estamos abocados bajo el capitalismo.

En su evaluación del libro el jurado que lo premió aprecia que con “propósitos transformadores explícitos emprende una reinterpretación de la teoría crítica del capitalismo, en consonancia con los desafíos de un mundo que se complejiza, agravando y sofisticando sus contradicciones”. La implicación en los procesos revolucionarios como los de Venezuela -Comprender Venezuela, pensar la Democracia. El colapso moral de los intelectuales occidentales, escrito también con Luis Alegre- o Cuba –Cuba, la Ilustración y el socialismo, junto a Santiago Alba- ha sido una constante en tu trabajo, ejerces una cátedra universitaria y colaboras con publicaciones alternativas como Rebelión, ¿Cómo ves esa relación entre la producción de un pensamiento riguroso teóricamente como ocurre con El orden de El Capital y la acción política concreta tan urgente en nuestros días?

Cuando lo que se trata de entender teóricamente es algo así como el capitalismo es imposible permanecer indiferente. Si los triángulos rectángulos consistieran en una injusticia monstruosa, si el cuadrado de la hipotenusa no lograra ser la suma de los cuadrados de los catetos más que a fuerza de condenar a la miseria a la mitad de la población mundial y de llevar el planeta hacia un suicidio ecológico y humano, los profesores de matemáticas tendrían muchas inclinaciones subversivas y la matemática habría sido una ciencia tan perseguida y censurada como la obra de Marx entre los economistas. Cuanto más entendemos lo que es el capitalismo, más monstruoso nos parece. Y entonces, es imposible permanecer de brazos cruzados.

Cubierta de la edición cubana de "Cuba, la ilustración y el socialismo". Editorial Ciencias Sociales

Tu trabajo en los años ochenta en un programa de televisión que ha devenido un clásico del imaginario audiovisual español, La bola de cristal, o un libro como Educación para la ciudadanía –con un gran peso gráfico- revelan tu interés por comunicar del modo más atractivo y contemporáneo posible las herramientas para el análisis crítico a las generaciones más jóvenes ¿Cómo piensas que pudieran aprovecharse espacios como Internet en esa dirección?

Lo que está ocurriendo en Internet es una revolución inusitada. Dentro de poco, la televisión, el medio que ha sido el instrumento más poderoso de control ideológico en la historia de la humanidad (más todavía que la Iglesia, por ejemplo), se habrá convertido en una antigualla, en un cachivache doméstico, como las máquinas de coser o de escribir. La gente joven ya no se informa por la televisión, ni siquiera se divierte con ella; su mundo está en internet. Esto abre posibilidades inconmensurables a la lucha revolucionaria. Las revoluciones árabes y el 15-M español lo están demostrando.

Cubierta de la edición española de "Educación para la ciudadanía". Ediciones Akal

A pesar de tener una sólida obra publicada y ejercer la docencia en una de las universidades más importantes de tu país has sufrido en varias ocasiones la censura de los medios de comunicación ¿Este premio ha cambiado algo en ese sentido?

Mira, eso es lo de menos, pero la noticia del Premio no ha salido en ningún medio de comunicación español, pese a que  es un premio internacional de ensayo (con una dotación que es el doble de la que entrega nuestro innombrable príncipe de Asturias con sus afamados galardones)  que, después de todo, ha sido otorgado a dos profesores universitarios españoles. No se trata de censura, sino del algo mucho peor: los medios están secuestrados por sus propietarios, que son inmensas corporaciones económicas que no miran más que por sus intereses. No existen medios verdaderamente públicos que escapen esta realidad. Aquí no hay más libertad de expresión que la que se pueden pagar algunos multimillonarios.

En una reciente colaboración con La pupila insomne decías que “el capitalismo ya no se puede permitir, ni siquiera, una sociedad que se pueda llamar tal” y concluías que “después del verano, se comprobará que la llamada ¨spanish revolution¨ no ha hecho más que comenzar”, Algunas semanas después de esa afirmación ratificas ese análisis, ¿por qué?

Estamos en un callejón sin salida, así es que no puede ser de otro modo. Eso no quiere decir que vayamos a ganar las batallas que se avecinan, pero no me cabe duda de que los pueblos van a plantar cara. Ya todo el mundo reconoce que lo que está ocurriendo económicamente en el planeta es pura y simple lucha de clases. Los primeros en reconocerlo han sido, como dijo el magnate Warren Buffet, “los que van ganando”, los ricos, los poderosos, los propios especuladores que están llevando el mundo al desastre al mismo tiempo que ganan más y más dinero. El gran economista de Wall Street, Michael Hudson, lo lleva también repitiendo sin cesar: lo que está ocuriendo se llama lucha de clases, nada más que lucha de clases. Y las clases bajas y medias están recibiendo una soberana paliza. Pero va a haber reacción. En Grecia están plantando cara. En los países árabes, en Latinoamérica, en Islandia, en Portugal… En España, el movimiento 15-M es imprevisible y, por ahora, no ha cesado de crecer. Me reafirmo en que el próximo otoño nos va a traer muchas sorpresas. (Publicado en CubAhora)

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Luis Alegre (izq) y Carlos Fernández Liria (der)

Los filósofos españoles Carlos Fernández Liria y Luis Alegre han recibido, por su obra El orden de El Capital, el Premio Libertador al pensamiento crítico que otorga el Ministerio de Cultura de Venezuela.

El jurado del concurso señaló que El orden de El Capital “cumple los requisitos de promover y destacar un pensamiento crítico de alto nivel, comprometido con los procesos de emancipación y desalienación de los pueblos de la tierra” y precisó en su dictamen: “La obra de Fernández Liria y Alegre sobresale por su profundidad y carácter innovador, contribuyendo a la interpretación y transformación de la realidad. Se trata de un texto que trasciende las fronteras disciplinarias, por su aporte a la visión integral de lo social y al debate en torno al republicanismo socialista, precisó en su dictamen”.

El veredicto del jurado fue dado a conocer en Caracas por la investigadora mexicana Ana Esther Ceceña; el tribunal lo integraron además los intelectuales Atilio Borón (Argentina), Juan Valdés (Cuba) y los venezolanos Luis Damiani y Humberto Mata. Concursaron 68 libros publicados en América Latina y Europa, entre ellos Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, España y Francia.

El Premio Libertador al Pensamiento Crítico fue creado en 2005 por el gobierno venezolano, y sus ganadores reciben un importante monto en divisas, una escultura y la posibilidad de publicar la obra. Prestigiosos pensadores como el húngaro István Mészáros y el germano-costarricense Franz Hinkelammert han recibido el galardón en ediciones anteriores pero sus resultados tradicionalmente no son recogidos por los grandes medios de comunicación.

Desde aquí nuestra felicitación a Luis Alegre y Carlos Fernández Liria. Carlos participó recientemente en el dossier Cinco intelectuales analizan significado y perspectivas del 15-M, que publicáramos en La pupila insomne, con la siguiente opinión:

Veremos muchas Puertas del Sol

Carlos Fernández Liria

Soy de la opinión de que la crisis actual es una fase más de otra crisis que viene de lejos. Desde los años setenta del siglo pasado, el capitalismo no ha cesado de buscar la manera de contrarrestrar el callejón sin salida de su sistema productivo: un sistema obligado a crecer y acumular, en un planeta finito, en el que se van agotando los recursos energéticos y las materias primas. El capitalismo no puede mantener su tasa de ganancia más que acelerando el proceso. Para ello, comenzó en los años ochenta una revolución contra las clases más pobres del planeta, al tiempo que se iniciaba el proceso para desmantelar el Estado del Bienestar y proletarizar a las clases medias. Luego vino la huida hacia adelante del capital financiero y lo que Naomi Klein ha llamado el capitalismo del desastre. El capitalismo no es que ya no se pueda permitir el Estado del Bienestar, es que ya no se puede permitir, ni siquiera, una sociedad que se pueda llamar tal. Funciona mejor en condiciones de desastre social generalizado, por ejemplo, en Iraq. Lo que Galbraight llamó la revolución de los ricos contra los pobres lleva camino de devastar el planeta desde el punto de vista social y ecológico. Estamos al borde de un abismo, pero la única solución capitalista a los problemas del capitalismo es más capitalismo, es decir, acelerar el proceso que nos ha de precipitar en un desastre humano sin precedentes. Se dice pronto: tras un millón de años de existencia, el ser humano, en cuatrocientos años de capitalismo, está a punto de reventar el planeta. El capitalismo ha sido apenas un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos, pero está resultando fatalmente suicida.

En fin, lo que está ocurriendo en España es un capítulo cualquiera de este panorama. Vamos a ver muchas Puertas del Sol, muchas Qasbas, muchas Plazas Tahir en lo que se avecina. Los pueblos presentarán batalla, resistirán a esta locura, a esta canallada.

Y esta es mi valoración de la spanish revolution y del resultado de las elecciones. Todo viene a demostrar que se han invertido los términos: los antisistema de la Puerta del Sol son en realidad conservadores, entre otras cosas porque quieren conservar el planeta. También quieren conservar el sentido común, la dignidad, la sensatez, la prudencia. Los que han votado al PP masivamente en las elecciones, en cambio, son los partidarios de la revolución neoliberal, la más cruel, la más destructiva y la más radical que jamás se haya producido en la historia. Hay que pararles los piés, detener esta insensatez, este delirio. Cada vez hay más gente que lo comprende así. Y por eso, pienso que después del verano, se comproborá que la llamada “spanish revolution” no ha hecho más que comenzar.

CarlosFernández Liria (Zaragoza, 1959) Filósofo, escritor, guionista, ensayista y profesor de filosofía Profesor Titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Metafísica y Teoría del conocimiento. Durante los años ochenta trabajó como guionista televisivo, destacando su participación en el programa La bola de cristal. Además de su labor docente como profesor de filosofía ha publicado varios libros de ensayo –difundidos en España y América Latina- sobre disciplinas como filosofía, antropología y política, además de colaborar en varias revistas y medios de comunicación como Gara, Público, la revista Archipiélago, entre otros.

Luis Alegre (izq) y Carlos Fernández Liria (der)

Los filósofos españoles Carlos Fernández Liria y Luis Alegre han recibido, por su obra El orden de El Capital, el Premio Libertador al pensamiento crítico que otorga el Ministerio de Cultura de Venezuela.

El jurado del concurso señaló que El orden de El Capital “cumple los requisitos de promover y destacar un pensamiento crítico de alto nivel, comprometido con los procesos de emancipación y desalienación de los pueblos de la tierra” y precisó en su dictamen: “La obra de Fernández Liria y Alegre sobresale por su profundidad y carácter innovador, contribuyendo a la interpretación y transformación de la realidad. Se trata de un texto que trasciende las fronteras disciplinarias, por su aporte a la visión integral de lo social y al debate en torno al republicanismo socialista, precisó en su dictamen”.

El veredicto del jurado fue dado a conocer en Caracas por la investigadora mexicana Ana Esther Ceceña; el tribunal lo integraron además los intelectuales Atilio Borón (Argentina), Juan Valdés (Cuba) y los venezolanos Luis Damiani y Humberto Mata. Concursaron 68 libros publicados en América Latina y Europa, entre ellos Argentina, Bolivia, Cuba, Chile, España y Francia.

El Premio Libertador al Pensamiento Crítico fue creado en 2005 por el gobierno venezolano, y sus ganadores reciben un importante monto en divisas, una escultura y la posibilidad de publicar la obra. Prestigiosos pensadores como el húngaro István Mészáros y el germano-costarricense Franz Hinkelammert han recibido el galardón en ediciones anteriores pero sus resultados tradicionalmente no son recogidos por los grandes medios de comunicación.

Desde aquí nuestra felicitación a Luis Alegre y Carlos Fernández Liria. Carlos participó recientemente en el dossier Cinco intelectuales analizan significado y perspectivas del 15-M, que publicáramos en La pupila insomne, con la siguiente opinión:

Veremos muchas Puertas del Sol

Carlos Fernández Liria

Soy de la opinión de que la crisis actual es una fase más de otra crisis que viene de lejos. Desde los años setenta del siglo pasado, el capitalismo no ha cesado de buscar la manera de contrarrestrar el callejón sin salida de su sistema productivo: un sistema obligado a crecer y acumular, en un planeta finito, en el que se van agotando los recursos energéticos y las materias primas. El capitalismo no puede mantener su tasa de ganancia más que acelerando el proceso. Para ello, comenzó en los años ochenta una revolución contra las clases más pobres del planeta, al tiempo que se iniciaba el proceso para desmantelar el Estado del Bienestar y proletarizar a las clases medias. Luego vino la huida hacia adelante del capital financiero y lo que Naomi Klein ha llamado el capitalismo del desastre. El capitalismo no es que ya no se pueda permitir el Estado del Bienestar, es que ya no se puede permitir, ni siquiera, una sociedad que se pueda llamar tal. Funciona mejor en condiciones de desastre social generalizado, por ejemplo, en Iraq. Lo que Galbraight llamó la revolución de los ricos contra los pobres lleva camino de devastar el planeta desde el punto de vista social y ecológico. Estamos al borde de un abismo, pero la única solución capitalista a los problemas del capitalismo es más capitalismo, es decir, acelerar el proceso que nos ha de precipitar en un desastre humano sin precedentes. Se dice pronto: tras un millón de años de existencia, el ser humano, en cuatrocientos años de capitalismo, está a punto de reventar el planeta. El capitalismo ha sido apenas un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos, pero está resultando fatalmente suicida.

En fin, lo que está ocurriendo en España es un capítulo cualquiera de este panorama. Vamos a ver muchas Puertas del Sol, muchas Qasbas, muchas Plazas Tahir en lo que se avecina. Los pueblos presentarán batalla, resistirán a esta locura, a esta canallada.

Y esta es mi valoración de la spanish revolution y del resultado de las elecciones. Todo viene a demostrar que se han invertido los términos: los antisistema de la Puerta del Sol son en realidad conservadores, entre otras cosas porque quieren conservar el planeta. También quieren conservar el sentido común, la dignidad, la sensatez, la prudencia. Los que han votado al PP masivamente en las elecciones, en cambio, son los partidarios de la revolución neoliberal, la más cruel, la más destructiva y la más radical que jamás se haya producido en la historia. Hay que pararles los piés, detener esta insensatez, este delirio. Cada vez hay más gente que lo comprende así. Y por eso, pienso que después del verano, se comproborá que la llamada “spanish revolution” no ha hecho más que comenzar.

CarlosFernández Liria (Zaragoza, 1959) Filósofo, escritor, guionista, ensayista y profesor de filosofía Profesor Titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Metafísica y Teoría del conocimiento. Durante los años ochenta trabajó como guionista televisivo, destacando su participación en el programa La bola de cristal. Además de su labor docente como profesor de filosofía ha publicado varios libros de ensayo –difundidos en España y América Latina- sobre disciplinas como filosofía, antropología y política, además de colaborar en varias revistas y medios de comunicación como Gara, Público, la revista Archipiélago, entre otros.

Foto: Jacobo Méndez

Cinco intelectuales han accedido a la solicitud de La pupila insomne para comentar la actual situación en la península ibérica y sus perspectivas.

Ángeles Diez, Carlo Frabetti, Carlos Fernández Liria, Santiago Alba y Pascual Serrano no son todólogos que opinan desde una torre de cristal, sino personas que con una sólida obra intelectual practican un compromiso activo con las causas populares en todo el mundo, de ahí el valor de sus apreciaciones, avaladas además por su presencia en el lugar de los hechos.

Una grave crisis de legitimidad

Ángeles Diez

El sistema político español acumula desde hace años una grave crisis de legitimidad. El punto de partida de esta crisis está en el proceso de Transición que, en vez de enlazar con la democracia “asesinada” con la guerra civil, da continuidad a una parte importante del franquismo. En el momento de la Transición la izquierda social (movimientos de barrios, bases sindicales, bases de los partidos de izquierda, cristianos de base, movimientos nacionalistas…) cede, hace concesiones, se repliega o se va a sus casas. Todo ello para evitar una nueva confrontación civil. Al cabo de los años la “democracia española” no evoluciona hacia un sistema de mayor participación, de profundización de los derechos políticos y sociales, ni consigue una separación real de poderes ni disuelve la estructura de poder franquista -sólo lo consigue en parte en el ejército, pero no así en la judicatura, ni en la jefatura del Estado,ni en la iglesia-. El aparato franquista y las bases sociales franquistas continuan teniendo un gran poder e influencia política.

La alternancia en el poder del PSOE y el PP ha cerrado el espectro político bloqueando la posibilidad de una democracia real -o por lo menos sin las servidumbres al franquismo-. El PSOE ha tenido la tarea de desmantelar el sistema productivo a instancias de los requerimientos europeos (reconversión industrial en los 80s, desmantelamiento de los sectores públicos…). Cuando la crisis económica se expande se ha agitado el fantasma del franquismo y el PP ha tomado el relevo para avisarnos de que “todo puede ser peor”, es decir, que puede haber menos modales y más represión.

Esta situación se ha prolongado hasta ahora con un punto de inflexión: la crisis económica se ha agudizado y la mayor parte de la población joven y adulta no hemos vivido el franquismo ni sufrimos la transición. Se ha llegado pues a un punto de saturación.

El domingo había un cartel en la plaza que decía “yo voté por Sol”. Las  venticinco mil personas que desafiaron la legalidad el sábado en la Puerta del Sol, las miles de personas que pacíficamente se resistieron ayer en la Plaza de Cataluña han introducido una variable independiente en la vida política:  hay una parte cada vez más numerosa de la población que ha perdido el miedo y que quiere un cambio real.

Ángeles Diez (Madrid, 1965) Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como profesora titular. Miembro del AIRE Comunicación (Asociación de Educomunicadores).  Miembro del Consejo Editorial de la revista Pueblos. Autora de numerosas investigaciones en el campo de las Ciencias Sociales y la Comunicación. Ha publicado más de una decena de libros sobre esos temas. Escribe sistemáticamente en numerosas revistas académicas de Europa y en sitios alternativos en Internet.

Ya podemos hablar de un gran triunfo social

Carlo Frabetti

Aunque es pronto para hacer un pronóstico político en el sentido estricto del término, creo que ya podemos hablar de un gran triunfo social. Decía Marx que el resultado más importante de una movilización es la manera en que transforma a quienes participan en ella. Y después de la movilización del 15-M, muchos jóvenes -y no tan jóvenes- no serán los mismos que antes. La confluencia de una serie de circunstancias ha permitido que los logros de anteriores experiencias (movimiento okupa, protesta contra la invasión de Iraq, foros sociales), potenciados por los medios alternativos y las redes sociales, alcanzaran un claro punto de inflexión (o de de ebullición) y dieran paso a una situación cualitativamente distinta y llena de posibilidades. La famosa conversión de la cantidad en calidad. Y viceversa.

Carlo Frabetti es italiano (Bolonia, 1945), pero vive en España y escribe habitualmente en castellano. Escritor y matemático, miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, ha publicado más de cuarenta libros, muchos de ellos para niños y jóvenes. En 1998 ganó el Premio Jaén de Literatura Infantil y Juvenil con El gran juego (Alfagura, 1998). Ha creado, escrito y/o dirigido numerosos programas de televisión, como La Bola de Cristal, El Duende del Globo, Ni a Tontas ni a Locas y Tendencias, y ha estrenado varias obras de teatro. Ha creado y dirige las colecciones de divulgación científica para niños y jóvenes “El Juego de la Ciencia” y “La Aventura de la Ciencia” (Ediciones Oniro).  También ha publicado numerosas  obras para adultos –de ficción y ernsayo- que como las infantiles han sido traducidas a numerosos idiomas.  Es presidente de la Asociación Contra la Tortura y miembro fundador de la Alianza de Intelectuales Antiimperialistas.

Veremos muchas Puertas del Sol

Carlos Fernández Liria

Soy de la opinión de que la crisis actual es una fase más de otra crisis que viene de lejos. Desde los años setenta del siglo pasado, el capitalismo no ha cesado de buscar la manera de contrarrestrar el callejón sin salida de su sistema productivo: un sistema obligado a crecer y acumular, en un planeta finito, en el que se van agotando los recursos energéticos y las materias primas. El capitalismo no puede mantener su tasa de ganancia más que acelerando el proceso. Para ello, comenzó en los años ochenta una revolución contra las clases más pobres del planeta, al tiempo que se iniciaba el proceso para desmantelar el Estado del Bienestar y proletarizar a las clases medias. Luego vino la huida hacia adelante del capital financiero y lo que Naomi Klein ha llamado el capitalismo del desastre. El capitalismo no es que ya no se pueda permitir el Estado del Bienestar, es que ya no se puede permitir, ni siquiera, una sociedad que se pueda llamar tal. Funciona mejor en condiciones de desastre social generalizado, por ejemplo, en Iraq. Lo que Galbraight llamó la revolución de los ricos contra los pobres lleva camino de devastar el planeta desde el punto de vista social y ecológico. Estamos al borde de un abismo, pero la única solución capitalista a los problemas del capitalismo es más capitalismo, es decir, acelerar el proceso que nos ha de precipitar en un desastre humano sin precedentes. Se dice pronto: tras un millón de años de existencia, el ser humano, en cuatrocientos años de capitalismo, está a punto de reventar el planeta. El capitalismo ha sido apenas un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos, pero está resultando fatalmente suicida.

En fin, lo que está ocurriendo en España es un capítulo cualquiera de este panorama. Vamos a ver muchas Puertas del Sol, muchas Qasbas, muchas Plazas Tahir en lo que se avecina. Los pueblos presentarán batalla, resistirán a esta locura, a esta canallada.

Y esta es mi valoración de la spanish revolution y del resultado de las elecciones. Todo viene a demostrar que se han invertido los términos: los antisistema de la Puerta del Sol son en realidad conservadores, entre otras cosas porque quieren conservar el planeta. También quieren conservar el sentido común, la dignidad, la sensatez, la prudencia. Los que han votado al PP masivamente en las elecciones, en cambio, son los partidarios de la revolución neoliberal, la más cruel, la más destructiva y la más radical que jamás se haya producido en la historia. Hay que pararles los piés, detener esta insensatez, este delirio. Cada vez hay más gente que lo comprende así. Y por eso, pienso que después del verano, se comproborá que la llamada “spanish revolution” no ha hecho más que comenzar.

CarlosFernández Liria (Zaragoza, 1959) Filósofo, escritor, guionista, ensayista y profesor de filosofía Profesor Titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Metafísica y Teoría del conocimiento. Durante los años ochenta trabajó como guionista televisivo, destacando su participación en el programa La bola de cristal. Además de su labor docente como profesor de filosofía ha publicado varios libros de ensayo –difundidos en España y América Latina- sobre disciplinas como filosofía, antropología y política, además de colaborar en varias revistas y medios de comunicación como Gara, Público, la revista Archipiélago, entre otros.

La repolitización es una revolución

Santiago Alba Rico

Creo que básicamente habría que tratar de responder a tres preguntas:

 ¿El movimiento 15-M, ¿es una revolución?

Obviamente no lo es: ni ha transformado el sistema ni derrocado un gobierno; ni siquiera ha producido una verdadera confrontación. Y sin embargo, hay contextos históricos en los que el único cambio al que se puede aspirar -y es enorme- es al muy sencillo e inesperado de que ocurra algo. Un milagro es simplemente un hecho que se produce, no contra las leyes de la naturaleza, sino contra las expectativas de la gente y, en este caso, contra la no-esperanza de la gente. El hecho de que no sea ni la derecha ni la Iglesia la que tome las calles, como venía ocurriendo en los últimos años, el hecho de que “demócratas salvajes” se apoderen de las plazas y las conviertan en centros de alfabetización política, es un suceso tan pequeño en sí mismo, tan grande en su contexto, que podemos decir de un modo muy preciso que es la casi-nada en la que empieza -o puede empezar- todo. Y desde el punto de vista subjetivo, hay algo muy sintomático: no es una revolución pero sus protagonistas hablan públicamente de revolución, un término confinado en los libros de historia y en el lenguaje publicitario. La repolitización es una revolución; así lo viven los manifestantes. Y los nombres también introducen cambios, al menos a nivel de la conciencia.

¿El movimiento 15-M es de izquierdas?

Solo potencialmente lo es. Como ocurre en el mundo árabe con las fuerzas izquierdistas e islamistas, este movimiento coge un poco a contrapié a todo el mundo. Que no es de izquierdas lo demuestra el hecho de que a nivel electoral ha perjudicado menos al PP que al PSOE y ha beneficiado a UPyD, un partido autoritario y ultranacionalista, con un discurso democratico muy populista, pero completamente vacío de contenido económico y social. También la fuerte represión -y autocensura- de la terminología política, la insistencia en el consenso, el caracter festivo-autorreferencial dominante en asambleas de composición abigarrada que buscan a toda costa evitar la confrontación (con el sistema al que han desafiado y desafían).

¿El movimiento 15-M, ¿debe ser apoyado desde la izquierda?

Sin duda. Es una ocasión única, inesperada, felicísima. Porque todo lo dicho en el punto anterior es menos relevante que el hecho de que las calles se han convertido en escuelas; la espontaneidad se ha organizado enseguida en comisiones de trabajo muy serias y muy activas donde todo ese capital de militancia y conocimiento acumulado por la izquierda en las peores condiciones encuentra ahora un auditorio de desconocidos dispuesto a escuchar y aprender. Lo que el movimiento 15-M ha puesto en marcha es un gigantesco proceso de aprendizaje político y organizativo que ahora habrá que radicalizar. Las bases están dadas: pues la reivindicación de democracia real choca objetivamente, no con fraudes, manipulaciones o mentiras (o no sólo) sino con una estructura económica que desactiva el carácter democrático de las instituciones al mismo tiempo que produce efectos sociales y laborales devastadores. La intuición esta ya presente: la idea de que el enemigo de la democracia es el capitalismo. Desmarcarse de todo eso, en las condiciones en que la izquierda anticapitalista se encuentra en estos momentos, minoritaria y casi vencida, sería un grave error. Todo esto no ha hecho más que empezar y tenemos que empezar con ellos; uno no elige las ocasiones, se presentan históricamente en un formato construido a partir de malestares, errores y hasta alucinaciones. Este movimiento es una ocasión; no la que hubiéramos querido nosotros sino la que la combinación de trabajo, azar y descontento nos ofrece. Si el agua de pronto se convierte en vino, contra todas las previsiones, no pidamos además que sea de Rioja; alegrémonos y pongámonos a trabajar para mejorar la cosecha.

Santiago Alba Rico (Madrid, 1960) estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Entre 1984 y 1991 fue guionista de tres programas de televisión española (el muy conocido La Bola de Cristal entre ellos).). Desde 1988 vive en el mundo árabe, habiendo traducido al castellano al poeta egipcio Naguib Surur y más recientemente al novelista iraquí Mohammed Jydair. Fue asimismo guionista de la película Bagdad-Rap (2004) y es autor de una obra teatral, “B-52″, estrenada en 2010. En los últimos años viene colaborando en numerosos medios, tanto digitales como en papel (la conocida web de información alternativa Rebelión, Archipiélago, Ladinamo, Diagonal etc.). Es autor de numerosos libros publicados en España y América Latina, por los cuales ha recibido importantes reconocimientos y premios.

Indignarse no basta

Pascual Serrano

Las protestas que se han desarrollado en España el 15 de mayo suponen un punto de inflexión en la, a mi entender, impresionante capacidad de soportar agresiones sociales de los ciudadanos españoles. Por tanto, son algo muy positivo, sin embargo, sólo muestran la indignación. Es verdad que no es poco, pero, como ha señalado Pietro Ingrao a Stephane Hessel, indignarse no basta. Hay que organizarse, combatir con un plan preconcebido y adecuado, y mantener la lucha durante el tiempo necesario. Ninguna de estas cuestiones están suficientemente avanzadas, si bien, la fase necesaria e impresindible de indignación se acaba de mostrar.

Cuando Franco intentó dar un golpe de Estado en 1936, los españoles no sólo se indignaron se movilizaron y se enfrentaron. Los indignados deben ahora proponer vías de resolución de sus demandas, no valen las cartas a los reyes magos que cuelgan en las paredes. Deben identificar y abatir a las fuerzas que se oponen a que se cumplan sus justas reclamaciones. Deben establecer formas organizativas que sean operativas. Deben mantener la unidad y deben prepararse para una lucha larga. Nadie les dijo que fuese fácil, sólo es imprescindible para sobrevivir con dignidad.

Pascual Serrano  (Valencia, 1964) es periodista y ensayista español. Fue uno de los fundadores y redactor jefe de Voces, una revista editada por Izquierda Unida, desaparecida en la actualidad. En 1996 participó en la creación de Rebelión, sitio web y medio alternativo de información. Durante 2006 y 2007 fue asesor editorial de Telesur y en la actualidad es miembro del consejo de redacción de las revistas Mundo Obrero, El Otro País y Pueblos. Sus artículos aparecen en el diario Público, el quincenal Diagonal y el mensual Le Monde diplomatique. Su libro Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo recibió una mención honorífica del Premio Libertador 2009, otorgado por el Ministerio de Cultura de Venezuela. Es autor de numerosos libros de ensayo publicados en España y América Latina.

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Carlos Fernández Liria

Carteles en la acampada de la Puerta del Sol de Madrid

Entre los indignados antisistema de la Puerta del Sol, por lo menos algunos, somos comunistas.

Lo de ser antisistema no necesita ya de justificación. En estos días se ha explicado, además, con fórmulas muy afortunadas: “no es que seamos antisistema”, ha dicho alguien, “es que el sistema es antinosotros”. Hubo otro que terminó un discurso incendiario en la manifestación diciendo que “en resumen, lo que pedimos es ¡un poco de sentido común!”. No se podía decir mejor. Esto que estamos viviendo, a nivel mundial y a nivel nacional, es una salvajada, un disparate, un chiste cruel, una broma brutal, un sarcasmo, una tomadura de pelo, un crimen. Desde que en los años ochenta comenzó la revolución de los ricos contra los pobres, el capitalismo rueda sin frenos hacia el abismo a un ritmo acelerado. Y nos arrastra a todos con él. Tiene toda la razón Naomi Klein al diagnosticar nuestro sistema económico como un capitalismo del desastre. Los negocios ya no funcionan bien más que en condiciones sociales de catástrofe. Lo decía hoy Ignacio Escolar: ¿de verdad que alguien necesita que se le expliquen las causas de las protestas? No, lo raro es que no hayan estallado antes.

El sistema es ya tan revolucionario (de extrema derecha, pero revolucionario, al fin y al cabo), que los antisistema nos hemos vuelto conservadores. Los “jóvenes sin futuro” que salieron a la calle el 7 de abril no pedían la Luna. No gritaban “la imaginación al poder” ni nada parecido. La moderación de sus reivindicaciones (casa, salud, trabajo, pensión) contrastaba con la radicalidad de su posible solución: “an-ti-ca-pi-ta-lis-ta” fue el grito que más se oyó. Y de los que más siguen resonando ahora en la Puerta del Sol y en todo el Estado. Para ser moderado, para conservar una pizca de sentido común, actualmente hay que ser antisistema. En cambio, los apologetas del capitalismo se prestan a cualquier locura revolucionaria. Para salvar la economía huyen hacia adelante dispuestos a sacrificar la humanidad e destruir el planeta. Como dijo Walter Benjamin, pero mucho más que cuando él lo dijo, lo que necesitamos es un freno de emergencia. Necesitamos parar esta demencia criminal.

Benjamin pensaba que ese freno de emergencia era el comunismo. Y algunos, bastantes, lo seguimos pensando. Cuando al comienzo de la crisis se dijo que el capitalismo había fracasado y que había que inventar otra cosa, cuando lo decían quienes lo decían, en los telediarios, en la prensa más canalla del país, uno se preguntaba a qué diablos se estaban refiriendo. La receta contra la crisis, al final, ha sido más y más capitalismo. Y en verdad, no es extraño, porque el capitalismo es un sistema económico muy poco flexible, para el que no caben medias tintas. Inventar otra cosa habría sido reinventar lo que ya estaba inventado, el comunismo. Lo que parece cada vez más difícil es empeñarse en ser anticapitalistas esquivando esa palabra maldita.

Bien es verdad que no todos le hacen ascos al término. Hace pocos meses estuvo el filósofo Jacques Rancière en la Universidad Complutense, explicando que asistimos a un imparable resurgir del comunismo. Lo mismo vienen a plantear otras autoridades intelectuales como Badiou, Zizek o Negri. Y bueno, es cierto que sus lectores, entre nosotros, nos entendemos muy bien (aunque unos menos que otros, desde luego). Pero algo de razón tenía el profesor Jose Luis Pardo en una reciente conferencia al quejarse de que, un poco fuera de la parroquia, no hay forma de entender el contenido que tan insignes filósofos le dan a el término “comunismo”, fuera de algunos tópicos en los que se alude a una forma de “vida comunitaria” que remite a Francisco de Asís (como al final de Imperio de Negri), a una “democracia efectiva” o “radical”, a un “poder de las masas”o de la “multitud”, un “sin Estado, ni Ley”, es decir, fórmulas demasiado negativas, vacías y generales, más propias de un programa religioso que político.

Y sin embargo, no estamos ante un misterio insondable. Lo que necesitamos contra el capitalismo es algo muy concreto: una alteración radical en la propiedad de los medios de producción que haga posible a la instancia política ejercer un control democrático sobre la producción en el marco de una economía institucionalizada. El capitalismo actual esta institucionalizado y dirigido políticamente por corporaciones que no obedecen a ningún poder legislativo, al margen de cualquier control democrático. Nuestras democracias son libres de todo en una condiciones en las que no hay nada que hacer. Casi todo lo que afecta sustancialmente a la vida de las personas viene decidido por poderes económicos que negocian en secreto y actúan en la sombra chantajeando a todo el cuerpo social. Un pestañeo de los llamados mercados basta actualmente para anular el trabajo legislativo de generaciones enteras. No hay leyes, ni constituciones que puedan resistirse a la dictadura ciega de los poderes financieros. Es el Cuarto Reich. Los nuevos nazis no son menos totalitarios que los anteriores, pero, además, están mucho más locos. Como ha dicho Naomi Klein, los mercados tienen el carácter de un niño de tres años. Sus rabietas viajan en tiempo real conmocionando el planeta. Ni Nerón, ni Calígula estaban tan locos ni eran tan imprevisibles.

Lo que plantea el comunismo es que la economía no puede institucionalizarse democráticamente, sometiéndose al poder legislativo, sin suprimir la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, sobre las condiciones de existencia de la población. Lo sabemos por experiencia y lo sabemos también en la medida en que la economía marxista explica muy plausiblemente por qué es así.

Así pues, el misterio se puede aclarar. “Comunismo” es, en realidad, exactamente lo que pretenden ser (sin lograrlo en absoluto) nuestras orgullosas democracias constitucionales. Ya es difícil negar -cada vez hay más gente que abre los ojos- que lo que hemos venido llamando “democracias” no son sino dictaduras económicas ataviadas con una fachada parlamentaria. Lo que frente a ello llamamos “comunismo” no es, sin embargo, más que aquello que pretendíamos ser: democracias parlamentarias en las que las leyes pueden someter a los poderes económicos. Es absurdo plantear que el parlamento puede legislar lo que ya siempre se ha decidido de antemano en la Bolsa. La cosa está cada vez más clara: las leyes no pueden hablar por favor a los negocios, tienen que imponerse coactivamente. Pero para eso tienen que tener la sartén por el mango. Y el mango son los medios de producción.

Respecto a qué tenga que ver todo esto con aquello que se llamó “socialismo real”, hay que decir que mucho, siempre y cuando se deshagan algunos espejismos. Por ejemplo: siempre y cuando no llamemos “socialismo real” sólo a lo que se dio en aquellos países que lograron resistir algo de tiempo (entre cinco y setenta años) la agresión imperialista, sino también a todos los proyectos socialistas, comunistas o anarquistas que fueron derrotados mediante golpes de Estado, invasiones militares, bloqueos económicos, etc. El que los países socialistas no hayan sido democráticos puede significar tan solo que no hay ningún país en guerra que pueda permitirse el lujo de la democracia. De hecho, los que lo intentaron, sucumbieron bien pronto. Como ya he dicho muchas veces, el socialismo nunca pudo optar entre Allende o Fidel Castro. Era o Castro vivo, o Allende muerto.

Pensemos en las iniciativas que están proponiendo juzgar a los poderes financieros, especialmente a las agencias de evaluación de deuda. No cabe duda de que estas instituciones están jugando con el destino de la población mundial para hacer sus propios negocios privados. Ahora bien, estas iniciativas, si quieren tomarse en serio, tendrán que enfrentarse tarde o temprano al dilema de exigir algo equivalente al viejo concepto comunista de “dictadura del proletariado”. Es una total ingenuidad creer que los poderes económicos van a doblegarse a la autoridad del poder judicial, cuando no se doblegan ni ante el poder ejecutivo ni ante el poder legislativo. Sin asegurarse el monopolio en el ejercicio de la violencia, la democracia no tienen ninguna posibilidad de hacerse oír. Cómo hacer esto posible, eso sí que es un problema difícil de resolver. Y no qué debamos entender bajo el término “comunismo”.

En todo caso, hay que comenzar por algún sitio. Comenzar por el kilómetro cero de la Puerta del Sol es una excelente idea. No se trata, en efecto, de pedir la Luna, ni siquiera de pedir el comunismo. Eso ya vendrá por sí mismo cuando se entienda lo difícil que es el liso y llano sentido común en un mundo como este. Cuando para tener casa o trabajo hay que ser antisistema, las cartas están echadas.

Por eso conviene que pidamos cosas muy de sentido común. Por ejemplo: permaneceremos en la Puerta del Sol mientras que, en primer lugar, no se cambie la Ley Electoral. No se trata solo de acabar con el bipartidismo. Se trata también de acabar con ese cáncer de la democracia que es la propaganda electoral, de exigir al Estado verdaderos espacios de comunicación para que la ciudadanía pueda hacer oír sus argumentos políticos (que, como cualquiera puede comprobar en los medios alternativos de Internet, son muchos, inteligentes y poderosos). Se trata de acabar con ese espectáculo indigno y grotesco de las actuales campañas electorales, aunque solo sea porque ofenden a la inteligencia y denigran al género humano.

En segundo lugar, es necesario permanecer movilizados mientras no se arbitren las medidas judiciales para juzgar a los culpables de este desastre humano en el que nos vemos sumidos. Muchos banqueros, muchos accionistas, muchos políticos, muchos financieros tienen que acabar en la cárcel. Si no, más nos vale suprimir el Ministerio de Justicia.

Luego, habrá que pasar a otras urgencias. Es preciso parar los deshaucios. Expropiar las viviendas vacías. Socializar los beneficios bancarios y privatizar sus pérdidas. Quizás se podría promover una iniciativa internacional para que los cascos azules ocupen militarmente los paraísos fiscales… Ideas no nos van a faltar. Lo del comunismo ya se entenderá por el camino. (Tomado de Rebelión)