Antes de que se privatizara la sanidad o de que se pusiera al servicio de intereses privados en los modelos públicos se hizo algo mucho peor, que sólo el contagio masivo programado por los enemigos del pueblo podía lograr: la identificación del derecho a la enfermedad (a que esta sea atendida, incluso en el escenario más desfavorable, en cuanto a todo lo que tiene que ver con la prevención y la promoción de la salud) con el derecho a la salud. Es en este contexto cultural que considera la salud un disvalor donde virus mutantes como la COVID-19 tienen plena cabida y legitimidad, brindando tremendo juego a los programadores de conducta para realizar toda clase de cambios que interesen al 1% y su cuenta de resultados económicos. La privatización no sería un problema si garantizara el derecho a la salud, mientras que la ausencia de políticas sanitarias centradas en la prevención y la promoción de la salud convierte cualquier sistema sanitario en profundamente deficitario y perverso, aunque sea público y disponga de abundantes recursos.

La libertad que reivindican los fachas del barrio de Salamanca de Madrid significa libertad de movimientos para ellos a la hora de protegerse del virus mediante el confinamiento estricto en la mejor y más lujosa residencia de España (como hizo Aznar viajando a Marbella cuando Madrid estaba en Candela y salir de la ciudad estaba prohibido por el riesgo de propagación) o libertad para sus negocios (que no necesitan de su presencia física) y las cadenas para quienes no merecen ningún tipo de protección ni seguridad sino que deben salir todos los días a batirse con los de su clase y escupir sangre en el tajo para sobrevivir.

Un dato interesante en España es que tenemos un gobierno de progreso, lo que nos va a permitir comprobar si son los poderes ocultos y fácticos o los institucionales los que aprovechan las oportunidades que ofrece la doctrina del shock, que acompaña a cualquier fenómeno capaz de provocar una crisis como es este virus, a la hora de realizar cambios profundos, suponemos que en interés de las clases humildes si es el poder institucional y la voluntad del pueblo (expresada en las urnas) las determinantes de las políticas de progreso que necesita España, en compensación de las políticas neoliberales anteriores.