Omar Pérez Salomón

El hecho de que uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos y el mundo, The New York Times, haya publicado en un mes seis editoriales contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a La Habana desde hace más de 50 años, es un signo de que el tema cubano genera opiniones divergentes en los círculos políticos estadounidenses.

Sin embargo, hasta el momento han prevalecido en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial las medidas para arreciar el cerco a la mayor isla de las Antillas. Dos ejemplos confirman lo anterior.

El primero trata de reclamaciones legales que buscan confiscar los ingresos de Cuba, bloqueados en bancos del vecino del norte. Más de 1000 millones de dólares es el resultado de los fallos de tribunales de EE.UU. en contra del gobierno cubano en los últimos años y no cesa la búsqueda de nuevas fuentes donde cobrar las reclamaciones.

Por esta causa los activos cubanos provenientes de las comunicaciones telefónicas con Estados Unidos, bloqueados en bancos de ese país desde 1966, han sido completamente saqueados, con las “indemnizaciones” decretadas por las sentencias judiciales. Una de las más notoria es la dictada contra el Estado cubano y su Fuerza Aérea por el  Juez Federal de Miami Alexander King, por 187,6 millones de dólares a favor de los familiares de los pilotos de la organización contrarrevolucionaria “Hermanos al Rescate” derribados en sus aviones cuando violaban el espacio aéreo de Cuba, el 24 de febrero de 1996.

El 12 de noviembre de 1998, el juez King solicitó ante una Corte Federal de Nueva York la ejecución de la sentencia contra los fondos bloqueados, dirigiendo oficio contra la empresa de telecomunicaciones AT&T y el Chase Manhattan Bank, concretándose a partir de la Ley de Protección de Víctimas del Contrabando Humano aprobada el 12 de octubre del 2000 y por la cual los demandantes recibieron aproximadamente 97,6 millones de dólares.

El segundo ejemplo es la guerra declarada por la multinacional Bacardí a la empresa francocubano Pernod-Ricard-Havana Rum and Licours, para quitarle la propiedad de la marca de ron Havana Club, que tuvo su desenlace en mayo de 2012 con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que denegó a la compañía cubana Cubaexport la posibilidad de defender su derecho de renovar el registro de la marca de ron Havana Club, ante la Oficina de Marcas y Patentes de ese país.

Ninguna empresa ha dedicado tanto dinero y recursos a financiar acciones contra la Revolución cubana como la Bacardí. Sus directivos  han sido protagonistas de innumerables maniobras terroristas, subversivas y judiciales contra Cuba. Pepín Bosch, máximo directivo de la multinacional en los años 60, organizó el bombardeo de las refinerías de petróleo de Cuba, acción que no se concretó pues fue delatada, y casualmente en el The New York Times apareció la foto del avión B-26 destinado para ello.

Los accionistas de la Bacardí se han destacado por sus contribuciones a los legisladores demócratas y republicanos, y pos sus aportes en la concreción de las leyes anticubanas Torricelli y Helms-Burton. Como dice el periodista colombiano Hernando Calvo Ospina en su libro, Ron Bacardí: la guerra oculta, “Como lo ha reconocido un alto directivo de la trasnacional, Bacardí es una compañía sin nacionalidad, con oficinas en Bermudas. A pesar de ello, valiéndose de su poder económico y de sus contactos en las altas instancias políticas, prácticamente redactó y acomodó a sus necesidades una Ley estadounidense. La Helms-Burton, como se le conoce, no solo atenta contra la soberanía de Cuba y la sobrevivencia de sus ciudadanos, sino que está aportando a la locura en que se desliza peligrosamente el sistema comercial capitalista, en sus ansias de derribar la mínima barrera de control.”

Violando las normas internacionales en materia comercial, estos mismos actores promovieron la aprobación de la Sección 211, un paso adicional con relación a la Ley Helms-Burton, que fue incluida en el proyecto de Ley presupuestario de 1999, el cual contaba con más de 4 mil páginas. Las primeras frases de la mencionada Sección, establecen que los tribunales de Estados Unidos no pueden reconocer ningún derecho a marca o patente de ninguna empresa extranjera, que tenga conexión cualquiera con propiedades de algún ciudadano estadounidense, que haya sido nacionalizada, sin indemnización, por el gobierno revolucionario de Cuba.[1] Así se cierra toda competencia a los jueces en esta causa.

Como se puede apreciar no basta con que directivos de la Pernod-Ricard hayan declarado recientemente en la Feria Internacional de La Habana, que están listos para comercializar el ron Havana Club en Estados Unidos, y que varias empresas de telecomunicaciones estadounidenses como ATT y Verizon, hayan mostrado interés en restablecer las comunicaciones directas entre Cuba y EE.UU., se trata de penetrar en el andamiaje anticubano que dicta la política de Washington hacia La Habana.

[1] Hernando Calvo Ospina: “Ron Bacardí: la guerra oculta”. Casa Editora Abril. 2000. P. 116.

Iroel Sánchez

Uno de los paradigmas que suele vendernos el “Cuarto poder” -como suele denominarse en el capitalismo a la influencia de los grandes medios de comunicación- es precisamente el del funcionamiento en los países industrializados de la llamada división de poderes entre el llamado ejecutivo, legislativo y judicial.

Lo ocurrido el pasado 14 de mayo con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos -poder judicial- de denegar a la compañía cubana Cubaexport la posibilidad de defender su derecho de renovar el registro de la marca de ron Havana Club, ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) es una muestra de cómo -con métodos mafiosos- una poderosa empresa puede imponer su voluntad concertando decisiones de los famosos tres poderes a su favor, en contra del interés nacional y el derecho internacional.

Como resultado del cabildeo de legisladores de la ultraderecha de Miami, financiados por la empresa Bacardí, principal beneficiaria de la decisión de la Corte Suprema, a fines de 1998, el Congeso de los Estados Unido aprobó en la sección 211 de la Ley Ómnibus de ese año prohibir el reconocimiento y renovación de marcas asociadas a propiedades nacionalizadas por el Gobierno cubano. Esta ley exige una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro para renovar marcas cubanas en ese país, algo que en el caso de Havana Club ocurrió desde 1976 hasta 2006 pero que -como declaró la OFAC ante la Corte Suprema- dejó de aprobar porque el Departamento de Estado -parte del poder ejecutivo- le ordenó no hacerlo con el argumento de que no se correspondería con la política de EE.UU. hacia Cuba.

En términos de derecho internacional, el Panel de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC)  falló contra los Estados Unidos y reclamó la eliminación de la sección 211 que consideró  ilegal. En cuanto al interés nacional norteamericano la decisión estadounidense pone en riesgo el reconocimiento de más de cinco mil marcas y patentes norteamericanas en Cuba con “consecuencias negativas que pudieran derivarse de este hecho para la protección recíproca de la Propiedad Industrial”, según declaró la cancillería cubana.

Bacardí ha sido señalada por las estrechas relaciones de sus ejecutivos y accionistas con la ultraderechista y terrorista Fundación Nacional Cubanoamericana (FNCA) que maneja la agenda y prioridades de los legisladores cubanoamericanos en el Congreso norteamericano. En la sede de la FNCA realizó Barack Obama su principal pronunciamiento sobre la política hacia Cuba durante su campaña electoral.

El libro del periodista colombiano Hernando Calvo Ospina Bacardí: la guerra oculta documenta los lazos de Bacardí con la FNCA, la CIA y el terrorismo en Cuba, Nicaragua y Angola y un documental basado en ese libro, realizado por cineastas alemanes, ganó el tercer premio en un importante Festival en New York. Otro libro de Calvo Ospina, titulado ¿Disidentes o mercenarios?  entrevista a varios dirigentes de la FNCA y establece sus vínculos con el terrorismo y la política norteamericana hacia Cuba.

El testimonio de Calvo Ospina -quien es colaborador de prestigiosas publicaciones como Le Monde Diplomatique- ante la prensa norteamericana o la referencias a sus investigaciones pudieran haber sido útiles para que el público estadounidense se enterara de cómo funciona en su país la división de poderes. Pero esa información no sólo es ocultada, sino que en otra decisión ejecutiva, violatoria del derecho internacional, el pasado 6 de mayo al autor de esas investigaciones sobre la FNCA y Bacardí se le impidió por un funcionario diplomático de Estados Unidos abordar un vuelo con destino a Cuba de la empresa española Air Europa en el aeropuerto de Madrid, bajo el insólito pretexto de que el avión sobrevolaría por unos minutos territorio norteamericano.

¿Temería el gobierno estadounidense que al periodista colombiano se le cayera uno de sus libros sobre el suelo de EE.UU. en vísperas de la decisión de la Corte Suprema? No lo creo, pero lo cierto es que hay una corrupta maquinaria de violencia, poder político, dinero y control mediático, cuyo poder llega hasta la sacrosanta Corte Suprema de los Estados Unidos de América, el Congreso deese país y el Departamento de Estado. Y aunque el llamado Cuarto poder no se entere,  es la expresión del funcionamiento de una mafia que, moviendo dinero e influencias mediáticas y políticas, impone decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales a la sociedad que se vanagloria de su división de poderes. (Publicado en CubAhora)

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