Sin embargo, lo que estamos percibiendo en la economía de mercado es una carrera desenfrenada por la acumulación de riqueza en pocas manos, facilitada por leyes fiscales regresivas, que confiscan derechos y bienes comunales para facilitar y sobredimensionar el derecho erga omnes de unos pocos privilegiados. Incluso en el supuesto de que ello fuera fruto del esfuerzo humano, habría que prohibir tal obscenidad y velar por la salud física y psíquica de quien se autoexplota de forma inhumana y, con su comportamiento acaparador, impide el acceso a recursos escasos, y en parte utilizados de forma insostenible, a una población mundial en constante crecimiento.

Nuestra sociedad planetaria vive un gravísimo problema de reparto de la riqueza por culpa del derecho de propiedad individual y societario, que cada vez excluye y empobrece a más gente, por lo que una apertura del socialismo cubano a sus injustas y devastadoras leyes de explotación y reparto regresivo de la riqueza sería como intentar apagar un incendio con gasolina. Del modelo cubano se podrá decir que reparte recursos insuficientes, que hay agentes públicos y privados que acaparan e inventan para detraer más de lo que les corresponde o que existen segmentos de la población (como los pensionistas) a quienes se les discrimina de forma negativa pero no que condena a la pobreza y la exclusión como resultado de un derecho de propiedad privado que convierte la economía en un modelo de juego patológico basado en la acumulación ilimitada de bienes y renta.

O al menos así era hasta la irrupción del cuentapropismo, sus posibilidades de explotación de la clase trabajadora y un sistema fiscal que no es capaz de entregar al sector público los excedentes acumulados más allá de lo que debe corresponderle al titular del negocio en base al principio de que la riqueza en todas sus formas debe estar al servicio del interés general y no de unos pocos, por mucho empeño que hayan puesto en generarla. Más importante que el derecho a acumular bienes y dinero, por el puro placer de competir en un modelo de juego patológico, es el derecho de todos los seres humanos de poder vivir dignamente, lo que lleva aparejado el deber de contribuir a la sociedad con el equivalente de lo que se recibe, si no existen impedimentos físicos o psíquicos, correspondiendo a las instituciones públicas la garantía del derecho al trabajo en la misma medida que se debe limitar el derecho de propiedad sobre la riqueza generada en un pequeño planeta de recursos limitados y sobreexplotados cuando ya somos 7.800 millones de seres humanos.

Para que el cuentapropismo en Cuba cumpla su función de generar riqueza para el bienestar de todos y no para seguir la senda de la acumulación privada del modelo capitalista es imprescindible que el sector público disponga de un sistema fiscal justo y progresivo, gracias al cual poder redistribuir los excedentes, de forma que se cumpla su función social. También hay que velar por los derechos de los trabajadores contratados o los que operan en la economía sumergida, como esos que bucean en los contenedores en busca de chatarra para el reciclaje.

Pero la función de gran proveedor del sector público (que no tiene el sector privado en el mundo capitalista ni el público, por su subordinación a aquel) no puede limitarse a los bienes materiales. Un sistema humanista y de carácter público como es el socialismo cubano debe ser también el gran proveedor de bienes inmateriales, desde un medio ambiente adecuado o instalaciones para la práctica deportiva al derecho a disfrutar de una salud mental y bienestar psíquico que actualmente el estado cubano y los factores sociales no están garantizando por el individualismo, la competitividad y la falta de compromiso con los valores socialistas. El maltrato psicológico dentro de la familia, el acoso vecinal, la discriminación social y todas las formas de indisciplina social deben ser erradicadas y corresponde al estado y los agentes sociales la función de grandes proveedores, del mismo modo que deben ser los grandes proveedores de bienes materiales a través del correcto y eficiente funcionamiento de la empresa pública y de la vigilancia del sector privado para que cumpla su función social a través de un sistema fiscal justo y la protección del derecho al trabajo y no caiga en la disfunción social que supone todo sistema económico al servicio de la acumulación de riqueza de unos pocos privilegiados.